Parte al Pueblo de México
Fecha: 2008 05 12
Grupo: Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario
País: Mexico
Categoria : Comunicado
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PARTE AL PUEBLO DE MEXICO


A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!


De cara a nuestro pueblo, expresamos:

La denuncia de la detención-desaparición de nuestros compañeros y otros luchadores sociales como la de Francisco Paredes y la exigencia por su presentación con vida no obedece a una estrategia mediática, ni a un plan que busque encumbrarnos en coyunturas políticas, el sólo hecho de suponerlo es mezquino y perverso. Luchar contra las detenciones-desapariciones por motivos políticos es una necesidad y una demanda irrenunciable para todos aquellos que decimos luchar por la transformación del país.

En estos 44 años de lucha revolucionaria hemos estado pugnando por la transformación profunda de nuestra sociedad, resistiendo y luchando como parte de ella contra la impunidad y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado mexicano que guarda un negro historial con respecto a la represión y crímenes aborrecibles, son más de 800 detenidos-desaparecidos en los gobiernos priístas y en las administraciones panistas existen varias decenas que el FNCR y otros organismos tienen documentados y han denunciado en su momento.

Aunque cause sorpresa, para propios y ajenos a las estructuras de poder, nuestro accionar y quehacer político es regido por principios políticos-ideológicos y cada actividad por pequeña o grande que sea está precedida por un análisis político, motivado por las condiciones socioeconómicas que guarda el país en cada etapa. Por ello quienes ven en los insurgentes, en nuestro partido, en nuestros militantes y combatientes a un puñado minúsculo de violentos irracionales sin causa ni ideario político, se equivocaron una vez más, aquí hay programa de lucha, principios, lineamientos, alternativas generales, metodología y un proyecto de país por el que luchamos por convicción promoviendo e impulsando todas las formas de lucha.

Luego entonces pugnar por abrir espacios donde diferentes personalidades progresistas y honestas y organizaciones defensoras de los derechos humanos en exigencia por la defensa de los derechos universales del hombre y preservar la vida de los detenidos-desaparecidos no es ocioso, promoverlo tampoco es síntoma de descomposición, desviación, claudicación o desesperación, es ante todo una actitud congruente ante la vida y la libertad para quienes las amamos profundamente.

Por años hemos sido objeto de calumnias, de campañas de desprestigio y satanización organizada desde y por el Estado por medio de sus organismos de inteligencia civil y militar, que enseguida encuentra eco en personas y voceros que fincan su bienestar y carrera a expensas del erario público como recompensa por envenenar mentes y corazones que tratan de moldear conciencias a favor del régimen, al grado de que la brutalidad represiva del Estado y los crímenes de lesa humanidad se justifiquen a nombre de un Estado de derecho oligárquico que criminaliza toda expresión de descontento.

En este contexto, algunos detractores de nuestro partido que en un momento álgido tomaron una actitud de calumnias y denuestos hacia nosotros dando pie a creer de que estábamos reducidos a la nada, con el tiempo han madurado y van cambiando a una opinión diferente, sin embargo, inevitablemente nos hicieron daño porque es de ahí de donde el Estado recopila muchos elementos para querer confundir a nuestro pueblo con campañas de guerra psicológica para desprestigiarnos ante los ojos de ustedes, nuestro pueblo.

Para algunos le ha causado extrañeza la iniciativa de intermediación por la presentación de nuestros compañeros, actitud que está fuera de lugar porque siempre hemos dado prioridad al factor político, es necesario recordar que antes de las acciones de autodefensa para parar la impunidad del Estado que con sus órganos represivos andaban cazando a los luchadores sociales, denunciamos ante organismos defensores de derechos humanos tan aborrecible crimen; con nuestros comunicados que precedieron al accionar político-militar exigíamos al gobierno de Ulises y Calderón su presentación y libertad inmediata, denunciando la reedición de la guerra sucia y advertíamos sobre la legitimidad de las acciones de autodefensa.

Se nos minimizó e incluso se nos provocó asumiendo el hecho de que ni teníamos la capacidad ni la disposición de ser congruentes, partiendo de la equivocación de calificar como mentira la detención-desaparición de nuestros compañeros, pero otras detenciones-desapariciones forzadas por motivos políticos vinieron a confirmar lo que muchos negaban: que la detención-desaparición por motivos políticos estaba siendo usada por el aparato represivo del Estado para acallar voces críticas y movimientos de protesta popular.

Se equivocan señores del gobierno y vocingleros del sistema en sus juicios y sesudos análisis, no estamos pidiendo negociación alguna producto de debilidad o acorralamiento político, o porque “sentimos pasos en la azotea” ante el gran despliegue policíaco-militar para buscar y capturar a los compañeros en los que recayó la responsabilidad de las acciones legítimas de autodefensa, las cuales son parte de la guerra popular.

Solicitamos la intervención de una comisión de intermediación para que a través de los mínimos espacios legales acotados por un estado de derecho que todo criminaliza, que a pesar de ello intercedan en la búsqueda y trámites para lograr la presentación con vida de nuestros compañeros y de los demás detenidos-desaparecidos.

La comisión de intermediación que propusimos con notables mexicanos, para que con el esfuerzo de todos y de sus buenos oficios gestionen, tramiten e investiguen en busca de la verdad sobre los detenidos-desaparecidos ante las diferentes instancias de gobierno.

A esta iniciativa política-civil de carácter humanitario el gobierno responde con amenazas, descalificaciones y estigmas para cerrar paso a la verdad histórica, a la cual sólo se podrá llegar a ella conociendo el paradero y tormento de los detenidos-desaparecidos, así como del conocimiento público de los responsables materiales e intelectuales.

Con la negación de facto de la existencia de detenidos-desaparecidos por el presente gobierno, se pretende cancelar la posibilidad de una salida política al grave problema que prevalece en el país con la existencia de detenciones-desapariciones forzadas por motivos políticos. A la violencia institucionalizada contra los luchadores sociales se le agrega más violencia estatal, tratando de imponer una salida policíaco-militar por medio de condicionamientos que ahogan prematuramente toda posibilidad político-civil.

En un conflicto interno sin importar la magnitud de la fuerza de las partes beligerantes las mediaciones son un factor fundamental por el respeto al derecho internacional a la vida, mediaciones que deben llevarse con el mayor tacto político y con sobrada inteligencia que redunde en una diplomacia que para empezar exista el respeto al contrincante basados en los principios universales del hombre.

Ni los chantajes, ni las amenazas proferidas con la pretensión de arrodillarnos o que capitulemos por las “buenas” detendrán la voluntad de combatir de nuestro pueblo. Las armas y las acciones de autodefensa son y siguen siendo una medida política legítima ante el derroche de la violencia que viene del Estado contra el pueblo y sus organizaciones.

Por nada se debe olvidar, que el punto central de esta lamentable situación que vivimos es por la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Nosotros fuimos los agredidos al igual que los luchadores sociales en Michoacán, en el Estado de México, en Guerrero y en Oaxaca, ¿Entonces quiénes son los violentos? En la historia del país la violencia ha sido y es monopolio del Estado, de éste proviene toda la violencia, los revolucionarios no hemos hecho otra cosa más que luchar por nuestros legítimos derechos y actuar en legítima defensa de los intereses populares.

El actual secretario de gobierno, el Sr. Mouriño, se quiere presentar con ínfulas de político y estadista, investidura que no alcanza a cubrir por ser un empresario arribista que ha acaudalado fortuna por medio del tráfico de influencias, las finas transas han sido su método ligado a las transnacionales más saqueadoras y depredadoras del medio ambiente.

Es obvio que para este tipo de empresario aún siendo exonerado y blindado por las instituciones del Estado y diputados del PAN-PRI, para él la vida y la libertad no representan nada, ni política, ni ética, ni humanamente, porque si no hay “bisnes”, reflectores y cámaras de por medio, al final siempre tendrá un desempeño igual de gris e insignificante que su trayectoria política.

Sólo un esquizofrénico –mal recurrente de los panistas- puede negar la realidad que vive el país: una profunda iniquidad económica, política y social; la mayoría de los mexicanos nos encontramos excluidos de los más elementales derechos constitucionales; existiendo más de 78 millones de mexicanos en la pobreza, de los cuales 40 están en la completa miseria; padecemos un marco jurídico oligárquico que niega toda expresión de vida democrática en el país, existiendo presos políticos y desapariciones forzadas; el respeto a la pluralidad y diversidad política es un mito, usado con fines propagandísticos y de maquillaje al régimen; y falso es que se resuelvan en civilidad y diálogo las diferencias y los conflictos sociales, a éstos la única respuesta ha sido la represión selectiva y masiva, militarización y crímenes de lesa humanidad para quines critican o se oponen al régimen.

¿A qué democracia se refiere este gobierno?, ¿A los fusiles que asesinaron a los jóvenes manifestantes en el 68?, ¿Al fraude electoral de 1988?, ¿Al halconazo del 71?, ¿Al fraude del 2006 que hizo caso omiso de la voluntad popular?, ¿Al asesinato de más de 600 perredistas en Gro.?, ¿A las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Bosque, El Charco y Agua Fría?, ¿A las brutales represiones de Sicartsa y San Salvador Atenco?, ¿Al estado de sitio en Oaxaca que cobijó crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno criminal de Ulises Ruiz?, ¿A la militarización del país que anula de facto garantías individuales y derechos constitucionales?, ¿A caso se refiere a la violación sistemática de los derechos humanos y constitucionales cometidas cotidianamente por policías y militares?, ¿O se referirá a la mayoría avasalladora del PAN y el PRI que imponen mañosamente las reformas neoliberales que exige la oligarquía nacional y transnacional?, … Esto no es democracia, es el estado de derecho oligárquico con el que se está imponiendo una dictadura policíaco-militar con el pueril argumento de combatir el crimen organizado.

Para el actual gobierno democracia es sinónimo de violencia institucionalizada. Para quienes “el cumplimiento de la ley y el respeto pleno al Estado de Derecho” refleja la verdadera vocación represiva de este gobierno que ve en los luchadores sociales y las organizaciones populares a terroristas y delincuentes a los cuales hay que “aplastar” sin miramiento alguno.

La violencia con que se “atendió” el conflicto magisterial-popular de Oaxaca, las detenciones-desapariciones registradas en el 2007 y la insultante militarización del país contradicen fehacientemente que este gobierno “haya dado pruebas constantes de su voluntad de diálogo con todos los actores políticos y sociales de nuestro país, con el fin de alcanzar los acuerdos necesarios para el desarrollo económico, político y social”.

El gobierno de Calderón sostiene que “reitera de forma contundente que no ha participado en la supuesta retención-desaparición” de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y que “la Procuraduría General de la República inició la averiguación previa y está llevando a cabo las diligencias correspondientes”. La incongruencia política y la aberración jurídica se hacen presentes una vez más, en nuestro país y en aquellos que han vivido estos crímenes de lesa humanidad, para nadie es desconocido que dichos crímenes no pueden ser cometidos a iniciativa personal o de cacicazgos locales, éstos siempre han contado con el consentimiento y la participación de las estructuras federales. Por omisión o comisión el gobierno federal está involucrado al igual que el de Ulises Ruiz en la detención-desaparición de nuestros compañeros y de otros luchadores sociales.

Existen evidencias de la existencia y operatividad de grupos paramilitares a nivel nacional, estando estructurados por policías, marinos y militares, dirigidos por éstos que se especializan en la caza de luchadores sociales, y que para sostener su sucia y anticonstitucional operatividad realizan secuestros, extorsiones y asaltos en contra de empresarios, narcomenudistas, acaudalados comerciantes, ladrones de poca monta y presiones a líderes sindicales y de partidos políticos, presentándose en sus actividades criminales con la cobertura de ser “zetas”.

Resulta una burla más para el pueblo que los gobiernos de Calderón y Ulises quieran diluir su responsabilidad que viene pactada desde el fraude electoral hasta la brutal represión contra el movimiento magisterial-popular en Oaxaca en donde estos grupos de paramilitares actuaron con fuero y total impunidad.

Todo apunta a la fabricación de chivos expiatorios menores para salvar a los verdaderos responsables materiales e intelectuales y no romper el pacto PRI-PAN para imponer las reformas neoliberales que plantea Calderón, teniendo como vocero al pederasta Gamboa Patrón y Manlio Flavio Beltrones, armando de manera inverosímil la farsa de que existía una averiguación contra nuestros compañeros anterior a su detención-desaparición, argucia legaloide que busca justificar el asesinato de nuestros compañeros, quedando al descubierto esta maniobra cuando familiares y organismos defensores de los derechos humanos acudieron a las instancias de justicia estatal y federal a preguntar por ellos, les respondieron que no había ninguna causa penal ni registro de las “personas buscadas”.

El acoso y hostigamiento contra familiares, amigos, organizaciones populares solidarias y organismos defensores de los derechos humanos que han manifestado su apoyo para la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos está documentado mediante la denuncia que han hecho en los medios de comunicación. Señores del gobierno, el pueblo no es menor de edad, ni retrasado mental, la represión es un hecho cotidiano.

¡Alerta compañeras, compañeros y hermanos! Los “canales institucionales” a los cuales convocan desde el poder están atestados de burocracia y podredumbre que el transitar por ellos significa ser víctima de las peores injusticias o sucumbir con impotencia ante ellas, acogerse a “la ley” es adquirir el pase “automático” a prisión y pasar a ser nota roja y número en la estadística de la presunta lucha contra la delincuencia organizada. Y es en esos fétidos canales y marco jurídico legaloide donde se detiene extrajudicialmente, tortura, condena injustamente, asesina y desparece a los pobres, a los luchadores sociales, a los críticos del sistema y a los revolucionarios.

Preguntamos a ¿Cuál dialogo se refiere el gobierno de Calderón?, “¿Al que “realizaron” con más del millón de mexicanos que gritaba fraude y espurio a Calderón?, ¿A los oídos sordos que se pusieron ante la demanda de ¡URO ya cayó!? ¿A la consulta que realizaron para el incremento del maíz, la tortilla e insumos agropecuarios?, ¿Al debate que entablaron para que el pueblo opinara sobre el incremento a la gasolina y a varios productos de la canasta básica?, ¿A los foros que hicieron para que los trabajadores opinaran sobre la reforma del ISSTE elaborada por la dupla de asesinos Elba-Yunes?, ¿A la encuesta que levantaron en los distintos extractos de la población para conocer su sentir sobre la reforma energética?, ¿Al avasallamiento del Legislativo que hacen el PAN y el PRI para imponer la reforma energética?... ¿A ese diálogo aluden? “que Dios nos agarre confesados” y seguro el diablo envidiaría el infierno que han creado tanto priístas y panistas en el país.

Los trabajadores del campo y la ciudad, los luchadores sociales y hombres progresistas de nuestro país saben con conocimiento de causa que ninguna de nuestras acciones de autodefensa han afectado a nuestro pueblo y civiles ajenos al conflicto originado a partir de la detención-desaparición de nuestros compañeros, las personas que resultaron lastimadas física y psicológicamente después del accionar fue a manos de los cuerpos represivos que los detuvo e inculpó sin tener relación o culpabilidad alguna.

Del gobierno recibimos sólo la tentativa de diálogo que va condicionado con prepotencia y formateado con alevosía y ventaja; que enjuicia a priori; que esgrime amenazas apoyado en la superioridad del Estado está condenado al fracaso porque la única paz que se ofrece es la de los sepulcros y las mazmorras de sus cárceles de exterminio.

Diálogo que entienden y proponen los hombres del poder y sus defensores como el rendimiento y desarme incondicional para desviar la atención y no resolver nuestra demanda principal en estos momentos e ignorar todos los motivos económicos, políticos y sociales que dan origen a nuestra lucha y demandas. Qué ocurrencia pedirnos como fuerza insurgente revolucionaria que dejemos de utilizar la autodefensa cuando es ésta la única que garantiza la integridad y defensa de nuestro pueblo.

A nuestro pueblo del cual somos parte le decimos con sinceridad que cuantas veces seamos agredidos, será necesaria una justa respuesta.

No es presunta la detención-desaparición de nuestros compañeros y otros luchadores sociales, es real y concreta por dolorosa y aberrante que sea esta práctica fascista que a pesar de la negativa gubernamental se realiza por grupos de paramilitares al amparo del poder.

Dada a su primera respuesta del gobierno a nuestra memoria llegan los recuerdos del asesinato y traición a Zapata, a Villa, a Rubén Jaramillo, de Misael Núñez Acosta, que fueron masacrados a pesar de estar en un proceso de diálogo o negociación; nos llega el recuerdo de la traición jugada por Zedillo contra los compañeros del EZLN y el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés; tenemos presente la injusta y arbitraria detención del Sr. Flavio Sosa, al acudir a un diálogo con el gobierno. NO señores, no existen las condiciones de ningún tipo para sentarnos de frente porque atrás de ustedes se encuentra el Yunque, Uribe, Bush y toda la maquinaria represiva.

Para el pueblo y sus organizaciones es inaceptable que a las personalidades que recurrimos a sus buenos oficios por la calidad humana y moral con la que cuentan sólo sean mudos testigos presenciales, el país merece una oportunidad de resolver el problema de los detenidos-desaparecidos de manera política, no con medidas policíacas y autoritarias.

Existe una intentona gubernamental por desvirtuar la exigencia de la promulgación de una amnistía para todos los presos políticos del país y la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos por motivos políticos. Esa actitud se encuadra dentro de los parámetros de la Guerra de Baja Intensidad para falsear una demanda, desgastarla y desviar su solución con más medidas policíaco-militares.

Nunca nos escudamos en otros y mucho menos negamos nuestras acciones, conscientes estamos que bajo este régimen de ultraderecha y con este estado de derecho oligárquico aunque seamos insurgentes revolucionarios no dudarán en enjuiciar y castigar con saña al compañero que caiga en sus manos, seguramente bajo estas leyes que criminalizan el descontento y la protesta social querrán enjuiciarnos como terroristas y delincuentes.

Ni diálogo, ni negociación que signifique la rendición incondicional y mucho menos que se abandone la lucha armada para tener una incorporación a la vida institucional, porque las bases sociales, así como las demandas populares y los conflictos sociales por los cuales se tomó la decisión de la vía armada no están resueltos, porque precisamente estos caminos y estas instituciones no representan el interés de la sociedad sino el de un puñado de politicastros al servicio de los grandes poderes económicos de dentro y fuera del país.

Advertimos a nuestro pueblo que el gobierno está creando pequeños grupos que propagandísticamente dicen ser poderosos y muy fuertes política y militarmente sin que se note más que en unos cuantos escritos incoherentes sobre la lucha armada en México, esto lo requiere el Estado para infiltrar a organizaciones que hacen un esfuerzo por intentar ser revolucionarios, ¡Cuidado!, los que dicen ser organizaciones revolucionarias son sólo individuos. Como ejemplo, la supuesta organización revolucionaria que existía y causó la detención de Jacobo Silva Nogales y Gloria Arena Agis.

Saludamos una vez más con optimismo a la comisión de intermediación porque con sus gestiones constituye un esfuerzo colectivo y una esperanza de aliento para varias familias de mexicanos que han quedado en la orfandad, viudas, privadas de sus seres queridos, en el desamparo afectivo y material a causa de la despreciable práctica de la detención-desaparición por motivos políticos. Una esperanza para el país de curar la llaga que ocasionan estos crímenes de lesa humanidad.

Ante ustedes y nuestro pueblo mantenemos nuestro compromiso y palabra empeñada a pesar de que la espada de Damocles es blandida sobre nuestras cabezas, que mientras dure su intermediación por la búsqueda de nuestros compañeros detenidos-desaparecidos no realizaremos acciones de autodefensa.

Para nosotros, para las diferentes organizaciones políticas y populares, para nuestro pueblo trabajador, para los hombres progresistas y luchadores sociales, para los revolucionarios lo fundamental es que ningún crimen de Estado y de lesa humanidad quede impune; que se termine con la guerra sucia contra los luchadores sociales, ese es el reclamo generalizado, ¡nuestras acciones de autodefensa no han dañado los intereses populares!

Estemos alertas todos porque nuevos crímenes de Estado se preparan, cada quien en su trinchera debe luchar contra la represión y la impunidad. La lucha por la libertad de todos los presos políticos y la presentación de todos los detenidos-desaparecidos deben ser las principales demandas que tenemos que exigir a este ilegítimo gobierno sostenido con el puntal de los cuerpos represivos. La defensa de la soberanía nacional no es problema de uno o unos cuantos, es el deber de todos ¡A organizar e impulsar la lucha por todos los medios y formas contra la privatización de PEMEX!

Llamamos a las diferentes organizaciones políticas, populares, defensoras de los derechos humanos y a las revolucionarias a documentar, denunciar la detención-desaparición de cuanto luchador social se conozca, sobre todo en Oaxaca y Guerrero, se debe tener el valor de romper con toda atadura que genera el terrorismo de Estado para acallar estos crímenes de lesa humanidad. La exigencia por la presentación con vida y en libertad de todos los detenidos-desaparecidos del país es una demanda que debe ser abanderada por todos sin importar afiliación partidaria o militancia política e ideológica.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!


¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
PDPR

COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 44
Desde algún lugar de Oaxaca de Juárez, a 12 de mayo de 2008.


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