Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2006-05-24
Categoría
Comunicado
Fichero Adjunto
42 Aniversario de las FARC-EP, 1964-2006
Marquetalia es Colombia entera avanzando hacia la victoria, con el inicio de 48 combatientes
42 Aniversario de las FARC-EP, 1964-2006
En la rebelde orografía por donde el Atá desciende del nevado, hace 42 años -mayo 27 de 1964-, la Operación Marquetalia del Estado inició el fuego que dio origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
El ataque militar a Marquetalia era el eje fundamental del Plan LASO (Latin American Security Operation), estrategia del pentágono estadounidense en ese entonces para impedir que insurgieran en el continente nuevas Cubas revolucionarias. Ocurrió en el gobierno de Guillermo León Valencia, segundo período del excluyente Frente Nacional de las oligarquías, pacto político con el que liberales y conservadores “superaron”, a través de la alternancia presidencial bipartidista y la distribución milimétrica de ministerios y cargos públicos, la violencia partidista por ellos desatada. Voces como la del senador Álvaro Gómez Hurtado, godo de ideología y anticomunista visceral, incitando a someter a sangre y fuego a Marquetalia -“República independiente” sólo en su imaginación-, contribuyeron a la insensatez de esa agresión.
Marquetalia quiso ser sólo un punto de destino y de trabajo pacífico de un puñado de curtidos guerrilleros que había enfrentado con dignidad las dictaduras violentas que sucedieron al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en la primera mitad de los años 50, pero por la intransigencia inveterada de las oligarquías fue convertida en símbolo imperecedero de la resistencia del pueblo de Colombia.
La operación involucró a 16 mil soldados del ejército oficial, magnitud no utilizada hasta entonces contra ningún movimiento insurgente. Su objetivo: los 48 combatientes comandados por Manuel Marulanda Vélez. Al intenso sobrevuelo de aviones espías y a la campaña sicológica, le siguió el despliegue del cerco con tropas aerotransportadas, la instalación de numerosos puestos de control militar para completar el bloqueo de la región, y finalmente el bombardeo a Marquetalia con poderosas cargas explosivas y bombas de napalm, que marcaron el comienzo de la penetración en profundidad de las tropas terrestres.
La respuesta fue el combate de guerrillas móviles y la proeza de la defensa simultánea de decenas de familias que habían buscado refugio en la zona guerrillera.
Tres semanas de plazo se fijaron para aniquilar a los guerrilleros de Marquetalia, y 42 años después, siguen sin esperanza tras el mismo objetivo. Marquetalia ya no es un punto incrustado entre montañas remotas. Marquetalia es Colombia entera, porque las FARC, que surgieron como respuesta a la agresión del Estado, han completado ya el despliegue estratégico de su fuerza por todo el territorio nacional.
Ni las operaciones Sonora, Centauro, ni tantas otras, ni el Plan Colombia ni el “Patriota” de los gringos, han logrado disipar la eventualidad del Nuevo Poder que tanto preocupa a las oligarquías. Y pensar que la gente de Manuel sólo reclamaba presencia gubernamental con programas sociales, y justicia ante el asesinato en 1960 del líder marquetaliano Jacobo Prías, crimen de Estado perpetrado en Gaitania, departamento del Tolima. Sobre éstas incuestionables causas políticas se levantaron las FARC en 1964, posteriormente sustentadas en el Programa Agrario, la Plataforma de los 10 Puntos, el Movimiento Bolivariano y la Política de Fronteras.
En la historia de la República, la oligarquía colombiana ha demostrado ser de las más violentas del continente. Esa chusma santanderista no tuvo reparos en asesinar en 1830 al Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. En 1914 a Rafael Uribe Uribe impulsor de las ideas socialistas. En defensa de la United Fruit Company masacró en 1928 a centenares de trabajadores bananeros. En 1948, en asociación con la CIA, truncó en Bogotá la vida de Gaitán desatando la violencia partidista de la década del 50 que produjo más de 300 mil muertos civiles. Más tarde eliminó a balazos a todo un movimiento político, la Unión Patriótica, asesinando cerca de 5000 de sus militantes y a sus dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. El interés de ésta oligarquía nunca ha sido el entendimiento civilizado ni la solución política, sino el exterminio físico de quienes cuestionan su predominio en el poder.
Y continúan allí, sólo por el apoyo de la Casa Blanca. Entienden la paz como la desmovilización de la guerrilla y la entrega de las armas. Nada más. Sin tocar sus privilegios y sin cambios estructurales a favor del pueblo. Pretenden que se les pida perdón de rodillas por haber hecho uso del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse contra la opresión.
La creciente intervención del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos y en el conflicto de Colombia viene desde la época en que sus agentes consulares conspiraron con Santander para destruir a la Colombia de Bolívar y su proyecto político de Patria Grande.
Colombia ocupa hoy el primer lugar en el hemisferio como país receptor de ayuda militar y de dólares norteamericanos. Una vez por mes el Jefe del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos viene a Bogotá a pasar revista al personal militar adscrito a su comando y a recibir el parte de la jefatura del ejército colombiano, convertido en instancia subalterna de la potencia extranjera.
Con soberanía patria pagan las oligarquías los helicópteros, los bombarderos, los aviones plataforma y los no tripulados, la información satelital, los globos de inteligencia, los asesores y “contratistas” militares yanquis, y sus bombas con sustancias químicas y biológicas prohibidas por los protocolos internacionales. La Base aérea de Tres Esquinas es ya un enclave estadounidense en la amazonía colombiana.
Si el Plan Patriota ha fracasado, o no muestra resultados, no es por la arisca geografía andina, como dice el general Craddock del Comando Sur. El problema no es de cordilleras montañosas o de selva amazónica. De ser así ya habrían sorteado la situación en Irak. El problema es que el conflicto de Colombia no puede resolverse con plomo y represión, porque es de carácter político-social.
A medida que la crisis estructural del imperio se acentúa, la Casa Blanca recurre a los más inverosímiles pretextos para intervenir países con propósitos de saqueo y predominio. La conciencia mundial está en mora de interponer un dique de dignidad a la doble moral de los rapaces de Washington. Ellos que se arrogaron la certificación de los derechos humanos en el mundo, reivindican al mismo tiempo a través de Bush el derecho a la tortura. Hasta la autoría del 11 de septiembre que les entregó el pretexto de la lucha antiterrorista, está cuestionada hoy por una consistente sombra de duda.
La última patraña del gobierno norteamericano, que tolera en su territorio la más poderosa mafia de distribución de cocaína, es la pérfida calificación de la guerrilla de las FARC como cartel de las drogas, desconociendo las conclusiones de la Audiencia Pública Internacional sobre cultivos ilícitos y medio ambiente, desarrollada en la zona desmilitarizada del Caguán en el 2000, y la fundamentada propuesta de sustitución de esos cultivos, con planes de desarrollo para los campesinos pobres, presentada por las FARC en esa histórica ocasión. Apoyado en falacias como esa de la guerrilla-cartel, o de triunfos inexistentes del Plan Patriota, el Comando Sur presiona al Senado de su país un mayor involucramiento estadounidense en el conflicto interno de Colombia.
La solidaridad existente de los pueblos del mundo con la causa bolivariana y revolucionaria que destella en el norte de Suramérica debe desencadenarse con todos sus potenciales para que contribuya a contener las inaceptables ambiciones de la recolonización neoliberal facilitada por gobiernos títeres.
Como algunos de sus antecesores, el presidente Uribe prometió derrotar a la guerrilla en dos años. Washington había colocado en sus manos la política de Seguridad Democrática y su componente principal el Plan Patriota.
Del fracaso de éste último ya nadie tiene la menor duda.
Ahora hay que frenar el fascismo desbordado que sobrevino tras la aplicación de la “Seguridad Democrática”, explicada por los gringos como seguridad para las trasnacionales y coerción legal contra la población. En desarrollo de esa política, Uribe desplegó en Colombia las más impresionantes redadas masivas de la historia que colocaron tras las rejas a más de 100 mil ciudadanos acusados de apoyar a la guerrilla. Asesinó a centenares de dirigentes sindicales y populares a través de los paramilitares, el ejército y organismos de seguridad como el DAS, el B-2 y la SIJIN. Estableció una red de informantes con más de 1 millón de sapos que acusaban indiscriminadamente motivados por las recompensas. En varias regiones designó autoridades militares, que suplantando a las constitucionales, violaron con impunidad los derechos humanos de la población. La represión en el campo contribuyó a elevar a más de 3 millones 500 mil el número de desplazados. Se convirtió en el enemigo número uno del canje humanitario de prisioneros. Legalizó el paramilitarismo de Estado y lo rodeó de impunidad. Renunció a la soberanía jurídica ha extraditando hacia los Estados Unidos a más de 300 nacionales, tiene en tramite a 150 más y en la lista a centenares. Resucitó el Plan Cóndor de las dictaduras del sur y hasta intentó matar al Presidente Chávez de Venezuela.
A Uribe lo sostienen en el poder, el interés geopolítico del gobierno de los Estados Unidos; los fraudes electorales, como los organizados por sus amigos Jorge Noguera del DAS y alias “Jorge 40”, sanguinario paramilitar; los billones del presupuesto nacional; las ramas legislativa y judicial plegadas al ejecutivo; la Fiscalía de bolsillo; la politiquería y el clientelismo; el respaldo de empresarios como Echeverry Correa y Sarmiento Angulo; las encuestas financiadas y promovidas por el gobierno que inducen la opinión y el voto, y el bombo y el apoyo publicitario brindado por medios como Caracol, RCN y El Tiempo.
La reelección de Uribe significaría más de lo mismo: guerra e intervención, desintegración de Nuestra América, tratados comerciales como el TLC que rinden la soberanía, flexibilización laboral que es pobreza para el trabajador y ganancias para las empresas, mayor represión, alto costo de la vida y nuevas cargas tributarias. Se las arregló con sus mayorías parlamentarias para torcer mediante Acto Legislativo el obstáculo constitucional a la reelección presidencial que ya le había sido denegada por el pueblo en un referendo.
Es necesario retomar con mayor contundencia la lucha generalizada del pueblo, los paros y bloqueos de carreteras, las marchas campesinas e indígenas, el desafío al terrorismo de Estado en campos y ciudades, para poner fin a los desafueros del poder.
Es a una lucha sin cuartel por la patria y la dignidad, por un nuevo orden social, la que estamos convocando en este aniversario de las FARC. A los militares con sentido de patria y de justicia los invitamos a encontrarnos en Bolívar para que junto a las organizaciones político-sociales del pueblo, emprendamos en un solo bloque la lucha por un nuevo gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional.
En este 42 aniversario de las FARC-EP, al tiempo que recordamos a nuestros héroes, a los fundadores marquetalianos, a los caídos, a los prisioneros, damos un abrazo al pueblo que impulsa nuestra lucha, al Movimiento Bolivariano, al Partido Comunista Clandestino, a las milicias y a los pueblos del mundo que nos brindan su solidaridad. Pueden estar seguros que la Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia -nuestro Plan Estratégico- con sus banderas sociales y políticas avanza hacia la victoria en los guerrilleros y fusiles farianos.
Contra el imperialismo, por la Patria.
Contra la oligarquía por el pueblo.
Hasta la victoria, FARC-EP
Secretariado del Estado Mayor Central
FARC-EP.
Montañas de Colombia, mayo 24 de 2006
42 Aniversario de las FARC-EP, 1964-2006
En la rebelde orografía por donde el Atá desciende del nevado, hace 42 años -mayo 27 de 1964-, la Operación Marquetalia del Estado inició el fuego que dio origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
El ataque militar a Marquetalia era el eje fundamental del Plan LASO (Latin American Security Operation), estrategia del pentágono estadounidense en ese entonces para impedir que insurgieran en el continente nuevas Cubas revolucionarias. Ocurrió en el gobierno de Guillermo León Valencia, segundo período del excluyente Frente Nacional de las oligarquías, pacto político con el que liberales y conservadores “superaron”, a través de la alternancia presidencial bipartidista y la distribución milimétrica de ministerios y cargos públicos, la violencia partidista por ellos desatada. Voces como la del senador Álvaro Gómez Hurtado, godo de ideología y anticomunista visceral, incitando a someter a sangre y fuego a Marquetalia -“República independiente” sólo en su imaginación-, contribuyeron a la insensatez de esa agresión.
Marquetalia quiso ser sólo un punto de destino y de trabajo pacífico de un puñado de curtidos guerrilleros que había enfrentado con dignidad las dictaduras violentas que sucedieron al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en la primera mitad de los años 50, pero por la intransigencia inveterada de las oligarquías fue convertida en símbolo imperecedero de la resistencia del pueblo de Colombia.
La operación involucró a 16 mil soldados del ejército oficial, magnitud no utilizada hasta entonces contra ningún movimiento insurgente. Su objetivo: los 48 combatientes comandados por Manuel Marulanda Vélez. Al intenso sobrevuelo de aviones espías y a la campaña sicológica, le siguió el despliegue del cerco con tropas aerotransportadas, la instalación de numerosos puestos de control militar para completar el bloqueo de la región, y finalmente el bombardeo a Marquetalia con poderosas cargas explosivas y bombas de napalm, que marcaron el comienzo de la penetración en profundidad de las tropas terrestres.
La respuesta fue el combate de guerrillas móviles y la proeza de la defensa simultánea de decenas de familias que habían buscado refugio en la zona guerrillera.
Tres semanas de plazo se fijaron para aniquilar a los guerrilleros de Marquetalia, y 42 años después, siguen sin esperanza tras el mismo objetivo. Marquetalia ya no es un punto incrustado entre montañas remotas. Marquetalia es Colombia entera, porque las FARC, que surgieron como respuesta a la agresión del Estado, han completado ya el despliegue estratégico de su fuerza por todo el territorio nacional.
Ni las operaciones Sonora, Centauro, ni tantas otras, ni el Plan Colombia ni el “Patriota” de los gringos, han logrado disipar la eventualidad del Nuevo Poder que tanto preocupa a las oligarquías. Y pensar que la gente de Manuel sólo reclamaba presencia gubernamental con programas sociales, y justicia ante el asesinato en 1960 del líder marquetaliano Jacobo Prías, crimen de Estado perpetrado en Gaitania, departamento del Tolima. Sobre éstas incuestionables causas políticas se levantaron las FARC en 1964, posteriormente sustentadas en el Programa Agrario, la Plataforma de los 10 Puntos, el Movimiento Bolivariano y la Política de Fronteras.
En la historia de la República, la oligarquía colombiana ha demostrado ser de las más violentas del continente. Esa chusma santanderista no tuvo reparos en asesinar en 1830 al Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. En 1914 a Rafael Uribe Uribe impulsor de las ideas socialistas. En defensa de la United Fruit Company masacró en 1928 a centenares de trabajadores bananeros. En 1948, en asociación con la CIA, truncó en Bogotá la vida de Gaitán desatando la violencia partidista de la década del 50 que produjo más de 300 mil muertos civiles. Más tarde eliminó a balazos a todo un movimiento político, la Unión Patriótica, asesinando cerca de 5000 de sus militantes y a sus dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. El interés de ésta oligarquía nunca ha sido el entendimiento civilizado ni la solución política, sino el exterminio físico de quienes cuestionan su predominio en el poder.
Y continúan allí, sólo por el apoyo de la Casa Blanca. Entienden la paz como la desmovilización de la guerrilla y la entrega de las armas. Nada más. Sin tocar sus privilegios y sin cambios estructurales a favor del pueblo. Pretenden que se les pida perdón de rodillas por haber hecho uso del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse contra la opresión.
La creciente intervención del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos y en el conflicto de Colombia viene desde la época en que sus agentes consulares conspiraron con Santander para destruir a la Colombia de Bolívar y su proyecto político de Patria Grande.
Colombia ocupa hoy el primer lugar en el hemisferio como país receptor de ayuda militar y de dólares norteamericanos. Una vez por mes el Jefe del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos viene a Bogotá a pasar revista al personal militar adscrito a su comando y a recibir el parte de la jefatura del ejército colombiano, convertido en instancia subalterna de la potencia extranjera.
Con soberanía patria pagan las oligarquías los helicópteros, los bombarderos, los aviones plataforma y los no tripulados, la información satelital, los globos de inteligencia, los asesores y “contratistas” militares yanquis, y sus bombas con sustancias químicas y biológicas prohibidas por los protocolos internacionales. La Base aérea de Tres Esquinas es ya un enclave estadounidense en la amazonía colombiana.
Si el Plan Patriota ha fracasado, o no muestra resultados, no es por la arisca geografía andina, como dice el general Craddock del Comando Sur. El problema no es de cordilleras montañosas o de selva amazónica. De ser así ya habrían sorteado la situación en Irak. El problema es que el conflicto de Colombia no puede resolverse con plomo y represión, porque es de carácter político-social.
A medida que la crisis estructural del imperio se acentúa, la Casa Blanca recurre a los más inverosímiles pretextos para intervenir países con propósitos de saqueo y predominio. La conciencia mundial está en mora de interponer un dique de dignidad a la doble moral de los rapaces de Washington. Ellos que se arrogaron la certificación de los derechos humanos en el mundo, reivindican al mismo tiempo a través de Bush el derecho a la tortura. Hasta la autoría del 11 de septiembre que les entregó el pretexto de la lucha antiterrorista, está cuestionada hoy por una consistente sombra de duda.
La última patraña del gobierno norteamericano, que tolera en su territorio la más poderosa mafia de distribución de cocaína, es la pérfida calificación de la guerrilla de las FARC como cartel de las drogas, desconociendo las conclusiones de la Audiencia Pública Internacional sobre cultivos ilícitos y medio ambiente, desarrollada en la zona desmilitarizada del Caguán en el 2000, y la fundamentada propuesta de sustitución de esos cultivos, con planes de desarrollo para los campesinos pobres, presentada por las FARC en esa histórica ocasión. Apoyado en falacias como esa de la guerrilla-cartel, o de triunfos inexistentes del Plan Patriota, el Comando Sur presiona al Senado de su país un mayor involucramiento estadounidense en el conflicto interno de Colombia.
La solidaridad existente de los pueblos del mundo con la causa bolivariana y revolucionaria que destella en el norte de Suramérica debe desencadenarse con todos sus potenciales para que contribuya a contener las inaceptables ambiciones de la recolonización neoliberal facilitada por gobiernos títeres.
Como algunos de sus antecesores, el presidente Uribe prometió derrotar a la guerrilla en dos años. Washington había colocado en sus manos la política de Seguridad Democrática y su componente principal el Plan Patriota.
Del fracaso de éste último ya nadie tiene la menor duda.
Ahora hay que frenar el fascismo desbordado que sobrevino tras la aplicación de la “Seguridad Democrática”, explicada por los gringos como seguridad para las trasnacionales y coerción legal contra la población. En desarrollo de esa política, Uribe desplegó en Colombia las más impresionantes redadas masivas de la historia que colocaron tras las rejas a más de 100 mil ciudadanos acusados de apoyar a la guerrilla. Asesinó a centenares de dirigentes sindicales y populares a través de los paramilitares, el ejército y organismos de seguridad como el DAS, el B-2 y la SIJIN. Estableció una red de informantes con más de 1 millón de sapos que acusaban indiscriminadamente motivados por las recompensas. En varias regiones designó autoridades militares, que suplantando a las constitucionales, violaron con impunidad los derechos humanos de la población. La represión en el campo contribuyó a elevar a más de 3 millones 500 mil el número de desplazados. Se convirtió en el enemigo número uno del canje humanitario de prisioneros. Legalizó el paramilitarismo de Estado y lo rodeó de impunidad. Renunció a la soberanía jurídica ha extraditando hacia los Estados Unidos a más de 300 nacionales, tiene en tramite a 150 más y en la lista a centenares. Resucitó el Plan Cóndor de las dictaduras del sur y hasta intentó matar al Presidente Chávez de Venezuela.
A Uribe lo sostienen en el poder, el interés geopolítico del gobierno de los Estados Unidos; los fraudes electorales, como los organizados por sus amigos Jorge Noguera del DAS y alias “Jorge 40”, sanguinario paramilitar; los billones del presupuesto nacional; las ramas legislativa y judicial plegadas al ejecutivo; la Fiscalía de bolsillo; la politiquería y el clientelismo; el respaldo de empresarios como Echeverry Correa y Sarmiento Angulo; las encuestas financiadas y promovidas por el gobierno que inducen la opinión y el voto, y el bombo y el apoyo publicitario brindado por medios como Caracol, RCN y El Tiempo.
La reelección de Uribe significaría más de lo mismo: guerra e intervención, desintegración de Nuestra América, tratados comerciales como el TLC que rinden la soberanía, flexibilización laboral que es pobreza para el trabajador y ganancias para las empresas, mayor represión, alto costo de la vida y nuevas cargas tributarias. Se las arregló con sus mayorías parlamentarias para torcer mediante Acto Legislativo el obstáculo constitucional a la reelección presidencial que ya le había sido denegada por el pueblo en un referendo.
Es necesario retomar con mayor contundencia la lucha generalizada del pueblo, los paros y bloqueos de carreteras, las marchas campesinas e indígenas, el desafío al terrorismo de Estado en campos y ciudades, para poner fin a los desafueros del poder.
Es a una lucha sin cuartel por la patria y la dignidad, por un nuevo orden social, la que estamos convocando en este aniversario de las FARC. A los militares con sentido de patria y de justicia los invitamos a encontrarnos en Bolívar para que junto a las organizaciones político-sociales del pueblo, emprendamos en un solo bloque la lucha por un nuevo gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional.
En este 42 aniversario de las FARC-EP, al tiempo que recordamos a nuestros héroes, a los fundadores marquetalianos, a los caídos, a los prisioneros, damos un abrazo al pueblo que impulsa nuestra lucha, al Movimiento Bolivariano, al Partido Comunista Clandestino, a las milicias y a los pueblos del mundo que nos brindan su solidaridad. Pueden estar seguros que la Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia -nuestro Plan Estratégico- con sus banderas sociales y políticas avanza hacia la victoria en los guerrilleros y fusiles farianos.
Contra el imperialismo, por la Patria.
Contra la oligarquía por el pueblo.
Hasta la victoria, FARC-EP
Secretariado del Estado Mayor Central
FARC-EP.
Montañas de Colombia, mayo 24 de 2006