Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2025-09-11
Categoría
Documento Público
La paz urbana es necesaria para la construcción de nación democrática
LA PAZ URBANA ES NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NACIÓN DEMOCRÁTICA
El proceso electoral que se avecina, la compleja situación política y las posibilidades de definición sobre la guerra y la paz en el futuro de nuestro país, hacen muy necesarios el trabajo, la discusión y el compromiso por la construcción de paz urbana. El futuro gobierno debe tener una perspectiva amplia y sincera para la solución de los problemas políticos y militares de Colombia. Si no nos enfocamos en la construcción democrática de nuestra nación, lo que habrá será la destrucción de cualquier posibilidad de cambio social.
La disputa política electoral con sus limitaciones y vicios tradicionales, es una expresión más de la pugna enmarañada de la que nuestro país no escapa. Esta es la pugna entre la guerra y la paz que se transforma y muta en el mismo sentido en que las viejas violencias se van transformando con los tiempos, guerras y violencia que, aunque cambien de carácter, siempre son manifestaciones de la antidemocracia, la marginalidad, la exclusión de la mayoría de la población colombiana no solo en el campo y en las regiones, sino también en las ciudades grandes e intermedias. Condiciones que al ser estructurales se alimentan entre sí. Estas causas estructurales: políticas, económicas, culturales, ideológicas, sociales en su conjunto dan la base para que surjan y se consoliden violencias de diverso tipo que convergen en las ciudades con alcances e intereses diferenciados.
Desde las violencias domésticas, machistas, o violencias contra los niños, que se escalan hasta convertirse en problemas comunales, pasando por los conflictos generados por bandas dispersas que compiten entre ellas pero que de conjunto extorsionan, prostituyen, comercian con drogas y protegen sus negocios y actividades pagando impuestos a policías del sector, que les permiten actuar libremente. Hasta las violencias institucionales que impulsan intereses económicos y políticos donde confluyen grandes capitales de origen ilegal que entran al sistema financiero y terminan limpios con la participación de constructores y banqueros, muchos de esos capitales fluyen hacia proyectos inmobiliarios gestionados por políticos, notarios, curadores urbanos y toda una red de funcionarios públicos y agentes privados contratados para que esos proyectos se concreten.
Esos proyectos se concretan en territorios específicos que requieren ser controlados, gentrificados, y en principio sumidos en el caos, la inseguridad, las peleas entre bandas, el control del microtráfico, de manera que las comunidades originales se vayan de la zona y los terrenos o propiedades se deprecien y queden listos para la inversión inmobiliaria. No es un secreto para ninguno de los asistentes que esto sea cierto en muchas ciudades de Colombia, lo grave es que a nadie sorprende a pesar de lo documentados que están esos procesos y de la realidad viva que los demuestra cada día.
Esa realidad viva es la de cientos de jóvenes pobres consumidos en “pequeñas guerras” por intereses que les son absolutamente desconocidos; la de casas de pique; la de alianzas de las bandas con policías para el control de territorios y de población. Para cualquiera que se haya involucrado en la organización popular barrial, sea desde el más humilde y simple líder popular con la esperanza de promover el deporte juvenil como canal para la superación de la pobreza o la organización comunitaria que promueve un cambio social profundo, chocan con la fuerza que impone un orden donde lo único tolerable es el camino de la delincuencia común, el vicio, la prostitución, la mendicidad, y así signándose un futuro que aleja cada vez más a las masas citadinas de los caminos de la democracia.
¿Cuál es la democracia que necesitan las ciudades colombianas?, ¿Será la de votar cada cuatro o cada dos años y en el entretanto mantenerse alejados de la política, el ejercicio de derechos y la ciudadanía, mientras los barrios se hunden en la miseria y la violencia social? No lo creemos así, es más bien la posibilidad de que las comunidades elijan su propio destino, que de seguro en lugar de centro comercial elegirían centro de salud o reparación de sus viviendas, o participación en los presupuestos locales. Aunque podríamos redundar en ejemplos y posibilidades, no es la agitación el objeto de este texto. Lo que queremos decir es que la democracia liberal que culpa a los jugadores, pero no cambia las reglas de juego, es esencia del problema estructural, pues su funcionamiento está definido en el sentido de la dictadura uribista que gobernó este país en los últimos años al tiempo que las comunidades fueron empobrecidas, marginadas, excluidas de los derechos ciudadanos, fertilizando así la cosecha de violencia urbana tan funcional a ciertos negocios y al tiempo a la desmovilización y despolitización de los mismos sectores que en los años 2019, 2020, en el estallido social 2021 fueron punta de lanza de los reclamos y las exigencias populares que a la postre dieron lugar al innegable remezón político de la elección de Petro.
No todas las violencias y guerras urbanas son institucionales, pero si todas con intención o no, resultan contrainsurgentes en la medida en que quieren desactivar las expresiones populares que exigen participación política o manifiestan sus reivindicaciones, aun en zonas donde no existen organizaciones sociales que desactivar, aunque el enfoque no sea contrainsurgente si consiguen un objetivo de control social que termina siendo funcional a las corrientes dominantes y a la consabida respuesta militar que esas corrientes dominantes le han dado a los problemas que genera la antidemocracia.
En otras palabras, existe una “diversidad” de esquemas de control que se expresan con diferencia en ciudades como Cúcuta, Barranquilla, Buenaventura, Cali, Pereira o Bogotá, estos modelos tienen rasgos fundamentales, uno de ellos es la esencia netamente contrainsurgente (incluso sin presencia insurgente) de cualquier modelo criminal urbano.
Recalcamos que es de la mano de las expresiones populares que es posible superar la marginalidad promovida por esa violencia contrainsurgente. En resumen, sin dejar de lado la situación de guerra en el campo, es en medio de esta crisis y en la disputa por la paz urbana que se juega la profundización del fascismo que quiere volver al gobierno, frente a la posibilidad de consolidar fuerzas del pueblo que impulsen, apoyen y participen en las transformaciones profundas por la democracia popular y directa que necesita Colombia.
El reconocimiento de esas circunstancias es crucial para la discusión de la paz urbana. Sin embargo, otro aspecto de esa discusión es el enfoque del Estado frente a la construcción de esa paz:
• Un sector político que se precia de progresista y que históricamente ha planteado que “los problemas estructurales de la sociedad colombiana generan violencia”, pero que en el ejercicio de gobierno ha privilegiado discusiones y negociaciones únicamente con las organizaciones que consideran “capaces de generar inestabilidad” con manifestaciones de fuerza, no necesariamente rebeldes.
• La presunción de que no hay “actores políticos” porque todos son “narcoterroristas”.
• La idea de aplastar militarmente como condición para la negociación, mientras los problemas estructurales quedan sin resolver y en el aire.
Nosotros hemos sostenido un criterio acerca de la paz urbana, cuidando de “no sumarle ruido al ruido” y de aportar en la discusión y la construcción de paz urbana desde nuestra perspectiva.
Paz es democracia para el pueblo y democracia es: educación, trabajo, salud, organización y poder político efectivo del pueblo.
11-09-2025
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO del PUEBLO – MRP-
El proceso electoral que se avecina, la compleja situación política y las posibilidades de definición sobre la guerra y la paz en el futuro de nuestro país, hacen muy necesarios el trabajo, la discusión y el compromiso por la construcción de paz urbana. El futuro gobierno debe tener una perspectiva amplia y sincera para la solución de los problemas políticos y militares de Colombia. Si no nos enfocamos en la construcción democrática de nuestra nación, lo que habrá será la destrucción de cualquier posibilidad de cambio social.
La disputa política electoral con sus limitaciones y vicios tradicionales, es una expresión más de la pugna enmarañada de la que nuestro país no escapa. Esta es la pugna entre la guerra y la paz que se transforma y muta en el mismo sentido en que las viejas violencias se van transformando con los tiempos, guerras y violencia que, aunque cambien de carácter, siempre son manifestaciones de la antidemocracia, la marginalidad, la exclusión de la mayoría de la población colombiana no solo en el campo y en las regiones, sino también en las ciudades grandes e intermedias. Condiciones que al ser estructurales se alimentan entre sí. Estas causas estructurales: políticas, económicas, culturales, ideológicas, sociales en su conjunto dan la base para que surjan y se consoliden violencias de diverso tipo que convergen en las ciudades con alcances e intereses diferenciados.
Desde las violencias domésticas, machistas, o violencias contra los niños, que se escalan hasta convertirse en problemas comunales, pasando por los conflictos generados por bandas dispersas que compiten entre ellas pero que de conjunto extorsionan, prostituyen, comercian con drogas y protegen sus negocios y actividades pagando impuestos a policías del sector, que les permiten actuar libremente. Hasta las violencias institucionales que impulsan intereses económicos y políticos donde confluyen grandes capitales de origen ilegal que entran al sistema financiero y terminan limpios con la participación de constructores y banqueros, muchos de esos capitales fluyen hacia proyectos inmobiliarios gestionados por políticos, notarios, curadores urbanos y toda una red de funcionarios públicos y agentes privados contratados para que esos proyectos se concreten.
Esos proyectos se concretan en territorios específicos que requieren ser controlados, gentrificados, y en principio sumidos en el caos, la inseguridad, las peleas entre bandas, el control del microtráfico, de manera que las comunidades originales se vayan de la zona y los terrenos o propiedades se deprecien y queden listos para la inversión inmobiliaria. No es un secreto para ninguno de los asistentes que esto sea cierto en muchas ciudades de Colombia, lo grave es que a nadie sorprende a pesar de lo documentados que están esos procesos y de la realidad viva que los demuestra cada día.
Esa realidad viva es la de cientos de jóvenes pobres consumidos en “pequeñas guerras” por intereses que les son absolutamente desconocidos; la de casas de pique; la de alianzas de las bandas con policías para el control de territorios y de población. Para cualquiera que se haya involucrado en la organización popular barrial, sea desde el más humilde y simple líder popular con la esperanza de promover el deporte juvenil como canal para la superación de la pobreza o la organización comunitaria que promueve un cambio social profundo, chocan con la fuerza que impone un orden donde lo único tolerable es el camino de la delincuencia común, el vicio, la prostitución, la mendicidad, y así signándose un futuro que aleja cada vez más a las masas citadinas de los caminos de la democracia.
¿Cuál es la democracia que necesitan las ciudades colombianas?, ¿Será la de votar cada cuatro o cada dos años y en el entretanto mantenerse alejados de la política, el ejercicio de derechos y la ciudadanía, mientras los barrios se hunden en la miseria y la violencia social? No lo creemos así, es más bien la posibilidad de que las comunidades elijan su propio destino, que de seguro en lugar de centro comercial elegirían centro de salud o reparación de sus viviendas, o participación en los presupuestos locales. Aunque podríamos redundar en ejemplos y posibilidades, no es la agitación el objeto de este texto. Lo que queremos decir es que la democracia liberal que culpa a los jugadores, pero no cambia las reglas de juego, es esencia del problema estructural, pues su funcionamiento está definido en el sentido de la dictadura uribista que gobernó este país en los últimos años al tiempo que las comunidades fueron empobrecidas, marginadas, excluidas de los derechos ciudadanos, fertilizando así la cosecha de violencia urbana tan funcional a ciertos negocios y al tiempo a la desmovilización y despolitización de los mismos sectores que en los años 2019, 2020, en el estallido social 2021 fueron punta de lanza de los reclamos y las exigencias populares que a la postre dieron lugar al innegable remezón político de la elección de Petro.
No todas las violencias y guerras urbanas son institucionales, pero si todas con intención o no, resultan contrainsurgentes en la medida en que quieren desactivar las expresiones populares que exigen participación política o manifiestan sus reivindicaciones, aun en zonas donde no existen organizaciones sociales que desactivar, aunque el enfoque no sea contrainsurgente si consiguen un objetivo de control social que termina siendo funcional a las corrientes dominantes y a la consabida respuesta militar que esas corrientes dominantes le han dado a los problemas que genera la antidemocracia.
En otras palabras, existe una “diversidad” de esquemas de control que se expresan con diferencia en ciudades como Cúcuta, Barranquilla, Buenaventura, Cali, Pereira o Bogotá, estos modelos tienen rasgos fundamentales, uno de ellos es la esencia netamente contrainsurgente (incluso sin presencia insurgente) de cualquier modelo criminal urbano.
Recalcamos que es de la mano de las expresiones populares que es posible superar la marginalidad promovida por esa violencia contrainsurgente. En resumen, sin dejar de lado la situación de guerra en el campo, es en medio de esta crisis y en la disputa por la paz urbana que se juega la profundización del fascismo que quiere volver al gobierno, frente a la posibilidad de consolidar fuerzas del pueblo que impulsen, apoyen y participen en las transformaciones profundas por la democracia popular y directa que necesita Colombia.
El reconocimiento de esas circunstancias es crucial para la discusión de la paz urbana. Sin embargo, otro aspecto de esa discusión es el enfoque del Estado frente a la construcción de esa paz:
• Un sector político que se precia de progresista y que históricamente ha planteado que “los problemas estructurales de la sociedad colombiana generan violencia”, pero que en el ejercicio de gobierno ha privilegiado discusiones y negociaciones únicamente con las organizaciones que consideran “capaces de generar inestabilidad” con manifestaciones de fuerza, no necesariamente rebeldes.
• La presunción de que no hay “actores políticos” porque todos son “narcoterroristas”.
• La idea de aplastar militarmente como condición para la negociación, mientras los problemas estructurales quedan sin resolver y en el aire.
Nosotros hemos sostenido un criterio acerca de la paz urbana, cuidando de “no sumarle ruido al ruido” y de aportar en la discusión y la construcción de paz urbana desde nuestra perspectiva.
Paz es democracia para el pueblo y democracia es: educación, trabajo, salud, organización y poder político efectivo del pueblo.
11-09-2025
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO del PUEBLO – MRP-