Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2007-04-17
Categoría
Comunicado
Fichero Adjunto
Veracruz de Ignacio de la Llave, 17 de abril de 2007.
AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE VERACRUZ
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Resultaron insuficientes los actos histriónicos del personaje de la fidelidad” que en vano pretendió ocultar una realidad con seudoverdades y actos propagandísticos, realidad que sin excepción, todos los veracruzanos constatábamos: la delincuencia organizada y sus consecuencias inherentes se encuentra asentada en nuestro estado desde hace al menos dos décadas, como lo hemos venido denunciado reiteradamente en nuestros comunicados.
Residencia y operación que se constituye a partir de la integración de oriundos de distintos extractos sociales y niveles económicos de nuestro estado, asociados con gente proveniente de otras entidades federativas y países, constituyendo un entramado orgánico que incluye necesariamente los diferentes niveles y funcionarios del gobierno, quienes hoy pretenden presentarnos como héroes a miembros de corporaciones policíacas que se
caracterizan por ser corruptas y represivas.
Esto significa que la “desapercibida” presencia de organizaciones de la delincuencia organizada contó –como donde quiera que se desarrolla– con el conocimiento y anuencia de distintas instancias de gobierno e instituciones de procuración de justicia de los ámbitos estatal y federal que se tradujo en solapamiento y protección, es decir, libertad de operación e impunidad cuando sus actividades se desborden.
El arraigo y estatus de los cárteles de la delincuencia organizada en nuestro estado es profundo y amplio, desarrollándose a manera de entramado, construido por medio de una estrecha y activa participación que involucra a empresarios de medio pelo, pasando por connotados caciques regionales –autodenominados ganaderos y agricultores– hasta la oligarquía local y familias de “abolengo” en actividades de operación directa del ilícito o como coinversionistas asociados para el blanqueo del dinero.
El armado de estas intocables agrupaciones delictivo-empresariales, a nivel de sus crestas, se ha construido en la mayoría de los casos a partir de los dos niveles del poder local, llámese municipal o estatal. La asociación puede empezar en el último eslabón de gobierno, de mando de las estructuras policíacas y militares, o se origina en contubernio con comandantes militares o policíacos, con funcionarios y políticos de oficio del más alto nivel de la entidad, como es el caso del asesino y pederasta de Miguel Angel Yunes Linares que hoy se presenta como el gran reformador del Estado y la “seguridad” social. Siendo por lo común en los ajustes de cuenta la tropa, el policía municipal, estatal y funcionario de bajo perfil el peón desechable, el chivo expiatorio y la carne de cañón de esta guerra por el poder y el dinero.
Grotesca resulta la manipulación de la información por parte de los gobiernos estatal y federal con el respaldo de algunos medios de comunicación al querer imponernos la peregrina idea de que los delincuentes vienen de fuera y que la operación de la delincuencia organizada se reduce a tráfico y venta al menudeo de drogas, esto es más que falso, pues estas bandas a parte de delinquir y lucrar con los estupefacientes trafican con seres humanos de nuestra tierra y de países hermanos, el trato de blancas, pederastia, robo de autos, tráfico y venta de fayuca, ilícitos que generan grandes caudales de dinero que van a parar en inversiones de los grandes consorcios comerciales, franquicias de distintos giros e infraestructura en el rubro de servicios.
Por eso los acontecimientos del 18 de marzo en la zona conurbana Veracruz-Boca del Río no surgen de Villarin, ni con el “fortuito” hallazgo del arsenal en la Guadalupe, en costa Esmeralda; su origen se remonta a finales de los setentas en la congregación de la “víbora” perteneciente al municipio de Tlalixcoya y el rancho de los izquierdos en la region de Martínez de la Torre, donde judiciales y militares se disputaron a balazos la logistica e infraestructura para el transporte y procesamiento de droga.
Es en ese mismo sentido que el casi medio centenar de ejecuciones entre 2006 y lo que va del 2007 que por su forma y el escenario en que se dan se presume que son autoría de la delincuencia organizada se deben por un lado a la disputa de las plazas de las bandas y el importante “derecho a piso” –ya pagado a autoridades– que significa los 704 km de litoral y una larga franja de por tierra de 780 km para transportar, almacenar, distribuir, comerciar, crear puntos de trasiegos y lavar dinero.
El involucramiento de policías y militares en enfrentamientos con la delincuencia organizada es consecuencia de la ofensiva mediática federal y estatal en su presunta lucha contra el “crimen organizado y por la seguridad” que ocasiona movimientos y reacomodos al interior de los cárteles, rompiéndose viejas alianzas y construyéndose nuevas entre el poder político y la delincuencia organizada, pero sobre todo lo que ocasiona las respuestas son el incumplimiento de los pactos entre delincuencia y autoridad, sobre todo porque esto tiene un costo económico bastante alto que ha enriquecido a funcionarios y empresarios. Entre ellos hay que hablar de funcionarios con antecedente criminales y prácticas de pederastia, como es el caso del pimpollo mayor, que como funcionario encabezó el asesinato brutal de campesinos en Ixhuatlán de Madero en sus tiempos priistas, hoy ya panista acusado de encabezar junto con Mario Marín una red de pederastas, si a los campesinos los descuartizó, cortó las partes nobles ¿Qué no le hará a sus víctimas de pederatia?
¿Y si no fuese así, cómo nos explicamos que todos estos acontecimientos entre policías y presuntos delincuentes se registren en el corazón industrial-comercial, financiero y turístico de nuestro estado?, ¿Simple coincidencia?
Los acontecimientos de sangre que van desde el asesinato de Cirilo Vázquez Lagunes, “el cacique del sur” hasta los recientes enfrentamientos sangrientos en Boca del Río desnudan el verdadero carácter del fenómeno que vive el país en donde la delincuencia organizada está estructuralmente vinculada al Estado Mexicano, quien promueve la delincuencia organizada desde y por el Estado en torno a una economía subterránea para oxigenar la economía que se debate en una recurrente crisis; el reacomodo de los grupos de poder que ante la táctica de inventar mediáticamente una guerra contra la delincuencia y el crimen organizado para mezquinamente legitimar a Calderón en el poder y justificar descaradamente la militarización del país para garantizar los intereses de la oligarquía mexicana que se encarna en ese puñado de grandes empresarios insaciables que succionan las riquezas nacionales; y el reclutamiento forzoso por hambre y pobreza que enrola en las fuerzas policíacas y militares a jóvenes que las políticas neoliberales les niegan un trabajo digno desclazándolos social e ideológicamente para que defiendan como sabuesos a los explotadores del pueblo.
El principal y grave problema que vive el país es el flagelo de la pobreza y la miseria, base de la delincuencia social, ambas consecuencias inherentes del capitalismo y exacerbadas por el régimen neoliberal. Sostener que el principal problema a resolver es el combate a la delincuencia y al crimen organizado es falso y constituye una cortina de humo que busca legitimar una política fascista que aniquila las libertades y derechos constitucionales de los mexicanos.
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡ESTAMOS PRESENTES!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Año 43.
Veracruz de Ignacio de la Llave, a 17 de abril de 2007.
AL PUEBLO DE VERACRUZ
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Resultaron insuficientes los actos histriónicos del personaje de la fidelidad” que en vano pretendió ocultar una realidad con seudoverdades y actos propagandísticos, realidad que sin excepción, todos los veracruzanos constatábamos: la delincuencia organizada y sus consecuencias inherentes se encuentra asentada en nuestro estado desde hace al menos dos décadas, como lo hemos venido denunciado reiteradamente en nuestros comunicados.
Residencia y operación que se constituye a partir de la integración de oriundos de distintos extractos sociales y niveles económicos de nuestro estado, asociados con gente proveniente de otras entidades federativas y países, constituyendo un entramado orgánico que incluye necesariamente los diferentes niveles y funcionarios del gobierno, quienes hoy pretenden presentarnos como héroes a miembros de corporaciones policíacas que se
caracterizan por ser corruptas y represivas.
Esto significa que la “desapercibida” presencia de organizaciones de la delincuencia organizada contó –como donde quiera que se desarrolla– con el conocimiento y anuencia de distintas instancias de gobierno e instituciones de procuración de justicia de los ámbitos estatal y federal que se tradujo en solapamiento y protección, es decir, libertad de operación e impunidad cuando sus actividades se desborden.
El arraigo y estatus de los cárteles de la delincuencia organizada en nuestro estado es profundo y amplio, desarrollándose a manera de entramado, construido por medio de una estrecha y activa participación que involucra a empresarios de medio pelo, pasando por connotados caciques regionales –autodenominados ganaderos y agricultores– hasta la oligarquía local y familias de “abolengo” en actividades de operación directa del ilícito o como coinversionistas asociados para el blanqueo del dinero.
El armado de estas intocables agrupaciones delictivo-empresariales, a nivel de sus crestas, se ha construido en la mayoría de los casos a partir de los dos niveles del poder local, llámese municipal o estatal. La asociación puede empezar en el último eslabón de gobierno, de mando de las estructuras policíacas y militares, o se origina en contubernio con comandantes militares o policíacos, con funcionarios y políticos de oficio del más alto nivel de la entidad, como es el caso del asesino y pederasta de Miguel Angel Yunes Linares que hoy se presenta como el gran reformador del Estado y la “seguridad” social. Siendo por lo común en los ajustes de cuenta la tropa, el policía municipal, estatal y funcionario de bajo perfil el peón desechable, el chivo expiatorio y la carne de cañón de esta guerra por el poder y el dinero.
Grotesca resulta la manipulación de la información por parte de los gobiernos estatal y federal con el respaldo de algunos medios de comunicación al querer imponernos la peregrina idea de que los delincuentes vienen de fuera y que la operación de la delincuencia organizada se reduce a tráfico y venta al menudeo de drogas, esto es más que falso, pues estas bandas a parte de delinquir y lucrar con los estupefacientes trafican con seres humanos de nuestra tierra y de países hermanos, el trato de blancas, pederastia, robo de autos, tráfico y venta de fayuca, ilícitos que generan grandes caudales de dinero que van a parar en inversiones de los grandes consorcios comerciales, franquicias de distintos giros e infraestructura en el rubro de servicios.
Por eso los acontecimientos del 18 de marzo en la zona conurbana Veracruz-Boca del Río no surgen de Villarin, ni con el “fortuito” hallazgo del arsenal en la Guadalupe, en costa Esmeralda; su origen se remonta a finales de los setentas en la congregación de la “víbora” perteneciente al municipio de Tlalixcoya y el rancho de los izquierdos en la region de Martínez de la Torre, donde judiciales y militares se disputaron a balazos la logistica e infraestructura para el transporte y procesamiento de droga.
Es en ese mismo sentido que el casi medio centenar de ejecuciones entre 2006 y lo que va del 2007 que por su forma y el escenario en que se dan se presume que son autoría de la delincuencia organizada se deben por un lado a la disputa de las plazas de las bandas y el importante “derecho a piso” –ya pagado a autoridades– que significa los 704 km de litoral y una larga franja de por tierra de 780 km para transportar, almacenar, distribuir, comerciar, crear puntos de trasiegos y lavar dinero.
El involucramiento de policías y militares en enfrentamientos con la delincuencia organizada es consecuencia de la ofensiva mediática federal y estatal en su presunta lucha contra el “crimen organizado y por la seguridad” que ocasiona movimientos y reacomodos al interior de los cárteles, rompiéndose viejas alianzas y construyéndose nuevas entre el poder político y la delincuencia organizada, pero sobre todo lo que ocasiona las respuestas son el incumplimiento de los pactos entre delincuencia y autoridad, sobre todo porque esto tiene un costo económico bastante alto que ha enriquecido a funcionarios y empresarios. Entre ellos hay que hablar de funcionarios con antecedente criminales y prácticas de pederastia, como es el caso del pimpollo mayor, que como funcionario encabezó el asesinato brutal de campesinos en Ixhuatlán de Madero en sus tiempos priistas, hoy ya panista acusado de encabezar junto con Mario Marín una red de pederastas, si a los campesinos los descuartizó, cortó las partes nobles ¿Qué no le hará a sus víctimas de pederatia?
¿Y si no fuese así, cómo nos explicamos que todos estos acontecimientos entre policías y presuntos delincuentes se registren en el corazón industrial-comercial, financiero y turístico de nuestro estado?, ¿Simple coincidencia?
Los acontecimientos de sangre que van desde el asesinato de Cirilo Vázquez Lagunes, “el cacique del sur” hasta los recientes enfrentamientos sangrientos en Boca del Río desnudan el verdadero carácter del fenómeno que vive el país en donde la delincuencia organizada está estructuralmente vinculada al Estado Mexicano, quien promueve la delincuencia organizada desde y por el Estado en torno a una economía subterránea para oxigenar la economía que se debate en una recurrente crisis; el reacomodo de los grupos de poder que ante la táctica de inventar mediáticamente una guerra contra la delincuencia y el crimen organizado para mezquinamente legitimar a Calderón en el poder y justificar descaradamente la militarización del país para garantizar los intereses de la oligarquía mexicana que se encarna en ese puñado de grandes empresarios insaciables que succionan las riquezas nacionales; y el reclutamiento forzoso por hambre y pobreza que enrola en las fuerzas policíacas y militares a jóvenes que las políticas neoliberales les niegan un trabajo digno desclazándolos social e ideológicamente para que defiendan como sabuesos a los explotadores del pueblo.
El principal y grave problema que vive el país es el flagelo de la pobreza y la miseria, base de la delincuencia social, ambas consecuencias inherentes del capitalismo y exacerbadas por el régimen neoliberal. Sostener que el principal problema a resolver es el combate a la delincuencia y al crimen organizado es falso y constituye una cortina de humo que busca legitimar una política fascista que aniquila las libertades y derechos constitucionales de los mexicanos.
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡ESTAMOS PRESENTES!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Año 43.
Veracruz de Ignacio de la Llave, a 17 de abril de 2007.