Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2007-02-19
Categoría
Comunicado
Fichero Adjunto
Las causas del conflicto colombiano
LAS CAUSAS DEL CONFLICTO COLOMBIANO
1. Estado antidemocrático, terrorista, corrupto y excluyente
Desde hace 171 años los partidos liberal y conservador manejan el Estado con métodos excluyentes, gamonalistas y autoritarios en beneficio de un reducido grupo de colombianos y transnacionales y en contra de las mayorías nacionales. Los dos partidos se alternan el gobierno valiéndose de un sistema electoral corrupto y clientelista, financiado con dineros de los grupos económicos, contrabandistas, transnacionales y narcotraficantes.
Estos partidos que representan y defienden los grandes intereses económicos, están de espaldas a la realidad, al interés nacional y los sufrimientos populares; son parte de una estructura de poder que no tiene credibilidad ni representa el interés de la nación. Hoy en día pasan por una crisis irreversible, quedando reducidos a simples clubes electorales.
El Estado colombiano se representa en un régimen presidencialista antidemocrático y corrupto; en un legislativo venal que canjea decisiones por cargos burocráticas y contratos, por una parte del botín presupuestal y dineros antipatrióticos de transnacionales, grupos económicos y narcotraficantes; en un poder judicial que no falla en justicia y en derecho sino en favor de intereses particulares, que recurre al montaje de pruebas, a testigos clonados para penalizar la protesta social y las luchas populares, mientras que los grandes delincuentes que destruyen y roban la nación, les cubre el manto de la impunidad.
Este Estado que se agotó se soporta en el terrorismo y se complementa con los crímenes de los grupos paramilitares, que siempre han existido en la historia del país. Recurre a la violencia para silenciar la oposición. En 1914 asesino al general Rafael Uribe Uribe portador de ideas progresistas en ese entonces; En 1948 asesinó a Jorge Eliecer Gaitan, líder de profundo arraigo popular que propugnaba por la justicia social, la democracia, enfrentaba a la oligarquía y denunciaba la creciente intromisión del imperialismo en los asuntos del país.
En la década del 50 asesinó a 300 mil campesinos en una guerra sucia, similar a la actual, en la que fueron despojados de su tierra un millón de ellos, con el pretexto de eliminar el peligro comunista y defender la religión.
En los últimos 15 años 3.200 activistas políticos y líderes sociales fueron víctimas de desaparición forzada; miles de activistas de izquierda y luchadores sociales fueron asesinados.
El partido Unión Patriótica desapareció del mapa político víctima del genocidio de 4.000 de sus militantes; en el mismo periodo fueron asesinados 2.900 dirigentes sindicales.
2. Un Estado que ha tenido como propósito concentrar la riqueza.
Un 3% de colombianos es dueño de la gran propiedad económica, mientras que el 57.0% vive en condiciones de pobreza, cifra que aumenta diariamente. El BID, en un estudio de 1998, afirmó que el 90% de los colombianos trabaja para que el otro 10.0% se enriquezca. 23 de los 40 millones de colombianos viven en la franja de pobreza; de éstos, 13.5 están en la miseria absoluta.
El 22.0 % de los colombianos en capacidad de laborar que viven en las siete principales ciudades del país están desempleados; si sumamos el existente en el resto de ciudades intermedias y el área rural, el desempleo pasa del 30.0%.
Las transnacionales, 15 conglomerados económicos y unas pocas familias controlan el 60.0% de toda la actividad económica del país: 4 grupos controlan el 92.0% del total de los activos financieros.
4 grupos controlan el 80.0% de los grandes medios de comunicación.
La concentración de propiedad sobre la tierra va en aumento. En 1996, el 90.0% de los campesinos era dueño del 21.0% de la tierra; mientras que un 1.3% de los propietarios tenían el 58.0% de las más productivas, cifra que aumenta con la contrarreforma agraria que está en marcha impuesta mediante el desalojo y despojo de los campesinos por la vía de las masacres que realizan los grupos narcoparamilitares y agentes de las Fuerzas Armadas oficiales al servicio de terratenientes y agroindustriales.
El Departamento Nacional de Planeación anota que el narcotráfico compró o se apropió de tierras en el 42% de los municipios; tienen en su poder un poco más de 4 millones, de los 9 millones de hectáreas de tierra cultivable existente, además de otras ubicadas en regiones previstas para la construcción de megaproyectos y la explotación de recursos naturales. El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria confirma que el 80.0% de las tierras con vocación agrícola definida está en manos de narcotraficantes, destinadas al engorde de ganado y funcionamiento de laboratorios donde se refina la de pasta de coca.
3. Corrupción y narcotráfico, dos virus que carcomieron el Estado y la sociedad.
Éste es el problema más grave de Colombia. La capacidad corruptora del narcotráfico penetró todas las instituciones de Estado y la vida social en los últimos 30 años, incrementando la descomposición moral y pérdida de valores, estimulando la criminalidad y el escalonamiento de la guerra, últimamente.
Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo. En 1990 se calculó su producción en cerca a 300 toneladas métricas; en 1998, 450 toneladas y un año después, 550. De éstas, el 65.0% entra al mercado de EE.UU., el 30.0% al mercado europeo y el 5.0% restante a otros mercados.
La política antidrogas de EE.UU. fracasó. La producción y la exportación de droga aumentó a pesar de los miles de millones de dólares destinados a la represión. Los altos precios de la hoja de coca, la crisis de la agricultura y la corrupción del Estado, son tres factores que empujan la ampliación del área cultivada. La agricultura tradicional no es rentable, los campesinos trabajan a pérdida por la ausencia de apoyo estatal.
La corrupción es el otro cáncer que carcome al Estado. El presupuesto de la nación es manejado como mercancía de retribución de favores y pago de deudas políticas, como botín para incrementar la riqueza personal de unos pocos que soportan económicamente a la clase política.
En el año de 1999 los robos al erario público investigados sobrepasaron los 8 billones de pesos, lo cual representa el 17.77% del presupuesto nacional del año 2000. El contralor general de la República calcula en más de 3 billones de pesos el dinero que cada año pierde la nación por robos al erario público.
4. El paramilitarismo, una política del Estado y un instrumento de la estructura de poder.
En Colombia los grupos paramilitares han existido desde que se inició la construcción de la República y a la muerte del libertador Simón Bolívar. En el siglo XIX se produjeron 57 levantamientos armados y guerras civiles, lideradas por caudillos militares, latifundistas y gamonales que tenían a su servicio ejércitos mercenarios.
Esta tradición se conserva y materializa en el siglo XX en los grupos paramilitares que organizaron los terratenientes en la década del 30 para obstruir la ley de tierras del 36; en la década del 50 con los llamados "pájaros" y "chulavitas" organizados por los jefes conservadores; éstos con el pretexto de limpiar el país de comunistas, impulsaron una nueva concentración de la tierra.
En la década del setenta toma nueva fuerza el paramilitarismo de manos del Ejército colombiano dentro de la concepción de la política de seguridad nacional: bananeros y terratenientes de la costa norte, Antioquia, Santanderes, Magdalena Medio, Valle del Cauca y Cauca principalmente, financian grupos para ahogar la lucha de los campesinos por recuperar la tierra que les habían robado anteriormente.
Los narcotraficantes se convirtieron en grandes propietarios rurales a partir de los años 80, en operaciones de lavado de dólares y el despojo violento de campesinos, le dan nuevo impulso a estos grupos para defender su negocio e imponer su propia ley. Los narcotraficantes convertidos en terratenientes y comerciantes se aliaron con las Fuerzas Armadas oficiales, siendo asumidos en la estrategia contrainsurgente como financiadores y proveedores de sicarios en operaciones encubiertas en un principio, siendo más adelante vinculados a tareas de limpieza indiscriminada en zonas campesinas y barrios populares.
Entre los años 1992 y 1999 aquellos grupos asociados con la fuerza pública ejecutaron más de 5.500 masacres, en las que perdieron la vida 19.000 civiles. En 1.998 fueron 285 masacres y 1.366 civiles los muertos; en 1.999 fueron 403, donde murieron 1.865 colombianos.
En los primeros seis meses del año 2.000, hicieron 253 masacres donde murieron 1.035 civiles.
5. La derecha totalitaria, oxigenada con los dineros del narcotráfico y la corrupción, impone la dialéctica del terror, acalla la voz de la oposición e impide la democracia.
El conflicto que tiene su origen en causas económicas, políticas y sociales históricas, es presentado ante la opinión nacional e internacional de una manera simplificada, mostrándolo como un problema derivado del narcotráfico y del espíritu violento de los colombianos. Es una manera de esconder las causas y presentar los efectos como el origen del conflicto.
El escalonamiento de la guerra actual es el resultado, de una parte, el desarrollo adquirido por la insurgencia debido a condiciones económicas, sociales y políticas que le favorecen y de otra, el temor de los Estados Unidos a perder el control sobre el país y de quienes se han beneficiado históricamente de la riqueza colombiana.
Ese temor propicia la alianza en torno a un proyecto de ultraderecha excluyente, intolerante que a través de la guerra sucia aterroriza y elimina, pretendiendo acallar con sus métodos las expresiones de la lucha por el cambio y la construcción de un nuevo país. Es un proyecto que se inspira y alimenta del nazismo alemán, del fascismo italiano y franquismo español.
En esa alianza confluye la ultraderecha tradicional representada en sectores terratenientes, agroindustriales, comerciantes y grupos económicos principalmente, jalonan esa alianza en que narcotraficantes convertidos en terratenientes son los grandes financiadores; los políticos corruptos la potencian y tratan de legitimar; y las Fuerzas Armadas oficiales comprometidas con el narcotráfico y el fortalecimiento del paramilitarismo, que intentan ahogar las luchas populares y revolucionarios que buscan los cambios que Colombia necesita.
FARC-EP: Comisión Internacional, Raúl Reyes
Montañas y Selvas de Colombia, febrero de 2007
1. Estado antidemocrático, terrorista, corrupto y excluyente
Desde hace 171 años los partidos liberal y conservador manejan el Estado con métodos excluyentes, gamonalistas y autoritarios en beneficio de un reducido grupo de colombianos y transnacionales y en contra de las mayorías nacionales. Los dos partidos se alternan el gobierno valiéndose de un sistema electoral corrupto y clientelista, financiado con dineros de los grupos económicos, contrabandistas, transnacionales y narcotraficantes.
Estos partidos que representan y defienden los grandes intereses económicos, están de espaldas a la realidad, al interés nacional y los sufrimientos populares; son parte de una estructura de poder que no tiene credibilidad ni representa el interés de la nación. Hoy en día pasan por una crisis irreversible, quedando reducidos a simples clubes electorales.
El Estado colombiano se representa en un régimen presidencialista antidemocrático y corrupto; en un legislativo venal que canjea decisiones por cargos burocráticas y contratos, por una parte del botín presupuestal y dineros antipatrióticos de transnacionales, grupos económicos y narcotraficantes; en un poder judicial que no falla en justicia y en derecho sino en favor de intereses particulares, que recurre al montaje de pruebas, a testigos clonados para penalizar la protesta social y las luchas populares, mientras que los grandes delincuentes que destruyen y roban la nación, les cubre el manto de la impunidad.
Este Estado que se agotó se soporta en el terrorismo y se complementa con los crímenes de los grupos paramilitares, que siempre han existido en la historia del país. Recurre a la violencia para silenciar la oposición. En 1914 asesino al general Rafael Uribe Uribe portador de ideas progresistas en ese entonces; En 1948 asesinó a Jorge Eliecer Gaitan, líder de profundo arraigo popular que propugnaba por la justicia social, la democracia, enfrentaba a la oligarquía y denunciaba la creciente intromisión del imperialismo en los asuntos del país.
En la década del 50 asesinó a 300 mil campesinos en una guerra sucia, similar a la actual, en la que fueron despojados de su tierra un millón de ellos, con el pretexto de eliminar el peligro comunista y defender la religión.
En los últimos 15 años 3.200 activistas políticos y líderes sociales fueron víctimas de desaparición forzada; miles de activistas de izquierda y luchadores sociales fueron asesinados.
El partido Unión Patriótica desapareció del mapa político víctima del genocidio de 4.000 de sus militantes; en el mismo periodo fueron asesinados 2.900 dirigentes sindicales.
2. Un Estado que ha tenido como propósito concentrar la riqueza.
Un 3% de colombianos es dueño de la gran propiedad económica, mientras que el 57.0% vive en condiciones de pobreza, cifra que aumenta diariamente. El BID, en un estudio de 1998, afirmó que el 90% de los colombianos trabaja para que el otro 10.0% se enriquezca. 23 de los 40 millones de colombianos viven en la franja de pobreza; de éstos, 13.5 están en la miseria absoluta.
El 22.0 % de los colombianos en capacidad de laborar que viven en las siete principales ciudades del país están desempleados; si sumamos el existente en el resto de ciudades intermedias y el área rural, el desempleo pasa del 30.0%.
Las transnacionales, 15 conglomerados económicos y unas pocas familias controlan el 60.0% de toda la actividad económica del país: 4 grupos controlan el 92.0% del total de los activos financieros.
4 grupos controlan el 80.0% de los grandes medios de comunicación.
La concentración de propiedad sobre la tierra va en aumento. En 1996, el 90.0% de los campesinos era dueño del 21.0% de la tierra; mientras que un 1.3% de los propietarios tenían el 58.0% de las más productivas, cifra que aumenta con la contrarreforma agraria que está en marcha impuesta mediante el desalojo y despojo de los campesinos por la vía de las masacres que realizan los grupos narcoparamilitares y agentes de las Fuerzas Armadas oficiales al servicio de terratenientes y agroindustriales.
El Departamento Nacional de Planeación anota que el narcotráfico compró o se apropió de tierras en el 42% de los municipios; tienen en su poder un poco más de 4 millones, de los 9 millones de hectáreas de tierra cultivable existente, además de otras ubicadas en regiones previstas para la construcción de megaproyectos y la explotación de recursos naturales. El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria confirma que el 80.0% de las tierras con vocación agrícola definida está en manos de narcotraficantes, destinadas al engorde de ganado y funcionamiento de laboratorios donde se refina la de pasta de coca.
3. Corrupción y narcotráfico, dos virus que carcomieron el Estado y la sociedad.
Éste es el problema más grave de Colombia. La capacidad corruptora del narcotráfico penetró todas las instituciones de Estado y la vida social en los últimos 30 años, incrementando la descomposición moral y pérdida de valores, estimulando la criminalidad y el escalonamiento de la guerra, últimamente.
Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo. En 1990 se calculó su producción en cerca a 300 toneladas métricas; en 1998, 450 toneladas y un año después, 550. De éstas, el 65.0% entra al mercado de EE.UU., el 30.0% al mercado europeo y el 5.0% restante a otros mercados.
La política antidrogas de EE.UU. fracasó. La producción y la exportación de droga aumentó a pesar de los miles de millones de dólares destinados a la represión. Los altos precios de la hoja de coca, la crisis de la agricultura y la corrupción del Estado, son tres factores que empujan la ampliación del área cultivada. La agricultura tradicional no es rentable, los campesinos trabajan a pérdida por la ausencia de apoyo estatal.
La corrupción es el otro cáncer que carcome al Estado. El presupuesto de la nación es manejado como mercancía de retribución de favores y pago de deudas políticas, como botín para incrementar la riqueza personal de unos pocos que soportan económicamente a la clase política.
En el año de 1999 los robos al erario público investigados sobrepasaron los 8 billones de pesos, lo cual representa el 17.77% del presupuesto nacional del año 2000. El contralor general de la República calcula en más de 3 billones de pesos el dinero que cada año pierde la nación por robos al erario público.
4. El paramilitarismo, una política del Estado y un instrumento de la estructura de poder.
En Colombia los grupos paramilitares han existido desde que se inició la construcción de la República y a la muerte del libertador Simón Bolívar. En el siglo XIX se produjeron 57 levantamientos armados y guerras civiles, lideradas por caudillos militares, latifundistas y gamonales que tenían a su servicio ejércitos mercenarios.
Esta tradición se conserva y materializa en el siglo XX en los grupos paramilitares que organizaron los terratenientes en la década del 30 para obstruir la ley de tierras del 36; en la década del 50 con los llamados "pájaros" y "chulavitas" organizados por los jefes conservadores; éstos con el pretexto de limpiar el país de comunistas, impulsaron una nueva concentración de la tierra.
En la década del setenta toma nueva fuerza el paramilitarismo de manos del Ejército colombiano dentro de la concepción de la política de seguridad nacional: bananeros y terratenientes de la costa norte, Antioquia, Santanderes, Magdalena Medio, Valle del Cauca y Cauca principalmente, financian grupos para ahogar la lucha de los campesinos por recuperar la tierra que les habían robado anteriormente.
Los narcotraficantes se convirtieron en grandes propietarios rurales a partir de los años 80, en operaciones de lavado de dólares y el despojo violento de campesinos, le dan nuevo impulso a estos grupos para defender su negocio e imponer su propia ley. Los narcotraficantes convertidos en terratenientes y comerciantes se aliaron con las Fuerzas Armadas oficiales, siendo asumidos en la estrategia contrainsurgente como financiadores y proveedores de sicarios en operaciones encubiertas en un principio, siendo más adelante vinculados a tareas de limpieza indiscriminada en zonas campesinas y barrios populares.
Entre los años 1992 y 1999 aquellos grupos asociados con la fuerza pública ejecutaron más de 5.500 masacres, en las que perdieron la vida 19.000 civiles. En 1.998 fueron 285 masacres y 1.366 civiles los muertos; en 1.999 fueron 403, donde murieron 1.865 colombianos.
En los primeros seis meses del año 2.000, hicieron 253 masacres donde murieron 1.035 civiles.
5. La derecha totalitaria, oxigenada con los dineros del narcotráfico y la corrupción, impone la dialéctica del terror, acalla la voz de la oposición e impide la democracia.
El conflicto que tiene su origen en causas económicas, políticas y sociales históricas, es presentado ante la opinión nacional e internacional de una manera simplificada, mostrándolo como un problema derivado del narcotráfico y del espíritu violento de los colombianos. Es una manera de esconder las causas y presentar los efectos como el origen del conflicto.
El escalonamiento de la guerra actual es el resultado, de una parte, el desarrollo adquirido por la insurgencia debido a condiciones económicas, sociales y políticas que le favorecen y de otra, el temor de los Estados Unidos a perder el control sobre el país y de quienes se han beneficiado históricamente de la riqueza colombiana.
Ese temor propicia la alianza en torno a un proyecto de ultraderecha excluyente, intolerante que a través de la guerra sucia aterroriza y elimina, pretendiendo acallar con sus métodos las expresiones de la lucha por el cambio y la construcción de un nuevo país. Es un proyecto que se inspira y alimenta del nazismo alemán, del fascismo italiano y franquismo español.
En esa alianza confluye la ultraderecha tradicional representada en sectores terratenientes, agroindustriales, comerciantes y grupos económicos principalmente, jalonan esa alianza en que narcotraficantes convertidos en terratenientes son los grandes financiadores; los políticos corruptos la potencian y tratan de legitimar; y las Fuerzas Armadas oficiales comprometidas con el narcotráfico y el fortalecimiento del paramilitarismo, que intentan ahogar las luchas populares y revolucionarios que buscan los cambios que Colombia necesita.
FARC-EP: Comisión Internacional, Raúl Reyes
Montañas y Selvas de Colombia, febrero de 2007