Insurrección, Nº 140
Fecha: 2008 11 25
Grupo: Ejército de Liberación Nacional (ELN)
País: Colombia
Categoria : Comunicado
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REVISTA INSURRECCIÓN, Nº 140

LA LUCHA CONTINÚA

La Minga indígena se coloca de nuevo en primer plano, integrando a otros sectores sociales, señalando así el camino unitario que requieren el pueblo y la nación en su lucha contra sus comunes enemigos.

Los grandes medios de información se esfuerzan por ocultar este importante acontecimiento, pero como dice el adagio popular “no han podido tapar el sol con las manos”, ante los nuevos bríos que adquiere la movilización.

Mientras este esfuerzo popular se pretende silenciar, el gobierno y sus medios de información convocan a la manifestación del 28 de noviembre, “por la liberación de todos los secuestrados”.

¿Por qué fracturar los dolores de la patria? ¿Valen más unos dolores, que otros?

¿Por qué no se reclama por el paradero de los más de 30 mil desaparecidos, para que sus familiares, amigos y deudos, puedan resarcir su dolor y cerrar ese amargo capítulo generado por el terrorismo de Estado?

¿No es legítimo el derecho de los indígenas a sus tierras ancestrales y a que se les respete como pueblos originarios?

¿Por qué se les asesina, margina y desconoce por parte del Estado?

Si el gobierno se duele del dolor ajeno, ¿por qué hundió en el Congreso el derecho de las víctimas del paramilitarismo a identificar en el Estado a su principal victimario?

Esa es la inocultable verdad y sólo si se reconoce, se le cierra el paso a la impunidad.

Mientras el Estado y sus gobiernos, sigan de espalda a los verdaderos problemas que vive Colombia, la lucha continúa y el ELN seguirá firme en su compromiso revolucionario, respaldando y solidarizándose con todos los compatriotas que de diferentes maneras, luchan contra la exclusión y por un cambio social, que habrá de llevarnos a la verdadera paz con justicia social.
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LAS MAGIAS DE URIBE

Hasta los niños de los jardines infantiles en Colombia saben que los negocios llamados Pirámides, préstamos Gota a Gota y Paga Diario, son propiedad de los narcotraficantes, quienes los usan para legalizar dineros provenientes de sus actividades ilícitas.

Entonces no hay que hacer análisis tan profundos para entender las razones, por las cuales el Congreso y el Presidente Uribe, echan mano del truco de hacerse los ciegos y sordos, ante estos jugosos negocios.

¿Quién en Colombia hoy tiene 250 millones de dólares en efectivo para mantener una empresa como DMG?

¿Cuál otro renglón de la economía articula 200 mil familias, como lo hace DMG?

Hay que recordar que de la plantación de coca viven 300 mil familias y del cultivo del café se alimentan 550 mil.

Según fuentes oficiales el capital de DMG es propiedad de reconocidos capos del narcotráfico, como son alias Chupeta y alias Macaco.

El costo que cobra el gobierno y el parlamento para que Pirámides como DMG funcionen abiertamente, se demuestra en las relaciones que mantienen con DMG, Velásquez, el Secretario de prensa de Uribe y su hijo Tomás.

No es noticia decir que las mafias incluyen al gobierno y al Congreso en sus nóminas de pago, como tampoco es novedad afirmar que por esta vía controlan estas instituciones.

Hace 13 años W. Colby, ex Director de la CIA, esto decía:

“Los carteles de la droga latinoamericanos han estirado sus tentáculos de modo mucho más profundo en nuestras vidas de lo que cree la mayor parte de la gente. Es posible que estén tomando las decisiones a todos los niveles del gobierno”.

Si esto se dice sobre lo que sucede en los Estados Unidos, hay que establecer la particularidad que tiene el capitalismo mafioso imperante en Colombia.

Acá el régimen no sólo se lucra del dinero mafioso, sino que además mantiene su dominio echando mano de los escuadrones narcoparamilitares, para hacer guerra sucia a los opositores y disidentes.

Hace años que la sociedad colombiana sabe que en las ciudades la modalidad de préstamos Gota a Gota, prolifera como fuente de finanzas de los grupos narcoparamilitares.

Estudios oficiales sobre la criminalidad en Medellín, atribuyen el 4 por ciento de los asesinatos que allí ocurren, a conflictos entre usuarios y prestamistas del Gota a Gota.

Quedan 2 interrogantes: ¿Por qué no se prohibió esta modalidad ilícita de préstamos desde cuando surgió hace más de 4 años? Si además son fuente constante de criminalidad, ¿por qué no se abolieron desde ese momento?

La respuesta es obvia. Uribe nunca evitó o enfrentó las Pirámides ni el Gota a Gota, porque oxigenan su capitalismo mafioso.

Hoy la magia del presidente está en expedir Decretos en contra de estos estafadores, para intentar convencer a la opinión que está gobernando de acuerdo a la ley.

Es un truco que se repite. Antes, para sofocar la huelga de los trabajadores de la Rama Judicial también declaró el Estado de Emergencia y por medio de Decretos presidenciales presionó la finalización de la protesta.

El viejo truco de declarar al país en emergencia, le sigue sirviendo a Uribe para concentrar poder en sus manos y gobernar sólo, al estilo de los dictadores.
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ASESINATOS S. A.

Por Ch Zulú.

Parece que la criminalidad del Estado no tiene límites, es lo que confirman los Falsos Positivos, de las fosas comunes atestadas de inocentes asesinados por el Ejército.

No es que a algunas ovejas descarriadas se les haya dado por cometer crímenes, que enlodan la moral y eficacia de la Fuerza Pública.

Estamos ante una maquinaria infernal diseñada desde hace décadas, para propiciar la destrucción de todo aquello que, a juicio de los promotores del neoliberalismo, las multinacionales y los capitales nacionales asociados a ellas, sea un estorbo a sus políticas de obtener máxima ganancia.

Existe una relación estrecha entre la lucha reivindicativa de las clases populares, la resistencia que ellas hacen a las políticas neoliberales y el desarrollo de la oposición al régimen oligárquico.

El impulso de una mayor inversión multinacional en el país, exige seguridad a tales inversiones, que lleva al Estado a eliminar las resistencias de las comunidades y la oposición, y para ello ejecuta el Plan Colombia.

A mayor resistencia popular, mayor genocidio; instrumento favorito para aplicar las recetas del FMI.

Las regiones que soportan el mayor número de asesinatos concuerdan con las que poseen una mayor riqueza en fuentes de agua, petróleo y biodiversidad; así mismo es donde el tejido político organizativo da mayor muestra de resistencia a la hecatombe neoliberal.

Dos terceras partes de estos Falsos Positivos ocurrieron en Norte de Santander, Antioquia, Meta, Huila, Putumayo, Cauca, Arauca y Caquetá. En un 58 por ciento de los casos se trata de personas menores de 30 años de edad.

Estos datos permiten extraer varias conclusiones: Primera, que no se trata de un error aislado; la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras su visita a Colombia, denuncia que “existen indicios que demuestran la práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales en este país latinoamericano, por parte de las fuerzas de seguridad”.

La segunda, es que buscan afectar a la juventud. Tercera, que hay una persistencia en estos crímenes de lesa humanidad, pese a que desde hace tiempo, están siendo denunciados.

En consecuencia, asistimos a una degradación de la guerra interna y a un incremento de la corrupción en las Fuerzas Armadas, que han hecho del crimen un negocio, que se alimenta del asesinato de ciudadanos indefensos.

A raíz de la masacre de los jóvenes de Soacha y de otras regiones del país, que ya no pudieron tapar, se desató un debate sobre los cambios que deben hacerse en las Fuerzas Armadas.

La Fuerza Pública debe ser depurada y reestructurada íntegramente, en dirección a formar unas nuevas Fuerzas Armadas, que asuman como principio la no agresión al pueblo, dedicadas a la Seguridad Humana y defensoras de la soberanía nacional.

La sociedad colombiana debe participar en el debate sobre la Doctrina de seguridad y las Fuerzas Armadas que requerimos, para ser una nación sin crímenes de lesa humanidad; debate que el gobierno debe garantizar y no obstaculizar.
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REPARACIÓN CON VERDAD Y JUSTICIA

La realidad de guerra sucia contra la oposición, es negada y encubierta por Uribe y toda la oligarquía, por ello se inventaron la fallida Ley de Justicia y Paz, por ello extraditaron los capos narcoparamilitares a los Estados Unidos y por ello ahora desfiguran el Proyecto de Ley de Reparación de las víctimas.

Fue necesario que estallara el escándalo de los jóvenes desaparecidos de Soacha, los que hicieron aparecer como guerrilleros muertos en combate, para que el Presidente Uribe tuviese que aceptar la práctica de los Falsos Positivos y las ejecuciones extrajudiciales por la Fuerza Pública.

Una de las tantas modalidades utilizadas por este gobierno para mostrar resultados y la eficiencia de la política de Seguridad Democrática.


Ejecuciones extrajudiciales sistemáticas

Para acallar el escándalo y aparentar de respetuoso de los Derechos Humanos, el Presidente paso a retiro a 27 militares, entre ellos a tres generales, además del General Mario Montoya Uribe, señalado reiterativamente por sus vínculos con narcoparamilitares y operaciones de guerra sucia.

Pero la maniobra distractora no logró cubrir el escándalo. Una avalancha de casos siguen apareciendo en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Santanderes, Caquetá, Huila, Casanare, Boyacá, Valle, Cesar y Meta. Son más de mil los jóvenes desaparecidos, reconoce el Fiscal General de la Nación.

El Presidente se queda sin argumentos para seguir descalificando las denuncias hechas por defensores de Derechos Humanos y víctimas de la guerra sucia; estigmatizadas como montajes de la guerrilla y de los enemigos del gobierno.

Política de Estado

Los casos de desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales y Falsos Positivos son tan numerosos, que confirman la existencia de una sistemática y generalizada política de Estado y no como se le miente al país, que se trata sólo de crímenes aislados.

Las confesiones de algunos jefes narcoparamilitares corroboran, la responsabilidad del Estado en la guerra sucia y crímenes de lesa humanidad.

Salvatore Mancuso confesó que sin el apoyo del Estado, no hubiera sido posible la expansión y poder que adquirió el narcoparamilitarismo en todo el país; reconoció que pagaba mensualmente una nómina de 500 mil dólares a funcionarios públicos en Norte de Santander y 350 mil dólares en Montería; y que recibía apoyo de generales de la República, oficiales, fiscales, entre otros.

Por su parte Ever Veloza, alias HH, confesó que recibía apoyo de funcionarios públicos y de masacres acordadas con altos oficiales del Ejército, entre ellos el general Rito Alejo del Río, comandante de la XVII Brigada, llamado por Uribe ‘el pacificador de Urabá’.

Burlar las víctimas, favorecer los victimarios

Los esfuerzos de Uribe han estado encaminados a proteger los victimarios. Ejemplos sobran: su Ley de Justicia y Paz hecha a la medida de los narcoparamilitares, los intentos fallidos de reconocer a éstos como delincuentes políticos, el favorecimiento a los procesados por Parapolítica, además de las contradicciones con la Corte Suprema de Justicia por el manejo de dichos procesos.

En cambio, con testarudez se opone al Proyecto de Ley, que busca establecer un marco jurídico para reparar a las víctimas de la guerra sucia, como lo viene proponiendo el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

Las razones que presenta para oponerse, demuestran propósitos de encubrir a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Manifestando incapacidad para pagar cerca de 12 mil millones de dólares que valdría la reparación económica de las víctimas, además el gobierno exige que se excluya del Proyecto, a los agentes del Estado, como victimarios.

Uribe se niega a aceptar la realidad, para evitar sumar argumentos a los que ya existen en abundancia y que son suficientes para tipificar al Estado colombiano como terrorista.

El Proyecto está frenado, los impulsores prefieren retirarlo antes que aceptar la exigencia del gobierno, pues significaría que casi tres cuartas partes de las víctimas quedaran excluidas de la Reparación.

Debe tenerse en cuenta que las estadísticas de cien ONG, responsabilizan al Estado colombiano del 75 por ciento de las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Más impunidad

Los hechos anteriores demuestran que la oligarquía combina la violencia y la mentira para mantener el poder y engañar al pueblo, y señala a los que resisten a su opresión política y explotación económica, como responsables de la violencia y los califica de terroristas.

Igual ocurrió en la guerra sucia de mitad del siglo pasado, cuando la elite dominante desató La Violencia, que produjo más de 300 mil muertos, el robo de 350 mil fincas y el desplazamiento de dos millones de campesinos, que fueron cubiertos con el manto de la impunidad.

En la actual guerra interna, que es continuación de la anterior, Uribe pretende ocultar los horrendos crímenes ejecutados e impedir que se conozca toda la verdad.

Con ese propósito extraditó a 13 jefes narcoparamilitares, cuando éstos empezaron a confesar la verdad sobre la guerra sucia. Y ahora se opone a la aprobación de la Ley de Reparación de las Víctimas, para que no se juzgue al régimen por terrorismo de Estado.

Alias Jorge 40, uno de los capos extraditados, gritó desde las escalinatas del avión que lo llevó a EEUU: “estos HP nos traicionaron”. ¿A quién se refería? Los indicios apuntan al Palacio presidencial.
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SE REFRENDA VENEZUELA

1. Acaba de realizarse en Venezuela el proceso electoral número 14, desde que fue elegido presidente el comandante Hugo Chávez en 1999. Se escogieron mandatarios regionales y locales. Su trascendencia se enmarca en la ruptura histórica que significa el proceso bolivariano, su peso en Nuestramerica y la clara disposición del Presidente Chávez y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de acelerar la construcción del Socialismo en el Siglo XXI, como única salida viable a la crisis sistémica capitalista y a las necesidades sociales, políticas, económicas y culturales del pueblo.

2. La decisión irrevocable de avanzar en la búsqueda de un Consenso nacional, de construir en paz las transformaciones, se ratifica en estas elecciones, donde la democracia se profundizó y las decisiones soberanas del pueblo fueron respetadas por el gobierno de un Estado donde el Poder Electoral está en el mismo rango de los otros poderes.

3. La Constitución del 99 remarcó la democracia participativa como la forma que se daría de ahí en adelante el Sistema político. Se potencian y nacen nuevos poderes con fuerza estatal. Sin embargo las formas y estructuras de gobierno no se transforman al ritmo que requiere la Revolución. La cultura política y electoral proveniente de la tradición republicana se reproduce e impide profundizaciones mayores.

4. En estas elecciones del 23 de Noviembre se eligieron Gobernadores, Alcaldes y Legislativos regionales. Era el recambio y, en algunos casos, posible reelección de los responsables de la gestión pública más cercana a la gente. Una evaluación popular signada en todo caso por la disputa no siempre bien intencionada, alimentada por la calumnia y la manipulación de la Gran Prensa y la televisión privada, y financiada en el caso de los partidos de la mal llamada oposición, por millones de dólares de la Oligarquía; de la corrupción y criminalidad en gobernaciones estatales y de fondos de los Estados Unidos, que veladamente patrocinan los sectores más reaccionarios.

5. Fue una disputa fuerte, donde se confrontaba un proyecto de futuro, enraizado mas articulado al mundo y sin embargo libre e independiente, encarnado por Chávez y del otro lado la negación obtusa a los logros del proceso bolivariano, el retorno a lo que en Venezuela se llama la Cuarta República, es decir, los gobiernos tutelados por los yanquis, el neoliberalismo, la profundización del capitalismo salvaje.

6. En 21 de los 22 Estados hubo elección de Gobernadores. Quedaron en total 17 Estados en manos del PSUV, es decir el 74% de las Gobernaciones. La votación por los candidatos bolivarianos se proyecta más o menos en 6 millones de venezolanos. Sin embargo con respecto a la votación del 2 de Diciembre de 2007, donde la propuesta del Presidente de un Referéndum para la reforma constitucional perdió, el PSUV aumentó un millón y medio de votos.

7. En las alcaldías, de las 326 donde fueron electos nuevos dignatarios, los revolucionarios ganaron 263. Es decir en el 80.67% !! .

8. Los votos por la reacción llegaron a 4 millones y medio. La reacción triunfo en los Estados con mayor caudal electoral. Y donde hay mucho más bombardeo de la falsimedia: la Alcaldía Mayor de Caracas y Táchira, reteniendo a Zulia, Nueva Esparta y Carabobo. De las 22 capitales estatales ganaron en 6, entre ellas a Mérida (Estado Mérida), San Cristóbal (Estado Táchira) y Maracaibo (Estado Zulia).

9. En menos de dos años el PSUV se consolida como la mayor fuerza política de Venezuela. Es una poderosa estructura de más de cinco millones de personas, un partido de masas que agrupa a la tercera parte del padrón electoral venezolano.

10. El mapa político de Venezuela cambio, en esta paulatina transformación social que desarrolla. Lo que viene para los candidatos revolucionarios es hacer una ejemplar gestión gubernamental, cercana a los intereses y necesidades del pueblo. Y para el pueblo venezolano ojo avizor con los reaccionarios elegidos. Capriles Radonsky el ahora gobernador del Estado Miranda y Antonio Ledezma, Alcalde Mayor de la capital, han participado en todas las aventuras fascistas contra el gobierno bolivariano y la revolución.

Venezuela se refrendó de nuevo. La Revolución bolivariana avanza. La disputa continúa.

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