Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2020-05-25
Categoría
Comunicado
República mexicana, a 25 de mayo de 2020
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
A trece años de la detención desaparición de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la impunidad se mantiene, se torpedea por la vía del hecho todo cauce jurídico para conocer la verdad y castigar a los responsables materiales e intelectuales, éstos se protegen en la institucionalidad y en el fuero del que gozan las fuerzas armadas.
De igual manera, a casi seis años del mismo crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, la política gubernamental es en esencia la misma, sólo largas, promesas incumplidas y "mesas de trabajo" que no llevan ni a la verdad, ni a la justicia para las víctimas.
Ambos casos expresan a pesar de sus características la misma política de gobierno, la misma violencia contra el pueblo y la misma actitud hacia los responsables del terrorismo de Estado que en nuestro país ha cobrado cientos de miles de víctimas directas.
La actual administración ha tenido la información y el tiempo suficiente para resolver sobre la base de la justicia para el pueblo el problema de la desaparición forzada, sin embargo, el profundo silencio e inacción para resolver el caso de nuestros compañeros, así como el interminable laberinto burocrático al que es sometido la desaparición de los 43 normalistas, la política de gobierno desemboca en un galimatías jurídico que se traduce en más impunidad a los perpetradores y la libertad a los presuntos responsables materiales.
La desaparición forzada de personas por motivos políticos o sociales en México persiste a pesar de la posición oficial de la actual administración; si bien es cierto que no hay comparación numérica con los dos anteriores gobiernos, dichos crímenes de lesa humanidad son parte de la realidad, expresan la violencia contra el pueblo y ratifican una verdad innegable: la violencia que azota al pueblo emana del régimen económico y político.
Cierto que los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto enarbolaron la política de gobierno que se tradujo en violencia sistematizada y generalizada contra el pueblo, es el terrorismo de Estado que cobró cientos de miles de víctimas directas e indirectas; pero también es real, que el actual gobierno se vuelve corresponsable de tales crímenes en la medida que pondera el perdón a los perpetradores y llama a la resignación de las víctimas a través de una sutil persuasión.
La corresponsabilidad se adquiere en la medida que no se investiga con seriedad y a fondo en torno a los detenidos desaparecidos; en tanto que el burocratismo en las instituciones se traduce en revictimización de las víctimas; en cuanto a la actitud negligente de la nube de funcionarios para escatimar la verdad a los familiares de las víctimas y afirmar que las desapariciones forzadas son obra de la delincuencia organizada; y, el clásico carpetazo no es más que una variante del olvido y la actitud indolente desde las instituciones y hombres que las hacen funcionar para que prevalezca la violencia de clase contra el pueblo.
En todos estos años el pueblo comprueba en el vivo dolor que representan las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzoso que la violencia emana del régimen; que a pesar de las promesas de campaña electoral, persiste y que en torno a dicho fenómeno no hay justicia, no se hace mucho para encontrar y conocer la verdad que permita ejercer justicia contra los responsables.
La inmensa mayoría de los familiares de los detenidos desaparecidos han comprobado en carne propia que los perpetradores gozan de impunidad, ésta se materializa en el perdón otorgado desde el Ejecutivo, sin embargo, dicha política sólo estimula que los criminales de Estado cometan nuevos crímenes de lesa humanidad.
También es conocido y comprobado que desde las instituciones que supuestamente procuran justicia están carcomidas por la corrupción y el burocratismo, en ellas subyace aún la política de procurar impunidad a quienes desataron la violencia contra el pueblo; constituyen una estructura que sólo esparce injusticia y contribuye a que las cárceles alberguen nuevos presos políticos.
Si a ello aunamos que en plena pandemia y las medidas autoritarias para su supuesta contención, las ejecuciones extrajudiciales no cesan y que nuevos casos de represión al pueblo se suman a la estadística de dicha política autoritaria, la verdad brota por sí sola: a pesar de la promesa presidencial, la violencia de clase persiste y cobra nuevas víctimas, por consiguiente, existe continuidad de la política gubernamental que protege a los verdugos del pueblo; la desaparición forzada de personas y las ejecuciones extrajudiciales son parte de la violencia contra los oprimidos.
La indolencia desde la institucionalidad, el silencio se vuelve complicidad; el "atender" pero sin resolver se traduce en dilación premeditada e injusticia que brota de todas las instituciones que conforman el poder judicial, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en conjunto víctimas, familiares y organizaciones populares llegan a la conclusión de que está muy lejos de ser cumplida la promesa electoral de justicia para las víctimas de desaparición forzada.
La perversidad gubernamental es tal que en la búsqueda de los detenidos desaparecidos todo lo quieren reducir a la conclusión de que están muertos y que su solución pasa por la "compensación" económica traducida en la supuesta reparación del daño, no obstante, la solución a tan deleznable crimen no basta con destinar más recursos públicos para la búsqueda, lo esencial es hacer realidad el hecho de encontrar a los detenidos desaparecidos y dar a conocer toda la verdad.
Tal es la mal intencionada ausencia de justicia para las víctimas que familiares de éstas son las que investigan, las que aportan pistas y pruebas a la autoridad judicial, las que con sus propios esfuerzos y medios buscan a sus familiares. De parte de la autoridad sólo silencio, dilación, hipocresía, despotismo, cinismo.
El fenómeno de la desaparición forzada, producto de la política de gobierno en México por su magnitud se configuró como inconmensurable en los dos últimos sexenios, a tal grado que no se conoce la verdad a ciencia cierta del número de víctimas; se reconoce oficialmente una lista de 61 mil víctimas directas, pero si por cada desaparición forzada denunciada hay diez que no lo hacen por temor, la cifra es más de 600 mil personas desaparecidas, un dato revelador, nos ilustra el grado de violencia que se ha ejercido contra las masas empobrecidas.
Conocer la verdad en torno a los detenidos desaparecidos consiste en saber con precisión cuántas han sido las víctimas; quiénes fueron los criminales de Estado en su ejecución; saber sin cortapisas qué autoridad y funcionarios están involucrados en la elaboración de dicha política de gobierno; qué responsabilidad tiene la cúpula castrense y los diferentes mandos policíaco militares en su ejecución. Ese es un derecho y una exigencia popular.
Hacer justicia al pueblo en materia de los desaparecidos sea por motivos políticos o sociales sería dar los pasos necesarios para que Genaro García Luna fuera juzgado y castigado por crímenes de lesa humanidad; que Felipe Calderón Hinojosa fuera juzgado y castigado por ser el principal promotor de la política de gobierno que cobró cientos de miles de víctimas que constituyen crímenes de lesa humanidad que configuran genocidio.
En el caso de nuestros compañeros, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que se haga justicia? ¿Cuánto tiempo debe pasar para que sus familiares conozcan la verdad? ¿Por qué no se avanza en el caso si jurídicamente ha sido demostrado que fue una desaparición forzada por motivos políticos cometida por agentes del Estado? ¿Qué es lo que impide que se juzgue a funcionarios públicos, a mandos policíacos militares y policías que tienen responsabilidad directa?
La vida de un revolucionario no se tasa en dinero, esa es una proposición inaceptable; la presentación con vida de nuestros compañeros Gabriel y Edmundo no es negociable; el conocer la verdad sobre su condición y paradero al igual que la de todas las víctimas es un derecho al que no renunciamos.
La lucha por la presentación de los detenidos desaparecidos, así como por la libertad de los presos políticos y contra la represión siempre será legítima, necesaria y expresa un hecho concreto, si hay injusticia, siempre habrá razones para luchar, para protestar y exigir. Ni la represión, ni medidas autoritarias justificadas por la pandemia del Covid-19 pueden inhibir la voluntad popular de combatir.
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 56
República mexicana, a 25 de mayo de 2020
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
A trece años de la detención desaparición de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la impunidad se mantiene, se torpedea por la vía del hecho todo cauce jurídico para conocer la verdad y castigar a los responsables materiales e intelectuales, éstos se protegen en la institucionalidad y en el fuero del que gozan las fuerzas armadas.
De igual manera, a casi seis años del mismo crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, la política gubernamental es en esencia la misma, sólo largas, promesas incumplidas y "mesas de trabajo" que no llevan ni a la verdad, ni a la justicia para las víctimas.
Ambos casos expresan a pesar de sus características la misma política de gobierno, la misma violencia contra el pueblo y la misma actitud hacia los responsables del terrorismo de Estado que en nuestro país ha cobrado cientos de miles de víctimas directas.
La actual administración ha tenido la información y el tiempo suficiente para resolver sobre la base de la justicia para el pueblo el problema de la desaparición forzada, sin embargo, el profundo silencio e inacción para resolver el caso de nuestros compañeros, así como el interminable laberinto burocrático al que es sometido la desaparición de los 43 normalistas, la política de gobierno desemboca en un galimatías jurídico que se traduce en más impunidad a los perpetradores y la libertad a los presuntos responsables materiales.
La desaparición forzada de personas por motivos políticos o sociales en México persiste a pesar de la posición oficial de la actual administración; si bien es cierto que no hay comparación numérica con los dos anteriores gobiernos, dichos crímenes de lesa humanidad son parte de la realidad, expresan la violencia contra el pueblo y ratifican una verdad innegable: la violencia que azota al pueblo emana del régimen económico y político.
Cierto que los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto enarbolaron la política de gobierno que se tradujo en violencia sistematizada y generalizada contra el pueblo, es el terrorismo de Estado que cobró cientos de miles de víctimas directas e indirectas; pero también es real, que el actual gobierno se vuelve corresponsable de tales crímenes en la medida que pondera el perdón a los perpetradores y llama a la resignación de las víctimas a través de una sutil persuasión.
La corresponsabilidad se adquiere en la medida que no se investiga con seriedad y a fondo en torno a los detenidos desaparecidos; en tanto que el burocratismo en las instituciones se traduce en revictimización de las víctimas; en cuanto a la actitud negligente de la nube de funcionarios para escatimar la verdad a los familiares de las víctimas y afirmar que las desapariciones forzadas son obra de la delincuencia organizada; y, el clásico carpetazo no es más que una variante del olvido y la actitud indolente desde las instituciones y hombres que las hacen funcionar para que prevalezca la violencia de clase contra el pueblo.
En todos estos años el pueblo comprueba en el vivo dolor que representan las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzoso que la violencia emana del régimen; que a pesar de las promesas de campaña electoral, persiste y que en torno a dicho fenómeno no hay justicia, no se hace mucho para encontrar y conocer la verdad que permita ejercer justicia contra los responsables.
La inmensa mayoría de los familiares de los detenidos desaparecidos han comprobado en carne propia que los perpetradores gozan de impunidad, ésta se materializa en el perdón otorgado desde el Ejecutivo, sin embargo, dicha política sólo estimula que los criminales de Estado cometan nuevos crímenes de lesa humanidad.
También es conocido y comprobado que desde las instituciones que supuestamente procuran justicia están carcomidas por la corrupción y el burocratismo, en ellas subyace aún la política de procurar impunidad a quienes desataron la violencia contra el pueblo; constituyen una estructura que sólo esparce injusticia y contribuye a que las cárceles alberguen nuevos presos políticos.
Si a ello aunamos que en plena pandemia y las medidas autoritarias para su supuesta contención, las ejecuciones extrajudiciales no cesan y que nuevos casos de represión al pueblo se suman a la estadística de dicha política autoritaria, la verdad brota por sí sola: a pesar de la promesa presidencial, la violencia de clase persiste y cobra nuevas víctimas, por consiguiente, existe continuidad de la política gubernamental que protege a los verdugos del pueblo; la desaparición forzada de personas y las ejecuciones extrajudiciales son parte de la violencia contra los oprimidos.
La indolencia desde la institucionalidad, el silencio se vuelve complicidad; el "atender" pero sin resolver se traduce en dilación premeditada e injusticia que brota de todas las instituciones que conforman el poder judicial, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en conjunto víctimas, familiares y organizaciones populares llegan a la conclusión de que está muy lejos de ser cumplida la promesa electoral de justicia para las víctimas de desaparición forzada.
La perversidad gubernamental es tal que en la búsqueda de los detenidos desaparecidos todo lo quieren reducir a la conclusión de que están muertos y que su solución pasa por la "compensación" económica traducida en la supuesta reparación del daño, no obstante, la solución a tan deleznable crimen no basta con destinar más recursos públicos para la búsqueda, lo esencial es hacer realidad el hecho de encontrar a los detenidos desaparecidos y dar a conocer toda la verdad.
Tal es la mal intencionada ausencia de justicia para las víctimas que familiares de éstas son las que investigan, las que aportan pistas y pruebas a la autoridad judicial, las que con sus propios esfuerzos y medios buscan a sus familiares. De parte de la autoridad sólo silencio, dilación, hipocresía, despotismo, cinismo.
El fenómeno de la desaparición forzada, producto de la política de gobierno en México por su magnitud se configuró como inconmensurable en los dos últimos sexenios, a tal grado que no se conoce la verdad a ciencia cierta del número de víctimas; se reconoce oficialmente una lista de 61 mil víctimas directas, pero si por cada desaparición forzada denunciada hay diez que no lo hacen por temor, la cifra es más de 600 mil personas desaparecidas, un dato revelador, nos ilustra el grado de violencia que se ha ejercido contra las masas empobrecidas.
Conocer la verdad en torno a los detenidos desaparecidos consiste en saber con precisión cuántas han sido las víctimas; quiénes fueron los criminales de Estado en su ejecución; saber sin cortapisas qué autoridad y funcionarios están involucrados en la elaboración de dicha política de gobierno; qué responsabilidad tiene la cúpula castrense y los diferentes mandos policíaco militares en su ejecución. Ese es un derecho y una exigencia popular.
Hacer justicia al pueblo en materia de los desaparecidos sea por motivos políticos o sociales sería dar los pasos necesarios para que Genaro García Luna fuera juzgado y castigado por crímenes de lesa humanidad; que Felipe Calderón Hinojosa fuera juzgado y castigado por ser el principal promotor de la política de gobierno que cobró cientos de miles de víctimas que constituyen crímenes de lesa humanidad que configuran genocidio.
En el caso de nuestros compañeros, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que se haga justicia? ¿Cuánto tiempo debe pasar para que sus familiares conozcan la verdad? ¿Por qué no se avanza en el caso si jurídicamente ha sido demostrado que fue una desaparición forzada por motivos políticos cometida por agentes del Estado? ¿Qué es lo que impide que se juzgue a funcionarios públicos, a mandos policíacos militares y policías que tienen responsabilidad directa?
La vida de un revolucionario no se tasa en dinero, esa es una proposición inaceptable; la presentación con vida de nuestros compañeros Gabriel y Edmundo no es negociable; el conocer la verdad sobre su condición y paradero al igual que la de todas las víctimas es un derecho al que no renunciamos.
La lucha por la presentación de los detenidos desaparecidos, así como por la libertad de los presos políticos y contra la represión siempre será legítima, necesaria y expresa un hecho concreto, si hay injusticia, siempre habrá razones para luchar, para protestar y exigir. Ni la represión, ni medidas autoritarias justificadas por la pandemia del Covid-19 pueden inhibir la voluntad popular de combatir.
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 56
República mexicana, a 25 de mayo de 2020