Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2007-09-28
Categoría
Comunicado
Simón, Sonia y el canje
SIMÓN, SONIA Y EL CANJE
Por: Iván Márquez / Integrante del Secretariado de las FARC-EP
El juez Roice Lamberth, quien acaba de permutar por 25 millones de dólares el castigo ejemplar que debió proferir contra la bananera estadounidense Chiquita Brand financiadora de grupos paramilitares autores de espantosas masacres en Colombia, es el mismo que hace dos meses condenó al guerrillero de las FARC Simón Trinidad mediante pruebas fraudulentas y presiones insólitas al jurado, rubricando así toda la venalidad y la podredumbre que distingue a la “justicia” norteamericana.
No puede llamarse justicia aquella que condena a un hombre, a un revolucionario, a un bolivariano cabal, sin ningún tipo de pruebas, sólo para castigar o enviarle una despreciable señal de chantaje a una organización guerrillera que no va a cejar en su empeño de buscar con el pueblo y sus organizaciones políticas y sociales la nueva Colombia soberana, democrática como la quería Bolívar, con justicia social y paz.
A Simón y a Sonia se les ha negado el derecho universal a la defensa jurídica. Todos los testigos llevados desde Bogotá a recitar falsedades contra ellos en las cortes de imperio, son agentes del ejército de Colombia; “sapos” o informantes pagados por el Estado para que mientan. Y los mandan en oleadas de 20 y 30. Todos han sido derrotados por las ideas y convicciones de Simón, a quien no le han permitido testigos a favor, y por el importante papel de sus abogados de oficio.
El primer juez de la causa, Tom Hogan, tuvo que dimitir por autorizar que miembros de la Fiscalía intentaran al margen de las costumbres jurídicas, inducir un fallo adverso contra Simón. Se fue por inmoral y falto de ética.
Los juicios que se siguen contra Simón y Sonia en los Estados Unidos son una patraña de comienzo a fin. Los dos fueron arrancados del país burlando con montajes de la Fiscalía colombiana, el ejército y el propio Uribe, la prohibición constitucional de extraditar nacionales por causas políticas. Más importante para el Estado era cerrar las puertas del canje arrojando las llaves al mar, que la soberanía jurídica del país.
Esos juicios están viciados de nulidad porque es evidente que Simón y Sonia no son los que pintan los defraudadores de la opinión tanto en Bogotá como en Washington. No están condenando a la guerrillera campesina o al vocero insurgente en los diálogos de paz con el Estado. Están condenando a una organización política militar, para castigar su resistencia legítima a la opresión y para presionar la liberación de tres norteamericanos capturados en Colombia cuando desarrollaban misiones de inteligencia técnica contra las FARC, por órdenes del Comando Sur.
El agente del FBI, Alex Barbeito, le confesó esto último a Simón cuando lo conducía extraditado a los Estados Unidos; y recientemente el fiscal Ken Kohl lo ha reafirmado de alguna manera al ofrecer una rebaja de penas a los dos guerrilleros a cambio de la liberación de Keith Stansell, Mark Gonsalves y Thomas Howes. Optaron por la vía más tortuosa cuando el camino más fácil, que es el acuerdo de canje, lo están sugiriendo las FARC desde antes del 2000. Se trata del intercambio de paquetes completos de prisioneros en poder de las partes contendientes.
Es evidente que las condenas proferidas por los jueces federales Lamberth y Robertson contra Simón y Sonia repercutirán necesariamente en la pronta solución que se desea del caso de los tres militares estadounidenses cautivos en las montañas. A eso condujo el chantaje de Uribe con la extradición de los guerrilleros. Hoy no puede lavarse las manos como Pilatos aduciendo que estos quedaron por fuera del canje porque ahora dependen de las instituciones de Washington.
Mientras las FARC han dado un tratamiento respetuoso y digno a los tres norteamericanos, Simón es mantenido encadenado y aislado en una celda de tres metros de largo por uno y medio de ancho, y Sonia recluida en fosos de castigo.
Es necesario reiterar que los espías estadounidenses fueron capturados legítimamente, involucrados en una acción de guerra en medio de un conflicto armado, en un acto de hostilidad contra las FARC, cuando el avión en que se movilizaban fue derribado en las selvas del Caquetá. Los papeles de inteligencia incautados en los que se señalan distancias exactas entre una estructura guerrillera y otra, testimonian esta aseveración.
El fin del cautiverio de los prisioneros de guerra impone la sensatez que reclama la negociación del acuerdo y la reducción a cero de los riesgos que supone un rescate militar a sangre y fuego.
Sólo hace falta remover los inamovibles de Uribe de no al despeje territorial para pactar el canje y esa absurda pretensión de que los guerrilleros eventualmente liberados no regresen a las montañas. Estamos seguros que el mundo entiende que para que se configure el canje se debe dar y recibir. No puede llamarse canje a una acción en la que una de las partes no recibe a los suyos.
Si el canje no se ha logrado y sigue provocando sufrimiento, ha sido por la intransigencia cerril y la obcecación del Presidente. Pareciera que sólo hace falta la orden de Bush para que Uribe acceda al clamor nacional e internacional por el canje. Decía el ex presidente López Michelsen, unos días antes de morir, que el problema es que Uribe no busca una solución, sino una victoria.
El caso es que con el canje ganaremos todos. Los prisioneros regresarán con los suyos y regresará también la perspectiva de una solución negociada al conflicto social y armado que vive Colombia desde hace más de 40 años.
En el fondo todos queremos el éxito de la importante intermediación del Presidente Chávez para que esto sea posible.
Montañas de Colombia,septiembre 28 de 2007
Por: Iván Márquez / Integrante del Secretariado de las FARC-EP
El juez Roice Lamberth, quien acaba de permutar por 25 millones de dólares el castigo ejemplar que debió proferir contra la bananera estadounidense Chiquita Brand financiadora de grupos paramilitares autores de espantosas masacres en Colombia, es el mismo que hace dos meses condenó al guerrillero de las FARC Simón Trinidad mediante pruebas fraudulentas y presiones insólitas al jurado, rubricando así toda la venalidad y la podredumbre que distingue a la “justicia” norteamericana.
No puede llamarse justicia aquella que condena a un hombre, a un revolucionario, a un bolivariano cabal, sin ningún tipo de pruebas, sólo para castigar o enviarle una despreciable señal de chantaje a una organización guerrillera que no va a cejar en su empeño de buscar con el pueblo y sus organizaciones políticas y sociales la nueva Colombia soberana, democrática como la quería Bolívar, con justicia social y paz.
A Simón y a Sonia se les ha negado el derecho universal a la defensa jurídica. Todos los testigos llevados desde Bogotá a recitar falsedades contra ellos en las cortes de imperio, son agentes del ejército de Colombia; “sapos” o informantes pagados por el Estado para que mientan. Y los mandan en oleadas de 20 y 30. Todos han sido derrotados por las ideas y convicciones de Simón, a quien no le han permitido testigos a favor, y por el importante papel de sus abogados de oficio.
El primer juez de la causa, Tom Hogan, tuvo que dimitir por autorizar que miembros de la Fiscalía intentaran al margen de las costumbres jurídicas, inducir un fallo adverso contra Simón. Se fue por inmoral y falto de ética.
Los juicios que se siguen contra Simón y Sonia en los Estados Unidos son una patraña de comienzo a fin. Los dos fueron arrancados del país burlando con montajes de la Fiscalía colombiana, el ejército y el propio Uribe, la prohibición constitucional de extraditar nacionales por causas políticas. Más importante para el Estado era cerrar las puertas del canje arrojando las llaves al mar, que la soberanía jurídica del país.
Esos juicios están viciados de nulidad porque es evidente que Simón y Sonia no son los que pintan los defraudadores de la opinión tanto en Bogotá como en Washington. No están condenando a la guerrillera campesina o al vocero insurgente en los diálogos de paz con el Estado. Están condenando a una organización política militar, para castigar su resistencia legítima a la opresión y para presionar la liberación de tres norteamericanos capturados en Colombia cuando desarrollaban misiones de inteligencia técnica contra las FARC, por órdenes del Comando Sur.
El agente del FBI, Alex Barbeito, le confesó esto último a Simón cuando lo conducía extraditado a los Estados Unidos; y recientemente el fiscal Ken Kohl lo ha reafirmado de alguna manera al ofrecer una rebaja de penas a los dos guerrilleros a cambio de la liberación de Keith Stansell, Mark Gonsalves y Thomas Howes. Optaron por la vía más tortuosa cuando el camino más fácil, que es el acuerdo de canje, lo están sugiriendo las FARC desde antes del 2000. Se trata del intercambio de paquetes completos de prisioneros en poder de las partes contendientes.
Es evidente que las condenas proferidas por los jueces federales Lamberth y Robertson contra Simón y Sonia repercutirán necesariamente en la pronta solución que se desea del caso de los tres militares estadounidenses cautivos en las montañas. A eso condujo el chantaje de Uribe con la extradición de los guerrilleros. Hoy no puede lavarse las manos como Pilatos aduciendo que estos quedaron por fuera del canje porque ahora dependen de las instituciones de Washington.
Mientras las FARC han dado un tratamiento respetuoso y digno a los tres norteamericanos, Simón es mantenido encadenado y aislado en una celda de tres metros de largo por uno y medio de ancho, y Sonia recluida en fosos de castigo.
Es necesario reiterar que los espías estadounidenses fueron capturados legítimamente, involucrados en una acción de guerra en medio de un conflicto armado, en un acto de hostilidad contra las FARC, cuando el avión en que se movilizaban fue derribado en las selvas del Caquetá. Los papeles de inteligencia incautados en los que se señalan distancias exactas entre una estructura guerrillera y otra, testimonian esta aseveración.
El fin del cautiverio de los prisioneros de guerra impone la sensatez que reclama la negociación del acuerdo y la reducción a cero de los riesgos que supone un rescate militar a sangre y fuego.
Sólo hace falta remover los inamovibles de Uribe de no al despeje territorial para pactar el canje y esa absurda pretensión de que los guerrilleros eventualmente liberados no regresen a las montañas. Estamos seguros que el mundo entiende que para que se configure el canje se debe dar y recibir. No puede llamarse canje a una acción en la que una de las partes no recibe a los suyos.
Si el canje no se ha logrado y sigue provocando sufrimiento, ha sido por la intransigencia cerril y la obcecación del Presidente. Pareciera que sólo hace falta la orden de Bush para que Uribe acceda al clamor nacional e internacional por el canje. Decía el ex presidente López Michelsen, unos días antes de morir, que el problema es que Uribe no busca una solución, sino una victoria.
El caso es que con el canje ganaremos todos. Los prisioneros regresarán con los suyos y regresará también la perspectiva de una solución negociada al conflicto social y armado que vive Colombia desde hace más de 40 años.
En el fondo todos queremos el éxito de la importante intermediación del Presidente Chávez para que esto sea posible.
Montañas de Colombia,septiembre 28 de 2007