Por Nicolás Rodríguez Bautista, primer comandante del ELN de Colombia.
Lo que ocurre hoy en Colombia se veía venir por mil lados, pero la clase en el poder con los grandes medios a la cabeza siempre buscaron y lograron taparlo: el narco escándalo que hoy ha reventado y que tiene como escenario la captura de tres congresistas y una larga lista de legisladores con nexos inocultables con los paramilitares, y como telón de fondo el genocidio de 500 mil compatriotas y un desastre político que sobrepasa la gravedad del Proceso 8 mil del ex presidente Samper, como algunos analistas ya calculan.
Llama poderosamente la atención que solo ahora salgan a la luz pública las dantescas anotaciones del famoso computador del caudillo narco paramilitar apodado Jorge 40, sobre personajes de la vida política implicados en el accionar paramilitar, cuando dicha prueba reina reposa en manos de los organismos de inteligencia del Estado desde el año 2003.
Cabe preguntarse por qué solo después tres años en los que el presidente ha pretendido mostrar un proceso de paz con las bandas paramilitares, salen a relucir las responsabilidades de varios congresistas en las horrendas masacres y en el robo del erario público para financiar el baño de sangre más cruel que haya conocido la historia colombiana de los últimos siglos, a manos de la clase gobernante.
Los responsables
Hasta ahora los congresistas implicados son de los más cercanos al presidente y eso que el escándalo apenas empieza.
Hace apenas unos meses, el presidente se rasgaba las vestiduras frente a los micrófonos públicos para defender funcionarios del DAS que ahora están en la cárcel por sus nexos con paramilitarismo.
Otro escándalo que fue acallado, tiene relación con las alteraciones de los votos de las pasadas elecciones presidenciales en varias regiones de la costa atlántica, alteraciones que favorecieron al presidente, justo en regiones controladas por el narco paramilitarismo.
¿Cómo puede negar hoy el presidente sus nexos con los paramilitares luego de sucesivos escándalos, con varios de sus colaboradores en la cárcel, incluidos los que le hicieron meter las manos a la candela públicamente defendiéndoles su cuestionada transparencia, además de sus nexos con los narcotraficantes desde antes de llegar a la presidencia, cuando funjía como gobernador de Antioquia y pretendió legalizar los grupos paramilitares disfrazándolos en las llamadas CONVIVIR?
Uribe heredó de su padre la relación con los narcotraficantes del clan Ochoa, pero luego lo salpicaron los escándalos por sus negocios con el jefe narco paramilitar Salvatore Mancuzo, en sus haciendas del departamento de Córdoba.
Si estas informaciones son las que se escapan de los secretos bien guardados en los estrados oficiales, ¿cómo sería si la verdad pudiera conocerse?
¿Cuándo saltará la liebre de los kepis de los generales?
La lista de los militares implicados con el paramilitarismo es de vieja data, solo baste recordar aquel escándalo cuando el gobierno alemán de Helmut Kohl no permitió la entrada a ese país de varios generales, por violadores de los derechos humanos, al estar implicados en el genocidio narco paramilitar.
Cuántos silencios se guardan sobre complicidad de una lista larga de militares de alto rango con el paramilitarismo, como Rito Alejo del Río, Uscátegui, Harold Bedoya, Martín Orlando Carreño y tantos otros.
No puede ocurrir ahora, como con los políticos y militares asesinos del Palacio de Justicia, cuya investigación se remueve para encontrar la verdad, cuando ya las penas por este genocidio han precluido jurídicamente.
Hay que ser consecuentes
Los revolucionarios, los demócratas, los patriotas y todos aquellos amantes de la justicia, no podemos esperar que sean los mismos responsables del genocidio, quienes por mezquinos intereses divulguen a una parte de los criminales. Este asunto, que estremece la dignidad de todos los colombianos auténticos, debe llevarnos a un esfuerzo por la base para encontrar y juzgar a los verdaderos responsables del más escalofriante genocidio perpetrado en Colombia, en el que no hay dudas que los principales agenciadores y responsables están en el seno de la misma clase política gobernante.
Este es un motivo para la unidad en la búsqueda de la verdad, para saldar cuentas con los humildes masacrados, desaparecidos y desterrados, a cuyo costo multiplicaron la riqueza los dueños del poder.
Valoremos este momento con objetividad y unamos esfuerzos contra la impunidad, por la verdad y el futuro de la patria.
Este llamado no puede quedar como una consigna, debe traducirse en movilización, organización popular y en nuevas luchas de todos, porque la verdad se conozca y se castigue a los culpables.