Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2014-12-31
Categoría
Comunicado
Contra la política de explotación del gobierno de Pérez-Baldetti-Sinibaldi
CONTRA LA POLÍTICA DE EXPLOTACIÓN DEL GOBIERNO PÉREZ-BALDETTI-SINIBALDI
Una vez más el gobierno nacional da muestras de lo que verdaderamente es y para quién está gobernando: a un par de días de la Navidad, el lunes 22 de diciembre, fijó un salario tope de Q. 1,500.00 para los trabajadores de maquilas de cuatro municipios: San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya (El Progreso), Estanzuela (Zacapa) y Masagua (Escuintla), es decir, un 56.79% por debajo del salario mínimo.
Con anterioridad, contrario a los intereses de la clase trabajadora del campo y la ciudad decidió un aumento al salario mínimo de apenas un 5%. Es decir, a partir de enero de 2015, los trabadores agrícolas y no agrícolas deberán recibir un pago de Q.78.72 diarios y Q72.36 para actividades de exportación y maquila, de modo que el salario mínimo mensual para el año 2015 será de Q. 2,644.36 y Q. 2,450.81 respectivamente, con las bonificaciones ya incluidas. Estos salarios mínimos siguen siendo de hambre, pues sólo la canasta básica alimenticia tiene un costo actualmente de Q. 3,200.00 y la canasta básica vital en Q. 5.800.00 (el doble del salario mínimo). Así que tanto el mísero 5% de aumento al salario mínimo, como la medida del salario tope de Q. 1,500.00 para los cuatro municipios ya mencionados, significan una burla, un ofensivo y descarado golpe a la clase trabajadora.
Para validar su decisión en esos municipios, el gobierno montó un supuesto pedido de los Consejos Municipales de Desarrollo "para crear condiciones que atraigan la inversión y el empleo". En realidad, se trata de una descarada maniobra pro-patronal y de entrega de la soberanía nacional, dado que las industrias maquileras se aprovechan de la terrible situación de los trabajadores guatemaltecos, por cuanto se instalan aquí sus empresas sólo en tanto tienen asegurada mano de obra casi regalada, sin sindicatos ni controles gubernamentales.
El gobierno y clase capitalista (llamada iniciativa privada o empresarial) tuvieron el descaro de saludar la medida y verla como un "regalo" oportuno para los trabajadores. El presidente Otto Pérez Molina la justificó diciendo que en esos municipios "Los estudios han confirmado que el ingreso real promedio apenas sobrepasa los 600 quetzales mensuales", por lo que el salario ahora fijado sería una ganancia. Al mismo tiempo, el representante de la Cámara de Industria, Javier Zepeda, defendió la nueva medida como un buen incentivo para la inversión privada, lo cual –según su razonamiento– beneficiará a los trabajadores de los municipios en cuestión. "Es difícil que en estas regiones se tenga opción de ganar el salario mínimo y con esto queremos que sea una oportunidad para combatir la pobreza extrema en el país", afirmó el dirigente de los burgueses industriales.
Como Partido Guatemalteco del Trabajo, denunciamos esta política y maniobra gubernamental, porque constituye una terrible violación a la legislación laboral vigente y abre la puerta para que posteriormente se legalice un salario tope de Q. 1,500.00 a nivel nacional. Con esto, el gobierno legitima y legaliza la impunidad, amparándose en la supuesta "bondad" que traería la inversión. Profundiza la explotación mientras garantiza mayor riqueza para la clase capitalista, especialmente aquella que desde el gobierno de Álvaro Colom se ampara en la Ley de Maquila para lograr la máxima ganancia a costa de los salarios de hambre para la clase trabajadora.
Enfáticamente nos oponemos a esta "prueba piloto" en estos cuatro municipios y repudiamos con el mayor vigor este atentado contra la clase trabajadora. Disminuir el salario mínimo –exiguo ya de por sí– es un criminal atentado contra todos los trabajadores del país, pues golpea una vez más a los más desposeídos e intenta sentar las bases para una mayor profundización de la explotación.
Es indudable que esta política y decisión del gobierno derechista de Otto Pérez Molina también pone en cuestión a la organización sindical, especialmente aquellas que se han plegado al actual gobierno y aquellas que, con una política de dejar hacer y dejar pasar, avalan con su silencio cómplice las políticas a favor de la clase capitalista.
Por eso nos solidarizamos con las organizaciones sindicales que actúan coherentemente en defensa de la clase trabajadora y hacemos un llamado a los trabajadores y trabajadoras para elegir dirigencias comprometidas con sus intereses y no líderes plegados a los intereses del gobierno y de la clase capitalista.
¡No a las maniobras del gobierno de Pérez-Baldetti-Sinibaldi y de la burguesía!
¡No a la explotación de la clase trabajadora!
¡Por salarios dignos y justos!
Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)
Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo
Una vez más el gobierno nacional da muestras de lo que verdaderamente es y para quién está gobernando: a un par de días de la Navidad, el lunes 22 de diciembre, fijó un salario tope de Q. 1,500.00 para los trabajadores de maquilas de cuatro municipios: San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya (El Progreso), Estanzuela (Zacapa) y Masagua (Escuintla), es decir, un 56.79% por debajo del salario mínimo.
Con anterioridad, contrario a los intereses de la clase trabajadora del campo y la ciudad decidió un aumento al salario mínimo de apenas un 5%. Es decir, a partir de enero de 2015, los trabadores agrícolas y no agrícolas deberán recibir un pago de Q.78.72 diarios y Q72.36 para actividades de exportación y maquila, de modo que el salario mínimo mensual para el año 2015 será de Q. 2,644.36 y Q. 2,450.81 respectivamente, con las bonificaciones ya incluidas. Estos salarios mínimos siguen siendo de hambre, pues sólo la canasta básica alimenticia tiene un costo actualmente de Q. 3,200.00 y la canasta básica vital en Q. 5.800.00 (el doble del salario mínimo). Así que tanto el mísero 5% de aumento al salario mínimo, como la medida del salario tope de Q. 1,500.00 para los cuatro municipios ya mencionados, significan una burla, un ofensivo y descarado golpe a la clase trabajadora.
Para validar su decisión en esos municipios, el gobierno montó un supuesto pedido de los Consejos Municipales de Desarrollo "para crear condiciones que atraigan la inversión y el empleo". En realidad, se trata de una descarada maniobra pro-patronal y de entrega de la soberanía nacional, dado que las industrias maquileras se aprovechan de la terrible situación de los trabajadores guatemaltecos, por cuanto se instalan aquí sus empresas sólo en tanto tienen asegurada mano de obra casi regalada, sin sindicatos ni controles gubernamentales.
El gobierno y clase capitalista (llamada iniciativa privada o empresarial) tuvieron el descaro de saludar la medida y verla como un "regalo" oportuno para los trabajadores. El presidente Otto Pérez Molina la justificó diciendo que en esos municipios "Los estudios han confirmado que el ingreso real promedio apenas sobrepasa los 600 quetzales mensuales", por lo que el salario ahora fijado sería una ganancia. Al mismo tiempo, el representante de la Cámara de Industria, Javier Zepeda, defendió la nueva medida como un buen incentivo para la inversión privada, lo cual –según su razonamiento– beneficiará a los trabajadores de los municipios en cuestión. "Es difícil que en estas regiones se tenga opción de ganar el salario mínimo y con esto queremos que sea una oportunidad para combatir la pobreza extrema en el país", afirmó el dirigente de los burgueses industriales.
Como Partido Guatemalteco del Trabajo, denunciamos esta política y maniobra gubernamental, porque constituye una terrible violación a la legislación laboral vigente y abre la puerta para que posteriormente se legalice un salario tope de Q. 1,500.00 a nivel nacional. Con esto, el gobierno legitima y legaliza la impunidad, amparándose en la supuesta "bondad" que traería la inversión. Profundiza la explotación mientras garantiza mayor riqueza para la clase capitalista, especialmente aquella que desde el gobierno de Álvaro Colom se ampara en la Ley de Maquila para lograr la máxima ganancia a costa de los salarios de hambre para la clase trabajadora.
Enfáticamente nos oponemos a esta "prueba piloto" en estos cuatro municipios y repudiamos con el mayor vigor este atentado contra la clase trabajadora. Disminuir el salario mínimo –exiguo ya de por sí– es un criminal atentado contra todos los trabajadores del país, pues golpea una vez más a los más desposeídos e intenta sentar las bases para una mayor profundización de la explotación.
Es indudable que esta política y decisión del gobierno derechista de Otto Pérez Molina también pone en cuestión a la organización sindical, especialmente aquellas que se han plegado al actual gobierno y aquellas que, con una política de dejar hacer y dejar pasar, avalan con su silencio cómplice las políticas a favor de la clase capitalista.
Por eso nos solidarizamos con las organizaciones sindicales que actúan coherentemente en defensa de la clase trabajadora y hacemos un llamado a los trabajadores y trabajadoras para elegir dirigencias comprometidas con sus intereses y no líderes plegados a los intereses del gobierno y de la clase capitalista.
¡No a las maniobras del gobierno de Pérez-Baldetti-Sinibaldi y de la burguesía!
¡No a la explotación de la clase trabajadora!
¡Por salarios dignos y justos!
Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)
Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo