Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2007-11-18
Categoría
Postdata
Fichero Adjunto
Legalidad y legitimidad
LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD
Jorge Lofredo
El miedo y el desorden como catalizadores
de un nuevo salto hacia delante
Naomi Klein, “La doctrina del shock”.
Con el reclamo puntual por las desapariciones de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (EPR) plantea un doble dilema político: por un lado, demostrar la ilegalidad de las actuales administraciones federal y estatal y, por el otro, procurar la deslegitimación del Estado Mexicano. Con ello aspira a poner en entredicho la base fundamental del estado de derecho, el apego constitucional y la transición democrática.
También busca romper el aislamiento. No sólo recogió la adhesión del zapatismo y de otros grupos armados (aunque hasta ahora sólo Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, TDR-EP, se ha pronunciado por el salto de la “autodefensa armada” a la “ofensiva militar” –lo que demostraría que los nexos entre ambas organizaciones continúan intactos y le quitaría fuerza a la hipótesis de un ajusticiamiento entre las organizaciones–), sino que otras organizaciones sociales comienzan a enarbolar la demanda contra la práctica de la desaparición, a la cual se le suma la de Francisco Paredes Ruiz (26 de septiembre). Estas cuestiones, junto a la inminencia de un posible nuevo ataque, se imponen como dos de las consideraciones más urgentes que se le presentan a la administración federal. Sin embargo, las salidas a los desafíos planteados por el EPR han permitido observar las contradicciones que existen entre los poderes ejecutivo y legislativo en lo que refiere tanto a la caracterización como su solución.
A la vez propone un reposicionamiento legitimador a su propia existencia y accionar. Desde el inicio de su campaña militar (y antes también), sus políticas y objetivos han sido constantemente puestos en tela de juicio y no se ha notado algún cambio en la perspectiva para encontrar una salida a la cuestión que plantea la existencia de la guerrilla. En efecto, comprender y entender no significa de ninguna manera convalidar sus posiciones o acciones sino encontrar las respuestas multifactoriales adecuadas a las problemáticas puntuales. Aún más, se percibe una ampliación de la caracterización del término “enemigo” y la existencia de corrientes que empujan hacia una profundización de la polarización política: la deslegitimación impulsa la denominación de “terrorismo” como así también la de “guerrilleros” a los inconformes oaxaqueños, o “delincuentes” y “subversivos” a los atenquenses.
Los cargos imputados y las siguientes condenas judiciales acaban correspondiéndose con estas rotulaciones. El “terrorismo” se presenta como una realidad muy adecuada en el contexto del “plan México”, donde se ha señalado que las explosiones resultaron políticamente funcionales para su aplicación. El argumento, en cambio, pierde fuerza al momento de su inversión: ¿sin los ataques a PEMEX no se hubiese implementado el “plan México”? En todo caso, la vía militar en el combate a la delincuencia, el narco y la guerrilla estaba decidida de antemano con el desarrollo de los “operativos conjuntos”. Junto a ello, se subrayó la capacidad de movilidad geográfica de los eperristas, a pesar que refiere a una fuerza que carga con una larga experiencia de vida clandestina (en cualquiera de los casos) y el duro golpe que habría sufrido su estructura debido a que los desaparecidos ocuparían lugares de jerarquía dentro de ella. En este aspecto cabe resaltar que en el momento que se logró el apresamiento de la cúpula del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, éste admitió (tanto en una entrevista como en los hechos posteriores) que esa circunstancia afectó severamente a la organización; en cambio, el EPR aumentó su actividad militar (de hecho, la reinició tras más de diez años). Ello obligaría a una reflexión en torno del lugar que ocupaban los desaparecidos dentro del EPR y muestra la relativa autonomía de sus instancias locales, distinta a la conformación interna de los demás grupos, con la excepción de TDR-EP y sus comandos.
La guerrilla no siempre observa una línea de acción predeterminada debido al reconocimiento implícito de una desfavorable asimetría de fuerzas y que la obliga a recurrir al “factor sorpresa” (ya que, en este caso, no controla territorios ni tampoco incurre en la ejecución de acciones indiscriminadas): sus políticas, entonces, no pueden ser previsibles. Aún así, el día 10 de cada segundo mes era la fecha elegida que se presentaba como crítica para la consumación de una nueva acción militar contra PEMEX, donde las inundaciones en Tabasco y Chiapas parecen haberlo obligado a realizar un compás de espera de sus actividades. No obstante, debiera considerarse la carga simbólica que contiene el próximo 25 de noviembre, momento en que se cumplirían seis meses de las desapariciones. Cobra mayor relevancia si se evalúa la elección de fechas precisas, como el 1 de enero de 1994 o 28 de junio de 1996.
En su más reciente trabajo (2007), Naomi Klein refiere a la “doctrina del shock” como la estrategia gubernamental que, luego de una conmoción social de magnitud, se desarrolla una oportunidad única para la mayor expansión del mercado a través de la doctrina de “choque económico”. La periodista canadiense toma como ejemplos los desastres naturales provocados por el huracán Katrina o el tsunami en Indonesia, lugares donde no se comenzó la reconstrucción de las aldeas, poblados y ciudades enteras que fueron arrasadas sino que se aplicó de la forma “más estricta y completa los fundamentos del libre mercado”. En este sentido, fenómenos climáticos o actos terroristas podrían causar el mismo efecto de “shock”. Al deslegitimarlo igualándolo y vinculándolo con grupos criminales, narcotraficantes, delincuenciales o sectores políticos se produce un vaciamiento de los contenidos políticos del EPR y propicia su aislamiento político, volviéndolo “terrorista” o “mercenario”; donde una de las estrategias referenciar sobre los efectos producidos por sus acciones pero no así de las causas en las que se fundan. A pesar de ello, y de las propias contradicciones internas del grupo armado, encontró los espacios vacíos de poder estatal y militar –como la vulnerabilidad de los ductos– para ejecutar los atentados. La expresión oficial “recuperación de territorio” refiere precisamente a ello. ¿Y para el EPR? ¿Será crear uno, dos, tres PEMEX?
Jorge Lofredo
El miedo y el desorden como catalizadores
de un nuevo salto hacia delante
Naomi Klein, “La doctrina del shock”.
Con el reclamo puntual por las desapariciones de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (EPR) plantea un doble dilema político: por un lado, demostrar la ilegalidad de las actuales administraciones federal y estatal y, por el otro, procurar la deslegitimación del Estado Mexicano. Con ello aspira a poner en entredicho la base fundamental del estado de derecho, el apego constitucional y la transición democrática.
También busca romper el aislamiento. No sólo recogió la adhesión del zapatismo y de otros grupos armados (aunque hasta ahora sólo Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, TDR-EP, se ha pronunciado por el salto de la “autodefensa armada” a la “ofensiva militar” –lo que demostraría que los nexos entre ambas organizaciones continúan intactos y le quitaría fuerza a la hipótesis de un ajusticiamiento entre las organizaciones–), sino que otras organizaciones sociales comienzan a enarbolar la demanda contra la práctica de la desaparición, a la cual se le suma la de Francisco Paredes Ruiz (26 de septiembre). Estas cuestiones, junto a la inminencia de un posible nuevo ataque, se imponen como dos de las consideraciones más urgentes que se le presentan a la administración federal. Sin embargo, las salidas a los desafíos planteados por el EPR han permitido observar las contradicciones que existen entre los poderes ejecutivo y legislativo en lo que refiere tanto a la caracterización como su solución.
A la vez propone un reposicionamiento legitimador a su propia existencia y accionar. Desde el inicio de su campaña militar (y antes también), sus políticas y objetivos han sido constantemente puestos en tela de juicio y no se ha notado algún cambio en la perspectiva para encontrar una salida a la cuestión que plantea la existencia de la guerrilla. En efecto, comprender y entender no significa de ninguna manera convalidar sus posiciones o acciones sino encontrar las respuestas multifactoriales adecuadas a las problemáticas puntuales. Aún más, se percibe una ampliación de la caracterización del término “enemigo” y la existencia de corrientes que empujan hacia una profundización de la polarización política: la deslegitimación impulsa la denominación de “terrorismo” como así también la de “guerrilleros” a los inconformes oaxaqueños, o “delincuentes” y “subversivos” a los atenquenses.
Los cargos imputados y las siguientes condenas judiciales acaban correspondiéndose con estas rotulaciones. El “terrorismo” se presenta como una realidad muy adecuada en el contexto del “plan México”, donde se ha señalado que las explosiones resultaron políticamente funcionales para su aplicación. El argumento, en cambio, pierde fuerza al momento de su inversión: ¿sin los ataques a PEMEX no se hubiese implementado el “plan México”? En todo caso, la vía militar en el combate a la delincuencia, el narco y la guerrilla estaba decidida de antemano con el desarrollo de los “operativos conjuntos”. Junto a ello, se subrayó la capacidad de movilidad geográfica de los eperristas, a pesar que refiere a una fuerza que carga con una larga experiencia de vida clandestina (en cualquiera de los casos) y el duro golpe que habría sufrido su estructura debido a que los desaparecidos ocuparían lugares de jerarquía dentro de ella. En este aspecto cabe resaltar que en el momento que se logró el apresamiento de la cúpula del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, éste admitió (tanto en una entrevista como en los hechos posteriores) que esa circunstancia afectó severamente a la organización; en cambio, el EPR aumentó su actividad militar (de hecho, la reinició tras más de diez años). Ello obligaría a una reflexión en torno del lugar que ocupaban los desaparecidos dentro del EPR y muestra la relativa autonomía de sus instancias locales, distinta a la conformación interna de los demás grupos, con la excepción de TDR-EP y sus comandos.
La guerrilla no siempre observa una línea de acción predeterminada debido al reconocimiento implícito de una desfavorable asimetría de fuerzas y que la obliga a recurrir al “factor sorpresa” (ya que, en este caso, no controla territorios ni tampoco incurre en la ejecución de acciones indiscriminadas): sus políticas, entonces, no pueden ser previsibles. Aún así, el día 10 de cada segundo mes era la fecha elegida que se presentaba como crítica para la consumación de una nueva acción militar contra PEMEX, donde las inundaciones en Tabasco y Chiapas parecen haberlo obligado a realizar un compás de espera de sus actividades. No obstante, debiera considerarse la carga simbólica que contiene el próximo 25 de noviembre, momento en que se cumplirían seis meses de las desapariciones. Cobra mayor relevancia si se evalúa la elección de fechas precisas, como el 1 de enero de 1994 o 28 de junio de 1996.
En su más reciente trabajo (2007), Naomi Klein refiere a la “doctrina del shock” como la estrategia gubernamental que, luego de una conmoción social de magnitud, se desarrolla una oportunidad única para la mayor expansión del mercado a través de la doctrina de “choque económico”. La periodista canadiense toma como ejemplos los desastres naturales provocados por el huracán Katrina o el tsunami en Indonesia, lugares donde no se comenzó la reconstrucción de las aldeas, poblados y ciudades enteras que fueron arrasadas sino que se aplicó de la forma “más estricta y completa los fundamentos del libre mercado”. En este sentido, fenómenos climáticos o actos terroristas podrían causar el mismo efecto de “shock”. Al deslegitimarlo igualándolo y vinculándolo con grupos criminales, narcotraficantes, delincuenciales o sectores políticos se produce un vaciamiento de los contenidos políticos del EPR y propicia su aislamiento político, volviéndolo “terrorista” o “mercenario”; donde una de las estrategias referenciar sobre los efectos producidos por sus acciones pero no así de las causas en las que se fundan. A pesar de ello, y de las propias contradicciones internas del grupo armado, encontró los espacios vacíos de poder estatal y militar –como la vulnerabilidad de los ductos– para ejecutar los atentados. La expresión oficial “recuperación de territorio” refiere precisamente a ello. ¿Y para el EPR? ¿Será crear uno, dos, tres PEMEX?