República mexicana, a 23 de mayo de 2024

AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
 
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
 
El 25 de mayo se cumplen 17 años de la desaparición forzada de nuestros camaradas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; a lo largo de este tiempo el crimen de lesa humanidad cometido contra su persona continúa, no se esclarece, se mantiene en la impunidad y no se conoce la verdad acerca de los hechos, condición y paradero actual de nuestros militantes a pesar de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a su favor y los mecanismos implementados a partir de ésta para su búsqueda.
 
Edmundo y Gabriel se encuentran en condición de víctimas de desaparición forzada, al igual que miles de mexicanos a lo largo y ancho del país, dicha práctica de terrorismo de Estado asciende a cifras macabras en la medida que es parte de la práctica contrainsurgente y estructural de los cuerpos policíaco militares.
 
El fenómeno de la desaparición forzada en el país alcanzó su clímax en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, como consecuencia de la política de gobierno fincada en el terrorismo de Estado, la estadística no reconocida por las diferentes instituciones gubernamentales rebasó las 300 mil víctimas de este crimen de lesa humanidad.
 
Magnitud minimizada por ambos gobiernos antipopulares y represivos, reducida en la estadística oficial a un 10 por ciento. No obstante, las denuncias de familiares, de organizaciones políticas, de derechos humanos, investigaciones periodísticas, dieron cuenta de que la desaparición forzada de personas en México era un fenómeno inconmensurable.
 
En ese marco de terrorismo de Estado, se dio la detención desaparición de nuestros camaradas, y al igual que en todos los casos de desaparición forzada, el gobierno negó su cometido y blindó de impunidad a los autores materiales e intelectuales, dentro de ellos la cúpula policíaco militar encargada de objetivar el terror de Estado.
 
En el 2018, la actual administración usó el dolor de las víctimas con intenciones electoreras y sembró la falsa esperanza de resolver los casos de desaparición forzada en el país, a casi 6 años de dicho sexenio, en la recta final de su gestión el problema de la desaparición forzada en el país no se ha resuelto.
 
La política de gobierno de perdón sí, olvido no se tradujo en mayor impunidad para los perpetradores y en el cometido de nuevos crímenes de lesa humanidad. La desaparición forzada de personas en México persiste como crimen de lesa humanidad, como grave violación a los derechos humanos, como crimen de Estado, como práctica de terrorismo de Estado y como práctica contrainsurgente.
 
La demanda de familiares y organizaciones que exigen presentación con vida de sus seres queridos, desde las instituciones gubernamentales, se ahoga en burocratismo y dilación, se divide a los familiares a través de dádivas y dinero, se conduce a la resignación de que los desaparecidos están muertos, con lo cual se niega el derecho a ser buscados.
 
Parte de la política del gobierno actual ha sido la de mercantilizar el dolor de los seres queridos, ha convertido a cada una de las víctimas en mercancía y en producto electoral, más que justicia y acceso a la verdad, se revictimiza a las víctimas al ponerles un precio monetario.
 
En tiempos de campaña electoral de los pasados comicios federales, se reconoció que las víctimas de crímenes de lesa humanidad rebasaban los 750 mil; a fin de sexenio dicha estadística se niega y se reduce a una cantidad de casi cien mil desaparecidos de manera forzada, un padrón conservador que no logra ocultar la magnitud de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en México. 
 
Maniobra política con tintes electorales, ya que reducir la estadística a unos cuantos miles de desapariciones forzadas implica dolo, perversidad y nula disposición política por resolver un problema que es imposible negar y ocultar, por la magnitud de su cometido.
 
A pesar de las condiciones adversas y la negativa de las instituciones del Estado de atender el caso de nuestros camaradas, la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel hoy es innegable y reconocida por las motivaciones políticas del caso, tan real que la propia SCJN emitió un fallo a su favor donde se reconoce su condición de desaparecidos por motivos políticos, es decir, por su condición de revolucionarios.
 
A pesar del fallo, la actitud de la actual administración es garantizar la protección e impunidad al principal instrumento ejecutor de la desaparición forzada en el país, el Ejército Mexicano, éste goza de plena protección por parte del Ejecutivo federal, que se empeña, como jefe supremo de las fuerzas armadas, en otorgarle mayor poder y por ende mayor impunidad.
 
En esta trama gubernamental, que garantiza la continuidad del cometido del crimen de lesa humanidad en magnitudes demenciales, la Fiscalía General de la República (FGR) emerge como la institución que protege a capa y espada a los perpetradores, constituye el dique para conocer la verdad y localizar a los desaparecidos en el país, ésta es la condición actual que guarda el caso de nuestros compañeros Edmundo y Gabriel.
 
El actual gobierno quiere resolver los crímenes de lesa humanidad con una burocrática disculpa pública y tasar a las víctimas en un monto económico como acto de justicia, resulta hipócrita e insultante en la medida que se cometen nuevas desapariciones forzadas y se busca callar a los familiares y organizaciones con la puta universal, que todo lo trastoca y lo convierte en su contrario.
 
A 17 años de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, su ejemplo revolucionario continúa y se desarrolla, así como la exigencia de su presentación con vida, es una bandera y una exigencia que mantenemos en firme. En la medida que no existe solución ni se concreta su presentación con vida, se vislumbran en el horizonte nuevos combates, ya que es el propio Estado quien cierra las puertas y niega justicia a las víctimas.
 
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
 
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
 
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
 
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
 
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
 
Año 60
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