Categoría
Artículo
Autor
Lofredo, Jorge
País
Organización
Fecha
2005-10-26
Fichero adjunto
Guerras íntimas
GUERRAS INTIMAS
Jorge Lofredo
jorge.lofredo@gmail.com
La mayor parte de la historia de las organizaciones político-militares que reconocen su origen en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo y en el actual Ejército Popular Revolucionario (EPR) ha transcurrido en torno de enfrentamientos internos: abundan las divisiones, mutuas acusaciones y ajusticiamientos, instancias que predominaron entre 1997 y 2001 y con un paréntesis hasta agosto 2004, cuando el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio (CJ28) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) criticaron duramente la existencia del Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo (CJM23). El reciente asesinato de Miguel Angel Mesino ha desencadenado una nueva etapa de ajustes de cuentas entre grupos insurgentes.
¿Camaradas o enemigos?
Durante aquel proceso de descomposición, que tuvo como protagonistas contrapuestos a «ortodoxos» y «rupturistas», se produjeron las escisiones del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, CJ28, FARP, Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP) y Tendencia Democrática Revolucionaria. Actualmente la realidad se presenta sensiblemente distinta porque los nuevos grupos emergieron sin pronunciarse sobre sus orígenes: Organización Revolucionaria 2 de Diciembre-Nueva Brigada Campesina de Ajusticiamiento, Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB), CJM23 y el Comando Popular Revolucionario «La Patria es Primero» (CPR-LPEP).
Existe además una tercera serie de grupos cuya procedencia, existencia y también presencia es aún más difusa y aunque no todas estas son reales ni sus intereses se identifican con el de una organización político-militar con objetivos revolucionarios, permite observar que el grado de dispersión de las agrupaciones que se declaran en armas es tan amplio que no permite establecer en forma concluyente la constitución definitiva del movimiento insurgente armado mexicano. El escenario se advierte superpoblado e imposible de distinguir entre proyectos armados revolucionarios genuinos con respecto a otros creados como estrategia de intereses que no guardan relación con movimientos de cambio social y político.
Presagios de una (mayor) escalada de violencia interna
La nueva etapa de lucha intestina conocida públicamente comenzó entre agosto y septiembre de 2004, con sendos comunicados de las FARP y el CJ28, cuyos encabezamientos advertían sobre «grupos pseudorevolucionarios» y «grupúsculos de actitud sanguinaria» en el estado de Morelos. Según las afirmaciones de ambas organizaciones, que guarda una clara referencia al CJM23, los jaramillistas componen una nueva denominación de un grupo anterior que reconoce alguna participación en la primera dinámica rutpurista tanto como lo involucra en la actual.
Y es el asesinato de Miguel Angel Mesino el detonador. Para el EPR, según el escrito del 25 de septiembre de 2005, el suceso es «un hecho delincuencial» y no «una acción revolucionaria» que se enmarca «dentro de la guerra de baja intensidad […] alimentada por grupos pseudorevolucionarios en plena descomposición». Después de 1999 «salieron a la luz pública muchos membretes sin representación alguna», en clara referencia al MRLCB, cuya intención es «desaparecer a la OCSS y quedarse para siempre en la zona de Atoyac».
Dos días después el MRLCB negó la responsabilidad de las acusaciones eperristas y señaló que el comunicado del EPR «contribuye eficazmente a la labor de inteligencia militar». En su escrito, el MRLCB señaló que Mesino resultó la víctima de una estrategia gubernamental tanto por su condición de luchador social como así también para «provocar una serie de respuestas y venganzas entre los diferentes grupos, algunos desprendidos del EPR y otros mayoritariamente nuevos que estamos en Guerrero»; afirmación que permite disipar algunas incógnitas acerca del origen del MRLCB.
El asesinato de Miguel Angel Mesino
Aun cuando no mediara denuncia pública anterior ni fuese juzgado y condenado «en base a un código penal revolucionario» el CPR-LPEP reconoce en su tercer comunicado del 2 de octubre que Mesino «y su organización, lejos de pertenecer al movimiento revolucionario, social y democrático, era enemigo declarado del mismo» y «dirigió sus amenazas contra nuestra estructura y de otras organizaciones hermanas, tratando de materializarlas lo antes posible, bajo consigna de los aparatos represivos del Estado». Al señalarlo como líder del CJ28 desde 1997 y vincularlo con «grupos de narcotraficantes, inteligencia militar y paramilitares» el CPR-LPEP argumentó que «nos vimos obligados a detener la carrera criminal de dicho sujeto». (Sin embargo nunca antes había sido puesto en duda la actividad de Mesino y menos aún en los términos esgrimidos por LPEP.) En el desarrollo de ese escrito además puede entreverse que el Comando también tuvo protagonismo durante la diáspora eperrista.
La actitud del CPR-LPEP, «delincuencial y paramilitar» según las FARP expresan en su comunicado del 6 de octubre, ha sido criticada duramente: «Nos parece muy extraño que hoy salgan siglas que no tienen sustento ni arraigo en el pueblo. ¿Acaso son membretes creados ex profeso para eliminar a dirigentes revolucionarios y a luchadores sociales tal como está sucediendo, amparándose en un lenguaje revolucionario?». Para los farpistas, LPEP es uno de los «grupos pseudorevolucionarios los cuales degeneraron en descomposición de todos sus integrantes y que lo único que ha conseguido es hacerle juego a los aparatos represivos del Estado […] siendo copartícipes de la guerra sucia en virtud de que hoy se han convertido por sus actos en grupos paramilitares usando un discurso revolucionario». Con un lenguaje similar al utilizado por el EPR, también critica a otras siglas separadas del proyecto original con particular énfasis: «Es raro, es extraño –concluyen– que algunas organizaciones clandestinas […] no se hayan pronunciado en lo absoluto» sobre el asesinato de Mesino.
El testimonio de un combatiente de las FARP, fechado el 7 de octubre da a conocer una crítica acérrima contra el «comandante Francisco», de quien no se conoce una pertenencia acabada en alguna de las organizaciones y por lógica consecuencia tampoco ha suscripto a nombre propio cualquiera de los escritos en este nuevo capítulo de pugnas y disputas, obliga a relacionarlo en las acusaciones cruzadas y mutuas descalificaciones. La respuesta de LPEP se produjo al día siguiente volviendo a inculpar al CJ28 y a Mesino y señalándolo como responsables de agresiones y actitudes policiacas: «Es en este contexto que se produce el choque de nuestra estructura con Miguel Ángel Mesino y la red de complicidades y estructuras que habían venido tejiendo, con los resultados ya conocidos». Las críticas hacia otros grupos tampoco se hizo esperar al momento que señalan que algunos de ellos son cómplices de las provocaciones políticas, represión y asesinato de miembros de organizaciones clandestinas y luchadores sociales.
No obstante la producción de imágenes es mucho más poderosa que cualquier expresión escrita. El 8 de octubre una columna de «La Patria es Primero» se presenta públicamente en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional. Su aparición, más allá del hecho simbólico y el mensaje hacia otras agrupaciones, disipa las incógnitas sobre su condición «fantasmal» y es uno de los pocos, de todos lo que se pueden enumerar, que ha logrado romper el cerco de la invisibilidad y el anonimato; y es posible, por la similitud de la coyuntura que enfrentan los insurgentes, que su aparición preludie acciones similares pero con otros grupos como protagonistas. Tres días después, finalmente, en una carta aclaratoria las FARP vuelven a caracterizar al CPR-LPEP como uno de los «grupos en completa descomposición que se encuentran desesperados por “legitimar” sus actos injustificables».
El escenario
Las críticas al actual gobierno estatal unifica lo que en apariencia se muestra irreconciliable; sin embargo y de acuerdo a la lógica esgrimida por el EPR, cuando admitió la inexistencia de la unidad de grupos para la conformación de la organización, las siglas habitan en un espacio clandestino que resguarda una posible vinculación, o división, entre ellas. Es conocido el antecedente que las FARP y el CJ28 junto al EVRP conformaron la Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos, como así también –por propia denominación– un comando integra una entidad militar mayor.
De una somera revisión de los documentos citadas puede destacarse que las críticas de las FARP hacia el CPR-LPEP son mucho más violentas que las conocidas hacia el EPR, además que recibe como propias las acusaciones hacia el CJ28. Las acusaciones mutuas entre el EPR y el MRLCB resultan más profundas e insalvables que las esgrimidas por LPEP hacia el EPR, en tanto que el EPR no criticó al CPR-LPEP cuando asumió el asesinato de Mesino como sí lo hizo con el MRLCB.
El escenario planteado por la dispersión vuelve más compleja una salida institucional a las guerrillas. Ante la ejecución de Robles Catalán, Mesino y la aparición pública de LPEP, la administración estatal ha demostrado que carece de política ante los grupos armados y se limita al desarrollo de una estrategia judicial-policial. Aun cuando existen procesos históricos conducentes a establecer negociaciones entre gobiernos e insurgentes, no se percibe hoy un contexto político hacia una salida democrática para las disyuntivas que la guerrilla plantea, como así tampoco los insurgentes buscan una salida institucional.
El grado de debilidad política y militar rige la actualidad de los grupos armados clandestinos, donde las corporaciones de seguridad elaboran lecturas políticas y operan policialmente en consecuencia. Quizá por exceso de autoritarismo a su interior o nulo grado de autonomía en su estructura interna (ambos por la verticalidad lógica de las organizaciones de este tipo) el corpus de sus enemigos se extiende hacia otros grupos que también habían declarado la guerra al Estado mexicano y sus corporaciones de seguridad.
El asesinato de Mesino, el cual no mereció aún argumentación política de otros grupos, augura una escalada de mayor violencia interna: ahora, cualquier elemento puede desencadenar otro ajuste de cuentas interno, que se asemeja cada vez al diseño de una lucha por el liderazgo, o peor aún, transformarse a sangre y fuego en la única referencia de los movimientos insurgentes en México.
Jorge Lofredo
jorge.lofredo@gmail.com
La mayor parte de la historia de las organizaciones político-militares que reconocen su origen en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo y en el actual Ejército Popular Revolucionario (EPR) ha transcurrido en torno de enfrentamientos internos: abundan las divisiones, mutuas acusaciones y ajusticiamientos, instancias que predominaron entre 1997 y 2001 y con un paréntesis hasta agosto 2004, cuando el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio (CJ28) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) criticaron duramente la existencia del Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo (CJM23). El reciente asesinato de Miguel Angel Mesino ha desencadenado una nueva etapa de ajustes de cuentas entre grupos insurgentes.
¿Camaradas o enemigos?
Durante aquel proceso de descomposición, que tuvo como protagonistas contrapuestos a «ortodoxos» y «rupturistas», se produjeron las escisiones del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, CJ28, FARP, Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP) y Tendencia Democrática Revolucionaria. Actualmente la realidad se presenta sensiblemente distinta porque los nuevos grupos emergieron sin pronunciarse sobre sus orígenes: Organización Revolucionaria 2 de Diciembre-Nueva Brigada Campesina de Ajusticiamiento, Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB), CJM23 y el Comando Popular Revolucionario «La Patria es Primero» (CPR-LPEP).
Existe además una tercera serie de grupos cuya procedencia, existencia y también presencia es aún más difusa y aunque no todas estas son reales ni sus intereses se identifican con el de una organización político-militar con objetivos revolucionarios, permite observar que el grado de dispersión de las agrupaciones que se declaran en armas es tan amplio que no permite establecer en forma concluyente la constitución definitiva del movimiento insurgente armado mexicano. El escenario se advierte superpoblado e imposible de distinguir entre proyectos armados revolucionarios genuinos con respecto a otros creados como estrategia de intereses que no guardan relación con movimientos de cambio social y político.
Presagios de una (mayor) escalada de violencia interna
La nueva etapa de lucha intestina conocida públicamente comenzó entre agosto y septiembre de 2004, con sendos comunicados de las FARP y el CJ28, cuyos encabezamientos advertían sobre «grupos pseudorevolucionarios» y «grupúsculos de actitud sanguinaria» en el estado de Morelos. Según las afirmaciones de ambas organizaciones, que guarda una clara referencia al CJM23, los jaramillistas componen una nueva denominación de un grupo anterior que reconoce alguna participación en la primera dinámica rutpurista tanto como lo involucra en la actual.
Y es el asesinato de Miguel Angel Mesino el detonador. Para el EPR, según el escrito del 25 de septiembre de 2005, el suceso es «un hecho delincuencial» y no «una acción revolucionaria» que se enmarca «dentro de la guerra de baja intensidad […] alimentada por grupos pseudorevolucionarios en plena descomposición». Después de 1999 «salieron a la luz pública muchos membretes sin representación alguna», en clara referencia al MRLCB, cuya intención es «desaparecer a la OCSS y quedarse para siempre en la zona de Atoyac».
Dos días después el MRLCB negó la responsabilidad de las acusaciones eperristas y señaló que el comunicado del EPR «contribuye eficazmente a la labor de inteligencia militar». En su escrito, el MRLCB señaló que Mesino resultó la víctima de una estrategia gubernamental tanto por su condición de luchador social como así también para «provocar una serie de respuestas y venganzas entre los diferentes grupos, algunos desprendidos del EPR y otros mayoritariamente nuevos que estamos en Guerrero»; afirmación que permite disipar algunas incógnitas acerca del origen del MRLCB.
El asesinato de Miguel Angel Mesino
Aun cuando no mediara denuncia pública anterior ni fuese juzgado y condenado «en base a un código penal revolucionario» el CPR-LPEP reconoce en su tercer comunicado del 2 de octubre que Mesino «y su organización, lejos de pertenecer al movimiento revolucionario, social y democrático, era enemigo declarado del mismo» y «dirigió sus amenazas contra nuestra estructura y de otras organizaciones hermanas, tratando de materializarlas lo antes posible, bajo consigna de los aparatos represivos del Estado». Al señalarlo como líder del CJ28 desde 1997 y vincularlo con «grupos de narcotraficantes, inteligencia militar y paramilitares» el CPR-LPEP argumentó que «nos vimos obligados a detener la carrera criminal de dicho sujeto». (Sin embargo nunca antes había sido puesto en duda la actividad de Mesino y menos aún en los términos esgrimidos por LPEP.) En el desarrollo de ese escrito además puede entreverse que el Comando también tuvo protagonismo durante la diáspora eperrista.
La actitud del CPR-LPEP, «delincuencial y paramilitar» según las FARP expresan en su comunicado del 6 de octubre, ha sido criticada duramente: «Nos parece muy extraño que hoy salgan siglas que no tienen sustento ni arraigo en el pueblo. ¿Acaso son membretes creados ex profeso para eliminar a dirigentes revolucionarios y a luchadores sociales tal como está sucediendo, amparándose en un lenguaje revolucionario?». Para los farpistas, LPEP es uno de los «grupos pseudorevolucionarios los cuales degeneraron en descomposición de todos sus integrantes y que lo único que ha conseguido es hacerle juego a los aparatos represivos del Estado […] siendo copartícipes de la guerra sucia en virtud de que hoy se han convertido por sus actos en grupos paramilitares usando un discurso revolucionario». Con un lenguaje similar al utilizado por el EPR, también critica a otras siglas separadas del proyecto original con particular énfasis: «Es raro, es extraño –concluyen– que algunas organizaciones clandestinas […] no se hayan pronunciado en lo absoluto» sobre el asesinato de Mesino.
El testimonio de un combatiente de las FARP, fechado el 7 de octubre da a conocer una crítica acérrima contra el «comandante Francisco», de quien no se conoce una pertenencia acabada en alguna de las organizaciones y por lógica consecuencia tampoco ha suscripto a nombre propio cualquiera de los escritos en este nuevo capítulo de pugnas y disputas, obliga a relacionarlo en las acusaciones cruzadas y mutuas descalificaciones. La respuesta de LPEP se produjo al día siguiente volviendo a inculpar al CJ28 y a Mesino y señalándolo como responsables de agresiones y actitudes policiacas: «Es en este contexto que se produce el choque de nuestra estructura con Miguel Ángel Mesino y la red de complicidades y estructuras que habían venido tejiendo, con los resultados ya conocidos». Las críticas hacia otros grupos tampoco se hizo esperar al momento que señalan que algunos de ellos son cómplices de las provocaciones políticas, represión y asesinato de miembros de organizaciones clandestinas y luchadores sociales.
No obstante la producción de imágenes es mucho más poderosa que cualquier expresión escrita. El 8 de octubre una columna de «La Patria es Primero» se presenta públicamente en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional. Su aparición, más allá del hecho simbólico y el mensaje hacia otras agrupaciones, disipa las incógnitas sobre su condición «fantasmal» y es uno de los pocos, de todos lo que se pueden enumerar, que ha logrado romper el cerco de la invisibilidad y el anonimato; y es posible, por la similitud de la coyuntura que enfrentan los insurgentes, que su aparición preludie acciones similares pero con otros grupos como protagonistas. Tres días después, finalmente, en una carta aclaratoria las FARP vuelven a caracterizar al CPR-LPEP como uno de los «grupos en completa descomposición que se encuentran desesperados por “legitimar” sus actos injustificables».
El escenario
Las críticas al actual gobierno estatal unifica lo que en apariencia se muestra irreconciliable; sin embargo y de acuerdo a la lógica esgrimida por el EPR, cuando admitió la inexistencia de la unidad de grupos para la conformación de la organización, las siglas habitan en un espacio clandestino que resguarda una posible vinculación, o división, entre ellas. Es conocido el antecedente que las FARP y el CJ28 junto al EVRP conformaron la Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos, como así también –por propia denominación– un comando integra una entidad militar mayor.
De una somera revisión de los documentos citadas puede destacarse que las críticas de las FARP hacia el CPR-LPEP son mucho más violentas que las conocidas hacia el EPR, además que recibe como propias las acusaciones hacia el CJ28. Las acusaciones mutuas entre el EPR y el MRLCB resultan más profundas e insalvables que las esgrimidas por LPEP hacia el EPR, en tanto que el EPR no criticó al CPR-LPEP cuando asumió el asesinato de Mesino como sí lo hizo con el MRLCB.
El escenario planteado por la dispersión vuelve más compleja una salida institucional a las guerrillas. Ante la ejecución de Robles Catalán, Mesino y la aparición pública de LPEP, la administración estatal ha demostrado que carece de política ante los grupos armados y se limita al desarrollo de una estrategia judicial-policial. Aun cuando existen procesos históricos conducentes a establecer negociaciones entre gobiernos e insurgentes, no se percibe hoy un contexto político hacia una salida democrática para las disyuntivas que la guerrilla plantea, como así tampoco los insurgentes buscan una salida institucional.
El grado de debilidad política y militar rige la actualidad de los grupos armados clandestinos, donde las corporaciones de seguridad elaboran lecturas políticas y operan policialmente en consecuencia. Quizá por exceso de autoritarismo a su interior o nulo grado de autonomía en su estructura interna (ambos por la verticalidad lógica de las organizaciones de este tipo) el corpus de sus enemigos se extiende hacia otros grupos que también habían declarado la guerra al Estado mexicano y sus corporaciones de seguridad.
El asesinato de Mesino, el cual no mereció aún argumentación política de otros grupos, augura una escalada de mayor violencia interna: ahora, cualquier elemento puede desencadenar otro ajuste de cuentas interno, que se asemeja cada vez al diseño de una lucha por el liderazgo, o peor aún, transformarse a sangre y fuego en la única referencia de los movimientos insurgentes en México.