El próximo 13 de junio se realizará la octava y última ronda de los debates en el parlamento para aprobar la llamada Ley de Transferencias. Simultáneamente, Colombia se estremecerá con las manifestaciones más grandes que se hayan realizado en las principales ciudades del país, para rechazar ese comportamiento antisocial de los congresistas.
Estas movilizaciones han venido creciendo a lo largo de los siete debates anteriores y cada vez son mayores los sectores sociales que se comprometen, pues se está atentando contra los recursos de los departamentos y los municipios, para atender la educación, la salud, los servicios públicos domiciliarios -agua, energía eléctrica, gas, telefonía- los pensionados y hasta los resguardos indígenas.
Legislando contra el pueblo
La Constitución de 1991 define como prioridad del Estado favorecer el gasto social, incrementando las transferencias hasta llegar en el año 2002 al tope de 46,5% de los ingresos corrientes de la nación. En contra vía de esa voluntad, con el acto legislativo 01 del 2001 se hace una reforma constitucional transitoria hasta el 2008, que modifica el cálculo de las transferencias, definiendo un incremento anual equivalente a la inflación más 2,5%. De esa manera se recortan los recursos de los entes regionales, usurpándoles 27 billones de pesos entre el 2001 y el 2007. La continuidad de este atraco es lo que se debate en el Congreso y es lo que rechaza el pueblo con la lucha callejera.
La indolencia del Congreso ante las exigencias de las mayorías debe entenderse por la composición que tiene. Con una descarada maquinaria uribista, dentro de la cual se encuentran el 35% de testaferros del narcoparamilitarismo - según el capo Mancuso- es apenas lógico que legislen para sus propios intereses y para sus amos imperialistas.
Así, los cuerpos legislativos que acompañan al presidente Uribe han sido pródigos y diligentes en confeccionar leyes para auto favorecerse y para socorrer al capital transnacional. Para la muestra la ley 1760/03 para privatizar a ECOPETROL, el acto legislativo 002/04 para la reelección presidencial, la ley 975/05 para perdonar y legalizar los criminales de guerra y genocidas narcoparamilitares, la ley forestal 1021/06 para acabar de entregar los territorios y la biodiversidad a las multinacionales. Además de los proyectos que están en curso como la Ley de Transferencia, el Estatuto de Desarrollo Rural, el TLC, solo para mencionar los más destacados.
Si se recorta el gasto social, mientras se incrementa el gasto de guerra, si se está legislando contra los intereses populares y contra la soberanía de la patria es evidente que el Congreso y el gobierno son ilegítimos.
Nuevas Instituciones
El escándalo de la narcoparapolítica ha servido para develar ante la opinión pública que en Colombia el Estado Social de Derecho ha sido sustituido por un Estado mafioso y terrorista. Además, se ha demostrado cómo los narcoparamilitares se convirtieron en la principal maquinaria electoral e impusieron las mayorías en el Congreso y esos mismos votos contribuyeron a la elección presidencial.
Las últimas elecciones en Colombia fueron un fraude, impuesto por los narcoparamilitares y es obvio concluir que la Presidencia y el Congreso son ilegales.
El ELN se solidariza con los maestros, con los estudiantes, con los trabajadores de la salud, con los habitantes urbanos usuarios de los servicios públicos, con los pensionados, con los indígenas que están siendo pisoteados con la Ley de Transferencias y saldrán a las calles el 13 de junio.
Si el Parlamento y el gobierno son ilegales e ilegítimos, si siguen siendo sordos frente a los clamores populares y aprueban la nefasta ley, le estarían dando definitivamente la espalda a la nació, entonces sería obligatorio revocarles los mandatos y convocar a nuevas elecciones, con la supervisión internacional que impida un nuevo fraude y garantice un verdadero ejercicio democrático.
Para que no se siga asaltando el bienestar de la población y para que Colombia pueda ser una nación soberana, necesitamos cambiar de régimen y una nueva manera de legislar.
Por eso el ELN ha venido convocando a una Solución Política, donde le busquemos salidas de fondo a la crisis del país, donde se pueda legislar para la paz, donde se pueda construir nación y donde se garantice el bienestar y la equidad para todos los colombianos.