Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2006-12-03
Categoría
Comunicado
Fichero Adjunto
Que el país conozca la verdad total
QUE EL PAÍS CONOZCA LA VERDAD TOTAL
Aunque tarde y desbordando el blindaje de la impunidad van aflorando las pruebas, incuestionables, de la descomposición moral de la oligarquía y la clase política colombiana, quienes convirtieron el país en una narco-república como se viene afirmando, desde hace tiempo.
El monstruoso proyecto narco-paramilitar ultraderechista copó al Estado en los últimos treinta años, en matrimonio con el “establecimiento” y la complicidad del imperialismo; fue concebido como componente de la estrategia contrainsurgente gringa e impuesto al país a fuerza de la “ley mafiosa”.
El poder acumulado por aquel es tan grande, son numerosos los mecanismos y tentáculos de que dispone, que le permitió penetrar las instituciones, las ramas de la economía y la sociedad en general, en el último cuarto de siglo, por lo que es un imposible seguir ocultando esta realidad. El descaro con que actúa en la cotidianidad pero sobre todo, por el evidente poder que tiene para elegir presidente, congresistas, gobernadores, alcaldes; nombrar sus propios agentes y testaferros en los puestos claves del Estado, para frenar la extradición desoyendo las órdenes del gobierno de los Estados Unidos y para dictar leyes en su propio beneficio.
Leyes para ocultar la verdad de los crímenes atroces cometidos, para reducir al mínimo las penas y habilitar mecanismos “legales” para sanear la fabulosa economía amasada en la exportación de drogas ilícitas. Y como les falta legalizar el robo de las tierras a los cuatro millones de campesinos, comunidades afro-descendientes e indígenas desterrados, pretenden hacerlo mediante el proyecto de ley 30 “sobre desarrollo rural en Colombia” que cursa en el Senado, por iniciativa del gobierno.
Pero el manto de la impunidad que cubre los delitos del narco-paramilitarismo se está rompiendo, resultado de las contradicciones al interior de la clase política, las denuncias cotidianas de las víctimas desde todos los rincones del país, el trabajo constante de personalidades y organizaciones humanitarias del país y el exterior, así como por la corrupción, los crímenes y arbitrariedades que cometen a diario y que el país no aguanta más.
La detención de tres parlamentarios, las órdenes de captura a una ex congresista y un ex gobernador del departamento de Sucre, pertenecientes al partido del Presidente Uribe Vélez, tienen en ascuas a la clase política y al gobierno, dejando al descubierto la profundidad y verdadera dimensión de la crisis del Estado colombiano.
Este destape es apenas el abrebocas de una crisis mucho más profunda que todavía no toca fondo. Los parlamentarios paramilitares sobrepasan la tercera parte del total del Congreso, así lo confirmaron en tono triunfal los jefes “paracos” Salvador Mancuso y Vicente Castaño, hace algunos meses. Pero en este espacio no se agota la corrupción y descomposición moral del Estado, pues va mucho más allá, abarcando todas las instituciones oficiales y de la misma oligarquía.
Los últimos procesos electorales estuvieron viciados por el uso de mecanismos de fuerza y corrupción para favorecer la elección de los candidatos del narco-paramilitarismo a las alcaldías, gobernaciones, Congreso y Presidencia, en todo el país. Resulta ilustrativa la información encontrada en el computador de “Jorge 40” el jefe narco-paramilitar de la Costa Atlántica, donde queda al descubierto que este capo tiene bajo sus riendas la administración pública de casi todos los siete departamentos de la región y las llaves para saquear las finanzas, de éstos.
Varias instituciones de elección popular, en otras regiones del país también quedaron bajo control paramilitar, mediante mecanismos similares a los de la Costa Atlántica. El mandato de los elegidos en las pasadas elecciones, por fraudulentos son indiscutiblemente ilegítimos.
Pero la crisis y descomposición moral va más allá de las instituciones de elección popular. Ejército, Policía Nacional, DAS y Fiscalía que fueron articulados en la estrategia contrainsurgente con el narco-paramilitarismo, adoptaron a éste como uno de los brazos para reforzar su estructura terrorista de Estado y ejecutar la guerra sucia contra la población civil, señalada de apoyar a las fuerzas guerrilleras.
De este matrimonio incestuoso salió fortalecido el narco-paramilitarismo, el cual se fue constituyendo en un Estado paralelo que penetró y puso a su servicio la Fuerza Pública, mediante el pago de altas sumas de dinero, la retribución de favores y el enmascaramiento de la guerra sucia.
Jorge Noguera amigo del Presidente y hasta hace poco jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) está siendo procesado por sus vínculos estrechos con el narco-paramilitarismo, por borrar prontuarios delictivos y poner la institución al servicio de éstos. Luís Camilo Osorio hasta hace un año Fiscal de la Nación, está siendo acusado de ocultar pruebas, esconder expedientes, y favorecer al paramilitarismo. Generales, coroneles y oficiales del Ejército y la Policía son los que están más involucrados en las actividades criminales del narco-paramilitarismo, como se constata en los frecuentes escándalos de participación en crímenes atroces, en el negocio de la droga y en la eliminación de líderes de oposición.
Como se deduce de los hechos que se vienen destapando y que son de conociendo público, la crisis del Estado colombiano es estructural y mucho más profunda de lo que se creía. En consecuencia los esfuerzos en un primer momento deben estar encaminados a que se conozca toda la verdad sobre el narco-paramilitarismo y la narco-república, evidentes en la crisis actual; a impedir que el “establecimiento” levante cortinas de humo que distraigan la atención hacia otros fenómenos para ocultar la verdad; y exigir que se conozca y judicialice a los verdaderos responsables de la crisis.
Los que compartimos y buscamos un proyecto de cambio, de nuevo país, de nuevo modelo económico, de nación y de nuevo gobierno, debemos levantar y llevar adelante una propuesta política, desde la unidad, en la que confluyamos distintas fuerzas y comprometamos los esfuerzos hacia la construcción del nuevo país.
Esta es la responsabilidad histórica y a ella le debemos apostar todos los revolucionarios, demócratas y fuerzas progresistas del país, para sacar a éste de la crisis.
NI ENTREGA NI RENDICIÓN … SIEMPRE JUNTO AL PUEBLO.
NI UN PASO ATRÁS … LIBERACIÓN Ó MUERTE
Aunque tarde y desbordando el blindaje de la impunidad van aflorando las pruebas, incuestionables, de la descomposición moral de la oligarquía y la clase política colombiana, quienes convirtieron el país en una narco-república como se viene afirmando, desde hace tiempo.
El monstruoso proyecto narco-paramilitar ultraderechista copó al Estado en los últimos treinta años, en matrimonio con el “establecimiento” y la complicidad del imperialismo; fue concebido como componente de la estrategia contrainsurgente gringa e impuesto al país a fuerza de la “ley mafiosa”.
El poder acumulado por aquel es tan grande, son numerosos los mecanismos y tentáculos de que dispone, que le permitió penetrar las instituciones, las ramas de la economía y la sociedad en general, en el último cuarto de siglo, por lo que es un imposible seguir ocultando esta realidad. El descaro con que actúa en la cotidianidad pero sobre todo, por el evidente poder que tiene para elegir presidente, congresistas, gobernadores, alcaldes; nombrar sus propios agentes y testaferros en los puestos claves del Estado, para frenar la extradición desoyendo las órdenes del gobierno de los Estados Unidos y para dictar leyes en su propio beneficio.
Leyes para ocultar la verdad de los crímenes atroces cometidos, para reducir al mínimo las penas y habilitar mecanismos “legales” para sanear la fabulosa economía amasada en la exportación de drogas ilícitas. Y como les falta legalizar el robo de las tierras a los cuatro millones de campesinos, comunidades afro-descendientes e indígenas desterrados, pretenden hacerlo mediante el proyecto de ley 30 “sobre desarrollo rural en Colombia” que cursa en el Senado, por iniciativa del gobierno.
Pero el manto de la impunidad que cubre los delitos del narco-paramilitarismo se está rompiendo, resultado de las contradicciones al interior de la clase política, las denuncias cotidianas de las víctimas desde todos los rincones del país, el trabajo constante de personalidades y organizaciones humanitarias del país y el exterior, así como por la corrupción, los crímenes y arbitrariedades que cometen a diario y que el país no aguanta más.
La detención de tres parlamentarios, las órdenes de captura a una ex congresista y un ex gobernador del departamento de Sucre, pertenecientes al partido del Presidente Uribe Vélez, tienen en ascuas a la clase política y al gobierno, dejando al descubierto la profundidad y verdadera dimensión de la crisis del Estado colombiano.
Este destape es apenas el abrebocas de una crisis mucho más profunda que todavía no toca fondo. Los parlamentarios paramilitares sobrepasan la tercera parte del total del Congreso, así lo confirmaron en tono triunfal los jefes “paracos” Salvador Mancuso y Vicente Castaño, hace algunos meses. Pero en este espacio no se agota la corrupción y descomposición moral del Estado, pues va mucho más allá, abarcando todas las instituciones oficiales y de la misma oligarquía.
Los últimos procesos electorales estuvieron viciados por el uso de mecanismos de fuerza y corrupción para favorecer la elección de los candidatos del narco-paramilitarismo a las alcaldías, gobernaciones, Congreso y Presidencia, en todo el país. Resulta ilustrativa la información encontrada en el computador de “Jorge 40” el jefe narco-paramilitar de la Costa Atlántica, donde queda al descubierto que este capo tiene bajo sus riendas la administración pública de casi todos los siete departamentos de la región y las llaves para saquear las finanzas, de éstos.
Varias instituciones de elección popular, en otras regiones del país también quedaron bajo control paramilitar, mediante mecanismos similares a los de la Costa Atlántica. El mandato de los elegidos en las pasadas elecciones, por fraudulentos son indiscutiblemente ilegítimos.
Pero la crisis y descomposición moral va más allá de las instituciones de elección popular. Ejército, Policía Nacional, DAS y Fiscalía que fueron articulados en la estrategia contrainsurgente con el narco-paramilitarismo, adoptaron a éste como uno de los brazos para reforzar su estructura terrorista de Estado y ejecutar la guerra sucia contra la población civil, señalada de apoyar a las fuerzas guerrilleras.
De este matrimonio incestuoso salió fortalecido el narco-paramilitarismo, el cual se fue constituyendo en un Estado paralelo que penetró y puso a su servicio la Fuerza Pública, mediante el pago de altas sumas de dinero, la retribución de favores y el enmascaramiento de la guerra sucia.
Jorge Noguera amigo del Presidente y hasta hace poco jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) está siendo procesado por sus vínculos estrechos con el narco-paramilitarismo, por borrar prontuarios delictivos y poner la institución al servicio de éstos. Luís Camilo Osorio hasta hace un año Fiscal de la Nación, está siendo acusado de ocultar pruebas, esconder expedientes, y favorecer al paramilitarismo. Generales, coroneles y oficiales del Ejército y la Policía son los que están más involucrados en las actividades criminales del narco-paramilitarismo, como se constata en los frecuentes escándalos de participación en crímenes atroces, en el negocio de la droga y en la eliminación de líderes de oposición.
Como se deduce de los hechos que se vienen destapando y que son de conociendo público, la crisis del Estado colombiano es estructural y mucho más profunda de lo que se creía. En consecuencia los esfuerzos en un primer momento deben estar encaminados a que se conozca toda la verdad sobre el narco-paramilitarismo y la narco-república, evidentes en la crisis actual; a impedir que el “establecimiento” levante cortinas de humo que distraigan la atención hacia otros fenómenos para ocultar la verdad; y exigir que se conozca y judicialice a los verdaderos responsables de la crisis.
Los que compartimos y buscamos un proyecto de cambio, de nuevo país, de nuevo modelo económico, de nación y de nuevo gobierno, debemos levantar y llevar adelante una propuesta política, desde la unidad, en la que confluyamos distintas fuerzas y comprometamos los esfuerzos hacia la construcción del nuevo país.
Esta es la responsabilidad histórica y a ella le debemos apostar todos los revolucionarios, demócratas y fuerzas progresistas del país, para sacar a éste de la crisis.
NI ENTREGA NI RENDICIÓN … SIEMPRE JUNTO AL PUEBLO.
NI UN PASO ATRÁS … LIBERACIÓN Ó MUERTE