Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2007-07-04
Categoría
Postdata
Fichero Adjunto
Asedios
ASEDIOS
Jorge Lofredo
jorge.lofredo@gmail.com
¿Qué hicimos para que “todo el peso de lo legal
e ilegal del Estado mexicano” cayera sobre nosotros? (1)
Desde el 25 de mayo pasado, la gran mayoría de los grupos insurgentes mexicanos vienen denunciando la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Oaxaca. A ello debe sumársele el reciente reconocimiento por parte de los familiares de uno de ellos. A partir de aquí se pueden esbozar algunas consideraciones que vienen marcando la pauta de la política nacional en los últimos tiempos, aunque puntualmente con mayor preponderancia desde hace un año a esta parte.
En ese contexto la demanda por la aparición de los desaparecidos en Oaxaca alcanzó a unificar, en forma notable, la posición de los grupos insurgentes. El significado que esta cuestión posee tiene tanto peso que logró anteponerse a sus distanciadas posiciones: ello les ha otorgado una instancia unificadora, donde los llamados a la unidad conviven junto al alerta militar de los grupos. Una simple recorrida a sus comunicados da cuenta de ello.
— I —
1. La actual administración federal no ha tomado la iniciativa política con la implementación de los operativos conjuntos pero si parece haber volcado en ellos una necesidad de legitimarse, que ha sido y sigue siendo puesta en tela de juicio desde su asunción en el primer cargo del país hace poco más de un año. Debido a que éstos (los operativos) procuran alcanzar ámbitos clandestinos (delincuencia, narco) no hay razón para que desentienda de esta lista a las organizaciones políticas insurgentes (guerrilla) (2) pero no ocurre algo semejante con las bandas paramilitares; y que, de acuerdo con distintas declaraciones –particularmente desde Guerrero donde el caso mas claro resultan las del arzobispo de Acapulco (3)–, afectan también a distintas organizaciones (sociales, populares, políticas, Derechos Humanos) no clandestinas ni tampoco ilegales. Este factor se ha dado en llamar “criminalización de la protesta social”, que no es más que entender el fenómeno político y social reivindicativo en clave delincuencial, y que, por tanto, no encontrarán una resolución política dentro de las instituciones sino que serán tratadas en ámbitos judiciales.
2. Los organismos de Derechos Humanos, particularmente los nacionales, están siendo tratados como un componente más de la política de los grupos insurgentes. De esta manera, se desestima cualquier aspecto de su trabajo, a la vez que no se ofrecen respuestas a las distintas peticiones y denuncias que se realizan en este sentido y además están siendo víctimas de distintas amenazas y presiones. Cabe recordar que por circunstancias semejantes, la abogada Digna Ochoa fue asesinada. Una misma realidad viven las organizaciones sociales que basan su actividad en la esfera legal. La abultada condena al líder de los macheteros de Atenco (más de sesenta años) o de los dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (más de cincuenta) encarcelados junto con algunos capos del narco es un claro ejemplo de que, en este caso puntual, protesta social, guerrilla, narco y delincuencia significan lo mismo, lo que demuestra una ausencia de política en este sentido.
3. La negativa de distintas organizaciones a la conformación de una Comisión de la Verdad en Guerrero en torno de la masacre de Aguas Blancas y la reciente liberación del general Acosta Chaparro son indicadores de las pautas que políticamente vienen imponiéndose. Y ello tiene dos lecturas: a) descreimiento de la vía política (gobernador, cámara de diputados local, comisiones) como ámbito de la resolución de conflictos; y b) descreimiento de la vía institucional mediante el rechazo a las decisiones judiciales que involucran al pasado, en materia de violación a los Derechos Humanos, que afectan directamente a diversos actores de la vida política actual. No está de más recordar que la mayoría de los grupos insurgentes que operan en la actualidad encuentran en los sucesos del 68 y del 71 uno de los puntos de partida para su decisión por la vía armada.
“¿Ante las ideas, la actual administración sólo responderá con armas?”. ¿La interrogante del Índice Político (4) comenzará a develarse? Difícil preverlo, pero sí hay al menos dos interrogantes más que se suman a la original: ¿combate abierto (para la relegitimación de la administración federal) al narco y clandestino (o de “baja intensidad”, según los guerrilleros) a organizaciones políticas?
— II —
El caso de los hermanos Cerezo Contreras es paradigmático tanto para la anterior administración como para la actual: fueron detenidos en agosto de 2001 acusados de terrorismo luego de los petardos en las sucursales de Banamex en el DF, reivindicados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (desprendimiento del EPR). Todas las organizaciones insurgentes aseguran que los hermanos nada tuvieron nada que ver con esta acción sino que son los hijos de un presunto dirigente del EPR, Francisco Cerezo Quiróz (o Tiburcio Cruz Sánchez, alias El Profesor). El EPR, que ha reconocido a sus miembros cuando éstos son encarcelados o como en este caso que aquí nos ocupa, desaparecidos, también aseguró que ninguno de los Cerezo Contreras tienen vínculos con su estructura.
Recientemente el Comité Cerezo hizo pública una denuncia (AU-016-2007–DF–CEREZO) (5) en la cual señala que continúa siendo víctima de amenazas anónimas, como parte de una guerra sucia desarrollada en contra de ese organismo. Los recientes desaparecidos de Oaxaca, se asegura en la más reciente amenaza, tendrían vínculos familiares con la dirigencia del EPR, lo que llevaría a la conclusión de que se trataría, nuevamente, de que el objetivo de mantener en calidad de desaparecidos a Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya tiene por objetivo obligar a actuar a la dirigencia del EPR, que estaría integrada según el CISEN y las distintas corporaciones de seguridad por el padre de los hermanos Cerezo Contreras. Ello desembocaría, nuevamente, en la estrategia de “presos por consigna”, o como ha dado en llamar el propio Comité Cerezo, “rehenes del Estado Mexicano”. (6)
El primer artículo de la reciente Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, el que resulta un delito de lesa humanidad al igual que la desaparición, especifica:
“1. Toda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominará ‘el rehén’) o la detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén, comete el delito de toma de rehenes en el sentido de la presente Convención.
2. Toda persona que:
a) intente cometer un acto de toma de rehenes, o
b) participe como cómplice de otra persona que cometa o intente cometer un acto de toma de rehenes comete igualmente un delito en el sentido de la presente Convención.” (7)
Más allá del perfil del lenguaje y de la gravedad de las amenazas allí vertidas, es evidente que quienes esto escribieron saben perfectamente qué y cómo lo expresan (8): al menos, los responsables del secuestro y chantaje sí están inmersos en llevar adelante una guerra sucia contra los Cerezo Contreras, el EPR y otras organizaciones. Restará delimitar las responsabilidades: saber si el secuestro es producto de la operatividad de algún comando o banda, pero evidentemente provisto en materia logística lo suficiente, tanto como para llevar a cabo estos secuestros. Puntualmente, las amenazas refieren al tío de los Cerezo Contreras (que el Comité ha reconocido) y a dos personas más. A la tercera, el veracruzano Gabino Flores Cruz, se lo caracteriza como “zapatito”, en presunta referencia por su adhesión a la “Otra Campaña” zapatista. En este caso, claramente los organismos de Derechos Humanos están recibiendo los golpes que se pretenden contra guerrilleros, pues se los considera parte de estos, misma lectura que las administraciones sostienen con respecto a estos organismos.
Textual, la amenaza: (9)
“From: tiburcio loxicha
Subject: DE PAPÀ
Date: Tue, 26 Jun 2007 20:42:22 -0500
como estàn? calientitos? que pedo con los desaparecidos? familia? adorado tìo? fabuloso padre?
Asi son las cosas de la vida otra vez en pedos la family, ni modos los tenemos bien cercas a ustedes tres, a los de la palma y a tu querida familia, y a tu tiito cara de culito y a su amiguito habladorcito que no para y el otro tambièn habla y habla, pero a lo mejor ya no hablan ya se quedan calladitos o ya les cargo la verga. Solo diosito sabe, y tambien marxito y leninito culito. Dile a papito y a mamita que nos sean cobardes que hagan sus mamaditas para que vean como los vamos a poner a ustedes desnuditos y bien cojiditos. Pobre de tio y zapatito se creìan muy chingoncitos y cayeron como palomitas del sur. Hasta luego amorcitos. Desde la sierra del sur. Sus verdaderos padres.”
Tanto como “presos por consigna”, tal como lo caracterizó el periodista Miguel Angel Granados Chapa, o “rehenes del Estado” como lo ha definido el propio Comité, estas desapariciones cobran el sentido de actuar como forma de presión y chantaje hacia el grupo armado y, particularmente, a su padre, a través de los hermanos, quienes nada saben desde la adolescencia. Entre otras cosas, se lo considera responsable de los linchamientos de los tres policías en Tláhuac en noviembre de 2004. Distintas versiones indican que los policías linchados y luego quemados estaban haciendo inteligencia en el lugar para atraparlo.
En su último trabajo, el Comité aclara: “hoy es claro, aunque terrible enterarnos a través de la última amenaza de muerte, que siempre hemos sido utilizados por el Estado en su guerra contra los grupos insurgentes, que somos sólo una carnada, una pieza más en su tablero, y que los casos que hemos acompañado, las acciones que hemos emprendido en defensa de nuestro hermanos presos son el pretexto para hostigarnos y amenazarnos con la perversa finalidad de chantajear a nuestros padres, de hacerles sentir dolor psíquico, de intentar obligarlos a hacer o dejar de hacer algo en lo que nosotros jamás hemos tenido injerencia.” (10)
— III —
La actual administración está librando una batalla a través de los operativos implementados, que incluyen a los grupos insurgentes. En la lógica de esta guerra procura encontrar vínculos entre las organizaciones sociales (el caso más paradigmático ha sido el de la APPO en Oaxaca), por tanto el campo de esa batalla se extiende hasta el seno de la sociedad misma y a la conciencia de cada mexicano. La idea es desprestigiar al enemigo (la propia lógica de la guerra así lo impone) ampliando además la composición de éste para ganar la legitimidad necesaria y además que la sociedad vea en esas organizaciones (sociales, políticas y de Derechos Humanos) a los componentes de ese enemigo. De esta forma, y no sólo con enfrentamientos y balas, se deberá ganar la guerra.
Frente a esta dinámica bélica se le opone otra que se corresponde con la lógica civil de las organizaciones sociales, su lucha reivindicativa, la solicitud por la solución a los distintos problemas planteados como así también la resolución de esas demandas a través de canales institucionales. Ésta última, sin embargo, está mostrando algunos signos de agotamiento. Como ejemplo de ello cada conflicto social de magnitud, desde el 2000 a la fecha, acabó con la incursión violenta de las fuerzas de seguridad y no en el ámbito político-institucional.
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Notas
(1) Comité Cerezo Contreras, “¿Sólo somos rehenes del Estado Mexicano?”, 4.VII.2007. Disponible en: www.espora.org/comitecerezo/.
(2) Aunque luego fue desmentido por el secretario Galván Galván, el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, afirmó que los operativos alcanzan, también, a los grupos guerrilleros.
(3) Ossiel Pacheco, “Llama la Iglesia católica al Ejército y cuerpos policiacos a no reprimir movimientos sociales”, La Jornada Guerrero 2.VII.2007; Mónica Martínez García, “Total respeto a derechos humanos en Guerrero, pide el Arzobispo Aguirre Franco al Ejército”, El Sur, misma fecha.
(4) Cierre de la columna del periodista Francisco Paco Rodríguez. (“La guerrilla, armadas ¡con ideas!” 28.VI.2007. Disponible en: www.indicepolitico.com.)
(5) Consúltese en www.espora.org/comitecerezo/.
(6) Comité Cerezo Contreras, “¿Sólo somos rehenes del Estado Mexicano?”, ya citado.
(7) Ibíd.
(8) Hasta el remitente no ha sido librado al azar: “tiburcio”, es el nombre del presunto líder del EPR, y “loxicha” en referencia al pueblo indígena zapoteca de la sierra sur de Oaxaca, que en tiempos del ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano fue señalado como “bastión del EPR” para, a partir de allí, provocar una violenta represión en el lugar y posicionarse como el “hombre fuerte”. Luego ocupará el cargo de secretario de Gobernación durante la administración del ex presidente Ernesto Zedillo.
(9) (AU-016-2007–DF–CEREZO) www.espora.org/comitecerezo/.
(10) “¿Sólo somos rehenes del Estado Mexicano?”, op.cit.
Jorge Lofredo
jorge.lofredo@gmail.com
¿Qué hicimos para que “todo el peso de lo legal
e ilegal del Estado mexicano” cayera sobre nosotros? (1)
Desde el 25 de mayo pasado, la gran mayoría de los grupos insurgentes mexicanos vienen denunciando la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Oaxaca. A ello debe sumársele el reciente reconocimiento por parte de los familiares de uno de ellos. A partir de aquí se pueden esbozar algunas consideraciones que vienen marcando la pauta de la política nacional en los últimos tiempos, aunque puntualmente con mayor preponderancia desde hace un año a esta parte.
En ese contexto la demanda por la aparición de los desaparecidos en Oaxaca alcanzó a unificar, en forma notable, la posición de los grupos insurgentes. El significado que esta cuestión posee tiene tanto peso que logró anteponerse a sus distanciadas posiciones: ello les ha otorgado una instancia unificadora, donde los llamados a la unidad conviven junto al alerta militar de los grupos. Una simple recorrida a sus comunicados da cuenta de ello.
— I —
1. La actual administración federal no ha tomado la iniciativa política con la implementación de los operativos conjuntos pero si parece haber volcado en ellos una necesidad de legitimarse, que ha sido y sigue siendo puesta en tela de juicio desde su asunción en el primer cargo del país hace poco más de un año. Debido a que éstos (los operativos) procuran alcanzar ámbitos clandestinos (delincuencia, narco) no hay razón para que desentienda de esta lista a las organizaciones políticas insurgentes (guerrilla) (2) pero no ocurre algo semejante con las bandas paramilitares; y que, de acuerdo con distintas declaraciones –particularmente desde Guerrero donde el caso mas claro resultan las del arzobispo de Acapulco (3)–, afectan también a distintas organizaciones (sociales, populares, políticas, Derechos Humanos) no clandestinas ni tampoco ilegales. Este factor se ha dado en llamar “criminalización de la protesta social”, que no es más que entender el fenómeno político y social reivindicativo en clave delincuencial, y que, por tanto, no encontrarán una resolución política dentro de las instituciones sino que serán tratadas en ámbitos judiciales.
2. Los organismos de Derechos Humanos, particularmente los nacionales, están siendo tratados como un componente más de la política de los grupos insurgentes. De esta manera, se desestima cualquier aspecto de su trabajo, a la vez que no se ofrecen respuestas a las distintas peticiones y denuncias que se realizan en este sentido y además están siendo víctimas de distintas amenazas y presiones. Cabe recordar que por circunstancias semejantes, la abogada Digna Ochoa fue asesinada. Una misma realidad viven las organizaciones sociales que basan su actividad en la esfera legal. La abultada condena al líder de los macheteros de Atenco (más de sesenta años) o de los dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (más de cincuenta) encarcelados junto con algunos capos del narco es un claro ejemplo de que, en este caso puntual, protesta social, guerrilla, narco y delincuencia significan lo mismo, lo que demuestra una ausencia de política en este sentido.
3. La negativa de distintas organizaciones a la conformación de una Comisión de la Verdad en Guerrero en torno de la masacre de Aguas Blancas y la reciente liberación del general Acosta Chaparro son indicadores de las pautas que políticamente vienen imponiéndose. Y ello tiene dos lecturas: a) descreimiento de la vía política (gobernador, cámara de diputados local, comisiones) como ámbito de la resolución de conflictos; y b) descreimiento de la vía institucional mediante el rechazo a las decisiones judiciales que involucran al pasado, en materia de violación a los Derechos Humanos, que afectan directamente a diversos actores de la vida política actual. No está de más recordar que la mayoría de los grupos insurgentes que operan en la actualidad encuentran en los sucesos del 68 y del 71 uno de los puntos de partida para su decisión por la vía armada.
“¿Ante las ideas, la actual administración sólo responderá con armas?”. ¿La interrogante del Índice Político (4) comenzará a develarse? Difícil preverlo, pero sí hay al menos dos interrogantes más que se suman a la original: ¿combate abierto (para la relegitimación de la administración federal) al narco y clandestino (o de “baja intensidad”, según los guerrilleros) a organizaciones políticas?
— II —
El caso de los hermanos Cerezo Contreras es paradigmático tanto para la anterior administración como para la actual: fueron detenidos en agosto de 2001 acusados de terrorismo luego de los petardos en las sucursales de Banamex en el DF, reivindicados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (desprendimiento del EPR). Todas las organizaciones insurgentes aseguran que los hermanos nada tuvieron nada que ver con esta acción sino que son los hijos de un presunto dirigente del EPR, Francisco Cerezo Quiróz (o Tiburcio Cruz Sánchez, alias El Profesor). El EPR, que ha reconocido a sus miembros cuando éstos son encarcelados o como en este caso que aquí nos ocupa, desaparecidos, también aseguró que ninguno de los Cerezo Contreras tienen vínculos con su estructura.
Recientemente el Comité Cerezo hizo pública una denuncia (AU-016-2007–DF–CEREZO) (5) en la cual señala que continúa siendo víctima de amenazas anónimas, como parte de una guerra sucia desarrollada en contra de ese organismo. Los recientes desaparecidos de Oaxaca, se asegura en la más reciente amenaza, tendrían vínculos familiares con la dirigencia del EPR, lo que llevaría a la conclusión de que se trataría, nuevamente, de que el objetivo de mantener en calidad de desaparecidos a Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya tiene por objetivo obligar a actuar a la dirigencia del EPR, que estaría integrada según el CISEN y las distintas corporaciones de seguridad por el padre de los hermanos Cerezo Contreras. Ello desembocaría, nuevamente, en la estrategia de “presos por consigna”, o como ha dado en llamar el propio Comité Cerezo, “rehenes del Estado Mexicano”. (6)
El primer artículo de la reciente Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, el que resulta un delito de lesa humanidad al igual que la desaparición, especifica:
“1. Toda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominará ‘el rehén’) o la detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén, comete el delito de toma de rehenes en el sentido de la presente Convención.
2. Toda persona que:
a) intente cometer un acto de toma de rehenes, o
b) participe como cómplice de otra persona que cometa o intente cometer un acto de toma de rehenes comete igualmente un delito en el sentido de la presente Convención.” (7)
Más allá del perfil del lenguaje y de la gravedad de las amenazas allí vertidas, es evidente que quienes esto escribieron saben perfectamente qué y cómo lo expresan (8): al menos, los responsables del secuestro y chantaje sí están inmersos en llevar adelante una guerra sucia contra los Cerezo Contreras, el EPR y otras organizaciones. Restará delimitar las responsabilidades: saber si el secuestro es producto de la operatividad de algún comando o banda, pero evidentemente provisto en materia logística lo suficiente, tanto como para llevar a cabo estos secuestros. Puntualmente, las amenazas refieren al tío de los Cerezo Contreras (que el Comité ha reconocido) y a dos personas más. A la tercera, el veracruzano Gabino Flores Cruz, se lo caracteriza como “zapatito”, en presunta referencia por su adhesión a la “Otra Campaña” zapatista. En este caso, claramente los organismos de Derechos Humanos están recibiendo los golpes que se pretenden contra guerrilleros, pues se los considera parte de estos, misma lectura que las administraciones sostienen con respecto a estos organismos.
Textual, la amenaza: (9)
“From: tiburcio loxicha
Subject: DE PAPÀ
Date: Tue, 26 Jun 2007 20:42:22 -0500
como estàn? calientitos? que pedo con los desaparecidos? familia? adorado tìo? fabuloso padre?
Asi son las cosas de la vida otra vez en pedos la family, ni modos los tenemos bien cercas a ustedes tres, a los de la palma y a tu querida familia, y a tu tiito cara de culito y a su amiguito habladorcito que no para y el otro tambièn habla y habla, pero a lo mejor ya no hablan ya se quedan calladitos o ya les cargo la verga. Solo diosito sabe, y tambien marxito y leninito culito. Dile a papito y a mamita que nos sean cobardes que hagan sus mamaditas para que vean como los vamos a poner a ustedes desnuditos y bien cojiditos. Pobre de tio y zapatito se creìan muy chingoncitos y cayeron como palomitas del sur. Hasta luego amorcitos. Desde la sierra del sur. Sus verdaderos padres.”
Tanto como “presos por consigna”, tal como lo caracterizó el periodista Miguel Angel Granados Chapa, o “rehenes del Estado” como lo ha definido el propio Comité, estas desapariciones cobran el sentido de actuar como forma de presión y chantaje hacia el grupo armado y, particularmente, a su padre, a través de los hermanos, quienes nada saben desde la adolescencia. Entre otras cosas, se lo considera responsable de los linchamientos de los tres policías en Tláhuac en noviembre de 2004. Distintas versiones indican que los policías linchados y luego quemados estaban haciendo inteligencia en el lugar para atraparlo.
En su último trabajo, el Comité aclara: “hoy es claro, aunque terrible enterarnos a través de la última amenaza de muerte, que siempre hemos sido utilizados por el Estado en su guerra contra los grupos insurgentes, que somos sólo una carnada, una pieza más en su tablero, y que los casos que hemos acompañado, las acciones que hemos emprendido en defensa de nuestro hermanos presos son el pretexto para hostigarnos y amenazarnos con la perversa finalidad de chantajear a nuestros padres, de hacerles sentir dolor psíquico, de intentar obligarlos a hacer o dejar de hacer algo en lo que nosotros jamás hemos tenido injerencia.” (10)
— III —
La actual administración está librando una batalla a través de los operativos implementados, que incluyen a los grupos insurgentes. En la lógica de esta guerra procura encontrar vínculos entre las organizaciones sociales (el caso más paradigmático ha sido el de la APPO en Oaxaca), por tanto el campo de esa batalla se extiende hasta el seno de la sociedad misma y a la conciencia de cada mexicano. La idea es desprestigiar al enemigo (la propia lógica de la guerra así lo impone) ampliando además la composición de éste para ganar la legitimidad necesaria y además que la sociedad vea en esas organizaciones (sociales, políticas y de Derechos Humanos) a los componentes de ese enemigo. De esta forma, y no sólo con enfrentamientos y balas, se deberá ganar la guerra.
Frente a esta dinámica bélica se le opone otra que se corresponde con la lógica civil de las organizaciones sociales, su lucha reivindicativa, la solicitud por la solución a los distintos problemas planteados como así también la resolución de esas demandas a través de canales institucionales. Ésta última, sin embargo, está mostrando algunos signos de agotamiento. Como ejemplo de ello cada conflicto social de magnitud, desde el 2000 a la fecha, acabó con la incursión violenta de las fuerzas de seguridad y no en el ámbito político-institucional.
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Notas
(1) Comité Cerezo Contreras, “¿Sólo somos rehenes del Estado Mexicano?”, 4.VII.2007. Disponible en: www.espora.org/comitecerezo/.
(2) Aunque luego fue desmentido por el secretario Galván Galván, el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, afirmó que los operativos alcanzan, también, a los grupos guerrilleros.
(3) Ossiel Pacheco, “Llama la Iglesia católica al Ejército y cuerpos policiacos a no reprimir movimientos sociales”, La Jornada Guerrero 2.VII.2007; Mónica Martínez García, “Total respeto a derechos humanos en Guerrero, pide el Arzobispo Aguirre Franco al Ejército”, El Sur, misma fecha.
(4) Cierre de la columna del periodista Francisco Paco Rodríguez. (“La guerrilla, armadas ¡con ideas!” 28.VI.2007. Disponible en: www.indicepolitico.com.)
(5) Consúltese en www.espora.org/comitecerezo/.
(6) Comité Cerezo Contreras, “¿Sólo somos rehenes del Estado Mexicano?”, ya citado.
(7) Ibíd.
(8) Hasta el remitente no ha sido librado al azar: “tiburcio”, es el nombre del presunto líder del EPR, y “loxicha” en referencia al pueblo indígena zapoteca de la sierra sur de Oaxaca, que en tiempos del ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano fue señalado como “bastión del EPR” para, a partir de allí, provocar una violenta represión en el lugar y posicionarse como el “hombre fuerte”. Luego ocupará el cargo de secretario de Gobernación durante la administración del ex presidente Ernesto Zedillo.
(9) (AU-016-2007–DF–CEREZO) www.espora.org/comitecerezo/.
(10) “¿Sólo somos rehenes del Estado Mexicano?”, op.cit.