Categoría
Artículo
Autor
Lofredo, Jorge
País
Organización
Fecha
2005-12-15
Fichero adjunto
Guerrilla: "No los veo ni los oigo"
GUERRILLA: "NO LOS VEO NI LOS OIGO"
Jorge Lofredo
jorge.lofredo@gmail.com
Son tres las argumentaciones frecuentes que intentan explicar la historia y la situación actual que embarga a las organizaciones armadas revolucionarias de México. Resumidas, pueden discriminarse en tres partes: una de ellas esgrime que las rupturas y enfrentamientos internos entre los grupos no son más que un elemento de distracción para esconder sus intereses, ligados a la delincuencia organizada y con el narcotráfico y considera que la lucha entre las siglas son una puesta en escena para ocultar tanto sus vínculos como también los ajuste de cuentas. Esta, sin embargo, no alcanza para comprender la totalidad del proceso político y militar sino que explica únicamente la coyuntura y además niega la existencia de las guerrillas.
La siguiente, que sustenta la política oficial y de varios gobiernos estatales, asegura que las rupturas no son tales sino que resulta una táctica política y militar del EPR enmarcada en la estrategia de guerra popular prolongada (“Las FARP y el EPR no son lo mismo” aseguran Francisco y Alejandro Cerezo Contreras en una carta enviada al Centro de Documentación de los Movimientos Armados, sino una estrategia: “El Estado acusaba que los Cerezo eran de las FARP para poder ligarlos con los petardos y al tener conocimiento de que esto no era cierto, con gran capacidad discursiva y gracias a sus ‘elevados análisis’ determina que una estrategia del EPR era ‘dividirse’ para aparentar ser muchos grupos y que si los Cerezo hijos de militantes del EPR, entonces, conclusión más que lógica en la ídem del Estado es que los hijos de los militantes del EPR eran las FARP y era entonces lo mismo EPR que FARP”). Pero en ella subyace además otro argumento: todo forma parte de una manipulación publicitaria del EPR y la coyuntura actual que recorren los grupos forman parte de esa política. Esta idea niega las condiciones que hicieron posible la emergencia de proyectos armados y busca restar legitimidad al grupo original y a los rupturistas, a la vez que impulsa una salida militar caracterizada por las organizaciones armadas como una parte de la ejecución de la guerra de baja intensidad que también alcanza a organizaciones sociales.
Una más sostiene que las escisiones sí tuvieron lugar y que son el desenlace final de los desacuerdos intestinos pues responde al proceso de desarrollo político e histórico como así también a la lógica divisionista de la izquierda no tan sólo mexicana sino también latinoamericana, pero conjuntamente debe comprenderse –como un elemento no menor que agrava estas circunstancias– que existen grupos que se presentan como revolucionarios pero encarnan otros intereses. (Un dato reciente –que las siguientes acciones políticas se encargarán de ratificar o negar– es el anuncio de una sigla hasta ahora desconocida, el Comando Popular Clandestino en Hidalgo ante la cual el comité estatal del EPR declaró un “alerta militar” y lo denunció públicamente como grupo “paramilitar”.)
En los dos primeros casos, no hay una distinción entre las siglas, sus objetivos y por tanto puede conformarse una “amenaza” homogénea contra el poder estatal; en cambio la tercera hipótesis propone tanto una evaluación particular de cada caso como así también establecer los nexos de relación e instancias diferenciales que permita desentrañar la distancia entre sus discursos y sus políticas. Para ello es necesario aprender su pasado y entender las contradicciones propias que todo proceso histórico contiene (aunque los prolongados silencios que protagonizaron las agrupaciones permitieron que la especulación se vuelva verdad).
I: Descalificaciones: El discurso oficial
Cabe recordar que debido a su aparición en 1996, el ejecutivo federal caracterizó al EPR como una pantomima y luego como terrorista, la “guerrilla mala”, argumentos con lo que validó una estrategia de aniquilamiento: “con toda la fuerza del Estado” fue la frase acuñada entonces por el ex presidente Ernesto Zedillo, caracterización que no ha sufrido modificaciones importantes a pesar de todo el lapso transcurrido. Pero en aquel momento, el “perfil criminal” sólo provenía del Estado; sin embargo, en el actual contexto de pugnas internas, resulta paradójico que desde los mismos grupos que se proclaman armados, revolucionarios y clandestinos se denuncien entre sí e incurran en estas mismas descalificaciones.
Seguro es que existen vínculos y diferencias entre las organizaciones escindidas, como así también alianzas tácticas y estratégicas, coordinadoras, fusiones, reacomodos o cualquier otra actividad que las relacione o divida, hecho que los grupos por dinámica propia siempre procuran. Pero los dos primeros razonamientos, que recurren a razones ajenas para su caracterización negativa, parecen obviar algunos detalles. Por un lado, el grado de debilidad que hoy presentan ya que las últimas actividades conocidas muestran un bajo grado de potencial militar. También es reducida su actividad política ya que la dispersión las debilitó y probable que la situación actual los encuentre en una etapa de definición política interna, tanto entre organizaciones como al interior de cada uno de ellas. Este es un proceso que también sucede en otros países del continente, cada uno con una expresión particular y con una etapa de desarrollo diferenciada. Sin embargo, no es posible dejar de entender que ambos argumentos, tanto la teoría de la “cortina de humo” como la “inexistencia de divisiones”, es funcional para devaluar y desprestigiar a cualquier manifestación que encarne la necesidad de una cambio social radical, no tan sólo armado, y logran apuntar al corazón del problema: el debate ideológico y el enfrentamiento que se cierne entre un proyecto revolucionario y el poder del Estado.
Pero la lógica divisionista que hoy soportan las organizaciones relega en sus comunicados las denuncias por el accionar represivo del Estado. El CJ28 acusó a cinco organizaciones (TDR, CJM-23M, CPR-LPEP, ERPI –de quien admitió por primera vez y públicamente ser un desprendimiento– y MRLCB) como las autores materiales e intelectuales del asesinato de Mesino, a la vez que asegura que “es falso que Miguel Ángel Mesino haya sido nuestro dirigente máximo como argumenta inteligencia militar y toda la serie de grupúsculos de falsos revolucionarios que hacen estos señalamientos dignos de los peores esbirros del CISEN”. En el sentido contrario, un comunicado reciente del ERPI denunció que “además de Jacobo Silva Nogales, Comandante Antonio, y Gloria Arenas Agís, Coronela Aurora, quienes son mantenidos como rehenes del Estado, se suma el caso de Diego [Bahena Armenta] que está en poder de la SIEDO que lo utiliza en retenes del programa “México Seguro” (a bordo de una Suburban verde en el estado de Guerrero) para identificar y denunciar luchadores sociales con el claro objetivo de relacionarlos con nosotros y criminalizar la lucha social”: la estrategia represiva, según el grupo, no ha variado desde las décadas de los setenta y ochenta. La OR2D-NBCA también denuncia a autoridades y corporaciones de seguridad cuando señala que son las responsables de los asesinatos del capitanes Bertín y Silvano (mismo cargo y nombre del responsable político de la última presentación pública del CJ28, en julio de 2002, donde aseguró una coincidencia entre ambos proyectos).
II: Crítica y autocrítica de los grupos armados
No obstante arrecia el cruce de acusaciones mutuas, puede vislumbrarse una dinámica de crítica y autocrítica que se presenta como una instancia superadora a la coyuntura que embarga a las organizaciones. Con respecto al último argumento, TDR ensayó una crítica mirada retrospectiva sobre el proceso vivido durante la experiencia del EPR y su posterior división: “Cuando algunos grupos u organizaciones de la propia izquierda se han asumido como los electores del punto de referencia de la circunferencia y, como resultado de ello, han descalificado a los otros puntos, se ha tenido como resultado la división de la propia izquierda y la fragmentación de una lucha unitaria. […] Por lo que hemos dicho podemos sostener que nadie (grupo, organización o movimiento), por sí mismo, ha sido, es, ni será capaz de dirigir el movimiento popular en pos de la transformación radical de nuestro país.” El EPR también subrayó la necesidad de “diferenciar de lo que verdaderamente es la acción revolucionaria a la acción delincuencial” y alertó sobre la “descomposición de subgrupos que no construyen políticamente sino que impulsan la destrucción de organizaciones independientes”. El EPR ensayará una autocrítica muy profunda en su documento “Un poco más de historia”, que tras un recorrido por todo el proceso histórico culmina admitiendo que nunca existió la conjunción de grupos armados para la construcción del partido sino que se reconocen como una continuidad histórica del PROCUP. Y no han sido los únicos.
Mientras tanto surgen llamados a resolver los diferendos a través de la discusión política. Valga como ejemplo el reciente escrito de la OR2D-NBCA (aunque de ninguna manera resulta la única convocatoria): “hacemos un llamado al movimiento revolucionario y democrático a una tregua para que no se siga dando el fratricidio y frenemos el canibalismo político, ya que el único beneficiado es el estado burgués y que en nada beneficia a nuestro pueblo y por lo contrario lo sangra y lo confunde”. Además, la onda expansiva de las acciones clandestinas alcanzó, por la gravedad de los sucesos que desde ese ámbito se vienen provocando, a los múltiples resquicios existentes entre las organizaciones sociales, con particular énfasis en Guerrero; más aún, agrega una cuota mayor de intolerancia al enfrentamiento y exacerba las pugnas que han quedado plasmadas frente a una nueva conmemoración del asesinato de Lucio Cabañas Barrientos. En el mismo momento que los enfrentamientos intestinos continúan, el Obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, advirtió sobre el riesgo por la aparición de nuevos movimientos armados debido a la miseria, especialmente las comunidades indígenas; al mismo tiempo que un grupo de ex guerrilleros como la así también Coordinadora Comandante Lucio Cabañas Barrientos realizaron sendos llamados en octubre y diciembre para detener la “lucha fratricida” entre organizaciones revolucionarias y que “resuelvan las diferencias en el marco de la lucha ideológica”.
III
Con una simple lectura de los últimos comunicados guerrilleros se encuentran puntos de desarrollo para los primeros argumentos; tanto para esgrimir la inexistencia de la guerrilla como también para concluir en que todo resulta un entramado artificial del EPR, y que observan algunos puntos de coincidencia. Pero la guerrilla es una expresión que contiene en su seno contradicciones y que se manifiesta con tiempos propios; pero configura –y de un modo particular– una respuesta por las distintas demandas que están presentes a lo largo de todo México. Negar los proyectos armados resulta una política que pretende negar las múltiples formas en que se manifiesta la inconformidad.
Jorge Lofredo
jorge.lofredo@gmail.com
Son tres las argumentaciones frecuentes que intentan explicar la historia y la situación actual que embarga a las organizaciones armadas revolucionarias de México. Resumidas, pueden discriminarse en tres partes: una de ellas esgrime que las rupturas y enfrentamientos internos entre los grupos no son más que un elemento de distracción para esconder sus intereses, ligados a la delincuencia organizada y con el narcotráfico y considera que la lucha entre las siglas son una puesta en escena para ocultar tanto sus vínculos como también los ajuste de cuentas. Esta, sin embargo, no alcanza para comprender la totalidad del proceso político y militar sino que explica únicamente la coyuntura y además niega la existencia de las guerrillas.
La siguiente, que sustenta la política oficial y de varios gobiernos estatales, asegura que las rupturas no son tales sino que resulta una táctica política y militar del EPR enmarcada en la estrategia de guerra popular prolongada (“Las FARP y el EPR no son lo mismo” aseguran Francisco y Alejandro Cerezo Contreras en una carta enviada al Centro de Documentación de los Movimientos Armados, sino una estrategia: “El Estado acusaba que los Cerezo eran de las FARP para poder ligarlos con los petardos y al tener conocimiento de que esto no era cierto, con gran capacidad discursiva y gracias a sus ‘elevados análisis’ determina que una estrategia del EPR era ‘dividirse’ para aparentar ser muchos grupos y que si los Cerezo hijos de militantes del EPR, entonces, conclusión más que lógica en la ídem del Estado es que los hijos de los militantes del EPR eran las FARP y era entonces lo mismo EPR que FARP”). Pero en ella subyace además otro argumento: todo forma parte de una manipulación publicitaria del EPR y la coyuntura actual que recorren los grupos forman parte de esa política. Esta idea niega las condiciones que hicieron posible la emergencia de proyectos armados y busca restar legitimidad al grupo original y a los rupturistas, a la vez que impulsa una salida militar caracterizada por las organizaciones armadas como una parte de la ejecución de la guerra de baja intensidad que también alcanza a organizaciones sociales.
Una más sostiene que las escisiones sí tuvieron lugar y que son el desenlace final de los desacuerdos intestinos pues responde al proceso de desarrollo político e histórico como así también a la lógica divisionista de la izquierda no tan sólo mexicana sino también latinoamericana, pero conjuntamente debe comprenderse –como un elemento no menor que agrava estas circunstancias– que existen grupos que se presentan como revolucionarios pero encarnan otros intereses. (Un dato reciente –que las siguientes acciones políticas se encargarán de ratificar o negar– es el anuncio de una sigla hasta ahora desconocida, el Comando Popular Clandestino en Hidalgo ante la cual el comité estatal del EPR declaró un “alerta militar” y lo denunció públicamente como grupo “paramilitar”.)
En los dos primeros casos, no hay una distinción entre las siglas, sus objetivos y por tanto puede conformarse una “amenaza” homogénea contra el poder estatal; en cambio la tercera hipótesis propone tanto una evaluación particular de cada caso como así también establecer los nexos de relación e instancias diferenciales que permita desentrañar la distancia entre sus discursos y sus políticas. Para ello es necesario aprender su pasado y entender las contradicciones propias que todo proceso histórico contiene (aunque los prolongados silencios que protagonizaron las agrupaciones permitieron que la especulación se vuelva verdad).
I: Descalificaciones: El discurso oficial
Cabe recordar que debido a su aparición en 1996, el ejecutivo federal caracterizó al EPR como una pantomima y luego como terrorista, la “guerrilla mala”, argumentos con lo que validó una estrategia de aniquilamiento: “con toda la fuerza del Estado” fue la frase acuñada entonces por el ex presidente Ernesto Zedillo, caracterización que no ha sufrido modificaciones importantes a pesar de todo el lapso transcurrido. Pero en aquel momento, el “perfil criminal” sólo provenía del Estado; sin embargo, en el actual contexto de pugnas internas, resulta paradójico que desde los mismos grupos que se proclaman armados, revolucionarios y clandestinos se denuncien entre sí e incurran en estas mismas descalificaciones.
Seguro es que existen vínculos y diferencias entre las organizaciones escindidas, como así también alianzas tácticas y estratégicas, coordinadoras, fusiones, reacomodos o cualquier otra actividad que las relacione o divida, hecho que los grupos por dinámica propia siempre procuran. Pero los dos primeros razonamientos, que recurren a razones ajenas para su caracterización negativa, parecen obviar algunos detalles. Por un lado, el grado de debilidad que hoy presentan ya que las últimas actividades conocidas muestran un bajo grado de potencial militar. También es reducida su actividad política ya que la dispersión las debilitó y probable que la situación actual los encuentre en una etapa de definición política interna, tanto entre organizaciones como al interior de cada uno de ellas. Este es un proceso que también sucede en otros países del continente, cada uno con una expresión particular y con una etapa de desarrollo diferenciada. Sin embargo, no es posible dejar de entender que ambos argumentos, tanto la teoría de la “cortina de humo” como la “inexistencia de divisiones”, es funcional para devaluar y desprestigiar a cualquier manifestación que encarne la necesidad de una cambio social radical, no tan sólo armado, y logran apuntar al corazón del problema: el debate ideológico y el enfrentamiento que se cierne entre un proyecto revolucionario y el poder del Estado.
Pero la lógica divisionista que hoy soportan las organizaciones relega en sus comunicados las denuncias por el accionar represivo del Estado. El CJ28 acusó a cinco organizaciones (TDR, CJM-23M, CPR-LPEP, ERPI –de quien admitió por primera vez y públicamente ser un desprendimiento– y MRLCB) como las autores materiales e intelectuales del asesinato de Mesino, a la vez que asegura que “es falso que Miguel Ángel Mesino haya sido nuestro dirigente máximo como argumenta inteligencia militar y toda la serie de grupúsculos de falsos revolucionarios que hacen estos señalamientos dignos de los peores esbirros del CISEN”. En el sentido contrario, un comunicado reciente del ERPI denunció que “además de Jacobo Silva Nogales, Comandante Antonio, y Gloria Arenas Agís, Coronela Aurora, quienes son mantenidos como rehenes del Estado, se suma el caso de Diego [Bahena Armenta] que está en poder de la SIEDO que lo utiliza en retenes del programa “México Seguro” (a bordo de una Suburban verde en el estado de Guerrero) para identificar y denunciar luchadores sociales con el claro objetivo de relacionarlos con nosotros y criminalizar la lucha social”: la estrategia represiva, según el grupo, no ha variado desde las décadas de los setenta y ochenta. La OR2D-NBCA también denuncia a autoridades y corporaciones de seguridad cuando señala que son las responsables de los asesinatos del capitanes Bertín y Silvano (mismo cargo y nombre del responsable político de la última presentación pública del CJ28, en julio de 2002, donde aseguró una coincidencia entre ambos proyectos).
II: Crítica y autocrítica de los grupos armados
No obstante arrecia el cruce de acusaciones mutuas, puede vislumbrarse una dinámica de crítica y autocrítica que se presenta como una instancia superadora a la coyuntura que embarga a las organizaciones. Con respecto al último argumento, TDR ensayó una crítica mirada retrospectiva sobre el proceso vivido durante la experiencia del EPR y su posterior división: “Cuando algunos grupos u organizaciones de la propia izquierda se han asumido como los electores del punto de referencia de la circunferencia y, como resultado de ello, han descalificado a los otros puntos, se ha tenido como resultado la división de la propia izquierda y la fragmentación de una lucha unitaria. […] Por lo que hemos dicho podemos sostener que nadie (grupo, organización o movimiento), por sí mismo, ha sido, es, ni será capaz de dirigir el movimiento popular en pos de la transformación radical de nuestro país.” El EPR también subrayó la necesidad de “diferenciar de lo que verdaderamente es la acción revolucionaria a la acción delincuencial” y alertó sobre la “descomposición de subgrupos que no construyen políticamente sino que impulsan la destrucción de organizaciones independientes”. El EPR ensayará una autocrítica muy profunda en su documento “Un poco más de historia”, que tras un recorrido por todo el proceso histórico culmina admitiendo que nunca existió la conjunción de grupos armados para la construcción del partido sino que se reconocen como una continuidad histórica del PROCUP. Y no han sido los únicos.
Mientras tanto surgen llamados a resolver los diferendos a través de la discusión política. Valga como ejemplo el reciente escrito de la OR2D-NBCA (aunque de ninguna manera resulta la única convocatoria): “hacemos un llamado al movimiento revolucionario y democrático a una tregua para que no se siga dando el fratricidio y frenemos el canibalismo político, ya que el único beneficiado es el estado burgués y que en nada beneficia a nuestro pueblo y por lo contrario lo sangra y lo confunde”. Además, la onda expansiva de las acciones clandestinas alcanzó, por la gravedad de los sucesos que desde ese ámbito se vienen provocando, a los múltiples resquicios existentes entre las organizaciones sociales, con particular énfasis en Guerrero; más aún, agrega una cuota mayor de intolerancia al enfrentamiento y exacerba las pugnas que han quedado plasmadas frente a una nueva conmemoración del asesinato de Lucio Cabañas Barrientos. En el mismo momento que los enfrentamientos intestinos continúan, el Obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, advirtió sobre el riesgo por la aparición de nuevos movimientos armados debido a la miseria, especialmente las comunidades indígenas; al mismo tiempo que un grupo de ex guerrilleros como la así también Coordinadora Comandante Lucio Cabañas Barrientos realizaron sendos llamados en octubre y diciembre para detener la “lucha fratricida” entre organizaciones revolucionarias y que “resuelvan las diferencias en el marco de la lucha ideológica”.
III
Con una simple lectura de los últimos comunicados guerrilleros se encuentran puntos de desarrollo para los primeros argumentos; tanto para esgrimir la inexistencia de la guerrilla como también para concluir en que todo resulta un entramado artificial del EPR, y que observan algunos puntos de coincidencia. Pero la guerrilla es una expresión que contiene en su seno contradicciones y que se manifiesta con tiempos propios; pero configura –y de un modo particular– una respuesta por las distintas demandas que están presentes a lo largo de todo México. Negar los proyectos armados resulta una política que pretende negar las múltiples formas en que se manifiesta la inconformidad.