Comunicado a la Nación No. 5

¡¡¡NI UN DESAPARECIDO POLÍTICO MÁS!!!

A los mártires del asalto al Cuartel Madera, el 23 de septiembre de 1965.


COMUNICADO A LA NACIÓN No. 5

A los pueblos de México.
A los pueblos del mundo.
A la Asamblea Popular de los Pueblos de México.
A las mujeres y hombres libres de la Convención Nacional Democrática.
Al EZLN y organizaciones adherentes de La Otra Alternativa antineoliberal y anticapitalista.
A las organizaciones revolucionarias armadas del país.


En el México de abajo estamos sujetos por innumerables cadenas que nos aprisionan y laceran, posibilitando una forma de apropiación de la vida y del trabajo que sólo estimula la insaciable voracidad del México de arriba. Son cadenas -visibles e invisibles- con las que se intenta controlar, una vez más, el pensamiento y la acción social, dentro de las pautas derechistas que impone el gran capital, a través del grupúsculo servil que usurpa el gobierno federal.

Pero el México de arriba nunca ha conseguido vencer la resistencia y aniquilar la rebeldía que brota del corazón, la experiencia y la memoria de nuestro pueblo. No lo consiguió en la independencia, la reforma y la revolución mexicana. No lo consiguió en las luchas sociales del siglo pasado, ni en el curso de la guerra sucia contrainsurgente de las últimas décadas. ¡Y no lo conseguirá jamás!; como tampoco podrá impedir que el pueblo tome en sus manos las riendas de su destino.

A juicio de las organizaciones firmantes, algunas de las cadenas opresivas que resistimos, y necesitamos romper todos, son:

Las cadenas de la mundialización capitalista, cuya depredadora acción agudiza la explotación, la pobreza y la marginación de todas las clases y naciones dominadas de la tierra.

Las cadenas del neoliberalismo y de sus estrategias de acumulación de riqueza, y políticas de ajuste, diseñadas e impuestas, por los centros de poder imperial, a todos los pueblos del mundo para intensificar el saqueo de sus naciones y la recomposición de sus Estados, en función de las actuales necesidades del gran capital.

Las cadenas de la dominación económica, financiera y comercial (TLCAN, PPP, ALCA, etc.), y de las estrategias políticas y militares (Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, Plan México, Plan Colombia, etc.), que han instrumentado las corporaciones multinacionales, los organismos financieros internacionales y las potencias imperialistas (con Estados Unidos a la cabeza) en nuestro continente y en otras regiones del mundo, para mantener su dominación e intentar detener las luchas de los pueblos en contra del saqueo neoliberal.

Las cadenas de la reestructuración del mundo del trabajo y del capital -reestructuración tipo embudo donde los saqueadores se quedan con la mayor parte de la riqueza social-, y de la falta de mayor crecimiento y desarrollo de nuestra economía, que nos colocan al margen del empleo, la salud, la educación, la vivienda, la canasta básica y nos obligan a emigrar, como nunca, al otro lado de la frontera en busca de mejores perspectivas de vida y de trabajo; mientras que un solo mexicano -Carlos Slim- se afianza como el hombre más rico del mundo, apoyado por el poder del Estado.

Las cadenas del poder político estatal que ahora ejerce el gobierno usurpador de Felipe Calderón, en representación de la golpista y rapaz élite neoliberal mexicana. Gobierno que recién reprodujo el ritual presidencialista, imperial y adulatorio, que caracterizó al régimen priista, tras vano intento de legitimación y reconocimiento político, en ocasión de su primer informe de gobierno. La forma sigue siendo fondo.

Las cadenas de la dominación de clase y de la corrupción que han impuesto las mafias del poder dentro del Congreso, a fin de bloquear el acceso de las exigencias del movimiento social, liquidar la exigua representación popular y el uso debido del poder político, haciendo de la protesta política –las más de las veces- una mera farsa y un formalismo para negociar y conservar cotos de poder.

Las cadenas de la imposición de reformas legales orientadas a fortalecer la relación de dominio-subordinación, y la conformidad de los gobernados, para obedecer leyes espurias y para acatar “voluntariamente” el mando político; como lo prueban la ley indígena y las reformas a la ley del IMSS y del ISSSTE, así como la limitada reforma a la ley electoral.

Las cadenas de la descomposición de clase que campea y corroe todos los ámbitos del poder judicial y de las supuestas instituciones autónomas, creadas y subsidiadas para legitimar al poder corrupto establecido; así como del desfachatado e impúdico enriquecimiento de que hacen alarde los gobernantes y ex gobernantes (como Vicente Fox), tras entregar el país a las grandes corporaciones multinacionales.

Las cadenas del bombardeo ideológico que ejerce el duopolio televisivo y demás medios de comunicación derechistas, en supuesta defensa de la libertad de expresión, para distorsionar la imagen de la realidad, manipular conciencias y voluntades, y tratar de ocultar la cuestionada legitimidad del gobierno federal panista, a cambio de mayores cuotas de poder, así como de concesiones, exenciones, subsidios y la compra de espacios publicitarios.

Las cadenas de la opresión de un poder de Estado cada vez más represivo y contrainsurgente, el cual ha creado nuevos grupos castrenses -como el Cuerpo Especial de Apoyo Federal-, y nuevos organismos policiacos –como el Grupo Central de Atención a la Subversión-, desplegando a sus cuerpos policiacos y militares en todo el país, escalando la guerra sucia, el feminicidio y el terrorismo de Estado, contra los movimientos sociales y políticos (Sicartsa, Atenco, Oaxaca, La Parota, La Otra Campaña, etc.), y contra los movimientos políticos armados, bajo la cubierta del supuesto combate a la delincuencia organizada y la “defensa” del patrimonio nacional.

Las cadenas de la inseguridad, del incremento de la delincuencia social y del narcotráfico, así como de la exacerbación de la disputa por el control de territorios -y posiciones dentro del poder político del Estado- entre cárteles de la droga, a niveles nunca antes vistos, de lo cual dan cuenta los miles de “levantones”, secuestros y asesinatos que se han producido a lo largo y ancho de la geografía nacional. Los cientos de millones de dólares “decomisados” a Zhenli Ye Gon, aportados por los cárteles de la droga para apoyar la campaña de Felipe Calderón a la presidencia de la república, es un episodio que ilustra el nivel de corrupción y de involucramiento del narco-gobierno en la pugna por el control de territorios.

Hoy, millones de mexicanas y mexicanos seguimos oprimidos por un sin fin de ataduras, rejas, muros y cautiverios -materiales y simbólicos- que mediatizan parte de la conciencia social, pero que no consiguen aniquilar la resistencia y la rebeldía popular, a pesar de la brutal represión de los de arriba, así como de los errores y tropezones que en nuestro andar tenemos los de abajo.

Hoy más que nunca se hace necesario identificar y visualizar las múltiples cadenas que nos oprimen, entender cómo funcionan, romper radicalmente con ellas y librarnos de las limitaciones que nos imponen, pues sólo de ese modo podremos rescatar, reconstituir y transformar la república que somos, hacer efectivos sus principios de soberanía, democracia, federalismo, división de poderes, constitucionalidad, laicismo y libertad, con base en los cuales se estructuró la patria mexicana, y avanzar también en la internacionalización de la lucha popular, así como en la solución radical de los problemas que siguen lacerando a toda la humanidad.

Sobre todo, necesitamos tener presente que el peligro inmediato para el México de abajo es la minoría derechista enquistada en el poder que, con su proyecto 20-30, está profundizando la explotación, el saqueo de los recursos -naturales y estratégicos- de la nación, el desmantelamiento del Estado y reforzando el régimen político conservador, represivo y contrainsurgente, instaurado desde el 2000 por los poderes fácticos y la ultraderecha panista. No podemos soslayar, ni dejar en la impunidad, el brutal aplastamiento de los principales movimientos populares (como el de Atenco, Oaxaca, Chiapas), ni los más de 500 presos de conciencia, ni los más de 100 desparecidos políticos, que tienen en su haber los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. No podemos ignorar la Guerra de Baja Intensidad (GBI) contra la Convención Nacional Democrática, contra el EZLN y La Otra Campaña, y contra los movimientos políticos armados del país; GBI intensificada por el régimen panista, pero primeramente instrumentada por los gobiernos priistas, y que sólo bajo el Salinato dio lugar a más de 600 perredistas asesinados.

En virtud de ello, se hace necesario que las organizaciones del país, y sus movimientos sociales y políticos, articulemos esfuerzos, con base en coincidencias fundamentales, respecto a las metas y tareas políticas que, en el corto y mediano plazo, nos permitan hacer frente común a la ofensiva del gran capital y de la minoría usurpadora derechista.

Se hace necesario que en cada zona o región del país, todos los sectores populares y democráticos del México de abajo, intensifiquemos el desarrollo de la organización, la conciencia y la acción política para la recuperación de la patria. Y promovamos la recuperación de la memoria histórica y la actualización de sus lecciones políticas y humanas.

Se requiere que este proceso liberador se desarrolle: 1) Principalmente desde abajo y desde fuera de las instituciones dominadas por la minoría derechista, a fin de avanzar en la construcción y la articulación de un nuevo poder democrático y popular. 2) Combinando, desarrollando y generalizando todas las formas de lucha, incluido el derecho a la autodefensa y a la resistencia armada, frente a la obstrucción de las vías democráticas y la acción represiva que ha intensificado la minoría derechista, desde el gobierno federal. 3) Desde arriba y desde dentro de las instituciones republicanas, a fin de conquistar posiciones, dar lugar a un nuevo sistema de partidos –verdaderamente democrático- y recontruir el mando político de abajo a arriba.

Se hace necesario que surjan planes de lucha concretos y diversos en todo el país. Planes que recojan y enarbolen el espíritu humanista, fraterno y libertario que animó a los independentistas, a los liberales antiimperialistas de la reforma, y a los agraristas y sindicalistas de la revolución; que recuperen la raíz comunitaria y el ejemplo de dignidad de los pueblos indígenas, afromestizos y mestizos de nuestro país, y garanticen el respeto a sus derechos y a su cultura; que rescaten las conquistas laborales y sindicales de la clase trabajadora del país, y reconquisten el control de las grandes empresas y recursos de la nación; que retomen el ejemplo recto y justo de quienes han luchado a costa de su vida o su libertad por la democracia y el socialismo en nuestro país; que hagan imperar la justicia frente a las masacres perpetradas desde el poder del Estado contra los diversos movimientos sociales; que hagan posible la libertad de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos políticos y el castigo a los responsables de la guerra sucia y de los crímenes de Estado; y que orienten el previsible desencadenamiento de la violencia revolucionaria de todo el pueblo, al ser nuevamente defraudada y reprimida la voluntad popular por el gobierno derechista usurpador.

Desde nuestra perspectiva, las coincidencias fundamentales de todos estos planes, y de las luchas efectivas por su realización, podrían constituir la plataforma que contribuya a superar la dispersión de las fuerzas de izquierda, que posibilite la más amplia articulación de todos los movimientos sociales, antineoliberales y anticapitalistas, y que dé lugar a un nuevo pacto social entre todos los mexicanos, a fin de impulsar la realización de un nuevo proyecto de nación.

Hacemos un llamado al pueblo de México, y a sus organizaciones diversas, a superar la dispersión que priva entre las fuerzas de izquierda, a seguir impulsando la construcción del poder popular y a intensificar la lucha por recuperar y reconstruir una Patria libre y justa para todos, con base en la reconstrucción -justa y recta- de la visión teórica y la actividad-práctica-transformadora de la izquierda mexicana.

De manera particular, llamamos a los sectores honestos -y personalidades íntegras- de la izquierda institucional a hacer del ejercicio parlamentario y extraparlamentario no la actividad exclusiva y excluyente a la que la han reducido las prácticas supuestamente maduras y modernas –pero en realidad clientelares, corporativas y corruptas- de algunos de sus líderes y militantes, sino un ejercicio político pleno en el que participe activamente -y haga valer sus derechos- todo el pueblo; también llamamos a los movimientos de la izquierda social y, en particular, a sus organizaciones políticas, sindicales, agrarias, indígenas, ecologistas, de mujeres, etc., a seguir luchando activamente por la solución de las demandas democráticas-populares-nacionales, así como a fortalecer sus procesos autonómicos, autogestivos y democráticos; y llamamos a todas las organizaciones políticas armadas a profundizar y extender el trabajo de organización, a fortalecer la autodefensa popular y a incrementar el número de sus efectivos militares, frente a la ofensiva de la ultraderecha y la escalada represiva gubernamental.

Exigimos la presentación con vida de los militantes del PDPR-EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, capturados y desaparecidos, desde el 25 de mayo pasado, por los órganos de seguridad del Estado, y nos solidarizamos con la demanda legítima de dicha organización. Asimismo, rechazamos tajantemente la insidiosa versión que ha deslizado el gobierno federal en los medios de comunicación, para hacer creer que esta acción encubierta -propia de la Guerra de Baja Intensidad- fue producto de un “ajuste de cuentas” entre organizaciones revolucionarias armadas, y objetamos las cínicas y cobardes declaraciones de Ulises Ruíz Ortíz con las que pretende reforzar la versión federal.

Rechazamos la amenaza proferida por Felipe Calderón contra quienes no respalden la doble moral de su gobierno, al pretender que se condene la violencia que ejercen los de abajo en defensa de su vida y su dignidad, y se apruebe la violencia que ejercen los de arriba en defensa del poder y del dinero.

Rechazamos la pretensión del gobierno federal de acallar a sangre y fuego una de las demandas más sentidas del movimiento popular: la presentación con vida de más de 1200 desparecidos políticos, víctimas de la Guerra de Baja Intensidad desplegada, desde el poder del Estado, por los gobiernos priistas y panistas; demanda cuyo eco resuena desde hace más de 30 años en todo el país. Y llamamos a los ciudadanos, sectores sociales, sindicatos, partidos y organismos sensibles, así como a los miembros honestos del Frente Amplio Progresista en el Congreso, a luchar contra la guerra sucia y el terrorismo de Estado, y a tomar en sus manos el problema de los presos, los perseguidos y los desaparecidos políticos, y demás crímenes de Estado, para aclararlos, castigar a los responsables, evitar que se repitan y restañar las heridas que siguen lastimando a vastos sectores del pueblo mexicano.

Es absolutamente indispensable que el gobierno de Felipe Calderón dé marcha atrás a la “cacería de brujas” y a la acción persecutoria y represiva contra el movimiento social y el movimiento insurgente, so pena de escalar todavía más la confrontación social, política y militar a la que dio lugar el fraude electoral y los vanos intentos -mediáticos y coercitivos- por legitimarse en el poder.

Es preciso que salga Ulises Ruíz Ortíz, y todo su gabinete, del gobierno de Oaxaca, así como castigar a los responsables intelectuales y materiales de los más de 22 asesinatos perpetrados por las fuerzas policiacas, grupos paramilitares y fuerzas federales de ocupación contra el pueblo oaxaqueño y el movimiento social y magisterial, representado por la APPO.

Es necesario enjuiciar y castigar a los responsables de la brutal represión gubernamental contra los movimientos de Sicartsa, Atenco, La Parota y las comunidades zapatistas en Chiapas. Es forzoso enjuiciar y castigar a los responsables de las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque. Es preciso que el gobierno federal y el estatal detenga la ofensiva contrainsurgente lanzada contra el EZLN y sus bases de apoyo, y que todos los luchadores sociales y presos políticos del país recuperen su libertad de manera inmediata e incondicional.

Ante el secuestro de la patria, la estrucutración de un Estado de derecho en beneficio de los de arriba y la inoperancia de la justicia las organizaciones abajo firmantes comunicamos nuestra decisión y compromiso de hacer frente común a la desaparición forzada, y a todas las prácticas de la Guerra de Baja Intensidad, que el gobierno neoliberal está desplegando contra el movimiento social y el movimiento armado, recurriendo a la acción político-militar revolucionaria. Asimismo, hacemos un llamado a otras organizaciones revolucionarias armadas a asumir públicamente este mismo compromiso.

¡POR LA COORDINACIÓN REVOLUCIONARIA Y LA UNIDAD DE TODO EL PUEBLO!

Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos
MR-LCB

Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo
TDR-EP

Organización Insurgente-1º de Mayo
OI-1º M

Brigada de Ajusticiamiento-2 de Diciembre
BA-2D

República Mexicana, 23 de septiembre de 2007.