Señores expresidentes Alfonso López y Ernesto Samper, doctor Álvaro Leyva y Monseñor Luís Augusto Castro.
La propuesta de un canje o intercambio de prisioneros a través de un acuerdo humanitario entre el Estado colombiano y las FARC-EP para poner fin al cautiverio de los prisioneros de guerra de cada una de las partes, ha sido y es una iniciativa recurrente de las FARC, a la que el actual gobierno se ha negado sistemáticamente.
Nuestra voluntad de concretar un encuentro entre las dos partes para el canje de prisioneros ha sido manifiesta y ratificada con hechos: desde el comienzo de la administración Uribe, nombramos los voceros para tal fin y propusimos el despeje de los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá, negados estos por el gobierno argumentando que allí se estaba ejecutaba el Plan Patriota y que las FARC pretendían quitarse la presión de los operativos militares.
Ante esa falacia pero convencidos de la necesidad del canje, propusimos el retiro de la Fuerza Pública de los municipios de Pradera y Florida en el Valle del Cauca, por un lapso de 30 días, con el exclusivo propósito de garantizar la seguridad del proceso en ciernes. Esto no es un capricho de las FARC-EP.
Es solo una protección para evitar reciclamientos de lo que en el pasado ha ocurrido, por ejemplo, las provocaciones militares al iniciarse los contactos con el gobierno de Belisario Betancur en Dolores-Tolima, las provocaciones de aviones de combate de la FAC al helicóptero en que regresaban de Venezuela los delegados de las FARC-EP a los diálogos, no obstante estar acompañados de representantes oficiales de los gobiernos de Venezuela y Colombia. O el asesinato por parte del ejército de voceros y representantes de la insurgencia en otros procesos, en momentos de desplazamientos a los sitios de encuentro o durante las conversaciones. Para evitar circunstancias parecidas, que en el contexto actual cerrarían por un largo periodo cualquier posibilidad de diálogo, es que se requiere un área como la exigida. El plazo de los 30 días permitiría, que guerrilleros de las FARC-EP en los primeros15 días verificáramos sobre el terreno.
Durante los siguientes 10 días se realizarían los diálogos para el intercambio de prisioneros. Los 5 días restantes, se emplearían para el repliegue de los delegados. Un área ubicada a escasos 5 minutos de vuelo en helicóptero desde la base Marco Fidel Suárez y de las sedes de la Tercera Brigada y Tercera División no puede reducirse, por inviable, a los sitios ofrecidos por el Gobierno Nacional. El propósito del canje requiere para su verdadera ejecución de seriedad del gobierno, y concertación con la contraparte; no de maniobras engañosas como la "liberación" o el acogimiento a la ley de impunidad de desertores y bandidos presentados a la opinión como guerrilleros.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP.
Montañas de Colombia, septiembre 26 de 2005