Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2006-12-13
Categoría
Comunicado
Fichero Adjunto
Una alianza para salvar el país
UNA ALIANZA PARA SALVAR EL PAÍS
13 de Diciembre de 2006
Iván Marquez
Del Secretariado del Estado Mayor Central FARC-EP
Con discursos altisonantes, pendencieros, avanza inexorable el Presidente hacia la bancarrota política. Su entorno está bajo el fuego de la crisis, mientras posa de impoluto en medio de la podredumbre institucional destapada por la "narco-para-política". Nerviosamente pide a los involucrados que digan la verdad, pero es que la "narco-para-política" son sus propios copartidarios de la U, Cambio radical, Alas Colombia, Colombia Democrática y otros que lo llevaron a la Presidencia. A estas alturas, seguramente los conservadores del Directorio deben tener la sensación de que se subieron al bus que no era.
El país está esperando la verdad, y para ello es necesario que la Corte Suprema de Justicia y la nueva Fiscalía, la de Mario Iguarán, no se dejen intimidar.
Que escuchen sin interferencias ni dilaciones a los jefes paramilitares recluidos en Itagüí que desde hace rato están planteando que quieren decir la verdad sobre la vinculación de políticos, empresarios, ganaderos, militares y otros personajes, con los horrores del narco-paramilitarismo de Estado en Colombia.
Salvatore Mancuso dijo claramente que el 35% de los congresistas habían sido elegidos por el paramilitarismo. Es obligación moral que esto se investigue, y es derecho de los colombianos conocer la verdad.
Si la ministra de relaciones exteriores, cuota de Jorge 40 en el gabinete, no ha renunciado, no es tanto por la "Conchis" de Uribe como por el temor que el denominado efecto teflón se le convierta en efecto dominó.
Como experto en cortinas de humo pide Uribe con rebuscada vehemencia que se investiguen también los nexos de los políticos con la guerrilla. Pero, entonces, esas redadas masivas, esas largas filas de ciudadanos esposados o maniatados obligados por el ejército a abordar aviones militares C-130 con destino al búnker de la Fiscalía en Bogotá, requerirán una nueva explicación. Eran maestros, sindicalistas, comerciantes, médicos, enfermeras, curas, indígenas, funcionarios públicos, todos ellos acusados de insurgentes o de auxiliadores de la guerrilla. El objetivo inmediato era aterrorizar a la población y disuadir por este medio cualquier apoyo o cercanía de los colombianos con la insurgencia, en el marco de la política fascista de Seguridad Democrática. No hace mucho se ufanaba este gobierno de haber encarcelado a más de 150 mil ciudadanos durante su primer cuatrienio.
Sin duda todos estos desafueros y abusos de poder, como esa cruzada anti-subversiva contra el pueblo dirigida desde las alturas, que desembocó en pavorosas masacres, asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamientos forzosos de la población, deben investigarse y sancionarse de manera ejemplar. La escena del general Rito Alejo del Río ametrallando y bombardeando con helicópteros y aviones a los campesinos de Salaquí en el norte del Chocó, en acción conjunta con los paramilitares, no puede desaparecer de la conciencia colectiva.
Tenemos que buscarle alternativas y salidas a esta grave crisis estructural generada por la "narco-para-política" en Colombia. El país percibe que el gobierno de Uribe es tan ilegítimo como ilegal y no pierde la esperanza que los fraudes electorales, montados por Jorge 40 y Jorge Noguera del DAS a favor del actual presidente, no pasen de agache. Esa mafia narco-paramilitar que se ha tomado el Palacio de Nariño y el Capitolio Nacional debe salir de esos templos de la República.
Uribe debe renunciar. Esta emergencia de Colombia amerita la convocatoria urgente de nuevas elecciones. Se debe trabajar una alianza que salve la nación. Las organizaciones político-sociales, los partidos y movimientos democráticos, los militares honrados, todos los colombianos que sientan dolor de patria, debemos unirnos para construir una alternativa decorosa de gobierno que priorice los programas sociales, que marque distancias con la política neoliberal, que asuma una posición patriótica frente al TLC y la deuda externa, y que propicie la solución política del conflicto a través del intercambio humanitario de prisioneros, entre otros propósitos.
13 de Diciembre de 2006
Iván Marquez
Del Secretariado del Estado Mayor Central FARC-EP
Con discursos altisonantes, pendencieros, avanza inexorable el Presidente hacia la bancarrota política. Su entorno está bajo el fuego de la crisis, mientras posa de impoluto en medio de la podredumbre institucional destapada por la "narco-para-política". Nerviosamente pide a los involucrados que digan la verdad, pero es que la "narco-para-política" son sus propios copartidarios de la U, Cambio radical, Alas Colombia, Colombia Democrática y otros que lo llevaron a la Presidencia. A estas alturas, seguramente los conservadores del Directorio deben tener la sensación de que se subieron al bus que no era.
El país está esperando la verdad, y para ello es necesario que la Corte Suprema de Justicia y la nueva Fiscalía, la de Mario Iguarán, no se dejen intimidar.
Que escuchen sin interferencias ni dilaciones a los jefes paramilitares recluidos en Itagüí que desde hace rato están planteando que quieren decir la verdad sobre la vinculación de políticos, empresarios, ganaderos, militares y otros personajes, con los horrores del narco-paramilitarismo de Estado en Colombia.
Salvatore Mancuso dijo claramente que el 35% de los congresistas habían sido elegidos por el paramilitarismo. Es obligación moral que esto se investigue, y es derecho de los colombianos conocer la verdad.
Si la ministra de relaciones exteriores, cuota de Jorge 40 en el gabinete, no ha renunciado, no es tanto por la "Conchis" de Uribe como por el temor que el denominado efecto teflón se le convierta en efecto dominó.
Como experto en cortinas de humo pide Uribe con rebuscada vehemencia que se investiguen también los nexos de los políticos con la guerrilla. Pero, entonces, esas redadas masivas, esas largas filas de ciudadanos esposados o maniatados obligados por el ejército a abordar aviones militares C-130 con destino al búnker de la Fiscalía en Bogotá, requerirán una nueva explicación. Eran maestros, sindicalistas, comerciantes, médicos, enfermeras, curas, indígenas, funcionarios públicos, todos ellos acusados de insurgentes o de auxiliadores de la guerrilla. El objetivo inmediato era aterrorizar a la población y disuadir por este medio cualquier apoyo o cercanía de los colombianos con la insurgencia, en el marco de la política fascista de Seguridad Democrática. No hace mucho se ufanaba este gobierno de haber encarcelado a más de 150 mil ciudadanos durante su primer cuatrienio.
Sin duda todos estos desafueros y abusos de poder, como esa cruzada anti-subversiva contra el pueblo dirigida desde las alturas, que desembocó en pavorosas masacres, asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamientos forzosos de la población, deben investigarse y sancionarse de manera ejemplar. La escena del general Rito Alejo del Río ametrallando y bombardeando con helicópteros y aviones a los campesinos de Salaquí en el norte del Chocó, en acción conjunta con los paramilitares, no puede desaparecer de la conciencia colectiva.
Tenemos que buscarle alternativas y salidas a esta grave crisis estructural generada por la "narco-para-política" en Colombia. El país percibe que el gobierno de Uribe es tan ilegítimo como ilegal y no pierde la esperanza que los fraudes electorales, montados por Jorge 40 y Jorge Noguera del DAS a favor del actual presidente, no pasen de agache. Esa mafia narco-paramilitar que se ha tomado el Palacio de Nariño y el Capitolio Nacional debe salir de esos templos de la República.
Uribe debe renunciar. Esta emergencia de Colombia amerita la convocatoria urgente de nuevas elecciones. Se debe trabajar una alianza que salve la nación. Las organizaciones político-sociales, los partidos y movimientos democráticos, los militares honrados, todos los colombianos que sientan dolor de patria, debemos unirnos para construir una alternativa decorosa de gobierno que priorice los programas sociales, que marque distancias con la política neoliberal, que asuma una posición patriótica frente al TLC y la deuda externa, y que propicie la solución política del conflicto a través del intercambio humanitario de prisioneros, entre otros propósitos.