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A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

A LA DEFENSA JURÍDICA, FAMILIARES Y ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

A 18 años del cometido de la desaparición forzada de nuestros camaradas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el crimen de lesa humanidad cometido en su persona continúa y la lista de responsables se incrementan en la medida que cada administración es omisa y se niega a hacer justicia, lo que los convierte en cómplices y corresponsables.

Son 18 años en que diversas administraciones gubernamentales han pasado, de diferentes partidos políticos electorales, donde la constante es la política de dilación, indolencia, burocratismo, revictimización y criminalización contra nuestros camaradas, familiares y organizaciones solidarias.

Tras una administración panista, una priista y dos morenistas, queda comprobado que el fenómeno de la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que persiste en nuestro país, como práctica de terrorismo de Estado y como grave violación a los derechos humanos, que se tasa, de manera conservadora desde el oficialismo, en cerca de 130 mil víctimas; realidad que demuestra que la desaparición forzada de personas en México la comete el Estado.

Lo que configura un fenómeno inconmensurable, exponencial, transexenal y de violencia desbordada, que brota de todo el aparato policíaco militar, instituciones burguesas, hombres del régimen, politicastros que avalan leyes profascistas y de la sociedad capitalista en un intenso proceso de descomposición.

La visibilización del fenómeno se ha logrado a través de la lucha por la presentación con vida de los detenidos desparecidos, se debe a lo inocultable del fenómeno y a la lucha organizada de las masas populares que se movilizan por justicia respecto a los casos de desaparición forzada en nuestro país.

La violencia burguesa contra el pueblo cada día se recrudece en la medida que avanza el proceso de descomposición social, de la democracia burguesa y sus políticos de oficio, así como el fortalecimiento del poder económico y político de las instituciones represivas, que dan cuerpo al Estado policíaco militar.

Desde el púlpito gubernamental se ejecuta una política de silencio respecto a este flagelo, roto únicamente por lo descarnado del fenómeno expresado en el uso mediático de las fosas clandestinas que existen y emergen en nuestro país, las cuales albergan evidencia del terror burgués contra los oprimidos, las que se quieren endilgar a la delincuencia organizada y narcotráfico como fenómenos ajenos a las entrañas del Estado.

Lo mismo sucede con las incontables desapariciones forzadas que existen en el país, la justicia para nuestros camaradas revolucionarios Edmundo y Gabriel, a pesar de los alcances jurídicos y políticos respecto a la exigencia de su presentación con vida, continúan en la impunidad.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no cumplió con la promesa de hacer justicia a los cientos de miles de víctimas de desaparición forzada, por el contrario, otorgó impunidad y más poder a los responsables de estos crímenes, las fuerzas represivas, en específico al Ejército mexicano.

A pesar del resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena a diferentes instituciones buscar con vida a nuestros camaradas, que confirmó que son víctimas de desaparición forzada por motivos políticos, es decir, por su condición de revolucionarios, la administración de AMLO y la actual no han cumplido, por el contrario, la Fiscalía General de la República (FGR) se ha caracterizado por torpedear los trabajos de la Comisión Especial de Búsqueda para este caso, brindar protección a funcionarios, jefes policíacos y mandos militares, con su actitud omisa, encubridora y dilatoria.

El cinismo y la hipocresía han sido parte de quienes obedecen a los mandatos de la administración federal y la cúpula militar, que a la fecha no han detenido al excomandante Pedro Hernández Hernández ni al exprocurador Evencio Nicolás Martínez; no hay ninguna acción judicial contra Ulises Ruiz Ortiz y Felipe Calderón Hinojosa, exgobernador y expresidente de México, respectivamente, tampoco para el teniente de fragata José Manuel Vera Salinas y el teniente de navío Manuel Moreno Rivas, elementos de la marina con funciones contrainsurgentes, especialistas en tácticas de contrainsurgencia y quienes en su momento le dieron entrenamiento a la FPAR y junto con Pedro Hernández Hernández, estuvieron a cargo de ella, organismo contrainsurgente creado para capturar y eliminar a miembros del PDPR-EPR.

¿Incapacidad, complicidad de los gobiernos mencionados? ¿Demasiado poder concentrado en estos individuos? ¿Qué fuerza política, económica o militar los sostiene y los protege? ¿Quién garantiza la impunidad? ¿Política de gobierno, irresponsabilidad, negligencia o avasallamiento del poder militar?

La perversidad no tiene límites, al pretender revivir líneas de investigación desechadas por la misma jurisprudencia. Constituye un absurdo negar la condición de desaparición forzada de nuestros camaradas.

Edmundo y Gabriel, fueron detenidos desaparecidos por el Estado, el proceso de investigación y las diferentes pruebas testimoniales confirman que nuestros camaradas fueron torturados antes de ser desaparecidos. Es verdad objetiva y jurídica, que no se puede negar con subterfugios legaloides, donde subyace una política contrainsurgente y negacionista que pretende diluir la responsabilidad del Estado en el cometido de este crimen de lesa humanidad.

Se equivocaron quienes confiaron en el reformismo, en un gobierno que se dice del pueblo, la Guerra de Baja Intensidad (GBI) sigue siendo la doctrina de contrainsurgencia que se aplica para "pacificar" al país, lo que se traduce en más militarización y violencia, que emerge de las fuerzas policíaco militares y de las diferentes instituciones que le dan vida al Estado mexicano.

La atención a las víctimas de la violencia del Estado es ignorada o utilizada como botín político desde el gobierno y los políticos de oficio, mientras se protege y garantiza el actuar de las fuerzas militares para continuar desarrollando la violencia contra el pueblo, al servicio de los oligarcas.

El gobierno de AMLO, por su proceder no quiso resolver el caso de desaparición forzada de nuestros compañeros por los fuertes compromisos con el ejército y la cúpula policíaco militar, encargada de objetivar la contrainsurgencia en nuestro país; mismo camino transita la actual administración encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

El sostén de la administración federal es el puntal policíaco militar; la cúpula policíaca está en manos de Omar Hamid García Harfuch, un pupilo de Genaro García Luna, quien aplica fielmente la política diseñada por su entonces jefe, hoy preso en Estados Unidos de América acusado de delincuencia organizada, cuando debería ser enjuiciado por el cometido de crímenes de lesa humanidad, de los cuales el Sr. Harfuch fue parte activa, los múltiples crímenes de Estado cometidos en Iguala, Guerrero, en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa es el trágico botón de muestra.

La lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, y en particular de nuestros camaradas Edmundo y Gabriel, es un crimen imprescriptible, demanda popular y un caso emblemático para todas las víctimas de desaparición forzada.

A 18 años de la desaparición forzada de nuestros camaradas, nuestra voluntad de combatir persiste y se mantiene en alto al lado de nuestro pueblo, porque somos pueblo organizado y en armas; nuestra exigencia es la misma: presentación con vida; y, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CG-EPR

Año 61

República mexicana, a 25 de mayo de 2025