Por: Iván Márquez / Integrante del secretariado de las FARC-EP
Esa imagen de los helicópteros Black Hawk ametrallando la Comuna 13 en los cerros occidentales de Medellín, resiste desde el 2002 atrincherada en la memoria. La “Operación Orión” era Beirut en Medellín, y eran los niños de los barrios Belencito y 20 de julio batiendo trapos blancos entre los escombros y el humo.
Del valle hacia arriba, en cortina avanzaban las tropas de la Cuarta Brigada del general Mario Montoya, actual comandante del Ejército, y también los policiales comandados por el general Gallego. Y en la parte alta, los paramilitares cerraban el cerco. En octubre corrió la sangre de los pobladores muertos y heridos por cuenta del ejército, los policías y los paramilitares. Esos aliados de la muerte, esas instituciones unidas en concierto para delinquir, convirtieron además al Atanasio Girardot en un estadio prisión, como en las más infernales dictaduras.
La denuncia del Los Ángeles Times y otros periódicos estadounidenses es incontrovertible. Lo sabe todo el mundo en Medellín. Es hora de recoger ese tonto argumento de las autoridades de que el destape de la olla podrida del narco-paramilitarismo de Estado es consecuencia de la “seguridad democrática”. Esa política sólo ha servido para atropellar al pueblo en defensa de los caimanes inversionistas. Si hoy afloran por doquier las denuncias sobre nexos de las instituciones con el paramilitarismo, es porque la gente se cansó de tanto silencio, de tanto desafuero y de tanta impunidad.
El problema no es si la CIA filtró o no el difundido informe a la prensa. Colombia y el mundo no quieren más sofismas de distracción. El caso concreto y comprobado es que el comandante del ejército está ligado al paramilitarismo criminal y debe salir de la institución. Y no es un caso aislado. Pregúntenle a los narco-paramilitares Jorge 40 y Hernán Giraldo que actuaron en estrecha coordinación con la Primera División del Ejército. Y para que no falten argumentos, el mismo general está involucrado en el envío hasta Caracas de unos 100 paramilitares que tenían la misión de asesinar al presidente Chávez de Venezuela. Esto último lo reseña hasta el Almanaque Mundial.
Llegó la hora de hablar con franqueza del ejército y del paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del Estado. Los señores comandantes de Brigada no estaban ciegos para no ver las pavorosas masacres del paramilitarismo, el incendio de caseríos, el desplazamiento forzoso de la población, el robo de tierras y ganados… El general Rito Alejo del Río, por ejemplo, embarcó en dos aviones en el aeropuerto de Apartadó, a los paramilitares que perpetraron la masacre de Mapiripán. Al coronel Velásquez lo echaron por denunciar la estrecha coordinación de ese general carnicero con el paramilitarismo. Y fue casi pública la reconvención por parte de los generales Bonett y Mora al coronel.
El grupo La Terraza de Medellín denunció a Mora Rangel como el verdadero jefe de las AUC. En Urabá el general Carreño de la 17 Brigada siempre apoyó con helicópteros artillados a los paramilitares atacados por la guerrilla. Y el general Carlos Alberto Ospina fue herido en una pierna cuando se dirigía a Murindó a apoyar un grupo paramilitar asediado por las FARC. Que no se olvide a los generales Yanine, Millán, Ramírez Quintero… Todos ellos son apenas la punta del iceberg.
Y desde luego, hay que decirlo con toda justicia: no todos los oficiales del ejército están involucrados en tan lamentables crímenes de lesa humanidad.
Sentimos que se aproxima el día en que la guerrilla bolivariana de las FARC y los militares que sienten la patria y el sufrimiento del pueblo tendremos que estrechar nuestras manos y proyectar con la gente llana y las organizaciones políticas y sociales, democráticas y revolucionarias, el futuro de Colombia en libertad, independencia, soberanía, justicia social y paz.