El gobierno de Zeferino Torreblanca da continuidad al proyecto económico, político y social neoliberal impuesto por la clase dominante en nuestro país. Modelo económico basado en la concentración de las ganancias en pocas manos y en la socialización de las pérdidas. Esta doctrina abrazada alegremente por la clase dominante de la periferia del imperio, está a todas luces contra el interés general de millones de mexicanos.
El pueblo de Guerrero se entusiasmó ante la posibilidad de sacar al PRI del gobierno del estado en la elección de febrero de 2005, pensando que la alternancia en el gobierno significaba el advenimiento de mejores tiempos para los guerrerenses. Llegó el hombre de la Z al poder y con él no los mejores hombres y mujeres , al contrario, su gabinete se compuso con los representantes de los poderes fácticos del viejo régimen priísta, que usufructuaron los dineros públicos, que reprimieron y asesinaron al pueblo en lucha y que mantienen a la entidad como una de las más pobres.
La traición de Zeferino a la masa que lo votó fue anterior a su toma de posesión y por su trayectoria política era de preverse. Es por ello una mentira que Guerrero viva una etapa de transición, como muchos perredistas lo dicen, ya sea por ignorancia o por cinismo. Al contrario, el gobierno de derecha que encabeza Zeferino constituye un retroceso en la lucha de nuestro pueblo por justicia y democracia, regresión manifiesta en: 1) La campaña de odio y represión clasista contra los luchadores sociales, criminalizando la lucha social y encarcelando a opositores políticos. 2) Su forma dictatorial de gobernar, concentrando en sus manos el poder del Estado, sometiendo a su divina voluntad al Poder Judicial y Legislativo, a la mayoría de presidentes municipales y a los dirigentes de todos los partidos políticos a nivel estatal. 3) Su interés en imponer los proyectos económicos del gran capital (presa La parota), incluso en contra de la decisión e interés de los pueblos afectados. 4) Y como corolario, su campaña pervertida contra la libertad de expresión, contra la prensa crítica, principalmente contra el periódico El Sur.
Recordemos que en nuestro país la derecha está empeñada en una campaña contra las libertades y las conquistas laborales, privatizando los recursos naturales nacionales, empobreciendo a millones de mexicanos en provecho de minorías rapaces y antinacionales y entregando los recursos estratégicos nacionales al gran capital. Utiliza para ello todos los mecanismos de control social, principalmente el poder coercitivo de la fuerza armada del Estado y la manipulación mediática, debido al monopolio de los medios de comunicación. Todo esto, bajo los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial (BM), el Departamento del Tesoro y el gobierno de Estados Unidos.
Por ello, al tiempo que la clase gobernante impulsa las reformas fiscal, la energética, la laboral, la del ISSSTE, el relanzamiento del Plan Puebla Panamá, destina más recursos para reforzar el aparato represivo del Estado (más policías, más armamento, creación de fuerzas de elite para control de la población, más cuarteles, más cárceles, más grupos paramilitares, la militarización de los cuerpos policiacos), y el Ejército mexicano en la calle bajo el pretexto del combate al narcotráfico y por supuesto la criminalización de la protesta social y de la pobreza.
La oligarquía está consciente de que las medidas económicas, políticas y sociales que impulsa son contrarias al interés nacional y popular y tiene el temor de que el repudio de las masas empobrecidas, marginadas del desarrollo humano y social ponga en peligro la permanencia misma del Estado. De ese Estado de y para los empresarios.
Luego entonces, podemos decir que en nuestra patria se perfila un Estado autoritario fascista, bajo el protectorado de Estados Unidos mediante el llamado Plan México (y otros mecanismos político-financieros y militares), con la participación de todos los partidos políticos y los poderes fácticos.
Por todo lo anterior no podemos separar lo que pasa a nivel nacional con lo que acontece en el ámbito estatal. La campaña de odio y represión que ejerce el gobierno de Zeferino Torreblanca contra el movimiento social demuestra el perfil autoritario de la derecha. Represión y odio que cuenta con la complicidad de los dirigentes de todos los partidos, incluida la izquierda institucional (PRD) y de todos los grupos parlamentarios del Congreso estatal y de los presidentes municipales.
La represión policiaca ejercida por el gobierno de Zeferino contra los jóvenes normalistas de Ayotzinapa el pasado 14 de noviembre al desalojarlos del Congreso local retrata a la perfección el carácter represivo del gobierno estatal emanado del PRD, de sus diputados locales y de su dirigencia estatal, un gobierno y un partido represor, cerrado a la negociación, contrario a gobernar para todos.
La unanimidad de todos los dirigentes de los partidos políticos, funcionarios y diputados para justificar la paliza a los estudiantes es un hecho que nos habla de un divorcio de esa clase política guerrerense con su electorado y de una sumisión vil a los deseos del monarca estatal. Lo anterior constituye un antecedente que presagia un escenario difícil para las fuerzas populares pues están desatados los grupos y fuerzas más retrógrados del viejo régimen dispuestas a todo para golpear al pueblo, incluidos asesinatos masivos y selectivos, encarcelamiento y desaparición de luchadores sociales.
La fotografía reciente de la familia feliz, entre los que destacan Zeferino, Rubén Figueroa y René Juárez publicada en diversos diarios reafirma el pacto de los grupos fácticos contrarios al cambio y la justicia. No es aventurado decir que el pueblo de Guerrero corre el riesgo de volver a vivir los peores momentos de la guerra sucia, si ese pueblo vejado, marginado del desarrollo, reprimido, empobrecido, despojado y criminalizado por el Estado no se une y conforma una fuerza social y política que sea capaz de enfrentar a la derecha multipartidista que hoy padecemos los guerrerenses.
Detener los proyectos económicos, políticos y sociales de la derecha en Guerrero, sacudirse a gobernantes autodenominados de izquierda, traidores a la voluntad popular, y avanzar en la construcción del poder del pueblo es un reto que enfrentan las fuerzas populares.
La manipulación mediática impulsada por el gobierno estatal, el Congreso y los dirigentes partidistas criminalizando las protestas estudiantiles de la FECSM, de la APPG, calumniando a la prensa crítica y a otros liderazgos busca preparar a la opinión pública para una respuesta violenta del poder a las legítimas demandas populares.
La violenta y artera agresión contra los estudiantes de Ayotzinapa del viernes 30 de noviembre en la caseta de cobro de La Venta a manos de militares disfrazados de policías reafirma la alternativa que los gobiernos federal y estatal tienen para un pueblo hambriento de justicia que aspira a vivir mejor. Golpes, insultos, descalificación, detención arbitraria, encarcelamiento es la respuesta. El falso discurso sobre el diálogo y negociación de Zeferino y sus funcionarios es sólo retórica hueca que busca confundir a un público poco informado. ¿Así es como Guerrero será mejor?
Esta coyuntura urge a definirse a numerosos luchadores sociales que forman parte del PRD, pues los pone en la disyuntiva: continuar con su militancia en ese partido y con ello ser cómplices (aunque sean críticos) de su práctica política, de su traición al interés popular, de su clara ideología de derecha o renunciar a él.
Renunciar al partido, lo sabemos, no es fácil, más si existe la esperanza de un puesto de elección popular o una chamba, pero en caso de continuar en él, los luchadores sociales seguirán legitimando a un partido que ha traicionado la historia de lucha del pueblo de Guerrero, y más aun renunciado a sus propios estatutos y declaración de principios. Hoy el PRD engañado por la lógica del poder es un instrumento de Zeferino y del gran capital en contra de los guerrerenses.
Estamos ciertos de que el PRD no tiene remedio, si no, querido lector, haga una revisión de los personajes que detentan un espacio de elección popular, de sus políticas de gobierno o de su práctica política, ya sea diputado, presidente municipal o gobernador, y de los que aspiran a estos puestos, y encontrará usted a personajes corrompidos y falsos que provocan una profunda repulsión (¿ejemplos? César Flores Maldonado, Armando Chavarría, Carlos Reyes, Sebastián de la Rosa, David Jiménez, Julio Ortega). ¿Qué futuro le espera al pueblo de Guerrero con estos dirigentes?
Señoras, señores, no nos engañemos, el PRD ni ninguno de los partidos nos representa. El cambio verdadero no pasa por la vía electoral. Pues el sistema de partidos en Guerrero y en el país existe para legitimar la permanencia en el poder de una clase social antinacional sirviente del gran capital.
Por otra parte, la negativa del gobernante estatal a otorgar plazas de maestro a los alumnos egresados de Ayotzinapa muestra claramente que la derecha piensa que la educación debe ser un privilegio de clase, nada más al alcance de unos cuantos, y para los pobres sólo la fantasía de progresar.
Para los militantes y simpatizantes honestos del PRD esto es un llamado de atención para reflexionar su permanencia y simpatía con ese partido, dado su proceso de descomposición, envilecimiento y derechización, enemigo de las mejores causas de nuestro pueblo, defensor de la represión y cómplice de las trapacerías del gobierno estatal.
En el aniversario número 33 de la caída en combate del fundador del Partido de los Pobres (Pdlp), el también estudiante, dirigente y profesor normalista egresado de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Lucio Cabañas Barrientos, los sectores populares deben tener claro que el principal reto es la construcción y fortalecimiento de un instrumento político-social que dé dirección y cuerpo al poder popular. Invertir tiempo, recursos y energía en apoyos a candidatos y partidos que no representan los intereses populares sólo conduce a fortalecer a la derecha que nos mal gobierna.
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
Comité Estatal en Guerrero
[Tomado de El Sur de Acapulco, 7 de diciembre de 2007.-]