CeDeMA

AL PUEBLO DE MÉXICO

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

La desaparición forzada de personas en México es política de Estado transexenal y constituye un crimen de lesa humanidad de dimensiones históricas, en tanto que en ningún periodo de la historia de nuestro país se ha registrado un número de víctimas como el actual, ni siquiera en la llamada guerra sucia; para el pueblo de México el fenómeno de la desaparición forzada representa una tragedia sin precedente alguno en el continente americano, que supera incluso a las dictaduras militares del Cono Sur.

Por comisión, omisión o aquiescencia, inequívocamente la responsabilidad es del Estado mexicano, dicho crimen lo comete el aparato policíaco militar en los tres órdenes de gobierno, por orden de las altas esferas de mando y a la vez éstos se rigen por las leyes del régimen, están involucrados políticos de oficio, funcionarios públicos, oligarcas y defensores del régimen.

Es totalmente falso que la desaparición forzada de personas la cometan “particulares” y entes de la “delincuencia organizada”, estos son grupos paramilitares que operan con la aquiescencia del Estado, donde la correa de transmisión de mando conduce siempre hasta las cúpulas castrenses. Múltiples declaraciones de “líderes criminales” evidencian los vínculos orgánicos entre el Estado y la “delincuencia organizada”, ésta siempre ha tenido matriz de Estado.

La desaparición forzada de personas, junto a otros crímenes de lesa humanidad, como la ejecución extrajudicial y el desplazamiento forzado, está aparejado a intereses oligárquicos, sobre todo en aquellas regiones del país con recursos estratégicos, entre ellos minerales de alto valor.

Las medidas de la actual administración federal en materia de desaparición forzada, aprobadas en la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, no resuelven el problema de la desaparición forzada, son leyes de carácter contrainsurgente que tienen como fin profundizar el control social a través del espionaje y medidas profascistas.

Dichas leyes no estan diseñadas para dar con el paradero de los desaparecidos, conocer la verdad, y garantizar la no repetición, mucho menos para enjuiciar y castigar a los responsables materiales e intelectuales, constituyen una maniobra de la actual junta administrativa para eludir la responsabilidad del Estado mexicano, ante los compromisos asumidos en el ámbito internacional en materia de derechos humanos.

Condición que expresa el grado de perversidad de la actual junta administrativa, que se ha caracterizado por garantizar impunidad a los responsables materiales e intelectuales a través del burocratismo, la dilación, la simulación, la revíctimización y la mentira, en la atención a los familiares de las víctimas.

Las cifras oficiales de víctimas, a pesar de que son conservadoras, demuestran que la desaparición forzada es sistemática y generalizada, es un fenómeno exponencial que trasciende sexenios y partidos políticos burgueses, prueba de esto son las cifras del actual sexenio que, en promedio, del tiempo que lleva en funciones, supera a los anteriores.

El más reciente informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sólo confirma esta verdad, que los familiares de víctimas de este deleznable crimen, organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones populares han denunciado y documentado ampliamente.

El problema de la desaparición forzada no se trata solo de una grave crisis de derechos humanos, el fondo radica en que es una política de Estado y violencia de clase contra el pueblo. Si se quisiera atender el problema se tendría que empezar por enjuiciar y castigar a los responsables de este crimen en los casos ya comprobados jurídicamente.

La desaparición forzada es un fenómeno consustancial al régimen, de ahí que no sea prioridad, ni exista la voluntad política de la actual junta administrativa para resolver de raíz el problema, esto explica el actuar de la Fiscalía General de la Republica (FGR) que en su proceder revíctimiza a los familiares de las víctimas, se constituye en el principal dique en la búsqueda de los desaparecidos y desde esta institución se procura impunidad a los perpetradores.

A tal grado llega la perversidad de las instituciones de procuración de justicia que no se prioriza la búsqueda con vida de las víctimas, a éstas de facto se les da por muertas y se obliga a los familiares a buscar los cadáveres o restos de sus seres queridos en fosas clandestinas, basureros, parajes, ríos, bosques y todo lugar y condición que no involucre al régimen.

¡Hermanas, hermanos, camaradas! La desaparición forzada la comete el Estado, es un crimen de lesa humanidad que no prescribe, a los desaparecidos jamás se les debe dar por muertos, independientemente de los motivos por los cuales se encuentren en esa condición, es responsabilidad del Estado mexicano buscarlos y presentarlos con vida, así como el juicio y castigo a los responsables.

La lucha por la presentación de los detenidos desaparecidos, es una necesidad política que debe enarbolar todo el pueblo, ésta debe superar todo obstáculo que impone el régimen hasta lograr justicia y se erradique este crimen de lesa humanidad.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡POR LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CG-EPR

Año 61

República mexicana, a 28 de agosto de 2025.