Distintas señales resaltan agravadas, tanto por la proximidad a las elecciones del 2 de julio como así también por el décimo aniversario del surgimiento de una nueva etapa de lucha armada.
Desde lugares aparentemente similares pero profundamente diferentes resuenan voces de advertencia por los distintos riesgos latentes en este conflictivo escenario, el que ha variado fundamentalmente tras la represión en Atenco; aún así, no se configura en el horizonte una nueva guerra proveniente desde los espacios clandestinos.
Pero el ambiente político mexicano se tensa debido al desarrollo de la campaña electoral y la indefinición de la situación de los presos por los sucesos de Atenco, signada por la huelga de hambre que están llevando a cabo y que resulta un espacio de convocatoria tanto para grupos políticos, como así también sociales y los armados.
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Las afirmaciones del subcomandante Marcos y de la coronel Aurora del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) van en ese sentido.
En efecto, Marcos reconoció en entrevista con Carlos Loret de Mola que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) insistirá por la vía pacífica y civil y que también había logrado obtener una tregua por parte de las distintas organizaciones político militares, “las conocidas y las que no son conocidas” (cabe recordar que en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona se aseguró puntualmente que “el EZLN seguirá en su pensamiento de no hacer ningún tipo de relación secreta con organizaciones político-militares nacionales o de otros países”) agregó.
Tras las sucesos de Atenco, México manifiesta “los mismos síntomas de 1992, que es cuando las comunidades zapatistas deciden la guerra”. “Están generando un escenario de conflicto que se va a escalar”, concluyó.
“No sé si las autoridades se dan cuenta que con este patrón represivo están legitimando la lucha armada. La gente que es acorralada puede llegar a la conclusión de que si luchando por los cauces legales la van a reprimir, mejor se levanta en armas”, subraya la coronel Aurora en una entrevista realizada por Blanche Petrich.
Para una de las líderes del ERPI, la Otra Campaña es un movimiento pacífico y se presenta como la única alternativa “que insiste en mantenerse en la opción pacífica. No ha caído en la provocación. Hablo como ex militante de una organización político militar”.
La declaración de Aurora es una definición de capital importancia en el conjunto de definiciones de los grupos armados. Condenada a casi cincuenta años de prisión junto al comandante Antonio, indica que al menos sus dos líderes han salido de la organización o ha renunciado a las armas.
No obstante, el ERPI aún emite comunicados como organización político militar. En su último escrito dado a conocer públicamente indicaban: “Llamamos también a nuestras bases insurgentes, a nuestros combatientes y militantes, así como a simpatizantes y colaboradores a mantenernos en estado de alerta, a preparar la autodefensa y estar pendientes de las órdenes que se emitan desde nuestra Comandancia General.”
Aun así, a ocho años de la masacre de El Charco –acontecimiento donde se dio a conocer la existencia de esta organización– el ERPI no emitió ningún comunicado.
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Ante los presagios y augurios sobre un inminente levantamiento guerrillero, un proceso subversivo encabezado por el EZLN y delimitado entre las acciones represivas en Atenco y el próximo 2 de diciembre, las declaraciones tanto de Marcos como así también de Aurora citadas más arriba parecen indicar lo contrario.
En sus mismas palabras, Marcos confirmó que la Otra Campaña continuará transitando por la vía pacífica y civil. Y hasta la calificación de Rosario Ibarra, como “remedo de guerra popular prolongada”, es una confirmación de la opción zapatista.
Es por ello que debido a la convocatoria que aún genera el EZLN en los espacios clandestinos, su decisión por la vía legal es un dique de contención, un elemento persuasivo de capital importancia para la ejecución acciones militares de las organizaciones clandestinas.
Pero la coyuntura violenta reproducida en Atenco ha sobrepasado las acciones pacíficas del EZLN y la posición política de las organizaciones político militares, en el sentido que pueden resultar los hechos convocantes y necesarios para que vuelvan las amenazas de ruptura de la tregua impulsada por estos grupos: el caso más claro resulta el de los comandos pertenecientes a Tendencia Democrática Revolucionaria–Ejército del Pueblo, que pasaron de la tregua al estado de alerta.
En el cierre de su último escrito, el Jaramillista afirmaba puntualmente: “esperamos el momento oportuno para actuar. […] Ya sonarán los sonidos inconfundibles de nuestro actuar.”
Mientras tanto, se conoció la presencia de un grupo armado, ataviado con uniformes militares, en la Costa Grande, estado de Guerrero, a inicios de mayo y la posterior confirmación por parte del fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de una balacera “entre dos unidades en movimiento”.
A la vez, paulatinamente se van conociendo más escritos de las Milicias Insurgentes–Ricardo Flores Magón, que hasta el momento dio a conocer a través de la brigadas “Mixta Praxédis G. Guerrero” y “Urbana Rodrigo González Guzmán”. Refieren además que guardan presencia en el DF y Edomex, particularmente en Chimalhuacán.
Los recientes reportes filtrados por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal omite mencionar su presencia. Pero en su último comunicado hay un dato llamativo que no puede pasar desapercibido sobre este grupo del que poco y nada se conoce: subrayan al inicio del mismo “Año X”, lo que implica que su existencia data desde 1996 y que obviamente lo vincula directa o indirectamente con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
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Hay movimientos controlados que se producen y reproducen dentro del espacio subterráneo de la lucha política en una etapa donde la guerrilla se manifiesta a través de actividades políticas y no militares. Sin embargo, no por invisibles son inexistentes.
En tanto las amenazas siguen pendientes y la proximidad del 28 de junio augura pronunciamientos desde los grupos, especialmente en la medida que se vaya definiendo la campaña electoral.
Nuevos conflictos sociales o poselectorales también pueden alcanzar para producir situaciones donde las organizaciones se encuentren obligadas a definir su posición y tras ello decidir su accionar.
Esta, por último, no parece una etapa de actividades militares sino políticas, pero actualmente existe el riesgo adicional y latente que los acontecimientos aceleren sus tiempos.