República mexicana, a 25 de junio de 2026

AL PUEBLO DE MÉXICO

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

 

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

 

El 28 de junio tiene un doble significado en la historia contemporánea de nuestro país, en esta fecha se cumplen 31 años de la masacre de Aguas Blancas, donde fueron asesinados 17 campesinos indefensos pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS); y, a la vez se cumplen 30 años de la irrupción pública del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

 

Ambos acontecimientos son parte de la memoria histórica de nuestro pueblo; de la lucha de clases que no cesa por todo el país; y, la expresión concreta de la voluntad de combatir de nuestro pueblo a través de diferentes formas de lucha, cuyo objetivo es transformar el país en torno a los intereses populares.

 

El 28 de junio de 1995 se cometió un crimen más contra el pueblo mexicano; se justificó con una campaña mediática de combatir a los "radicales" de la OCSS, según expresiones de funcionarios estatales; y los perpetradores actuaron con toda impunidad porque sabían que contaban con el respaldo del gobierno antipopular y represivo encabezado por Rubén Figueroa Alcocer.

 

La masacre de Aguas Blancas fue producto de la política de los gobiernos priistas, fincada en el autoritarismo y en la represión contra cualquier expresión popular que exigiera sus derechos o cuestionara la condición antipopular del PRI-gobierno.

 

Ese día se cometió un crimen de Estado, es decir, se perpetró un crimen de lesa humanidad; la masacre de Aguas Blancas fue producto de un operativo contrainsurgente organizado y dirigido por el Ejército Mexicano, bajo el mando del general Arturo Acosta Chaparro, un criminal de Estado; la Policía Motorizada y la Policía Judicial del Estado fueron el instrumento para asesinar al mayor número de integrantes de la OCSS, en específico, buscaban descabezarla con el asesinato de su dirigencia.

 

Antes de la masacre la violencia institucional prevalecía por todo el país, los asesinatos políticos estaban al orden del día; la militarización de la geografía nacional era cosa normal producto de la política de gobierno; y, la desaparición forzada de personas y las ejecuciones extrajudiciales las cometían los diferentes cuerpos policíaco militares. Por todo el país la política del PRI-gobierno se caracterizaba por ser represiva, antipopular y proimperialista.

 

El asesinato de más de 600 perredistas en Guerrero hasta 1988-89, y en el resto del país sumaban más de 900, es un ejemplo concreto de la violencia gubernamental que azotaba al pueblo inconforme; por todo México existía inconformidad y el gobierno reprimía toda expresión de organización popular.

 

Previo a la masacre se incrementó la violencia reaccionaria que generaban políticos de oficio priistas, caciques regionales en su versión de ganaderos o empresarios bajo las banderas del PRI y pistoleros o gavilleros que asesinaban impunemente a quienes se organizaban a través de la OCSS para exigir fertilizantes e insumos agrícolas, mejores condiciones de existencia, la defensa de sus bosques que depredaban empresas madereras, la libertad de presos políticos del país, juicio político a Carlos Salinas de Gortari, alto a la militarización y la presentación con vida de los más de 600 detenidos-desaparecidos por motivos políticos de los años 70.

 

La desaparición forzada de Gilberto Romero Vázquez, el 24 de mayo de 1995, de quien la OCSS pedía su presentación, es la confirmación de que la violencia la genera el Estado, la administra y la ejerce contra el pueblo inconforme, es él quien tiene el monopolio de la violencia y la genera de manera sistemática con fines contrainsurgentes a través de todo el aparato policíaco militar.

 

La violencia que azotaba Guerrero a mediados de la década del 90 del siglo pasado era comandada por la cúpula del Ejército mexicano, encargada de planificar y ejecutar operativos contrainsurgentes enmascarados en el combate al narcotráfico; en esa espiral de violencia participaban exguerrilleros que habían traicionado la causa popular y habían transmutado en funcionarios que defendían los intereses que en un tiempo decían combatir.

 

Como funcionarios tenían la fijación de combatir a "los putos guerrilleros" (Jesús Herrera Vélez); también hacían lo suyo políticos de oficio de origen "comunista" que hacían funcionar al Estado mexicano y realizaban el trabajo criminal de éste (María de la Luz Núñez Ramos), todos ellos como hombres del régimen hicieron posible la masacre de Aguas Blancas y en esa medida son responsables de dicho crimen de Estado.

 

El carácter contrainsurgente del operativo policíaco que cobró la vida de 17 campesinos y 21 heridos por arma de fuego, queda al descubierto con el argumento de la campaña mediática que presentaba a los integrantes de la OCSS como promotores de la guerrilla, lo cual era falso, la prueba de dicha mentira estaba en la siembra de armas en los muertos y la manipulación mediática.

 

Los autores materiales e intelectuales aún siguen impunes, son hombres del régimen que desempeñan su labor en defensa del interés oligárquico dentro o fuera de la administración pública; se saben inmunes por ser hombres del régimen y ser parte del aparato represivo o de la casta de políticos de oficio venales; al exgobernador Figueroa lo protegieron todas las instituciones y hombres del régimen político para exculparlo de responsabilidad y evitar que pisara la cárcel; y, desde el gobierno se desencadenó una campaña mediática para defender a los cuerpos policíacos, a los funcionarios públicos involucrados con un solo fin, culpar de la masacre a las víctimas, éstas fueron presentadas como agresoras, que habían montado una provocación a la Policía Motorizada, que ésta solamente había respondido a la "agresión", esa es la vieja táctica priista fincada en la doctrina de contrainsurgencia de la Guerra de Baja Intensidad que presenta a las víctimas como victimarios.

 

El PRI-gobierno otorgó impunidad e inmunidad a los criminales de Estado; el PAN, como gobierno con Vicente Fox y Felipe Calderón, le dio continuidad a dicha política y en esa lógica, el de Fox se caracterizó por el incremento de la desaparición forzada de personas, mientras que el segundo desencadenó el terrorismo de Estado como política de gobierno que cobró miles de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

 

El caso de la masacre de Aguas Blancas siguió en completa impunidad, entre la política de los gobiernos priistas y los panistas en esencia no había diferencia, ambos fincaron su política de gobierno en la violencia contra el pueblo, el matiz que la diferenciaba consistió en la sistematicidad y generalización de la violencia de Estado contra el pueblo, los panistas retomaron la violencia de clase y la catapultaron a nuevas espirales que cobraron infinidad de víctimas.

 

En la medida que los autores materiales e intelectuales de la masacre de Aguas Blancas siguen en completa impunidad y que desde el Estado les otorgan inmunidad, los gobiernos priistas, panistas y hoy los morenistas son por igual responsables y/o corresponsables de dicho crimen de lesa humanidad.

 

Los dos gobiernos morenistas lo son en tanto que no han cumplido su promesa de garantizar justicia para las víctimas de dicho crimen de Estado, por el contrario, con su política de "perdón sí, olvido no" ha hecho posible el funcionamiento del Estado burgués y de la cúpula policíaco militar encargada de organizar y ejecutar la violencia contrainsurgente contra el pueblo, ha otorgado carta blanca para que todo el aparato represivo y su extensión paramilitar sigan cometiendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

 

Son corresponsables porque han fortalecido y legalizado el Estado policíaco militar, lo han dotado de nuevas herramientas para que funcione cual máquina de opresión contra los desposeídos; han hecho legal y normal la militarización de la sociedad y el país; y, han institucionalizado la contrainsurgencia. En conjunto han hecho posible que la violencia que emana de las instituciones y política de gobierno se diluya en el fenómeno de la delincuencia y el narcotráfico, un argumento casi perfecto para diluir la responsabilidad del Estado de la violencia que azota al país, en específico a los explotados y oprimidos.

 

A 31 años, las víctimas de la masacre de Aguas Blancas no conocen la justicia, por el contrario, después de la masacre tuvieron que enfrentar nuevas oleadas de violencia que cobraron nuevas víctimas, más desaparecidos, más ejecutados de manera extrajudicial, persecuciones políticas y más presos políticos por el hecho de organizarse fuera de los marcos corporativos; espiral de violencia que aún no termina, en Guerrero la violencia contra el pueblo es cosa cotidiana y el único responsable es el Estado mexicano.

 

El 28 de junio de 1996, en el vado de Aguas Blancas, se hizo pública la existencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR), un instrumento político-organizativo del pueblo para hacer frente a la violencia reaccionaria, a la violencia de Estado que se materializa en la represión contra el pueblo que protesta y exige sus derechos constitucionales; el encarcelamiento de luchadores sociales que no se subordinan a las exigencias de los grupos de poder económico y político; el encarcelamiento del sujeto crítico, progresista o revolucionario que lucha con sinceridad por la transformación del país; los asesinatos políticos y ejecuciones extrajudiciales para garantizar los intereses de empresas transnacionales; los tratos crueles y el tormento en el potro de la tortura de ciudadanos y luchadores sociales; las masacres que cobran vida del pueblo organizado; y los crímenes de lesa humanidad que son incuantificables.

 

 Ese día nuestro partido hizo pública la existencia del Ejército del Pueblo, que tenía una larga historia que va de la mano con la historia de nuestro partido; no se trató de dar a conocer algo nuevo, se hizo pública la existencia de un instrumento organizativo necesario frente a la violencia institucionalizada, marco histórico que legitima el recurso de la lucha armada, el cual es legítimo y necesario para el pueblo, como se dijo en el Manifiesto de Aguas Blancas, de frente a quienes realizaban el acto político por el primer aniversario de la masacre.

 

Lo expuesto hace 30 años en la presentación pública del EPR, sigue teniendo vigencia porque la realidad a la que se enfrentaba el pueblo no ha cambiado, por el contrario, se ha agudizado y como ejemplo de ello están los más de 133 mil casos de desaparición forzada reconocidos por la estadística oficial.

 

Lo dicho en el Manifiesto de Aguas Blancas, es aún la sabia política que alimenta la voluntad de combatir de quienes integran nuestras filas, recordamos con claridad que:

 

 

A 30 años de que nuestro pueblo conociera de nuestra existencia, el EPR emerge y se desarrolla como pueblo organizado, como pueblo en armas porque, como se planteó en el Manifiesto "...está integrado por hombres y mujeres de los diferentes sectores explotados y oprimidos del pueblo, que han comprendido la necesidad de organizarse contra la violencia reaccionaria de los explotadores y opresores, que durante décadas han intentado ahogar en sangre la lucha del pueblo mexicano por sus legítimas aspiraciones. Esto le da un carácter esencialmente popular porque en él participan hombres y mujeres sencillos del pueblo".

 

Ese día hicimos público el compromiso de luchar contra la opresión y la injusticia, contra la humillación y el despojo, para defender la dignidad de nuestros hijos, mujeres y hermanos obreros, campesinos, indígenas, colonos, estudiantes...; manifestamos la disposición de luchar por la transformación del país en función de los intereses populares y liberar a la nación de las cadenas del gran capital y el Estado opresor.

 

Bajo ese compromiso político y línea de acción nos hemos mantenido todos estos años; no hemos faltado al compromiso hecho de frente a nuestro pueblo, aquél se ha convertido en razón política de actuar, porque la lucha por la emancipación del pueblo de las cadenas de la opresión y explotación capitalistas se convierten en razón de lucha, en el deber político de los combatientes por el ideal comunista que nutren las filas del EPR.

 

Hemos marchado de frente sin perder de vista el objetivo histórico; hemos vivido muchas veces el dolor de los masacrados, de los ejecutados de manera extrajudicial, de los detenidos desaparecidos por el aparato represivo, sin embargo, la indignación y el dolor por los caídos y las víctimas lo hemos convertido en convicción de lucha, en motivo racional para continuar en la trinchera de la crítica de las armas, porque cada víctima de la violencia del Estado fortalece la voluntad de combatir y la convicción de que la lucha de nuestro pueblo a través de nuestras filas es justa, legítima y necesaria, porque es expresión concreta de la voluntad popular de combatir.

 

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

 

Honremos a los caídos en esta larga lucha con nuevos bríos en el cumplimiento de las tareas de construcción de nuevas fuerzas de la revolución; emulemos su ejemplo con el fortalecimiento de la convicción de que la lucha por el socialismo es necesidad histórica y a la vez decisión libertaria; rindamos homenaje a todos aquellos que han regado con su sangre el fértil terreno de la revolución.

 

Los masacrados han sido muchos a lo largo de la lucha de nuestro pueblo por su emancipación; la lucha por la justicia aún continúa, es un clamor popular y una exigencia al gobierno que con careta de izquierda la niega; otros nacieron, crecieron y hoy son parte de la continuidad revolucionaria. ¡Hagamos de cada injusticia y cada víctima de la violencia de Estado, mil razones para luchar por la justicia social!, ésta se logra a través de la revolución socialista.

 

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

 

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

 

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARÁ!

 

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR

 

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CG-EPR

 

Año 62

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