Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2007-03-27
Categoría
Comunicado
Resistencia Popular al Estado Narcoparamilitar
RESISTENCIA POPULAR AL ESTADO NARCOPARAMILITAR
Mientras más se devela la verdad judicial, no necesariamente la verdad real, en relación al proceso narcoparapolítico, se hace evidente lo que todos en este país del sagrado corazón sabíamos hace rato, que el paramilitarismo era y seguirá siendo la expresión armada algunas veces institucional y otras extrainstitucional de los detentadores del poder, quienes se valieron y continúan utilizando este instrumento para neutralizar el ascenso de la lucha de masas, no la insurgente, y garantizar el modelo de explotación capitalista a lo largo y ancho del país.
Esta realidad que era constatable para los habitantes de campos y ciudades sometidos cotidianamente a la represión paraestatal, era invisibilizada por los políticos tradicionales, los gremios económicos, el aparato judicial estatal y por supuesto por los grandes monopolios de la información que la reducían a la mitomanía de la gente y la paranoia de la oposición.
Es la digna e inclaudicable acción de las distintas organizaciones sociales y populares víctimas del TERRORISMO DE ESTADO, el acompañamiento de expresiones internacionales de solidaridad con la lucha de nuestro pueblo, la que viene posibilitando que el proceso de institucionalización del paramilitarismo en el actual gobierno, por lo menos permita que una ínfima parte de la historia de este criminal proyecto de dominación se conociera, quedando inmunes a cualquier tipo de sanción así sea de orden moral y ético, todos aquellos quienes desde las altas esferas del poder diseñaron esta estrategia estatal de control social.
Capitalistas transnacionales, industriales, comerciantes, ganaderos, terratenientes, bananeros, narcotraficantes, funcionarios estatales, integrantes de las fuerzas armadas etc. son los instigadores, financiadores y en no pocas ocasiones integrantes de las organizaciones paraestatales, casos como los de la Chiquita Brands, Coca Cola, British Petroleum, Drummon, Fedegan, DAS etc. son prueba palpable que el paramilitarismo es la herramienta de la cual se valen los explotadores para preservar sus intereses económicos y políticos.
La presencia de dineros del narcoparamilitarismo no es ninguna novedad en el acontecer político nacional, los recursos económicos y militares de este lucrativo negocio siempre han estado al servicio de los explotadores.
Sectores de la burguesía tradicional y emergente agrupados alrededor del proyecto paraestatal ubicaron en Álvaro Uribe Vélez el personaje en que confluían los ricos de siempre y los actuales traquetos, por eso acordaron aunar esfuerzos para hacerlo presidente, y luego reelegirlo, garantizando la articulación al establecimiento de parte del instrumento paraestatal, el cual resultaba deleznable ante el desarrollo de políticas como la mal llamada "seguridad democrática".
Aunque los gringos tienen certeza sobre la participación de Álvaro Uribe Vélez en actividades ligadas al narcotráfico, no han emprendido ninguna acción judicial en contra de él, toda vez que esta situación lo hace dócil a sus designios, quien como Judas de Suramérica actúa como punta de lanza de la estrategia de dominación imperialista en el continente. La servil actitud del presidente raya con lo grotesco, lo visto en la visita de Bush al país el pasado once de marzo es prueba de ello y la supuesta solicitud de extradición a Estados Unidos de los funcionarios de la Chiquita Brands financiadores del paramilitarismo para que sean juzgados en Colombia, no deja de ser una mediática petición al imperio, el cual no permite que sus nacionales sean sancionados por el aparato judicial de otros países, ni siquiera por la Corte Penal Internacional.
Como estratagema Álvaro Uribe Vélez ha pretendido cuestionar la legitimidad de sus opositores (a quienes califica de guerrilleros de civil), por eso recurriendo a una Diva en decadencia como Virginia Vallejo respalda la versión según la cual la toma del Palacio de Justicia fue financiado con dineros del primo del consejero presidencial José Obdulio Gaviria. De manera similar el canal de televisión más afecto al gobierno, publicita la entrevista con Fernando Botero, quien igualmente revela un hecho notorio para la opinión pública, como lo fue la intervención de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial de Ernesto Samper.
El manejo que desde el gobierno y sus incondicionales medios de comunicación se le ha dado al denominado proceso narcoparapolítico, pretende dejar impoluto al presidente, ocultando y vanalizando sus nexos desde décadas pasadas con sectores del narcotráfico y su impulso abierto al paramilitarismo.
Se pretende distraer la opinión publica sosteniendo que el acuerdo de Ralito fue anterior al actual gobierno, pero temerariamente olvidan los áulicos del régimen que el gran beneficiario de este compromiso fue Álvaro Uribe Vélez, quien se hizo presidente con el respaldo económico, político y militar de los narcoparamilitares; que los congresistas de las huestes paraestatales promulgaron la "ley de justicia y paz" como instrumento para institucionalizar el proyecto mercenario paramilitar y que de manera similar posibilitaron la reelección presidencial.
Es claro entonces que el actual gobierno es ilegítimo, las distintas expresiones de resistencia popular que hoy reclaman en ciudades y campos la renuncia del presidente y su banda de criminales, deben seguir ininterrumpidamente su lucha por la reconstrucción de la nación, escenarios como el actual Congreso con mayorías narcoparamilitares no posibilitan que desde allí se logren impulsar los grandes transformaciones que requieren las estructuras políticas, económicas y sociales en nuestro país para auscultar los caminos de la democracia popular con equidad y justicia y social.
La convergencia de distintos sectores políticos del país en la lucha por una Nueva Colombia debe ser una constante que permita la construcción por la base de herramientas políticas y organizativas que superen los meros acuerdos electorales. Debemos consolidar instrumentos de reflexión y acción que nos posibiliten construir poder del pueblo y para el pueblo desde ya, oponiéndonos beligerantemente al proceso de remozamiento que desde el gobierno se pretende implementar como mecanismo para sortear la actual crisis de legitimidad, el cual pasa por el recorte de garantías y derechos fundamentales consignados formalmente en la Constitución de 1991.
SOMOS REVOLUCIÓN… CONSTRUIMOS PODER… VENCEREMOS.
NI ENTREGA, NI RENDICIÓN… JUNTO AL PUEBLO VENCEREMOS.
Mientras más se devela la verdad judicial, no necesariamente la verdad real, en relación al proceso narcoparapolítico, se hace evidente lo que todos en este país del sagrado corazón sabíamos hace rato, que el paramilitarismo era y seguirá siendo la expresión armada algunas veces institucional y otras extrainstitucional de los detentadores del poder, quienes se valieron y continúan utilizando este instrumento para neutralizar el ascenso de la lucha de masas, no la insurgente, y garantizar el modelo de explotación capitalista a lo largo y ancho del país.
Esta realidad que era constatable para los habitantes de campos y ciudades sometidos cotidianamente a la represión paraestatal, era invisibilizada por los políticos tradicionales, los gremios económicos, el aparato judicial estatal y por supuesto por los grandes monopolios de la información que la reducían a la mitomanía de la gente y la paranoia de la oposición.
Es la digna e inclaudicable acción de las distintas organizaciones sociales y populares víctimas del TERRORISMO DE ESTADO, el acompañamiento de expresiones internacionales de solidaridad con la lucha de nuestro pueblo, la que viene posibilitando que el proceso de institucionalización del paramilitarismo en el actual gobierno, por lo menos permita que una ínfima parte de la historia de este criminal proyecto de dominación se conociera, quedando inmunes a cualquier tipo de sanción así sea de orden moral y ético, todos aquellos quienes desde las altas esferas del poder diseñaron esta estrategia estatal de control social.
Capitalistas transnacionales, industriales, comerciantes, ganaderos, terratenientes, bananeros, narcotraficantes, funcionarios estatales, integrantes de las fuerzas armadas etc. son los instigadores, financiadores y en no pocas ocasiones integrantes de las organizaciones paraestatales, casos como los de la Chiquita Brands, Coca Cola, British Petroleum, Drummon, Fedegan, DAS etc. son prueba palpable que el paramilitarismo es la herramienta de la cual se valen los explotadores para preservar sus intereses económicos y políticos.
La presencia de dineros del narcoparamilitarismo no es ninguna novedad en el acontecer político nacional, los recursos económicos y militares de este lucrativo negocio siempre han estado al servicio de los explotadores.
Sectores de la burguesía tradicional y emergente agrupados alrededor del proyecto paraestatal ubicaron en Álvaro Uribe Vélez el personaje en que confluían los ricos de siempre y los actuales traquetos, por eso acordaron aunar esfuerzos para hacerlo presidente, y luego reelegirlo, garantizando la articulación al establecimiento de parte del instrumento paraestatal, el cual resultaba deleznable ante el desarrollo de políticas como la mal llamada "seguridad democrática".
Aunque los gringos tienen certeza sobre la participación de Álvaro Uribe Vélez en actividades ligadas al narcotráfico, no han emprendido ninguna acción judicial en contra de él, toda vez que esta situación lo hace dócil a sus designios, quien como Judas de Suramérica actúa como punta de lanza de la estrategia de dominación imperialista en el continente. La servil actitud del presidente raya con lo grotesco, lo visto en la visita de Bush al país el pasado once de marzo es prueba de ello y la supuesta solicitud de extradición a Estados Unidos de los funcionarios de la Chiquita Brands financiadores del paramilitarismo para que sean juzgados en Colombia, no deja de ser una mediática petición al imperio, el cual no permite que sus nacionales sean sancionados por el aparato judicial de otros países, ni siquiera por la Corte Penal Internacional.
Como estratagema Álvaro Uribe Vélez ha pretendido cuestionar la legitimidad de sus opositores (a quienes califica de guerrilleros de civil), por eso recurriendo a una Diva en decadencia como Virginia Vallejo respalda la versión según la cual la toma del Palacio de Justicia fue financiado con dineros del primo del consejero presidencial José Obdulio Gaviria. De manera similar el canal de televisión más afecto al gobierno, publicita la entrevista con Fernando Botero, quien igualmente revela un hecho notorio para la opinión pública, como lo fue la intervención de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial de Ernesto Samper.
El manejo que desde el gobierno y sus incondicionales medios de comunicación se le ha dado al denominado proceso narcoparapolítico, pretende dejar impoluto al presidente, ocultando y vanalizando sus nexos desde décadas pasadas con sectores del narcotráfico y su impulso abierto al paramilitarismo.
Se pretende distraer la opinión publica sosteniendo que el acuerdo de Ralito fue anterior al actual gobierno, pero temerariamente olvidan los áulicos del régimen que el gran beneficiario de este compromiso fue Álvaro Uribe Vélez, quien se hizo presidente con el respaldo económico, político y militar de los narcoparamilitares; que los congresistas de las huestes paraestatales promulgaron la "ley de justicia y paz" como instrumento para institucionalizar el proyecto mercenario paramilitar y que de manera similar posibilitaron la reelección presidencial.
Es claro entonces que el actual gobierno es ilegítimo, las distintas expresiones de resistencia popular que hoy reclaman en ciudades y campos la renuncia del presidente y su banda de criminales, deben seguir ininterrumpidamente su lucha por la reconstrucción de la nación, escenarios como el actual Congreso con mayorías narcoparamilitares no posibilitan que desde allí se logren impulsar los grandes transformaciones que requieren las estructuras políticas, económicas y sociales en nuestro país para auscultar los caminos de la democracia popular con equidad y justicia y social.
La convergencia de distintos sectores políticos del país en la lucha por una Nueva Colombia debe ser una constante que permita la construcción por la base de herramientas políticas y organizativas que superen los meros acuerdos electorales. Debemos consolidar instrumentos de reflexión y acción que nos posibiliten construir poder del pueblo y para el pueblo desde ya, oponiéndonos beligerantemente al proceso de remozamiento que desde el gobierno se pretende implementar como mecanismo para sortear la actual crisis de legitimidad, el cual pasa por el recorte de garantías y derechos fundamentales consignados formalmente en la Constitución de 1991.
SOMOS REVOLUCIÓN… CONSTRUIMOS PODER… VENCEREMOS.
NI ENTREGA, NI RENDICIÓN… JUNTO AL PUEBLO VENCEREMOS.