OTRO CAPÍTULO DEL TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA.
En el año 2002 la ciudad de Medellín vivía tiempos convulsionados con un paramilitarismo fortalecido a manos de alias “don Berna”, quien dio orden de aglutinar todas las bandas delincuenciales de la ciudad y el área metropolitana, alrededor del bloque Cacique Nutibara, so pena de exterminarlas.
La estrategia era sacar de Medellín a las estructuras del ELN, FARC y a los Comandos Armados del Pueblo (CAP), en un plan liderado por la casa Castaño, la fuerza pública, empresarios, comerciantes, ganaderos y políticos.
Es claro que en Colombia el paramilitarismo fue diseñado como una política de estado y es su cara visible en la aplicación del terrorismo Estatal. La ultraderecha que para ese entonces estaba en acenso había llegado al poder a través de uno de los políticos más sanguinarios del país, Álvaro Uribe Vélez y su política de “Seguridad Democrática”.
Desde que Uribe llego a la presidencia su propósito fue aniquilar cualquier vestigio de la “izquierda” en Colombia, sin importar color o partido, cualquier expresión organizativa contraria a sus intereses se convirtió en objetivo militar.
El ELN en Medellín operaba con la estructura urbana Luis Fernando Giraldo Builes (LFGB) que hacia parte del área Industrial, junto a los frentes rurales Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyabe. El LFGB que durante la década del 90 confronto las bandas de sicarios creadas por Pablo Escobar, ya se venía replanteando el trabajo miliciano en la ciudad.
Gran parte de los miembros de las milicias populares fueron trasladados al Carlos Alirio, algunos otros al Bernardo López y se mantuvo parte de este trabajo en la comuna 13 y otra parte en la comuna 8, centro oriente de Medellín.
La Comuna 13 ubicada al oeste de la ciudad fue para ese entonces receptora del desplazamiento forzado, en especial del oriente antioqueño y Urabá. En sus laderas, calles empinadas y laberintos, se fueron formando nuevos asentamientos poblacionales y las organizaciones insurgentes fueron partes de esta dinámica social.
La Operación Orión comenzó el 16 de octubre de 2002, la mayor operación militar urbana realizada hasta el momento, que se coordinó entre el ejército nación en cabeza de Mario Montoya, la policía metropolitana de Leonardo Gallego, la fuerza aérea, DAS, fiscalía y el Bloque Cacique Nutibara al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna.”
Esta operación se llevó a cabo a lo largo varias semanas y de acuerdo a informes que reposan en la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), entre ejecuciones extrajudiciales, muerte de civiles, heridos, capturas ilegales, detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, torturas y desplazamiento, se contabilizan más de 600 víctimas y se registran 104 personas desaparecidas forzadamente.
En sentencia del Tribunal Superior de Medellín se afirma que; “Después de la operación Orión el Bloque Cacique Nutibara ingresó y se hizo hegemónico en la comuna 13. Al dominio del Bloque Cacique Nutibara le siguieron las expulsiones, los desplazamientos y las desapariciones forzadas a partir de fines de 2002 y durante todo el 2003.”
Mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estima que entre 2002 y 2003 fueron desaparecidas unas 200 personas en la Comuna 13. Con base en la información que más tarde dieron varios ex paramilitares, se pudo confirmar que muchas de las personas desaparecidas fueron asesinadas y arrojadas a La Escombrera.
Por su parte Alias “Don Berna” reafirma lo anteriormente dicho por la JEP, al testificar que; “más de 300 personas fueron desaparecidas y asesinadas tras dicha operación y que sus cadáveres se encuentran repartidos en distintas fosas comunes en el botadero de escombros conocido como “La Escombrera”.
El control paramilitar desde entonces en Medellín y su área metropolitana, la supuesta “pacificación” de la ciudad, no es más que un plan orquestado entre el estado y las bandas paramilitares, que fue logrado con la sangre de miles de ciudadanos y dolor de sus familias que todavía luchan por encontrar la verdad y saber que paso con los desaparecidos.
La impunidad y el miedo descansan sobre uno de los desplazamientos urbanos más grandes de nuestra historia. La profundización de la violencia es escondida por las autorizadas locales y silenciada con acuerdos entre bandas que controlan el territorio, como el “Pacto del Fusil.”
Autoridades locales, fuerza pública, políticos, empresarios, comerciantes y paramilitares ya sea como determinadores o como autores materiales son los responsables de la historia oculta de Medellín, de la tacita de plata, de la feria de las flores o la ciudad de la eterna primavera.