Persecución a los capitales involucrados en el proceso económico del narcotráfico

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, Marzo 6 de 2014

En desarrollo de los lineamientos generales de la “Política antidrogas para la soberanía y el buen vivir de los pobres del campo”, habiendo culminado la publicación del total de nuestras iniciativas referidas a los sub puntos 1 y 2 del tema solución al problema de drogas ilícitas las FARC-EP presentan cinco propuestas mínimas para una “Política antidrogas centrada en la persecución a los capitales involucrados en el proceso económico del narcotráfico”:

1. Conformación de una Comisión especializada de la verdad sobre la empresa capitalista transnacional del narcotráfico.Con el propósito de avanzar hacia una caracterización compleja del negocio de las drogas ilícitas en Colombia y de contribuir a formular los lineamientos de una nueva política antidrogas centrada en el interés nacional y en la persecución a los capitales involucrados en el proceso económico del narcotráfico, las FARC-EP y el Gobierno nacional conformarán una “Comisión independiente especializada de la verdad sobre la empresa capitalista transnacional del narcotráfico”, integrada por académicos e investigadores expertos nacionales e internacionales, que incluya a representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC y de Unasur. Dicha Comisión deberá entregar en un término no superior a seis (6) meses un Informe acerca del estado actual del negocio del narcotráfico, que incluya su conformación estructural, su articulación con el proceso económico en su conjunto, en especial con la actividad financiera, que permita identificar modalidades y rutas de blanqueo de dinero, así como a sus principales beneficiarios pasados y actuales, nacionales y extranjeros. E igualmente su nivel de penetración en el Estado y sus instituciones, así como sus impactos macroeconómicos y sobre las finanzas públicas.

2. Identificación, persecución y expropiación de los capitales del narcotráfico. Con base en los resultados del Informe de la Comisión independiente, de sus recomendaciones para una nueva política económica y criminal, se procederá a una redefinición profunda de la política antidrogas. Dicha política privilegiará la identificación y el seguimiento a los capitales comprometidos en el circuito económico del narcotráfico. En particular, se concentrará en la persecución y desarticulación de las redes de producción y comercialización capitalista transnacional de drogas ilícitas, así como en la identificación y el seguimiento a las rentas generadas por dichas redes e incorporadas en los circuitos económicos legales a través del lavado de dinero. Asimismo, en el desmonte de “alianzas empresariales” con sectores de la producción, la construcción y los servicios, incluido el negocio financiero y bursátil. Se proveerán los diseños institucionales y las medidas y acciones de política económica y criminal a que hubiere lugar. La persecución a los capitales comprometidos en el negocio del narcotráfico deberá conducir a la expropiación de dichos capitales. Con los recursos así obtenidos, se conformará un Fondo especial para contribuir a la financiación de los “Planes de desarrollo alternativo” de las comunidades campesinas con las que se concierte la sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola, y para la atención al consumo de drogas como problema de salud pública, con un enfoque de derechos humanos.

3. Controles estatales a las empresas productoras o importadores de insumos requeridos para la producción de drogas ilícitas. La nueva política antidrogas se fundamentará en estrictos controles estatales sobre los renglones de la actividad económica productores e importadores de insumos, en especial de insumos químicos, requeridos para la producción de drogas ilícitas. Se exigirá a empresas transnacionales productoras y proveedoras de dichos insumos en el mercado, beneficiarias indiscutibles actuales de la producción de drogas ilícitas, para que asuman compromisos expresos de regulación del mercado de insumos, a través de la suscripción de códigos de conducta, susceptibles de sanción internacional. Con el fin de no afectar actividades productivas lícitas se diseñarán protocolos especiales que permitan identificar usos, frecuencias y lugares de la demanda por insumos.

4. Controles estatales a los flujos de capital, regulaciones financieras y auditorías especiales. En consideración a que uno de los principales beneficiarios de la política neoliberal de desregulación financiera ha sido el capital del narcotráfico, la política antidrogas se fundamentará en la redefinición de la política económica, en especial de la política monetaria. Se recuperará la soberanía monetaria mediante el restablecimiento del monopolio estatal sobre la compra y venta de divisas y la fijación de controles estrictos a los flujos de capitales. Se definirán regulaciones estatales rigurosas sobre el mercado financiero y bursátil orientadas a evitar el lavado de dinero. Además de fortalecer las funciones estatales de súper vigilancia y control por las instituciones correspondientes, se creará una auditoría especial sobre las transacciones financieras y bursátiles, y sobre los estados financieros de las empresas involucradas en el negocio financiero y bursátil, que deberá presentar informes semestrales sobre el seguimiento al lavado de dinero. Se procederá a los diseños del caso en materia de política criminal con miras a castigar de manera ejemplar el crimen organizado de “cuello blanco”.

5. Nueva institucionalidad democrática de la política antidrogas. Como parte de la reestructuración democrática del Estado, y en atención a la obsolescencia de las instituciones actuales de la política antidrogas, dados su énfasis en enfoques prohibicionistas, de interdicción y de contrainsurgencia, y su subordinación a la política antidrogas estadounidense, se procederá a la elaboración de una nueva institucionalidad que atienda los propósitos, medidas y acciones contenidos en el conjunto de propuestas formuladas por las FARC-EP, concernientes al punto cuarto de la Agenda sobre “Solución al problema de las drogas ilícitas “. El formulación de la nueva institucionalidad estará a cargo de la “Comisión para el diseño y el seguimiento de una política nacional antidrogas soberana, democrática y participativa”. En todo caso, la nueva institucionalidad de la política antidrogas estará subordinada al proceso, las políticas y las instituciones de la reforma rural y agraria integral, socio ambiental, democrática y participativa, que exigen el pueblo y la sociedad colombiana.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP