República mexicana, a 29 de agosto de 2024

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A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
 
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
 
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador obró en su sexenio para mantener en la impunidad a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad. Muestra de ello, lo es el fenómeno de la desaparición forzada de personas, las víctimas no recibieron justicia, fueron estigmatizadas, revictimizadas y enclaustradas en la maraña de la simulación gubernamental, en cambio, el principal instrumento perpetrador fue premiado con mayores atribuciones en el ejercicio del poder.
 
La postura gubernamental respecto al caso de nuestros militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ejemplifica con creces la política del gobierno mexicano que pondera el poder del Ejército mexicano y la impunidad a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. La junta administrativa emanada de Morena actúa en correlación a la política de las administraciones pasadas del PRI y el PAN, se esfuerza por recluir el caso en el limbo de la injusticia.
 
La conexidad entre juntas administrativas de apariencia distinta, revela continuidad transexenal en materia de desaparición forzada de personas, tal postura gubernamental constituye prueba fehaciente del autor del crimen: la estructura contrainsurgente.
 
Ejército mexicano, Marina, fuerzas policíacas con especificidad contrainsurgente; agentes de Estado inscritos en las estructuras contrainsurgentes; y, funcionarios públicos son los responsables directos de la desaparición forzada de nuestros militantes Edmundo y Gabriel.
 
A pesar de que se encuentra debidamente documentado la participación de la cadena de mando involucrada en el cometido de crimen y existe una resolución de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) a favor de las víctimas, la institucionalidad gubernamental niega la justicia y se obceca en proteger a los perpetradores.
 
La política de dilación, simulación y discriminación con la que la junta administrativa ha tratado el caso durante el sexenio, hace corresponsable al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador en el cometido del crimen. En el hecho es cómplice de la perpetuidad del crimen, por varios mecanismos institucionales obstruye el acceso a la verdad, dar con el paradero y se empeña a no buscar con vida a los revolucionarios, en suma, maniobra para proteger a los responsables inmediatos del crimen perpetrado contra la humanidad de Edmundo y Gabriel.
 
En el contexto contemporáneo dilatar la presentación con vida de nuestros militantes; obstaculizar el camino a la verdad; colocar trabas para dar con su paradero y condición; y, cobijar con la impunidad e inmunidad a los perpetradores del crimen, es responsabilidad exclusiva del gobierno por culminar su sexenio.
 
De los 17 años y meses que llevan nuestros militantes en condición de desaparición forzada, un sexenio en la perpetuidad de tan deleznable crimen de lesa humanidad es saldo de la política de gobierno, lo acepte o no el representante del Ejecutivo federal, su administración es coparticipe en la continuidad de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel.  
 
La simulación con la que procede la Fiscalía General de la República (FGR) en la Comisión Especial de Búsqueda (CEB), es incompatible con lo mandatado por la SCJN, en el acto el gobierno federal cae en desacato judicial, hecho que por sí sólo comprueba la sumisión de la ley al criterio político de las estructuras contrainsurgentes, a su vez, es muestra que el poder civil se subordina de una u otra manera a la cúpula militar permanente gobierno tras gobierno.
 
El representante del Ejecutivo federal fue insistente en "nada con los Zapatas y los Villas" y en el último trecho de su administración es reiterativo en su postura de no atender ni solucionar lo que para él no es justo, esa lógica es la aplicada por la institucionalidad burguesa en el caso de nuestros militantes. Es evidente que dicha lógica es el reflejo de la determinación política de un gobierno que sostiene la dictadura del capital y solapa los crímenes de Estado emanados del odio de la burguesía contra los explotados y oprimidos.
 
Para el gobierno saliente nunca fue justa la demanda de presentación con vida, juicio y castigo para los responsables, de inicio a la fecha, su postura es el burocratismo, la dilación, la simulación y la indiferencia. Posición política que revela la criminalidad del Estado mexicano, la toma de partido a favor del cometido de crímenes de lesa humanidad y el reinado de la opresión sobre el sujeto político que ejerce crítica política al régimen, en particular, contra el sujeto revolucionario que ejerce el derecho a la rebelión contra un sistema oprobioso.
 
El gobierno federal poseyó en su férula de poder la facultad de solucionar el caso y miles más, con deliberación no ejerció tal facultad, optó por la continuidad de la impunidad y la injusticia. Un gobierno que sostiene por comisión, omisión o aquiescencia en la injusticia a un caso de desaparición forzada cometido por motivaciones políticas, comulga con los criterios e intereses retrógradas de los perpetradores, caso concreto, con las ponderaciones contrainsurgentes impulsadas en el sexenio del genocida Felipe Calderón Hinojosa, gobierno en el cual fueron detenidos desaparecidos de manera forzada nuestros dos militantes.
 
Es reprobable la política del gobierno federal optada durante el sexenio respecto al caso de Edmundo y Gabriel, en consecuencia, hacia nuestro PDPR-EPR. Como en los anteriores gobiernos, el de López Obrador, aborrece la labor revolucionaria, por tal motivo, se empeñó en su sexenio en dar continuidad a la política contrainsurgente que por décadas ha desarrollado el Estado mexicano: ver y tratar a los transformadores sociales como enemigo interno.
 
Producto de la doctrina contrainsurgente que moldea la política de seguridad pública y nacional, la estructura contrainsurgente responsable del cometido del crimen contra nuestros militantes se mantiene operativa. Con el propósito de borrar evidencias y testimonios que revelan su actuación en el cometido de la desaparición forzada de nuestros militantes, ejecuta prácticas de terrorismo de Estado contra lo que ellos consideran cabos sueltos.
 
El caso de nuestros militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez debe ser resuelto al igual que los cientos de miles que existen en el país. Es responsabilidad del Estado en su cometido, lo debe ser en su solución, por lo que, le guste o no a la junta administrativa que se encuentre en turno, debe acatar a cabalidad el mandato de la SCJN, de no hacerlo es avalar la desaparición forzada de personas y aplaudir los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los criminales de Estado que dan cuerpo al aparato contrainsurgente.
 
La acción contrainsurgente, la labor reaccionaria de hombres del régimen con careta de periodistas o columnistas y la soberbia gubernamental, no lograron su cometido de desvirtuar el crimen y aislar al sujeto revolucionario de las masas trabajadoras. El caso de Edmundo y Gabriel hoy es reconocido en su justa dimensión: una desaparición forzada por motivaciones políticas, específicamente, por ser militantes del PDPR-EPR; y, su caso es de tal importancia política que es abrazado por las masas populares.
 
A 17 años de su detención-desaparición nuestra exigencia es la misma: presentación con vida de nuestros militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; y, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales.
 
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
 
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
 
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
 
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
 
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
 
Año 60
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