Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2007-08-08
Categoría
Postdata
Fichero Adjunto
PEMEX, Chiapas, Oaxaca…
PEMEX, CHIAPAS, OAXACA...
JORGE LOFREDO
jorge.lofredo@gmail.com
Con la continuidad de la campaña contra ‘objetivos de la oligarquía’, el EPR está procurando imponer sus propios tiempos políticos a través de la demostración de su capacidad militar, también con la decisión política de impulsar nuevas acciones y su movilidad geográfica, desde el centro-norte hacia el sur-sureste mexicano. Empuja así a otras fuerzas políticas y sociales a posicionarse sobre la demanda por la presentación de sus desaparecidos y a una definición acerca de la responsabilidad del Estado Mexicano en esta materia. Esta ‘campaña nacional de hostigamiento’ no es, en si misma, un objetivo revolucionario enmarcado dentro de la guerra popular prolongada sino que, en este caso, el recurso a la ‘autodefensa armada’ lo es por obligación de estas particulares circunstancias y como una consecuencia posible de los riesgos que impone el accionar clandestino.
En Chiapas y Oaxaca el EPR ha confirmado, además de la expansión territorial y su lógica operativa regional –aunque con ello merme la resonancia informativa de sus acciones–, un alejamiento de los movimientos sociales en las entidades donde se produjeron las últimas acciones. Si esta cuestión se evidenció en Chiapas, con los explosivos de Oaxaca agudizó su distancia con la dirigencia de la APPO, que ratifica en el cierre del comunicado del 1 de agosto. Al debate abierto tras las explosiones del 5 y 10 de julio, que osciló en torno de su presencia efectiva fuera del sureste mexicano, aquí se suma otro que refiere a la relación con el EZLN. Chiapas nunca ha sido un área de influencia exclusiva del neo-zapatismo; y aunque nunca con la misma intensidad como en Guerrero y Oaxaca, el EPR y el PROCUP siempre mantuvieron presencia en ese estado y la relación con el EZ ha sido, cuanto menos, distante.
En sus comunicados también esgrime críticas por la falta de apoyo en su reclamo; sin embargo, ello puede explicarse por, al menos, tres razones: la ‘leyenda negra’ que embarga a la organización desde los tiempos del PROCUP, el estigma que porta desde su emergencia en 1996 y el carácter clandestino, intrínseco en toda organización político-militar.
En Oaxaca presenta su acción como una respuesta: “en México y Oaxaca no pasa nada, todo es paz y armonía”; no obstante, es imposible desconocer el largo e irresuelto conflicto que tiene lugar en la entidad, como así también las consecuencias políticas del reciente documento de AI conocido en las vísperas de los hechos y de la inminencia del acto eleccionario. Protagonizando la vía armada parece desentenderse de su declaración política, cuando el EPR afirma que “no busca intimidar a la población o inhibir la participación de la ciudadanía en el próximo proceso electoral, sino solamente golpear los intereses de la oligarquía nacional y extranjera”. De cualquier manera –aún cuando ha expresado que es el resultado de la inviabilidad de los canales institucionales y de la existencia de una violencia previa– la evaluación final de esta campaña no podrá desligarse del desarrollo de la política mexicana.
La campaña desnuda su descreimiento en las formas institucionales, y lo había subrayado en un texto anterior: “hasta hoy, de nada han servido las gestiones realizadas dentro de la ‘legalidad existente’, por lo que nos preguntamos y preguntamos ¿Qué es necesario hacer para que este gobierno presente a nuestros compañeros… y a todos los detenidos-desaparecidos del país?”. Para el EPR, la defección de esta ‘legalidad’ abre los caminos para accionar a través de la vía militar.
En PEMEX, tres fueron los elementos que potenciaron su repercusión: el retorno del actor, objetivo y lugar; en cambio, en estos casos el primero ya no resultó novedad sino su confirmación, el siguiente no causó la misma impresión que los ductos (aunque ello desvanezca en parte los argumentos contrarios pues ahora no hay referencia a la afectación del patrimonio nacional a la vez que se disipa la teoría de la ‘cortina de humo’), y en referencia al último, tampoco trascendió como en la ocasión anterior debido al registro público de su existencia previa en estos estados. Los más recientes objetivos ya no demandan tanta justificación ideológica como si ocurrió con los ductos.
Hay otra razón, en cambio, que parece expresar la tensa expectativa que sostienen las demás organizaciones político-militares. No se vislumbra en ciernes una unidad revolucionaria de sus fuerzas, pero ello no alcanza para evitar la decisión de accionar en forma autónoma, ya como expresión coyuntural o como símbolo de ‘solidaridad revolucionaria’, enmarcada siempre en la campaña militar nacional. En este sentido, nada se conocía públicamente del ‘Colectivo Revolucionario Francisco Javier Mina’, que actuó junto a TDR (el más activo hasta el inicio de la campaña) y otros en forma coordinada desde junio de 2006 hasta la actividad de ‘propaganda armada’ en Oaxaca, a fines de agosto de ese año. Ya en octubre no participó de la conferencia de prensa ni de las explosiones de noviembre en el DF reivindicadas por esa coordinación. Y tampoco se supo luego, hasta que el EPR mencionó la participación del ‘Destacamento Francisco Javier Mina’ en Querétaro y Guanajuato. Y aunque el nombre del caudillo insurgente no es propiedad de algún grupo, en Chiapas y Oaxaca no se hace mención del pelotón o comando que allí actuaron.
En cualquier sentido, el EPR aspira a liderar, con respecto a cada una de las partes escindidas de su seno, la vía armada como medio posible de actuación, y también vuelve a mostrarles su ‘enemigo en común’: el Estado Mexicano.
JORGE LOFREDO
jorge.lofredo@gmail.com
Con la continuidad de la campaña contra ‘objetivos de la oligarquía’, el EPR está procurando imponer sus propios tiempos políticos a través de la demostración de su capacidad militar, también con la decisión política de impulsar nuevas acciones y su movilidad geográfica, desde el centro-norte hacia el sur-sureste mexicano. Empuja así a otras fuerzas políticas y sociales a posicionarse sobre la demanda por la presentación de sus desaparecidos y a una definición acerca de la responsabilidad del Estado Mexicano en esta materia. Esta ‘campaña nacional de hostigamiento’ no es, en si misma, un objetivo revolucionario enmarcado dentro de la guerra popular prolongada sino que, en este caso, el recurso a la ‘autodefensa armada’ lo es por obligación de estas particulares circunstancias y como una consecuencia posible de los riesgos que impone el accionar clandestino.
En Chiapas y Oaxaca el EPR ha confirmado, además de la expansión territorial y su lógica operativa regional –aunque con ello merme la resonancia informativa de sus acciones–, un alejamiento de los movimientos sociales en las entidades donde se produjeron las últimas acciones. Si esta cuestión se evidenció en Chiapas, con los explosivos de Oaxaca agudizó su distancia con la dirigencia de la APPO, que ratifica en el cierre del comunicado del 1 de agosto. Al debate abierto tras las explosiones del 5 y 10 de julio, que osciló en torno de su presencia efectiva fuera del sureste mexicano, aquí se suma otro que refiere a la relación con el EZLN. Chiapas nunca ha sido un área de influencia exclusiva del neo-zapatismo; y aunque nunca con la misma intensidad como en Guerrero y Oaxaca, el EPR y el PROCUP siempre mantuvieron presencia en ese estado y la relación con el EZ ha sido, cuanto menos, distante.
En sus comunicados también esgrime críticas por la falta de apoyo en su reclamo; sin embargo, ello puede explicarse por, al menos, tres razones: la ‘leyenda negra’ que embarga a la organización desde los tiempos del PROCUP, el estigma que porta desde su emergencia en 1996 y el carácter clandestino, intrínseco en toda organización político-militar.
En Oaxaca presenta su acción como una respuesta: “en México y Oaxaca no pasa nada, todo es paz y armonía”; no obstante, es imposible desconocer el largo e irresuelto conflicto que tiene lugar en la entidad, como así también las consecuencias políticas del reciente documento de AI conocido en las vísperas de los hechos y de la inminencia del acto eleccionario. Protagonizando la vía armada parece desentenderse de su declaración política, cuando el EPR afirma que “no busca intimidar a la población o inhibir la participación de la ciudadanía en el próximo proceso electoral, sino solamente golpear los intereses de la oligarquía nacional y extranjera”. De cualquier manera –aún cuando ha expresado que es el resultado de la inviabilidad de los canales institucionales y de la existencia de una violencia previa– la evaluación final de esta campaña no podrá desligarse del desarrollo de la política mexicana.
La campaña desnuda su descreimiento en las formas institucionales, y lo había subrayado en un texto anterior: “hasta hoy, de nada han servido las gestiones realizadas dentro de la ‘legalidad existente’, por lo que nos preguntamos y preguntamos ¿Qué es necesario hacer para que este gobierno presente a nuestros compañeros… y a todos los detenidos-desaparecidos del país?”. Para el EPR, la defección de esta ‘legalidad’ abre los caminos para accionar a través de la vía militar.
En PEMEX, tres fueron los elementos que potenciaron su repercusión: el retorno del actor, objetivo y lugar; en cambio, en estos casos el primero ya no resultó novedad sino su confirmación, el siguiente no causó la misma impresión que los ductos (aunque ello desvanezca en parte los argumentos contrarios pues ahora no hay referencia a la afectación del patrimonio nacional a la vez que se disipa la teoría de la ‘cortina de humo’), y en referencia al último, tampoco trascendió como en la ocasión anterior debido al registro público de su existencia previa en estos estados. Los más recientes objetivos ya no demandan tanta justificación ideológica como si ocurrió con los ductos.
Hay otra razón, en cambio, que parece expresar la tensa expectativa que sostienen las demás organizaciones político-militares. No se vislumbra en ciernes una unidad revolucionaria de sus fuerzas, pero ello no alcanza para evitar la decisión de accionar en forma autónoma, ya como expresión coyuntural o como símbolo de ‘solidaridad revolucionaria’, enmarcada siempre en la campaña militar nacional. En este sentido, nada se conocía públicamente del ‘Colectivo Revolucionario Francisco Javier Mina’, que actuó junto a TDR (el más activo hasta el inicio de la campaña) y otros en forma coordinada desde junio de 2006 hasta la actividad de ‘propaganda armada’ en Oaxaca, a fines de agosto de ese año. Ya en octubre no participó de la conferencia de prensa ni de las explosiones de noviembre en el DF reivindicadas por esa coordinación. Y tampoco se supo luego, hasta que el EPR mencionó la participación del ‘Destacamento Francisco Javier Mina’ en Querétaro y Guanajuato. Y aunque el nombre del caudillo insurgente no es propiedad de algún grupo, en Chiapas y Oaxaca no se hace mención del pelotón o comando que allí actuaron.
En cualquier sentido, el EPR aspira a liderar, con respecto a cada una de las partes escindidas de su seno, la vía armada como medio posible de actuación, y también vuelve a mostrarles su ‘enemigo en común’: el Estado Mexicano.