Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2008-09-23
Categoría
Comunicado
Manifiesto a la Nación Nº 8
A la memoria de los mártires revolucionarios de Ciudad Madera, Chihuahua.
MANIFIESTO A LA NACIÓN No. 8
A los pueblos de México.
A los pueblos del mundo.
En los tiempos que corren emerge, bajo mil formas, la barbarie y el horror de la dominación del capital.
A la angustia cotidiana que padecemos millones de familias, por el encarecimiento de la vida y la creciente inseguridad, se suma la confusión y el terror con que los de arriba nos pretenden paralizar.
Esta opresiva realidad tiene una sola explicación: estamos viviendo los resultados de la aplicación del modelo neoliberal, como el negocio más rentable de la globalización capitalista.
La ofensiva neoliberal –cada vez más sofisticada y destructiva- se ha vuelto propósito y no sólo medio de la política imperial. Se ha vuelto riqueza y corrupción sin límite para unos cuantos. Y se ha vuelto miseria, hambre y muerte para todas las etnias, clases y naciones sojuzgadas del mundo.
En México, el puesto de mando de esta violencia estructural y cotidiana lo ocupa el bloque derechista en el poder, el cual ha facilitado servilmente la ocupación imperialista, mediante la alevosa aprobación de reformas y leyes que pretenden legalizar la total privatización de los bienes de la Nación y la inhumana cancelación de nuestros, ya de por sí, mermados derechos y garantías constitucionales.
En efecto, tras dos años en el poder, el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón se ha caracterizado por su actuación servil y entreguista, en beneficio propio y de los grandes capitales, incluido el de los principales cárteles de la droga. Y por su política represiva contra los movimientos de lucha y resistencia popular, expresada en la intensificación de la persecución, el encarcelamiento, la desaparición forzada y el asesinato político de luchadores sociales.
Cabe destacar que, en este breve periodo, se ha escalado como nunca antes la sangrienta disputa por el control de la producción, el trasiego y la venta de las drogas -y de otros giros negros-, entre cárteles del narcotráfico, como lo han mostrado los miles de levantones y ejecuciones que se han producido en todo el país.
El origen de este brutal enfrentamiento se encuentra en el desmantelamiento neoliberal de que ha sido objeto el Estado y, por tanto, en la estructuración de mafias dentro del gobierno en sus distintos niveles (federal, estatal y municipal), y al interior de los cuerpos policiacos y militares.
Es sabida la venta de protección gubernamental a los cárteles de la droga, y la irrupción financiera de estos en los procesos electorales, incluso presidenciales. Y es sabido el poder de influencia y de acción que por esa vía han adquirido a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por eso nació muerta la más reciente cumbre de seguridad. Y por eso seguirá fracasando todo intento de mantener la cohesión entre los organismos encargados del orden y la seguridad pública, pues los funcionarios que encabezan a dichos organismos son, al mismo tiempo, los jefes de las mafias que se encargan de vender protección a distintos cárteles de la droga y responden, por tanto, a intereses opuestos.
Parte de estas mafias han resultando ser antiguos miembros de los escuadrones de la muerte que los gobiernos priistas entrenaron, en la década de los 60 y 70, para combatir a la guerrilla y a los movimientos populares; como lo prueba la identidad del ex miembro de la extinta, y tristemente célebre, Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), implicado en el secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí, junto con elementos en activo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de la Policía Federal (PF) y de otros cuerpos policiacos.
Mafias que, enardecidas por el ansia de poder y de dinero, se vuelven rabiosas contra la ciudadanía; principalmente, contra las familias de los medianos y pequeños empresarios y, en menor medida, contra sus propios amos: las familias millonarias; secuestrando, mutilando y asesinando -sin escrúpulo alguno- a sus víctimas.
De ahí el reproche de la clase empresarial contra sus empleados panistas en el gobierno: ¡Si no pueden, renuncien!, al constatar -con temor, enojo y desencanto- su incapacidad para atajar la ola de inseguridad y de violencia.
El gabinete calderonista ha empezado a cosechar así, los vientos golpistas y fraudulentos que sembró no sólo con el apoyo del sector empresarial más reaccionario y rapaz, sino también con el apoyo de sus propias mafias, y con dinero del narcotráfico.
A las ejecuciones, narco mantas, enfrentamientos entre bandas del narco, así como entre éstas y las fuerzas federales, se agregan hoy nuevos hechos, propios de la ultraderecha, como el criminal ataque contra la población civil perpetrado la noche del pasado 15 de septiembre, en la plaza Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán. Hechos que están siendo utilizados por Felipe Calderón para intentar tender una cortina de humo que oculte su política entreguista y su participación en la guerra de las drogas.
Valiéndose del creciente clima de terror e incertidumbre social, Calderón intenta restringir las libertades políticas, legalizar un estado de excepción e intensificar el despliegue militar y policiaco, calificando de traidor a la patria a quien no apoye sus posturas autoritarias, a fin de inhibir y, en última instancia, de aplastar la movilización social que se opone a la privatización de la educación, la salud y otros derechos sociales, y a la privatización de nuestros recursos, como son el petróleo, la energía eléctrica y el agua.
No por nada, el gobierno federal impuso una reforma judicial para seguir encubriendo la arbitrariedad y la prepotencia de los órganos represivos; destinó un mayor presupuesto al ejército, aumentando en un 46-49 % el salario de los soldados (muy distante del asignado a los trabajadores de un 4-5 %); y, ahora, pretende imponer el incremento en un 39% de la partida anual para Orden, Seguridad y Justicia, así como nuevas iniciativas en materia penal y de justicia, para combatir supuestamente el crimen organizado.
Retenes, cateos, patrullajes, registros, allanamientos de casas-habitación y detenciones en distintos estados de la república, así como abusos y violaciones a los derechos humanos de la población en el campo y la ciudad, son algunas expresiones de las injusticias cometidas por los cuerpos represivos que actúan como tropas de asalto de la ocupación imperialista y neoliberal, pretendiendo escarmentar a quien se atreva a defender sus derechos y a enfrentar la impunidad y la injusticia con que actúan los gobernantes neoliberales.
Así lo demostró la sentencia injusta y criminal dictada a Ignacio del Valle, dirigente de San Mateo Atenco, a quien se le condenó a 112 años de cárcel por negarse a aceptar de rodillas el autoritarismo y la injusticia gubernamental. Así lo ha demostrado la negativa del gobierno calderonista, a liberar a los cientos de presos políticos existentes en distintas cárceles del país. Así lo ha demostrado la negativa del gobierno federal a establecer el paradero de los 2 militantes eperristas, víctimas de la desaparición forzada, hace un año y cuatro meses, en la ciudad de Oaxaca, y el paradero del ex militante del MAR Francisco Paredes, desaparecido hace casi un año, en el estado de Michoacán. Así lo han venido demostrando los cientos de actos represivos con que a diario se pretende aplastar la lucha, civil y pacífica, de la clase trabajadora y de los pueblos en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Edomex, San Luis Potosí, Chihuahua y demás entidades de la República.
Y así lo prueba el sometimiento del gobierno federal a la política imperialista de Estados Unidos, y la intrusión de éste en asuntos de seguridad nacional, mediante la incorporación subordinada de nuestro país al Comando del Norte (CN), al Acuerdo de Seguridad para América del Norte (ASPAN), a la Iniciativa Mérida y al Proyecto Mesoamérica; sometimiento e intrusión que atentan contra la soberanía de México, al permitir la presencia encubierta de tropas estadounidenses en nuestro país, so pretexto de combatir al narcotráfico y al terrorismo.
Por lo anterior y ante la impunidad y la injusticia que sigue privando en nuestro país, las organizaciones abajo firmantes refrendamos nuestro compromiso de seguir avanzando en la construcción de un frente o coordinadora de organizaciones revolucionarias armadas que luchen por la democracia, el socialismo y la liberación; de seguir avanzando en la construcción, desde abajo, de un nuevo poder del pueblo, con el pueblo y para el pueblo; reservándonos el derecho de activar y desplegar iniciativas armadas contra las estructuras del gobierno neoliberal y del gran capital en el momento que lo consideremos necesario.
A 198 años de la guerra de independencia y 98 de la revolución mexicana, las organizaciones firmantes hacemos un llamado al pueblo de México a seguir desarrollando todas las formas de lucha posibles contra el sistema capitalista y neocolonial que nos explota, nos oprime y nos sigue despreciando. Asimismo, hacemos un llamado a los estudiantes, a los obreros, a los campesinos, a las mujeres, a los intelectuales, a los jóvenes, a los pueblos originarios, a los soldados honestos a construir relaciones sociales, dignas y justas, pues éstas son la única garantía de avanzar en la defensa de la patria, la reconquista de nuestros derechos, la recuperación de nuestra cultura y la realización de un proyecto democrático, socialista y libertario para todos.
¡POR LA UNIDAD DEL PUEBLO, LA COORDINACIÓN REVOLUCIONARIA!
Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos
MRLCB
Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo
TDR-EP
Organización Insurgente 1º de Mayo
OI-1M
Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre
BA-2D
Unidad Popular Revolucionaria Magonista
UPRM
República Mexicana, a 23 de septiembre de 2008.
MANIFIESTO A LA NACIÓN No. 8
A los pueblos de México.
A los pueblos del mundo.
En los tiempos que corren emerge, bajo mil formas, la barbarie y el horror de la dominación del capital.
A la angustia cotidiana que padecemos millones de familias, por el encarecimiento de la vida y la creciente inseguridad, se suma la confusión y el terror con que los de arriba nos pretenden paralizar.
Esta opresiva realidad tiene una sola explicación: estamos viviendo los resultados de la aplicación del modelo neoliberal, como el negocio más rentable de la globalización capitalista.
La ofensiva neoliberal –cada vez más sofisticada y destructiva- se ha vuelto propósito y no sólo medio de la política imperial. Se ha vuelto riqueza y corrupción sin límite para unos cuantos. Y se ha vuelto miseria, hambre y muerte para todas las etnias, clases y naciones sojuzgadas del mundo.
En México, el puesto de mando de esta violencia estructural y cotidiana lo ocupa el bloque derechista en el poder, el cual ha facilitado servilmente la ocupación imperialista, mediante la alevosa aprobación de reformas y leyes que pretenden legalizar la total privatización de los bienes de la Nación y la inhumana cancelación de nuestros, ya de por sí, mermados derechos y garantías constitucionales.
En efecto, tras dos años en el poder, el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón se ha caracterizado por su actuación servil y entreguista, en beneficio propio y de los grandes capitales, incluido el de los principales cárteles de la droga. Y por su política represiva contra los movimientos de lucha y resistencia popular, expresada en la intensificación de la persecución, el encarcelamiento, la desaparición forzada y el asesinato político de luchadores sociales.
Cabe destacar que, en este breve periodo, se ha escalado como nunca antes la sangrienta disputa por el control de la producción, el trasiego y la venta de las drogas -y de otros giros negros-, entre cárteles del narcotráfico, como lo han mostrado los miles de levantones y ejecuciones que se han producido en todo el país.
El origen de este brutal enfrentamiento se encuentra en el desmantelamiento neoliberal de que ha sido objeto el Estado y, por tanto, en la estructuración de mafias dentro del gobierno en sus distintos niveles (federal, estatal y municipal), y al interior de los cuerpos policiacos y militares.
Es sabida la venta de protección gubernamental a los cárteles de la droga, y la irrupción financiera de estos en los procesos electorales, incluso presidenciales. Y es sabido el poder de influencia y de acción que por esa vía han adquirido a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por eso nació muerta la más reciente cumbre de seguridad. Y por eso seguirá fracasando todo intento de mantener la cohesión entre los organismos encargados del orden y la seguridad pública, pues los funcionarios que encabezan a dichos organismos son, al mismo tiempo, los jefes de las mafias que se encargan de vender protección a distintos cárteles de la droga y responden, por tanto, a intereses opuestos.
Parte de estas mafias han resultando ser antiguos miembros de los escuadrones de la muerte que los gobiernos priistas entrenaron, en la década de los 60 y 70, para combatir a la guerrilla y a los movimientos populares; como lo prueba la identidad del ex miembro de la extinta, y tristemente célebre, Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), implicado en el secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí, junto con elementos en activo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de la Policía Federal (PF) y de otros cuerpos policiacos.
Mafias que, enardecidas por el ansia de poder y de dinero, se vuelven rabiosas contra la ciudadanía; principalmente, contra las familias de los medianos y pequeños empresarios y, en menor medida, contra sus propios amos: las familias millonarias; secuestrando, mutilando y asesinando -sin escrúpulo alguno- a sus víctimas.
De ahí el reproche de la clase empresarial contra sus empleados panistas en el gobierno: ¡Si no pueden, renuncien!, al constatar -con temor, enojo y desencanto- su incapacidad para atajar la ola de inseguridad y de violencia.
El gabinete calderonista ha empezado a cosechar así, los vientos golpistas y fraudulentos que sembró no sólo con el apoyo del sector empresarial más reaccionario y rapaz, sino también con el apoyo de sus propias mafias, y con dinero del narcotráfico.
A las ejecuciones, narco mantas, enfrentamientos entre bandas del narco, así como entre éstas y las fuerzas federales, se agregan hoy nuevos hechos, propios de la ultraderecha, como el criminal ataque contra la población civil perpetrado la noche del pasado 15 de septiembre, en la plaza Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán. Hechos que están siendo utilizados por Felipe Calderón para intentar tender una cortina de humo que oculte su política entreguista y su participación en la guerra de las drogas.
Valiéndose del creciente clima de terror e incertidumbre social, Calderón intenta restringir las libertades políticas, legalizar un estado de excepción e intensificar el despliegue militar y policiaco, calificando de traidor a la patria a quien no apoye sus posturas autoritarias, a fin de inhibir y, en última instancia, de aplastar la movilización social que se opone a la privatización de la educación, la salud y otros derechos sociales, y a la privatización de nuestros recursos, como son el petróleo, la energía eléctrica y el agua.
No por nada, el gobierno federal impuso una reforma judicial para seguir encubriendo la arbitrariedad y la prepotencia de los órganos represivos; destinó un mayor presupuesto al ejército, aumentando en un 46-49 % el salario de los soldados (muy distante del asignado a los trabajadores de un 4-5 %); y, ahora, pretende imponer el incremento en un 39% de la partida anual para Orden, Seguridad y Justicia, así como nuevas iniciativas en materia penal y de justicia, para combatir supuestamente el crimen organizado.
Retenes, cateos, patrullajes, registros, allanamientos de casas-habitación y detenciones en distintos estados de la república, así como abusos y violaciones a los derechos humanos de la población en el campo y la ciudad, son algunas expresiones de las injusticias cometidas por los cuerpos represivos que actúan como tropas de asalto de la ocupación imperialista y neoliberal, pretendiendo escarmentar a quien se atreva a defender sus derechos y a enfrentar la impunidad y la injusticia con que actúan los gobernantes neoliberales.
Así lo demostró la sentencia injusta y criminal dictada a Ignacio del Valle, dirigente de San Mateo Atenco, a quien se le condenó a 112 años de cárcel por negarse a aceptar de rodillas el autoritarismo y la injusticia gubernamental. Así lo ha demostrado la negativa del gobierno calderonista, a liberar a los cientos de presos políticos existentes en distintas cárceles del país. Así lo ha demostrado la negativa del gobierno federal a establecer el paradero de los 2 militantes eperristas, víctimas de la desaparición forzada, hace un año y cuatro meses, en la ciudad de Oaxaca, y el paradero del ex militante del MAR Francisco Paredes, desaparecido hace casi un año, en el estado de Michoacán. Así lo han venido demostrando los cientos de actos represivos con que a diario se pretende aplastar la lucha, civil y pacífica, de la clase trabajadora y de los pueblos en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Edomex, San Luis Potosí, Chihuahua y demás entidades de la República.
Y así lo prueba el sometimiento del gobierno federal a la política imperialista de Estados Unidos, y la intrusión de éste en asuntos de seguridad nacional, mediante la incorporación subordinada de nuestro país al Comando del Norte (CN), al Acuerdo de Seguridad para América del Norte (ASPAN), a la Iniciativa Mérida y al Proyecto Mesoamérica; sometimiento e intrusión que atentan contra la soberanía de México, al permitir la presencia encubierta de tropas estadounidenses en nuestro país, so pretexto de combatir al narcotráfico y al terrorismo.
Por lo anterior y ante la impunidad y la injusticia que sigue privando en nuestro país, las organizaciones abajo firmantes refrendamos nuestro compromiso de seguir avanzando en la construcción de un frente o coordinadora de organizaciones revolucionarias armadas que luchen por la democracia, el socialismo y la liberación; de seguir avanzando en la construcción, desde abajo, de un nuevo poder del pueblo, con el pueblo y para el pueblo; reservándonos el derecho de activar y desplegar iniciativas armadas contra las estructuras del gobierno neoliberal y del gran capital en el momento que lo consideremos necesario.
A 198 años de la guerra de independencia y 98 de la revolución mexicana, las organizaciones firmantes hacemos un llamado al pueblo de México a seguir desarrollando todas las formas de lucha posibles contra el sistema capitalista y neocolonial que nos explota, nos oprime y nos sigue despreciando. Asimismo, hacemos un llamado a los estudiantes, a los obreros, a los campesinos, a las mujeres, a los intelectuales, a los jóvenes, a los pueblos originarios, a los soldados honestos a construir relaciones sociales, dignas y justas, pues éstas son la única garantía de avanzar en la defensa de la patria, la reconquista de nuestros derechos, la recuperación de nuestra cultura y la realización de un proyecto democrático, socialista y libertario para todos.
¡POR LA UNIDAD DEL PUEBLO, LA COORDINACIÓN REVOLUCIONARIA!
Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos
MRLCB
Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo
TDR-EP
Organización Insurgente 1º de Mayo
OI-1M
Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre
BA-2D
Unidad Popular Revolucionaria Magonista
UPRM
República Mexicana, a 23 de septiembre de 2008.