Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2006-09-15
Categoría
Comunicado
Fichero Adjunto
Los paramilitares del Presidente
LOS PARAMILITARES DEL PRESIDENTE
Por: Iván Márquez / Integrante del Secretariado de las FARC-EP
El acuerdo de Ralito, pacto de las tinieblas entre Uribe y sus paramilitares, es una olla podrida, que a medio destapar, ya ha invadido con su fetidez el ámbito de Colombia.
Contrariando la naturaleza histórico-jurídica y aferrado a una subjetividad arbitraria, el presidente resolvió elevar al altar sagrado del delito político el accionar criminal del paramilitarismo.
Uribe se ha arrogado hasta el don de la trastocación de lo jurídico. Todo el mundo sabe que el delito político se refiere al cuestionamiento del ejercicio del poder del Estado, y también que las motosierras, los machetes y las ráfagas de los paramilitares, nunca se accionaron para interferir las leyes institucionales.
Por obra y gracia de esa arbitrariedad y abuso de poder, asesinos como Jorge 40, Mancuso, Castaño, Isaza, Don Berna, Macaco, Vanoy, Báez…, aparecen ahora como mansas palomas. Con esa distorsión, masacres de horror como las de Mapiripán, El Aro, La Granja, Chengue, Bahía Portete, Alto Naya, San Onofre, Mingueo…, fueron absueltas y bendecidas sin más ni más por el señor Uribe.
Mucho se ha hablado de la abominable Ley de Justicia y Paz. Pero en realidad es una amnistía disfrazada concebida por el gobierno, refrendada por el uribismo del Congreso y avalada por las mayorías sumisas de la Corte Constitucional.
No es secreto que los siniestros cabecillas de Ralito constituyen hoy el más poderoso cartel de las drogas en el mundo surgido de las cenizas de los carteles de Cali y Medellín. Pero a pesar de ello aparecen muy orondos y sonrientes embutidos en el uniforme camuflado del delito político que les ha facilitado Uribe.
El capo de todos esos capos es Jorge 40. El mismo que la policía de Barranquilla le devolviera cuatro toneladas de cocaína incautadas por una extraña equivocación, y que recientemente fuera amablemente conducido por los presidentes de Senado y Cámara, por encargo de Palacio, a las instalaciones de la policía de Valledupar, que maneja con el dedo meñique. Sin duda es el hombre de Uribe. El Ministerio de Relaciones Exteriores es cuota suya. Y no hay que hacer mucho esfuerzo para comprobar que quien maneja los negocios de “Jorge 40”, Sergio Araújo, es hermano de la ministra, quien a su vez asesoraba en asuntos económicos a Sergio.
Sobre el lavado de activos se hace mucha bulla en Colombia, pero ligado a los “paracos” dicho tema es innombrable. Los paramilitares convirtieron a Panamá en su paraíso; están bien infiltrados en los negocios y en la banca. La isla de Contadora prácticamente es de ellos. Y Mancuso ahí…, haciéndose el inocente. Y los otros también.
Como en los tiempos de la Catedral de “cinco estrellas” que Gaviria concediera a Pablo Escobar, ahora Uribe los “priva” de la libertad, pero en las instalaciones de un exclusivo club campestre en La Ceja, Antioquia. Mientras Hernán Giraldo veranea allí, sus escuadrones paramilitares prosiguen intactos en Guachaca y en las alturas de la Nevada, al igual que los matones de otros huéspedes del club. Nada de esto ve Uribe porque sigue absorto en el asunto de los “delitos conexos”, buscando cómo aplicarlos al sui generis “delito político” -por él inventado-, para favorecer a sus consentidos.
Casi nadie habla de reparación. Los paramilitares no han devuelto aún la primera finca despojada. El campo sigue abandonado y los desplazados suman más de 4 millones. Sólo se han destapado las fosas de Mingueo y San Onofre.
Los desparecidos no aparecen. Todavía ronronean las motosierras y deambulan por la geografía y la memoria decenas de pueblos humeantes. No cursa investigación alguna por el robo al erario, ni el cobro de porcentajes por contratos, ni el fraude electoral de Jorge “DAS” y Jorge 40 a favor de Uribe. No se investiga a los asesinos de dirigentes sindicales y sociales. Nadie habla de la responsabilidad del gobierno. Ningún general de la República, con la excepción de Uscátegui, ha sido llamado a responder por tanto crimen de lesa humanidad cometido a nombre del paramilitarismo. En el banquillo de los acusados debe responder el Estado, como protagonista principal de ese terrorismo.
¿Hasta cuándo la gente de Colombia tendrá que soportarle tanta carajada a Uribe, polichinela del gobierno de Washington? Algo tendremos qué hacer entre todos. Los sectores democráticos y patrióticos de la nación debemos continuar los esfuerzos hacia la construcción de una alternativa antifascista y antineoliberal, buscando la paz con justicia social, con la mira de acabar la guerra para siempre.
Iván Márquez
Montañas de Colombia, septiembre 15 de 2006
Por: Iván Márquez / Integrante del Secretariado de las FARC-EP
El acuerdo de Ralito, pacto de las tinieblas entre Uribe y sus paramilitares, es una olla podrida, que a medio destapar, ya ha invadido con su fetidez el ámbito de Colombia.
Contrariando la naturaleza histórico-jurídica y aferrado a una subjetividad arbitraria, el presidente resolvió elevar al altar sagrado del delito político el accionar criminal del paramilitarismo.
Uribe se ha arrogado hasta el don de la trastocación de lo jurídico. Todo el mundo sabe que el delito político se refiere al cuestionamiento del ejercicio del poder del Estado, y también que las motosierras, los machetes y las ráfagas de los paramilitares, nunca se accionaron para interferir las leyes institucionales.
Por obra y gracia de esa arbitrariedad y abuso de poder, asesinos como Jorge 40, Mancuso, Castaño, Isaza, Don Berna, Macaco, Vanoy, Báez…, aparecen ahora como mansas palomas. Con esa distorsión, masacres de horror como las de Mapiripán, El Aro, La Granja, Chengue, Bahía Portete, Alto Naya, San Onofre, Mingueo…, fueron absueltas y bendecidas sin más ni más por el señor Uribe.
Mucho se ha hablado de la abominable Ley de Justicia y Paz. Pero en realidad es una amnistía disfrazada concebida por el gobierno, refrendada por el uribismo del Congreso y avalada por las mayorías sumisas de la Corte Constitucional.
No es secreto que los siniestros cabecillas de Ralito constituyen hoy el más poderoso cartel de las drogas en el mundo surgido de las cenizas de los carteles de Cali y Medellín. Pero a pesar de ello aparecen muy orondos y sonrientes embutidos en el uniforme camuflado del delito político que les ha facilitado Uribe.
El capo de todos esos capos es Jorge 40. El mismo que la policía de Barranquilla le devolviera cuatro toneladas de cocaína incautadas por una extraña equivocación, y que recientemente fuera amablemente conducido por los presidentes de Senado y Cámara, por encargo de Palacio, a las instalaciones de la policía de Valledupar, que maneja con el dedo meñique. Sin duda es el hombre de Uribe. El Ministerio de Relaciones Exteriores es cuota suya. Y no hay que hacer mucho esfuerzo para comprobar que quien maneja los negocios de “Jorge 40”, Sergio Araújo, es hermano de la ministra, quien a su vez asesoraba en asuntos económicos a Sergio.
Sobre el lavado de activos se hace mucha bulla en Colombia, pero ligado a los “paracos” dicho tema es innombrable. Los paramilitares convirtieron a Panamá en su paraíso; están bien infiltrados en los negocios y en la banca. La isla de Contadora prácticamente es de ellos. Y Mancuso ahí…, haciéndose el inocente. Y los otros también.
Como en los tiempos de la Catedral de “cinco estrellas” que Gaviria concediera a Pablo Escobar, ahora Uribe los “priva” de la libertad, pero en las instalaciones de un exclusivo club campestre en La Ceja, Antioquia. Mientras Hernán Giraldo veranea allí, sus escuadrones paramilitares prosiguen intactos en Guachaca y en las alturas de la Nevada, al igual que los matones de otros huéspedes del club. Nada de esto ve Uribe porque sigue absorto en el asunto de los “delitos conexos”, buscando cómo aplicarlos al sui generis “delito político” -por él inventado-, para favorecer a sus consentidos.
Casi nadie habla de reparación. Los paramilitares no han devuelto aún la primera finca despojada. El campo sigue abandonado y los desplazados suman más de 4 millones. Sólo se han destapado las fosas de Mingueo y San Onofre.
Los desparecidos no aparecen. Todavía ronronean las motosierras y deambulan por la geografía y la memoria decenas de pueblos humeantes. No cursa investigación alguna por el robo al erario, ni el cobro de porcentajes por contratos, ni el fraude electoral de Jorge “DAS” y Jorge 40 a favor de Uribe. No se investiga a los asesinos de dirigentes sindicales y sociales. Nadie habla de la responsabilidad del gobierno. Ningún general de la República, con la excepción de Uscátegui, ha sido llamado a responder por tanto crimen de lesa humanidad cometido a nombre del paramilitarismo. En el banquillo de los acusados debe responder el Estado, como protagonista principal de ese terrorismo.
¿Hasta cuándo la gente de Colombia tendrá que soportarle tanta carajada a Uribe, polichinela del gobierno de Washington? Algo tendremos qué hacer entre todos. Los sectores democráticos y patrióticos de la nación debemos continuar los esfuerzos hacia la construcción de una alternativa antifascista y antineoliberal, buscando la paz con justicia social, con la mira de acabar la guerra para siempre.
Iván Márquez
Montañas de Colombia, septiembre 15 de 2006