Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2006-04-22
Categoría
Comunicado
Fichero Adjunto
Michoacán de Ocampo, 22 de abril de 2006
AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE MICHOACAN
A LOS TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS Y SIDERURGICOS
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Se ha cometido nuevamente en nuestro país un asesinato más de Estado, ayer fue en Pasta de Conchos, hoy la represión fue en contra de trabajadores mineros y metalúrgicos en el puerto de Lázaro Cárdenas de nuestro estado, represión que refleja la esencia de la ultraderecha que gobierna el país, pero también la complicidad del gobierno estatal el cual comparte la responsabilidad al hacer eco a la ultraderecha en los planes de contrainsurgencia, cayendo en la provocación que le ha montado aquella desde los Pinos.
La brutal represión contra los obreros en huelga y el asesinato de dos de ellos por los cuerpos represivos obedece a la lógica del gobierno federal de defender a toda costa los intereses de los grandes empresarios, del capital monopolista y de las empresas transnacionales; lógica del neoliberalismo que como política de Estado promueve la protección en todos los sentidos de quienes se benefician y viven directamente de la explotación asalariada; es a la vez consecuencia directa de la alianza del gobierno del estado con la oligarquía local, la cual también es responsable en la medida que exigía la “aplicación de la ley”.
El hacer eco a las pretensiones y exigencias de la ultraderecha ha llevado al gobierno del estado a reprimir manifestaciones y organizaciones populares; a encarcelar luchadores sociales bajo artilugios legaloides; a la militarización de la geografía michoacana bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada; a la existencia de grupos de paramilitares orquestados desde la XXI zona militar; a la utilización permanente del Grupo de Operaciones Especiales (GOEs) como instrumento de represión; de sostener contra viento y marea al represor y energúmeno de Gabriel Mendoza Jiménez, quien hasta ayer fungió como secretario de Seguridad Pública, siendo éste uno de los responsables materiales directos de la represión que han vivido obreros, estudiantes, campesinos, indígenas, maestros, colonos, trabajadores de la salud, pequeños comerciantes e integrantes de organizaciones populares. En pocas palabras hacer eco a las exigencias de la ultraderecha ha llevado este gobierno a impulsar los componentes de la Guerra de Baja Intensidad.
En ese mismo contexto está la criminalización de la protesta social presentando a los luchadores sociales como delincuentes del fuero común, exigencia del gobierno foxista para contener a las fuerzas populares que luchan por democratizar verdaderamente nuestra sociedad.
Con los sucesos represivos en el puerto de Lázaro Cárdenas queda al descubierto el rostro del fascismo impulsado desde los Pinos por el jefe del ejecutivo, política de Estado respaldada por el PAN, su candidato presidencial y sus principales representantes, por los grandes empresarios del país y en concreto los propietarios del Grupo Villacero e Industrial Minera México, Julio César, Pablo Villareal Guajardo y Germán Larrea Mota Velasco.
Política fascista avalada y exigida por la iniciativa privada a través de sus organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, desde donde la oligarquía local siempre ha exigido la “aplicación de la ley” para sostener con los puntales de los cuerpos policíacos el remedo de democracia que vivimos por la cual se rasgan las vestiduras políticos mediocres y funcionarios cretinos que sólo atinan a dar declaraciones estúpidas para justificar la represión, en tanto que la pretendida democracia y el estado de derecho que defienden es en todo caso la democracia de los oligarcas, de los grandes empresarios, de las empresas transnacionales.
Responsables de la represión son también los líderes charros que lejos de representar los intereses de sus agremiados hoy buscan sacar tajada de la muerte de dos sindicalistas de una de las secciones sindicales más combativas, que a decir verdad, su muerte es el mensaje claro del gobierno federal: ¡quien no se sujete a la política neoliberal, será aniquilado físicamente!. Pero también lo son algunos representantes de medios de comunicación quienes han impuesto tanto la censura y la autocensura para acallar hasta las críticas constructivas a este gobierno estatal.
¿Qué hacer ante este panorama represivo?, ¿callar y ser cómplice?, ¿guardar silencio para no “afectar” a un gobierno que se dice ser “un gobierno para todos”, “un gobierno con la gente”?, ¿creer la falacia de que los diferentes cuerpos policíacos iban desarmados? La respuesta es única: si la represión no cesa nuestro pueblo tiene el derecho de implementar la autodefensa armada, porque ante el constante accionar represivo del GOES, la Policía Estatal Preventiva (PEP), la Policía Ministerial (PM) y la Policía Federal Preventiva (PFP) todo su equipo constituye un arma útil para la represión y su actuación se inscribe como instrumentos de represión.
Ante el artero asesinato por arma de fuego a los obreros de Sicartsa les decimos que la lucha no debe ser sólo por el reconocimiento oficial de un líder sindical charro como es el caso de Napoleón Gómez Urrutia, tampoco por aceptar la imposición de Elías Morales Hernández testaferro del gobierno federal, uno y otro no representan los intereses de la clase trabajadora, sin embargo, esto no diluye la justeza de la lucha por el respeto de la autonomía sindical y menos de la lucha por una verdadera democracia sindical, la cual necesariamente debe ir acompañada de la lucha por un sindicalismo independiente y combativo que impulse verdaderamente la lucha por la defensa de las conquistas y derechos laborales. La lucha de la clase obrera debe plantearse el combate organizado contra el capitalismo, la globalización, el neoliberalismo y el gobierno foxista de ultraderecha responsable de la represión vivida en nuestro puerto.
Por lo expuesto planteamos, exigimos y convocamos a la lucha por:
1. No bastan las renuncias de Gabriel Mendoza Jiménez y Jaime Liera, como secretario de Seguridad Pública y director de la Policía Estatal Preventiva, juicio y castigo por ser, sobre todo el “hombre de negro” uno de los funcionarios responsables de la represión que se ha ejercido sobre los diferentes sectores de la sociedad michoacana, hombre con pasado y vocación represiva.
2. La destitución inmediata de Mario Bautista Coordinador de la Policía Ministerial.
3. Desaparición inmediata del Grupo de Operaciones Especiales (GOEs) por ser un instrumento de la represión contra diferentes sectores de nuestro pueblo.
4. El cese inmediato, juicio y castigo a los diferentes jefes y mandos de los cuerpos policíacos que participaron en el intento de desalojo violento, la represión y asesinato de los mineros.
5. El retorno de las fuerzas policíacas y militares a sus respectivos cuarteles.
6. La salida de la PFP del estado de Michoacán.
7. Alto total a la ola de represión que se viene dando de manera sistemática contra diferentes sectores sociales organizados fuera de las estructuras del gobierno estatal y su partido político.
8. Alto a la militarización de nuestra geografía.
9. Libertad inmediata e incondicional a todos los presos políticos y de conciencia, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión que pesan sobre los luchadores sociales.
10. Solución favorable a las demandas sociales de las diferentes organizaciones populares.
11. Alto a la criminalización de la lucha social.
¡Hermanos michoacanos! ¡Ante la impunidad y brutalidad policíaca, a organizar la autodefensa armada e impulsar la justicia popular y revolucionaria!, ¡A buscar el contacto con nuestro partido y ejército!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
Michoacán de Ocampo, a 22 de abril de 2006.
AL PUEBLO DE MICHOACAN
A LOS TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS Y SIDERURGICOS
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Se ha cometido nuevamente en nuestro país un asesinato más de Estado, ayer fue en Pasta de Conchos, hoy la represión fue en contra de trabajadores mineros y metalúrgicos en el puerto de Lázaro Cárdenas de nuestro estado, represión que refleja la esencia de la ultraderecha que gobierna el país, pero también la complicidad del gobierno estatal el cual comparte la responsabilidad al hacer eco a la ultraderecha en los planes de contrainsurgencia, cayendo en la provocación que le ha montado aquella desde los Pinos.
La brutal represión contra los obreros en huelga y el asesinato de dos de ellos por los cuerpos represivos obedece a la lógica del gobierno federal de defender a toda costa los intereses de los grandes empresarios, del capital monopolista y de las empresas transnacionales; lógica del neoliberalismo que como política de Estado promueve la protección en todos los sentidos de quienes se benefician y viven directamente de la explotación asalariada; es a la vez consecuencia directa de la alianza del gobierno del estado con la oligarquía local, la cual también es responsable en la medida que exigía la “aplicación de la ley”.
El hacer eco a las pretensiones y exigencias de la ultraderecha ha llevado al gobierno del estado a reprimir manifestaciones y organizaciones populares; a encarcelar luchadores sociales bajo artilugios legaloides; a la militarización de la geografía michoacana bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada; a la existencia de grupos de paramilitares orquestados desde la XXI zona militar; a la utilización permanente del Grupo de Operaciones Especiales (GOEs) como instrumento de represión; de sostener contra viento y marea al represor y energúmeno de Gabriel Mendoza Jiménez, quien hasta ayer fungió como secretario de Seguridad Pública, siendo éste uno de los responsables materiales directos de la represión que han vivido obreros, estudiantes, campesinos, indígenas, maestros, colonos, trabajadores de la salud, pequeños comerciantes e integrantes de organizaciones populares. En pocas palabras hacer eco a las exigencias de la ultraderecha ha llevado este gobierno a impulsar los componentes de la Guerra de Baja Intensidad.
En ese mismo contexto está la criminalización de la protesta social presentando a los luchadores sociales como delincuentes del fuero común, exigencia del gobierno foxista para contener a las fuerzas populares que luchan por democratizar verdaderamente nuestra sociedad.
Con los sucesos represivos en el puerto de Lázaro Cárdenas queda al descubierto el rostro del fascismo impulsado desde los Pinos por el jefe del ejecutivo, política de Estado respaldada por el PAN, su candidato presidencial y sus principales representantes, por los grandes empresarios del país y en concreto los propietarios del Grupo Villacero e Industrial Minera México, Julio César, Pablo Villareal Guajardo y Germán Larrea Mota Velasco.
Política fascista avalada y exigida por la iniciativa privada a través de sus organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, desde donde la oligarquía local siempre ha exigido la “aplicación de la ley” para sostener con los puntales de los cuerpos policíacos el remedo de democracia que vivimos por la cual se rasgan las vestiduras políticos mediocres y funcionarios cretinos que sólo atinan a dar declaraciones estúpidas para justificar la represión, en tanto que la pretendida democracia y el estado de derecho que defienden es en todo caso la democracia de los oligarcas, de los grandes empresarios, de las empresas transnacionales.
Responsables de la represión son también los líderes charros que lejos de representar los intereses de sus agremiados hoy buscan sacar tajada de la muerte de dos sindicalistas de una de las secciones sindicales más combativas, que a decir verdad, su muerte es el mensaje claro del gobierno federal: ¡quien no se sujete a la política neoliberal, será aniquilado físicamente!. Pero también lo son algunos representantes de medios de comunicación quienes han impuesto tanto la censura y la autocensura para acallar hasta las críticas constructivas a este gobierno estatal.
¿Qué hacer ante este panorama represivo?, ¿callar y ser cómplice?, ¿guardar silencio para no “afectar” a un gobierno que se dice ser “un gobierno para todos”, “un gobierno con la gente”?, ¿creer la falacia de que los diferentes cuerpos policíacos iban desarmados? La respuesta es única: si la represión no cesa nuestro pueblo tiene el derecho de implementar la autodefensa armada, porque ante el constante accionar represivo del GOES, la Policía Estatal Preventiva (PEP), la Policía Ministerial (PM) y la Policía Federal Preventiva (PFP) todo su equipo constituye un arma útil para la represión y su actuación se inscribe como instrumentos de represión.
Ante el artero asesinato por arma de fuego a los obreros de Sicartsa les decimos que la lucha no debe ser sólo por el reconocimiento oficial de un líder sindical charro como es el caso de Napoleón Gómez Urrutia, tampoco por aceptar la imposición de Elías Morales Hernández testaferro del gobierno federal, uno y otro no representan los intereses de la clase trabajadora, sin embargo, esto no diluye la justeza de la lucha por el respeto de la autonomía sindical y menos de la lucha por una verdadera democracia sindical, la cual necesariamente debe ir acompañada de la lucha por un sindicalismo independiente y combativo que impulse verdaderamente la lucha por la defensa de las conquistas y derechos laborales. La lucha de la clase obrera debe plantearse el combate organizado contra el capitalismo, la globalización, el neoliberalismo y el gobierno foxista de ultraderecha responsable de la represión vivida en nuestro puerto.
Por lo expuesto planteamos, exigimos y convocamos a la lucha por:
1. No bastan las renuncias de Gabriel Mendoza Jiménez y Jaime Liera, como secretario de Seguridad Pública y director de la Policía Estatal Preventiva, juicio y castigo por ser, sobre todo el “hombre de negro” uno de los funcionarios responsables de la represión que se ha ejercido sobre los diferentes sectores de la sociedad michoacana, hombre con pasado y vocación represiva.
2. La destitución inmediata de Mario Bautista Coordinador de la Policía Ministerial.
3. Desaparición inmediata del Grupo de Operaciones Especiales (GOEs) por ser un instrumento de la represión contra diferentes sectores de nuestro pueblo.
4. El cese inmediato, juicio y castigo a los diferentes jefes y mandos de los cuerpos policíacos que participaron en el intento de desalojo violento, la represión y asesinato de los mineros.
5. El retorno de las fuerzas policíacas y militares a sus respectivos cuarteles.
6. La salida de la PFP del estado de Michoacán.
7. Alto total a la ola de represión que se viene dando de manera sistemática contra diferentes sectores sociales organizados fuera de las estructuras del gobierno estatal y su partido político.
8. Alto a la militarización de nuestra geografía.
9. Libertad inmediata e incondicional a todos los presos políticos y de conciencia, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión que pesan sobre los luchadores sociales.
10. Solución favorable a las demandas sociales de las diferentes organizaciones populares.
11. Alto a la criminalización de la lucha social.
¡Hermanos michoacanos! ¡Ante la impunidad y brutalidad policíaca, a organizar la autodefensa armada e impulsar la justicia popular y revolucionaria!, ¡A buscar el contacto con nuestro partido y ejército!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
Michoacán de Ocampo, a 22 de abril de 2006.