Uribe encabeza un gobierno que entra al pantano de las dificultades, viéndose obligado a toda clase maniobras para controlar al pueblo y, en todos los terrenos de la vida del país, no deja de dar papadas de ahogado ante realidades inevitables.
El gobierno maniobra para recomponer su imagen internacional dando libertad unilateral a prisioneros de guerra cerca de cumplir condena, a ex guerrilleros delatores y reinsertados. Pero más al fondo, intenta justificar su propuesta de “punto final” (entiéndase indulto) para liberar a los genocidas narcoparamilitares, a los políticos que los apoyan e impedir que inicien procesos penales contra los oligarcas que apoyan el paramilitarismo, eslabones de la cadena de medidas siniestras contra el pueblo colombiano y la humanidad.
Sin embargo, el canje humanitario que Uribe escamotea, sigue siendo la exigencia de un derecho de los prisioneros y sus familias, es una manera de aliviar en algo los altos costos de la guerra antipopular y abrirse al creciente clamor por la solución política al conflicto social y armado que afecta a Colombia y que Uribe rechaza con su guerrerismo.
El gobierno pisotea derechos y el pueblo responde. Mayo, en tres fechas, fue testigo del ascenso de participantes en las multitudinarias protestas nacionales de estudiantes, padres de familia, maestros y otros sectores sindicales y populares que enfrentan los recortes a las transferencias de recursos a los entes regionales para los gastos de saneamiento básico, salud y educación, reducción ordenada por el FMI para sanear cuentas del Estado a costa del dolor de los humildes. La medida, que es más política que fiscal, también es retardataria y autoritaria porque entrega nuevas facultades extraordinarias al Presidente que acentúan el centralismo antidemocrático y da un certero golpe a la autonomía administrativa municipal y departamental como aspecto sustancial de la elección popular de alcaldes y gobernadores, se retorna a la reaccionaria Constitución de 1886.
Con las convocatorias nacionales del 8 de junio, Día del Estudiante, jornada que vuelve a dejar sentir la protesta juvenil, y la Jornada Nacional de Protesta del 13 de junio, continuará la lucha contra el recorte de las transferencias animada con el resurgir del movimiento estudiantil como fuerza vital de un accionar político de masas que obligó a Uribe a maniobrar con ligeras modificaciones a su reaccionario proyecto de transferencias con la intención de cooptar al movimiento popular. Pero el pueblo le dijo NO a esa pretensión poniendo a raya las vacilaciones de la socialdemocracia y potenciando el papel de las fuerzas progresistas, democráticas, de izquierda y revolucionarias en la campaña electoral de octubre de 2007, creando mejores condiciones para trabajar la alianza obrero-campesina-popular y progresar en la acumulación de fuerzas dirigidas al objetivo estratégico de liberación social y nacional, de lucha por el poder popular y el socialismo.
Pero Uribe no sólo es vulnerable por la acción popular, la situación económica del país se anuncia desastrosa debido a la devaluación del dólar, al ascenso de la inflación, al incremento acelerado de las importaciones mientras disminuyen las exportaciones con el incremento del desempleo y por el anuncio de quiebras de empresas.
Además, se advierten nuevas caídas de las bolsas de valores revelando nuevos signos de un gran bajón económico en Estados Unidos, China y el capitalismo mundial, expresión de los fracasos del neoliberalismo para librar de los efectos de la crisis al imperialismo y el sistema capitalista.
Las medidas económicas gubernamentales son patadas de ahogado frente a inexorables leyes del capitalismo que lo mantienen en la crisis general con ciclos cada vez más destructores de la economía y la sociedad.
La mala situación económica lleva a rivalidades entre oligarcas y entre ellos y el gobierno, aumenta las dificultades de Uribe y del régimen, atizadas y aprovechadas con la lucha popular que toma más cuerpo con los nuevos sectores sociales que, como los estudiantes, hoy participan de las acciones callejeras de protesta.
Las contradicciones entre los explotadores también se agudizan con los cambios en la política imperialista yanqui resultantes del triunfo demócrata en el Congreso, que le complica los planes a Uribe que ve enredada su promovida adhesión al TLC de Bush y muy comprometida su imagen con su favorecimiento al narcoparamilitarismo en megaproyectos y otros negocios que desplazan a viejos grupos de capitalistas.
Como dice la Declaración Política del XVI Congreso del PC de C (m-l): “La crisis del gobierno ilegal, ilegítimo y criminal de Uribe es un hecho, aumentan las grietas del Estado y el disenso burgués, la exigencia de renuncia crecerá. Se trata de movilizar a los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, los campesinos, indígenas y afro descendientes, llamar a todos los sectores populares a batallar en las calles y veredas para conquistar un gobierno de amplia convergencia, de esencia democrática y antiimperialista, sin caer en la ilusión de que Uribe caerá por sí sólo, fácilmente o de inmediato”.
Es indispensable proceder a construir un gran Frente Amplio de lucha por la renuncia de Álvaro Uribe y la conquista de un gobierno de convergencia, democrático y antiimperialista. Los esfuerzos por lograr una gran confluencia democrática deben incluir ese propósito para que constituyan un paso hacia la solución de fondo de los problemas actuales de Colombia y su pueblo.
Comité Ejecutivo Central
Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista)