Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
1994-06-30
Categoría
Comunicado
Fichero Adjunto
Francisco Caraballo: "Soy un rebelde consciente, revolucionario consecuente y comunista convencido"
SOY UN REBELDE CONSCIENTE, REVOLUCIONARIO CONSECUENTE Y COMUNISTA CONVENCIDO
Apartes de la indagatoria de la Fiscalía General de la República de Colombia al Comandante del EPL y Primer Secretario del Partido Comunista de Colombia (ml), camarada Francisco Caraballo.
Junio de 1994
« ....Cursé el bachillerato completo en la ciudad de Mompox, Bolívar, en el Colegio Nacional Pinillos; Culminé estudios en 1957; además, cursé un semestre de Recursos Naturales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, en el primer semestre de 1958, y dos años y medio en la Universidad de Cartagena, a partir de 1959. A fines del 58 trabajé como profesor en un colegio en Mompox, no recuerdo ahora el nombre, pero de todas maneras ese colegio desapareció posteriormente; mientras estudiaba en Cartagena también trabajé en un colegio ; posteriormente fui secretario del Juzgado Penal del municipio de Sucre. Después me vinculé al Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y finalmente al movimiento guerrillero dentro del cual he permanecido hasta la fecha.
Como único patrimonio material poseo lo que tengo puesto en este momento. Desconozco qué antecedentes judiciales tenga. Una vez rendí indagatoria, acusado, creo, por porte ilegal de armas, eso debió ser en el año 64, en Valledupar, no recuerdo ante cual despacho judicial; estuve detenido unos pocos días por haber coincidido la investigación con las festividades de Semana Santa, culminadas las cuales fui dejado en libertad (...)
Preguntado: Sírvase informar a la Fiscalía si sabe o presume el motivo por el cual ha sido capturado y se encuentra en este momento presentando diligencia de indagatoria libre de apremio de juramento, asistido por el defensor en presencia del Ministerio Público.
Contestó: Entiendo que se me ha llamado a indagatoria por el delito de Rebelión. No conozco en particular de cuáles otros delitos se me esta acusando por parte de la Fiscalía. Comprendo cabalmente la introducción que hizo la señora fiscal en el sentido de que se trata de una declaración libre y espontánea.
Preguntado: Dentro de sus generales de ley, usted ha manifestado que desde hace varios años se ha dedicado a ser guerrillero, sírvase hacernos un relato claro, preciso y detallado de sus actividades desde los inicios de su actividad guerrillera.
Contestó: En primer lugar, sobre el ofrecimiento de negociación de la pena o de rebaja de la pena, tanto en general, pero especialmente en lo que se refiere a dejar en libertad a mi señora, Beatriz Elena Muñoz, bajo la condición que se satisfagan algunas exigencias planteadas por la Fiscalía, considero que se trata de una extorsión que es inaceptable para mí como militante revolucionario y como hombre integro. Me parece también indigno el tratamiento que se le esta dando a mi hijo como otra forma de presión, que rechazo como contraria a los Derechos Humanos.
Me refiero a que mi hijo quedó solo en la finca, sin recursos de ninguna especie. En segundo lugar, quiero dejar constancia de que las mujeres detenidas, entre ellas mi esposa, así como mi hijo, nada tienen que ver con mis actividades y por tanto no son responsables por los actos que yo haya podido cometer.
Para concluir esta parte, dos cosas más: Una, que no me parece procedente ligar la posible libertad de mi esposa a los hechos por los que ahora se me esta indagando y, dos, algunos miembros de los organismos de seguridad, en sus propios términos, me han planteado que el bienestar de mi esposa y de mis hijos depende de la conducta que yo asuma... Con las condicionantes del caso autorizo al doctor Luis Guillermo Pérez Casas para que asuma provisionalmente la custodia de mi hijo mientras se localiza a mis familiares, quienes se harán cargo del mismo. Como paréntesis quiero informar a la señora fiscal que no me encuentro física ni anímicamente bien, por lo que, si es posible, solicitaría que esta diligencia se suspendiera para continuarla posteriormente.
(...)
Se continua con el interrogatorio de la siguiente manera:
Preguntado: Dentro de sus generales de la ley, usted ha manifestado que desde hace varios años se ha dedicado a ser guerrillero, sírvase hacernos un relato claro, preciso y detallado de sus actividades desde los inicios de su accionar guerrillero.
Contesto: Quiero consignar, en primer lugar, que mi actividad revolucionaria durante todo el transcurso de su desarrollo está relacionada con un marco social y político del cual no se puede hacer omisión. Me crié dentro de una familia humilde que me formo sobre las bases del respeto a la sociedad y a los derechos de las demás personas. Tuve, así mismo, una formación cultural que por sus características derivadas de la tradición cultural de Mompox no creaban bases para formar en mi persona tendencias delincuenciales.
Por esas razones pretendo exponer algunos aspectos de la realidad social y política existentes durante mi actividad social y revolucionaria. En mi calidad de rebelde consciente, de revolucionario consecuente y de comunista convencido, no asumiré pasivamente una posición de defensa, en tanto que delincuente político. Aprovecho sí esta situación para expresar mis puntos de vista como acusador de un Estado injusto, que se apoya lamentablemente en una justicia parcializada, subordinada a un presidencialismo arrogante y excluyente. Quiero exponer, según los términos que ese Estado concede, mis opiniones sin aceptar presiones de ninguna índole. No se podrían entender mi conducta y mis acciones revolucionarias si se las aísla o separa del contexto social y político en que han transcurrido.
No soy, pues, un delincuente político aislado, voluntaristas, sino producto de una realidad desgraciada que ha vivido nuestra patria en estos años. De ahí, que sean indispensables algunas referencias históricas como antecedentes de los acontecimientos que se sucedieron durante los años sesenta, al principio de los cuales se inició mi actividad como revolucionario.
Es oportuno recordar que la dictadura sanguinaria del General Gustavo Rojas Pinilla se instauró en nombre de la « Paz », en nombre de la « unidad nacional » con la fórmula « la patria por encima de los partidos », y con el llamado « binomio pueblo - fuerzas armadas », levantado como un señuelo demagógico que comprometió a las fuerzas militares, de las cuales era caudillo, con sus propósitos dictatoriales.
Ya se sabe cómo durante este periodo se ensangrentó cruelmente el suelo colombiano para beneficio de los grandes dueños de la tierra, en primer lugar, que lograron afianzar su dominio en áreas desarrolladas del territorio patrio. La agudización de las contradicciones en las altas esferas de la oligarquía, entre el general Rojas Pinilla, que se alió con grandes terratenientes, y un sector industrial que buscaba nuevos horizontes, dio origen al « Frente Civil contra la dictadura militar ».
Antes de seguir quiero precisar que esta aguda violencia de los años cincuentas, si bien es cierto que no la sufrí directamente, si grabó en mí de manera indeleble las enormes injusticias a que son capaces de llegar los dueños del poder en nuestro país.
Quiero recordar que a principios de los años sesentas la mayoría de la población se hallaba localizada en el campo, un 60%; en gran parte ese campo manchado con la sangre derramada durante los años cincuentas y afectado por odios irreconciliables acumulados. El campesinado, en su gran mayoría sin tierras o desposeído de ellas, se vio sometido a un proceso cruel de descomposición que permitió el Enriquecimiento, por medio de la fuerza, de terratenientes viejos y nuevos.
Es la misma violencia de los de arriba, ligada siempre al poder político, convertida en una constante durante décadas, que se ha convertido en el más grande obstáculo para el desarrollo del país y para la satisfacción de las más elementales aspiraciones de la mayoría de los colombianos. Durante este periodo, las ciudades se siguieron llenando de hombres y mujeres, de familias completas desarraigadas de su patria chica, pero sin una patria grande confiable, solamente en busca de un poco de sosiego de un poco de pan. Esas grandes masas sólo vieron aumentada su miseria y empezaron a soportar nuevas y mayores angustias, como la desconfianza, el marginamiento inhumano, el abandono por parte del Estado o la dura represión policial.
Como se puede observar, las consecuencias de una guerra tremendamente injusta seguían golpeando amplios sectores de la población, con el agravante de que en gran medida esa guerra fue propiciada por el mismo Estado que participó activamente en ella y que también se benefició de ella. Esa es otra situación que marcó para siempre mi conciencia y me hizo compartir con ese pueblo golpeado, humillado y excluido, sus angustias. Mientras tanto, se apreciaba en las mayorías de la población el anhelo creciente de acabar con el enfrentamiento armado, con el derramamiento de sangre y con los sufrimientos derivados de una violencia prolongada, pero sabemos que ese anhelo fue ahogado mediante la fuerza bruta, con la eliminación física de la mayoría de los dirigentes que habían participado en la confrontación, algunos de los cuales se acogieron a los planes de « paz » del gobierno. Se puede observar cómo se trata de una historia que se ha venido repitiendo en nuestro país.
Los años sesentas transcurrieron con las esperanzas puestas en el Frente Nacional, pero éste no significó la solución que algunos anunciaron y que muchos creyeron, sobre todo porque se había presentado como una solución de paz. En efecto, el Frente Nacional representó unos acuerdos por arriba, de los jefes de la oligarquía liberal - conservadora, y unos cambios, si se quiere formales, en aspectos políticos. Las profundas diferencias existentes y excluyentes en el seno de la sociedad, el acelerado empobrecimiento de las masas trabajadoras, el ordenamiento represivo del Estado, el empleo de la fuerza como aspecto predominante de su respuesta ante los reclamos de los necesitados, quedaron intactos a pesar de que se hablaba de la reconciliación, de la ampliación de la democracia, etc.
Apoyo en dos ejemplos las aseveraciones anteriores:
Primero, una parte, mayoritaria por cierto, del movimiento armado de los años cincuentas, se acogió a la política de « paz » del gobierno y a los planes de « rehabilitación ». En muchos colombianos volvió a florecer la esperanza de que se podía afianzar de verdad un proceso de reconciliación, de lograr la reintegración de la familia colombiana y de alcanzar algunas mejoras en las condiciones de vida y de trabajo; sin embargo, de nuevo, el gobierno y los grupos privilegiados aprovecharon las circunstancias para consolidar su dominio en los planos económicos y políticos. Todo indica que las promesas de paz se diluyeron ante la tendencia a seguir utilizando la violencia para liquidar las protestas y, principalmente, para apagar las luchas que se realizaban por cambios en la realidad del país. Con el pretexto de acabar con los bandoleros se arremetió bestialmente contra núcleos inconformes de la población civil. En esta forma la juventud colombiana veía clausuradas las puertas para posibles salidas a sus aspiraciones; por cierto, en momentos en que América Latina se extendía una aspiración libertaria de gran envergadura.
Segundo: La creciente inconformidad con la realidad del país, cargada de injusticias, los deseos de lograr cambios de fondo, el impulso rebelde de la juventud, propiciaron el surgimiento de diferentes grupos, movimientos y organizaciones políticas, entre los cuales quiero destacar al Movimiento Revolucionario Liberal, al Ejercito de Liberación nacional y al Partido Comunista de Colombia (marxista - leninista), con distintas características, pero con identidad en cuanto al interés de buscar transformaciones efectivas en la realidad de nuestro país.
El MRL fue una vigorosa expresión de inconformidad y de protesta; en él confluían desde cuadros prominentes de la burguesía, como Alfonso López Michelsen y otros en distintas regiones, hasta amplios sectores de masas angustiados por la pobreza y la desesperanza. Recuerdo que la crítica a los « altos heliotropos de la oligarquía » y a los « cipayos » que entregaban la soberanía nacional para subordinarse al servicio del amo norteamericano, convocó una gran simpatía a la población anhelante de cambios.
Así, el MRL no sólo abrió nuevas esperanzas sino que permitió un proceso de educación política muy amplio y de enorme trascendencia. Muchos colombianos pudimos comprender con más objetividad las causas de la miseria y de tantas injusticias que sufren las gentes de nuestro país. En este mismo plano, la juventud del Movimiento Revolucionario Liberal, JMRL cumplió un papel muy importante y transcendente como agitadora de nuevas ideas y de nuevos proyectos políticos. Quiero anotar que yo milité en las filas del MRL y de la JMRL. Estas organizaciones fueron semilleros del movimiento revolucionario que se desarrollaría posteriormente. Recuerdo que me correspondió militar dentro de estas organizaciones al lado de Alfonso López Michelsen, Ramiro de la Espriella, María Elena de Crovo, Alvaro Escallón Villa, Luis Villar Borda, Servio Tulio Ruiz, Eduardo Umaña Luna, Hernando Garabito Muñoz, Armando Solano, Marco Palacios, Guillermo Puyana, los hermanos Vázquez Castaño, entre otros.
No es extraño, por el contrario es muy lógico, que dentro de este periodo surgieran diferentes movimientos populares, movidos por anhelos de cambio como es el caso del Frente Unido, dirigido por el sacerdote Camilo Torres; al igual que en otros casos, contra éste se desplegó la represión policial mediante amenazas, persecución, encarcelamiento, golpizas que lo obligaron en definitiva a protegerse dentro de filas del Ejercito de Liberación Nacional, como hombre armado, aunque me consta que las armas nunca fueron su vocación. Allí encontramos de nuevo un ejemplo de cómo el comportamiento intransigente del Estado suele empujar a muchas personas a radicalizar sus posiciones. Nadie podría afirmar que Camilo tenía una vocación militar, tampoco tenía actitudes extremistas; sin embargo, se vio impulsado, obligado, mejor dicho, a ingresar a la guerrilla donde no estaba su fuerte como hombre político. Yo trabajé al lado de Camilo en su vida civil y puedo dar fe de sus ideas políticas así como de su fundamentación filosófica; por eso la experiencia de su vida y de su mente, de su militancia como hombre progresista, también se acumularon como parte de mi vivencia política.
Se puede afirmar que la JMRL sufrió un proceso como organización, similar al de Camilo como persona. En efecto, muchos de los miembros de la JMRL vieron cerradas las posibilidades de seguir luchando por las vías normales de la acción política legal y se vieron impulsados a buscar las vías de hecho. Incluso, sin tener una formación militar adecuada para ello. Así surgieron diversas organizaciones guerrilleras en nuestro país, entre ellas el ELN y posteriormente el EPL, para seguir propagando, defendiendo y luchando por objetivos revolucionarios.
El crecimiento de estas organizaciones con respaldo popular demostró que supieron escoger el camino correcto en esos momentos. Debo aclarar que aunque estuve muy relacionado con el surgimiento del ELN, no tomé su mismo camino en ese periodo. Conviene señalar que la gestación y luego el nacimiento del movimiento revolucionario, que se proponía llegar al poder político por la fuerza, fue un producto natural de la agudización de las contradicciones políticas y sociales.
En general, me he referido a la violencia en términos de la confrontación armada, con sangre; pero quiero señalar que la violencia se expresa también en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, etc., formando un tejido muy complejo que no se puede extirpar sólo por medio de las armas. Acaso la imposición del hambre, de la miseria, de la desnutrición y del analfabetismo, las enfermedades, el desempleo, el abandono a los desvalidos, la prostitución, la carencia de servicios elementales, la imposición por parte de la oligarquía de esos males contra el pueblo trabajador, mientras unas minorías todopoderosas ostentan toda clase de privilegios, de lujos y de honores, ¿acaso esta realidad repudiable de por sí, no expresa las graves y mortales formas de la violencia de las castas dominantes contra los desposeídos?
Se trata, diría yo, de una forma de genocidio que se está sucediendo a cada momento y ante la cual los grandes amos de dinero y los dueños del poder voltean la espalda con el beneplácito de un Estado indolente.
Si un joven colombiano no se conmovía en lo más profundo de su conciencia frente a esa situación, quiere decir que estaba de espaldas a las exigencias de la gran mayoría de nuestro pueblo. Por eso quiero señalar que me consta que durante ese periodo - estamos hablando de los años sesentas - la juventud en general cumplió un papel muy destacado en la promoción de ideas y de luchas, de inconformidad y de búsqueda; sus convicciones, su valentía y su consecuencia fueron sometidas a duras pruebas y la verdad es que salió airosa, aunque no logró los grandes objetivos que se proponía. Estos tienen vigencia y, me atrevo a decir, que seguirán alimentando nuevas luchas mientras no haya cambios de verdad en la sociedad y en el Estado, en las relaciones sociales y en el ordenamiento político.
Es preciso insistir en que la búsqueda de la vía armada no fue en ningún momento producto de una decisión voluntaristas o iluminada, sino impuesta por la cruda realidad en que vivíamos y actuábamos los jóvenes durante ese periodo. La violencia, pues, en el caso nuestro, me refiero a los jóvenes de ese periodo, no fue producto de mentes calenturientas, sino exigencia de una realidad que nos cerraba cualquier otro camino.
Dentro de esa marejada surge el Partido Comunista de Colombia (marxista - leninista), a partir de la búsqueda de identidades ideológicas, políticas y programáticas y ayudados por las diferencias que se presentaban en el seno del Partido Comunista tradicional. Lógicamente, este nuevo partido también se vio favorecido por el ambiente político revolucionario que primaba en el país. Por eso en él confluyeron muchos hombres y mujeres del pueblo, de distinta procedencia, pero unidos por el deseo de contribuir de la mejor manera al desarrollo de la sociedad. No había, y me consta personalmente, una predominancia de tendencias militaristas o guerreristas; eso sí, existía la conciencia de que la lucha para alcanzar objetivos revolucionarios, transformaciones profundas o incluso cambios democráticos significativos, no era una tarea fácil, y sabíamos por la experiencia vivida que se hacia indispensable preparar condiciones para la insurgencia armada, llegada las condiciones y el momento.
Participé en la creación y organización del Partido Comunista (ml), a partir de 1964, junto con Pedro Vasquez, Pedro León Arboleda, Francisco Garnica, Libardo Mora Toro, etc. Esta organización se fundó en junio de 1965. Posteriormente estuve vinculado a la formación de los primeros núcleos del Ejercito Popular de Liberación en el río Sinú y en el río San Jorge, en el departamento de Córdoba. El EPL aparece en el ámbito nacional en diciembre de 1967. He sido comandante del EPL desde su nacimiento, aunque en algunas ocasiones cumplí funciones como Comisario Político.
Sobre las actividades del EPL volveré posteriormente.
He incluido a las FARC en esta memoria, porque la arremetida militar contra el movimiento de autodefensa en ese periodo también fue una expresión sui generis de la pretensión del gobierno de acabar con cualquier vestigio de rebeldía. La historia demuestra que con ese comportamiento el Estado sólo logró el crecimiento de una fuerza guerrillera que representaba, con sus particularidades, intereses proclives a la transformación del país. Los años sesentas transcurren dentro del mismo comportamiento del Estado frente a las fuerzas inconformes. Las arremetidas policiales contra las organizaciones populares que reclamaban reivindicaciones justas, la persecución y el acoso contra los dirigentes políticos, fueran demócratas o revolucionarios, la cacería de personas consideradas peligrosas o subversivas, las operaciones « rastrillo », las frecuentes redadas y allanamientos, fueron líneas permanentes de comportamiento durante estos años, y de todas maneras las vías para el cambio seguían cerradas; cerradas hasta el punto que en 1970, las castas dominantes le desconocieron el triunfo electoral el general Rojas Pinilla y a la Alianza Nacional Popular que, por cierto, en su ideario político, nada tenía de revolucionario. También tuvo que acogerse a la protesta de las armas un sector de ese movimiento que asumió la consigna de « Con las armas al poder ». Como se sabe, en ese recorrido surgió, en 1973, el M19, con unas propuestas de lucha que combinaban las ideas iniciales de la ANAPO, de corte nacionalista y de reconciliación social, con alguna que otra propuesta revolucionaria.
Esta referencia es para demostrar cómo la cerrazón de los dueños del poder y de su Estado han obligado a mucha gente de distinto pensamiento, que promueve distintos objetivos e intereses, a empeñarse en una lucha armada, dolorosa y sangrienta por demás, pero que no dejaba otro camino. Repito los gobiernos durante estos años pusieron énfasis en el empleo de la fuerza para responder a la inconformidad creciente de las masas empobrecidas; al mismo tiempo quiero dejar claro que con respecto al movimiento armado, el Estado siempre asumió la misma actitud cerril: la idea de ahogarlo en sangre, la promesa de aniquilarlo en cada operación de envergadura y, por supuesto, el incremento de las acciones de guerra. Así se forma ese torbellino de violencia o ese circulo vicioso de la guerra en que nos seguimos consumiendo los colombianos.
En esta fase se destacó por la dureza, y también por su torpeza, el gobierno de Turbay Ayala, de tan ingrata recordación para las fuerzas democráticas del país. En los años ochenta ocurrieron acontecimientos políticos muy significativos para la vida democrática, pero tales acontecimientos también permitieron demostrar hasta donde se ha afianzado en las altas esferas de la oligarquía la oposición cualquier vía distinta a la de la violencia armada para oponerse a los cambios que el país esta reclamando.
Durante el gobierno de Belisario Betancur se abrieron posibilidades para buscarle alternativas distintas al conflicto armado. Se desarrolló una etapa interesante de confrontación política, de exposición de propuestas, de búsqueda de acuerdos entre el movimiento armado y el gobierno y, por cierto, asomaron posibilidades reales de despejar un camino hacia una apertura política que muchos anhelamos. Es preciso recordar que el EPL dio su aporte político a esa posibilidad con toda firmeza y honestidad, y en medio de las amenazas constantes siguió adelante con su propuesta política de Frente Popular. Esto demuestra, sin dejar dudas, la vocación democrática del EPL, sin renunciar a sus ideas de lucha revolucionaria. Por eso, junto con otras organizaciones armadas se comprometió de frente con ese propósito.
¿Por qué fracasaron estos intentos que pudieron despejar nuevos horizontes de paz para los colombianos?
Principalmente, creo yo, porque los dueños del gran capital consideraron que perderían demasiado, y la casta política tradicional ensimismada con el poder creía que se le irían de sus manos los privilegios de siempre. Así se clausuraron lamentablemente unas posibilidades democráticas al alcance de la mano. Si las organizaciones guerrilleras, entre ellas el EPL, volvieron a sus actividades armadas, fue porque se le atravesaron los fusiles del Estado para impedir el avance hacia soluciones pacificas posibles. La política de paz de Betancur fracasó también porque el Estado no fue capaz de favorecer o defender los cambios que la situación estaba exigiendo. Y así vino de nuevo la violencia como contrarrespuesta y se dieron grandes pasos hacia atrás, agravados porque se habían abierto nuevas heridas. Esto dejó a la vista la falsedad del Estado y del gobierno, y su incapacidad para cumplir los acuerdos. Cómo no recordar nosotros la forma vil y aleve en que fue asesinado nuestro compañero Oscar William Calvo, vocero del EPL en las conversaciones con el gobierno, dirigente del Frente Popular, y cabalmente convencido de trabajar por la paz del país.
Es necesario precisar que el movimiento armado entregó una contribución muy valiosa hacia el propósito de concretar acuerdos viables, no sólo entre la guerrilla y el gobierno sino en favor de las amplias mayorías más necesitadas. Fue un periodo de experimentación política, cargado de enseñanzas, abierto a posibilidades, incluso con la posibilidad de firmar acuerdos de paz consistentes, pero todo fracasó debido principalmente a la cerrada oposición o, por qué no decirlo, a la torpeza de los sectores guerreristas del país.
Dejo claro que en este periodo el movimiento armado asumió una posición muy seria como quiera que se basaba en su interés, tanto íntimo como expreso, de contribuir a la realización de transformaciones reales de la sociedad y en el Estado. Estos proyectos, sin embargo, quedaron truncos para desgracia de quienes lo necesitaban y lo siguen necesitando. Quiero subrayar, así mismo, que el movimiento armado no ha renunciado a continuar adelante, buscando el logro de cambios que son justos e indispensables para el progreso de la nación. Precisamente por esas razones ha insistido en propuestas de solución política a los gravísimos conflictos que vive el país.
¿Qué ocurrió posteriormente? La oligarquía, habiendo extraído lecciones de los momentos de dialogo con la guerrilla, se planteó una política engañosa, que combina la demagogia en las palabras con la violencia en los hechos, que afirma estar dispuesta al dialogo o a la negociación con la guerrilla, pero con la « sencilla » condición de que esta se rinda sin ninguna contraprestación. Una oligarquía o un gobierno que prometen cambios, mucha apertura de la democracia, pero que en la práctica es incapaz de propiciarlos. Por estas razones es comprensible que siga existiendo un movimiento armado revolucionario, el derramamiento de sangre e incluso brutalidades propias de una guerra que ha durado varias décadas; así como tantas trampas y engaños de las castas que se hallan empotradas en el poder.
Prosiguiendo en el mismo orden de ideas, considero y estoy convencido de ello, que la paz es un objetivo posible; es más, necesario, si queremos que el país se desarrolle para el beneficio de todos los colombianos, si pretendemos que la sociedad progrese conforme a las exigencias del presente y del futuro. Pero si el desarrollo favorece sólo a los privilegiados y éstos se apropian arbitrariamente de los bienes del progreso, jamás se podrá conseguir y consolidar la paz en Colombia.
Afirmo, sin lugar a dudas, que la crisis del Estado y unas relaciones sociales profundamente injustas, son las causas principales de las diferentes formas de la violencia que se viven en Colombia. Ami juicio, es grave que ni el Estado ni la Constitución hayan servido como garantes de la unidad nacional y de la armonía social. En ellos hay gérmenes de contradicciones de todo tipo que fomentan la desconfianza entre las instituciones estatales y los ciudadanos, e incluso entre estos mismos.
Es oportuno recordar que el EPL, a principios de los años ochentas, propuso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en la cual se hicieran presentes representantes de los diferentes estamentos sociales, políticos, etc., que conforman la nación colombiana. La intensión era contribuir a la elaboración de una nueva constitución que no solo expresara la nuevas realidades del país, sino que le diera solución a agudas contradicciones sociales y políticas. Por desgracia, la Constitución del 91 no se convirtió en el pacto de paz que propusimos ni en una vía cierta para la reconciliación de los colombianos. Es más, puedo afirmar que los escasos aspectos progresistas presentes en su contenido, me refiero a lo que dice la letra, se han ido diluyendo según los requerimientos de ciertos sectores políticos que quedaron inconformes con el contenido de la nueva Carta.
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(Junio 29 de 1994)
Teniendo en cuenta que hasta el presente, el indagado se ha limitado a expresar planteamientos de carácter estrictamente político que han impedido avanzar en los aspectos concretos que han de ser objeto de tratamiento en esta diligencia, se le requiere para que sea especifico en sus respuestas, anunciándole que al final de la diligencia, cuando se le inquiera si desea hacer otras manifestaciones, agregar algo a lo expuesto o hacer aclaraciones, tendrá la oportunidad de extenderse en los aspectos que ha venido tratando desde el inicio de la diligencia.
En este estado el señor defensor solicita el uso de la palabra para dejar constancia y, concedida esta, manifestó:
En primer lugar, quiero anotar que a raíz de la solicitud que hiciera el señor Caraballo de que se averiguara por la suerte de su hijo que quedo en la casa de la finca allanada, me dirigí el día de ayer hasta la finca encontrándome con un campamento militar dentro de las instalaciones de la propia finca y con un fusil ametralladora empotrado frente a la puerta de entrada de la casa. Se nos había dicho que el hijo no estaba bajo custodia militar, sin embargo, no solamente se encontraba o se encuentra bajo custodia militar, sino que se dificulta la entrada de cualquier persona que quiera visitarlo.
Por lo tanto solicito a la Fiscalía y al Ministerio Público que, surtidos los efectos del allanamiento, se ordene inmediatamente el desalojo de los terrenos de la finca, ya que solo ha impedido que los amigos, compañeros de estudio del joven, se atrevan siquiera a visitarlo.
De otro lado, como defensor del señor Caraballo, ayer en horas de la tarde, con previo permiso de la Fiscalía General, vine junto con sus hijos para que pudiese saludarlos y observe una actitud agresiva por parte de algunos militares quienes me manifestaron su indignación por haberle solicitado al Ministerio Publico que averiguase sobre la suerte del menor. Me endilgaron que yo, « por ser de izquierda, los estaba calumniando » (comillas a solicitud del defensor), refiriéndose a que había presencia militar en la finca. Quiero agregar que como defensor de los Derechos Humanos y como defensor de presos políticos, oficio en el que llevo más de seis años, he actuado siempre conforme a la Constitución y a la ley, pero parece ser que ya se hizo labor de inteligencia sobre mi actividad profesional y política, y eso se nota en el cambio de comportamiento y actitudes de los militares hacia el suscrito.
Por tanto, insisto una vez mas ante la Fiscalía y ante el Ministerio Publico para que rinda su concepto de que el señor Caraballo sea trasladado a una cárcel ordinaria, conforme a lo establecido en las normas constitucionales y legales.
De otro lado quiero, frente al requerimiento de la Fiscalía, observar que la injurada, como se ha dicho desde un comienzo, es una versión libre y espontanea y que se esta juzgando a un comandante guerrillero fundador de una organización guerrillera, y en esa virtud está él en absoluta libertad de narrar todas las fundamentaciones filosóficas, políticas, económicas o éticas que sean del caso, para que los hechos de los cuales se le procesa o se le ha condenado, se comprendan dentro del concepto del delito complejo de la Rebelión. Considero que es una forma de presión el decirle que debe concretarse a los hechos para no hacer mas larga esta diligencia. De igual manera, en el tiempo previsto por la ley, se puede resolver la situación jurídica de los implicados.
El Ministerio Publico solicita el uso de la palabra para dejar la siguiente constancia: como quiera que en diligencia anterior le solicité al señor defensor, estableciera personalmente las condiciones en que se encontraba o en que se encuentra el menor, y en el día de hoy a ese respecto a formulado algunas inquietudes que quedaron consignadas, una vez culmine esta diligencia, se procederá de conformidad, solicitando una visita de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos a fin de verificar si la situación expuesta por la defensa se está presentando.
De otra parte, sin desconocer en ningún momento los derechos que por ley le corresponden a quien rinde una diligencia de indagatoria, quiero manifestar al señor defensor, que el despacho no pretende en ningún momento ejercer presión de ninguna clase. Por el contrario, las diligencias que hasta el momento se han adelantado han sido siempre preservando todas las garantías y respetando la posición del señor Caraballo y del señor defensor. Sólo se ha querido abocar el tema.
Acto seguido continúa el indagado con el uso de la palabra, así:
En primer lugar, quiero que conste mi protesta por la presencia de tropas en el área donde se encuentra mi hijo, quien desde luego nada tiene que ver con mis actividades. Aunque no puedo decir que él se encuentre traumatizado, de todas maneras sí es cierto que, debido a lo que conoce de la situación del país, sí está profundamente preocupado. Me preocupa que oficialmente no se hubiera informado que ya estaba completamente despejada el área y desprovista de tropa. De todas maneras para mí se convierte en un factor de preocupación y sobre todo de presión sicología para efectos de la diligencia que se ésta cumpliendo.
Aprovecho también para plantear la solicitud de que se le resuelva la situación jurídica a mi esposa, quien a igual que mi hijo no puede ser responsabilizada por mis actos. En tercer lugar, quiero dejar constancia de que en estos momentos no me siento en condiciones favorables para continuar la diligencia y, sin embargo, estoy dispuesto a continuar en vista de que, de mi parte, también existe el interés de concluir tan rápido como sea posible en esta indagatoria.
Quiero plantear una vez más que la razón de la exposición que estoy presentado pretende mostrar un cuadro que ha servido de entorno a mis actividades y a mi comportamiento como revolucionario. Aclaro que he estado planteando un resumen apretado por el interés de salir cuanto antes de esta situación tan engorrosa. Quiero saber si esta dentro de los derechos que me asisten como ciudadano colombiano, que aún soy, continuar con la parte final de mi intervención.
(El despacho deja constancia que efectivamente el indagado está en libertad de continuar con sus planteamientos, no obstante lo cual se le solicita que ellos sean los más concreto que sea posible)
Continua el indagado:
Estaba exponiendo algunas consideraciones sobre el problema de la paz.
Quiero dejar en claro que el EPL como organización y Francisco Caraballo como dirigente revolucionario, si hemos tenido y tenemos ideas y propuestas válidas para aportar a la búsqueda de la paz que tanto necesita Colombia.
No tengo duda alguna en el sentido de que para avanzar hacia la paz verdadera es imprescindible propiciar y realizar transformaciones profundas en la realidad nacional, con más realismo que aspavientos, con mas seriedad que demagogia; pero al mismo tiempo creo que es necesario y posible ir creando un ambiente en el cual las contradicciones puedan expresarse y resolverse sin recurrir a la eliminación del adversario del contradictor, por medio de la muerte o el silencio.
El EPL ha mantenido una posición sólida y clara en la búsqueda de una paz cierta; sigo considerando que esto es un propósito alcanzable; especialmente a partir de los años ochentas hemos sido defensores persistentes de esa posibilidad y hemos presentado las más variadas propuestas al respecto, no obstante lo caro que nos ha tocado pagar esta posición.
El Articulo 22 de la Constitución Nacional dice: « La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento ». El Articulo 2 prescribe que una de las principales finalidades del Estado es asegurar la convivencia pacifica; el Articulo 67 establece que la educación formará al colombiano en el respeto a la paz a los Derechos Humanos y la democracia. A pesar de que están consignados con suma claridad en la Carta, el gobierno y el Estado, que deberían ser sus principales gestores, son pasivos en su cumplimiento. De acuerdo con lo anterior, acuso al presidente Cesar Gaviria por negligencia en el cumplimiento de estos preceptos constitucionales, expreso mi acuerdo con las precisiones contenidas en la Declaración del Encuentro de Obispos, titulada « El deber de la Paz », de abril de 1994,donde se dice: « La paz no es la simple ausencia de la guerra, el silencio de las armas o la victoria militar sobre el adversario, la paz tampoco es el peligroso equilibrio de las fuerzas adversas o de las treguas. En este sentido, detener el enfrentamiento o vencer militarmente al adversario, no consigue la paz; la estrategia para la paz es superarla, eliminando las causas que la generan, la vigencia de un marco jurídico democrático y participativo basado en el respeto inalienable de la persona humana, se constituye en instrumento necesario para alcanzar un orden justo ». No es extraño que los obispos conozcan mejor la realidad que los gobernantes guerreristas.
Tengo la certeza de que debido a las particularidades en que se ha desarrollado la guerra en nuestro país durante un tiempo tan prolongado, la consecución y la consolidación de la paz no es posible lograrlas en un solo acto. Son objetivos muy difíciles de alcanzar. La experiencia de los acuerdos que se han firmado entre el gobierno y grupos guerrilleros deja muchas enseñanzas, pero sobre todo la advertencia de que ese camino jamas podrá conducir hacia la paz verdadera, principalmente porque pusieron acento en los asuntos superficiales o circunstanciales, en la satisfacción de exigencias del momento o en el espectáculo de los medios de comunicación, antes que en despejar vías posibles para atender problemas de fondo, así no fuera de inmediato. A mi juicio, la paz debe entenderse como un proceso que propicie el afianzamiento de soluciones en los órdenes económico, social, político, militar, etc.
El EPL se ha mostrado partidario de realizar una negociación directa, lo que exigiría a la vez el cumplimiento de dialogo con la participación de todos los sectores políticos, sociales, los gremios, la iglesia, la intelectualidad, etc., para actualizar propuestas y proyectos. Sólo en esta forma se podrá concluir en un acuerdo amplio que garantice la continuidad del proceso.
Desde luego, se deben establecer unas premisas sensatas para la negociación, que excluyan las imposiciones o las descalificaciones.
La paz debemos concebirla como un propósito de reconstrucción nacional; en el contenido de sus proyectos deben estar presentes la democracia, la justicia social, una vida digna, el respeto y la garantía del cumplimiento de los Derechos Humanos, los derechos políticos, sociales, cívicos, culturales etc. Es indispensable, así mismo, cambiar la concepción y la normatividad de un derecho que se ha establecido para la guerra, por un espacio jurídico y democrático.
Estas apreciaciones son validas para desmentir a quienes nos tildan de guerreristas para justificar su tozudez en contra de la paz y su militarismo a ultranza.
El EPL como parte integrante de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar ha presentado, junto con las demás organizaciones armadas, propuestas validas, algunas de las cuales siguen teniendo validez. Recordemos, para tener una referencia muy precisa, que en el segundo semestre de 1990 la CGSB insistió en tomar contactos con el gobierno o con el Parlamento.
Como el gobierno adoptó una posición negligente, evasiva o displicente ante ese requerimiento, se buscaron contactos con personalidades políticas, con la iglesia y con otros dirigentes. También hubo contactos con diversos medios de comunicación para insistir en nuestras inquietudes y opiniones, y, lógicamente, para presentar propuestas concretas.
La Coordinadora presentó propuestas sólidas y viables sobre la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno, sin embargo, permaneció impasible o insistiendo en que el movimiento guerrillero debía someterse unilateralmente al esquema de la « paz » planteado por el gobierno, quiere decir, al sometimiento de su voluntad y no a la bilateralidad de unas conversaciones que posiblemente hubieran sido muy fructíferas para los intereses de la nación. Lo mas grave es que mientras se realizaban contactos con algunos dirigentes políticos, el gobierno ordeno ametrallamientos que pusieron en peligro la vida de estos, que junto con la dirección de la Coordinadora se empeñaban en buscar salidas al conflicto armado; y mas grave aún fue el enorme operativo contra Casa Verde que se desarrollo precisamente el mismo día en que se elegían los miembros para conformar la Asamblea Nacional Constituyente. Es esta otra enseñanza más de cómo el gobierno se ha colocado de espaldas a posibles vías hacia la paz. Repito, ésta no podrá lograrse sino es con base en compromisos que tengan la visión puesta en el bienestar de todos los colombianos y no sólo a favor de las castas predominantes en el país.
Hay un factor adverso a la reconciliación nacional que se debe tener presente:
Los grandes medios de comunicación, de gran circulación o audiencia, se encargan de manipular las informaciones como si se tratara de medios anexos al manejo sociológico de la guerra. Quiero consignar que esto le esta ocasionando gravísimo daño a Colombia; esa actitud no puede fomentar una educación favorable a la construcción de la paz. Nótese que un guerrillero nunca es presentado como rebelde con causa, siempre se le presenta al público como un antisocial de baja calaña, un enfermo o un criminal incorregible. ¿Cómo, en el supuesto de unos acuerdos de paz, los alzados en armas van a encontrar la acogida o la confianza de los miembros civiles de la sociedad, si se les ha presentado ante ella como criminales capaces de las peores atrocidades? ¿ No se estará propiciando con esta actitud del gobierno y de los grandes medios de comunicación la prolongación de la violencia, y no el alejamiento de ella y la búsqueda de la paz?.
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(Junio 30)
Para comenzar quiero aclarar que las notas manuscritas de mi puño y letra, que he estado leyendo, tienen una explicación. Pretendo dejar establecido que mis actividades tienen profundas motivaciones ideológicas y políticas.
Además, no estoy acostumbrado a improvisar, siempre he preferido pensar, meditar, como me ha tocado ahora por desgracia en este frío espacio, para luego opinar razonadamente. Presento unas cortas consideraciones en relación con mi posición sobre el Estado colombiano, para luego adentrarme en los planteamientos más particulares.
He sostenido que el Estado colombiano es violento, opresor y cerrado porque se apoya en una democracia liberal excluyente. Nótese que en Colombia, en la Colombia de los últimos cien años, nunca ha gobernado una organización política diferente al partido liberal o al partido conservador o a una coalición de los dos. La historia nos enseña que desde 1886, en la época de Nuñez, gobernó la hegemonía conservadora hasta 1930, o sea 45 años; luego los liberales hasta 1946, o sea 16 años, y después se han sucedido periodos de alternación, de disputa o de coalición entre ellos; los intentos de consolidación de nuevos partidos con posibilidad de acceder al poder han fallado, pero lo mas grave es que en años recientes se han presentado hechos tremendamente peligrosos: la eliminación física de la Unión Patriótica, el asesinato de tres candidatos a la presidencia de la República, la corrupción en altas esferas estatales y privadas, la influencia criminal del narcotráfico que se ha infiltrado por todos los poros en el Estado. Así no puede existir una democracia de verdad.
No nos dejemos confundir por las palabras; tras la bandera de la democracia se suelen esconder las exclusiones y los atropellos; la igualdad de derechos puede disimular abismos profundos y la nulidad en la práctica de muchos de ellos. Las supuestas garantías legales pueden coincidir con intimidaciones y arbitrariedades; por eso en muchas ocasiones hemos criticado a fondo la democracia colombiana, por su falsedad, porque detrás de tanta palabra almibarada y formal pretende esconder las iras de la opresión. Como el Estado colombiano es débil, por carecer de apoyo real de la mayoría de la población, utiliza la fuerza, muchas veces sin control, al margen de su propia ley y de los Derechos Humanos. Por eso se siguen justificando, a mi juicio, la lucha revolucionaria y la rebelión.
Lo expuesto anteriormente me permite subrayar la trascendencia de la « resistencia a la opresión » como un hecho natural que, por lo mismo, es inalienable. En la revolución francesa se consignó con precisión este derecho que luego fue acogido universalmente; se incluyó en la Carta Política de los Estados Unidos y posteriormente en las Naciones Unidas; esta inscrito en la legislación colombiana, puesto que dichas declaraciones fueron aprobadas por el Parlamento y, desde luego, convertidas en ley de la República, puesto que el Articulo 93 de la Constitución establece que las Declaraciones Universales o Regionales de los Derechos Humanos, prevalecen sobre la legislación interna. Pero bueno, el Estado colombiano se da sus mañas para respetar o no las normas jurídicas, para defender o no, según sus conveniencias, los Derechos Humanos; por eso justifico mi critica y cuestionamiento a este Estado para juzgar mi conducta.
En cuanto a la actividad del Ejercito Popular de Liberación, desde el periodo de su fundación, quiero plantear lo siguiente:
En primer lugar, dejar muy claro que el EPL tiene una fundamentación ideológica y política de contenido revolucionario; por eso sus acciones se han enmarcado siempre dentro de objetivos revolucionarios, nos ha inspirado un espíritu altruista en su sentido mas profundo, que esta ligado a la rebeldía contra el Estado. Quiero precisar que el EPL, muy poco después de su surgimiento, estableció unas normas morales para guiar la conducta de sus dirigentes y de sus militantes, entre las cuales puedo memorizar parcialmente las siguientes: « Tratar a las mujeres como a nuestras madres y a los niños como a nuestros hijos », « Preferencias con los ancianos, los débiles y los enfermos », « Respeto a las masas populares », « Trato humanitario a los prisioneros de guerra », « Ser valientes en el combate y justos en la victoria ».
Hay que tener en cuenta que el EPL se conforma en los años sesentas y su aparición oficial fue el en el año de 1967, eso quiere decir que nos tocaron los remanentes de la violencia de los cincuentas, y en muchos de los aspirantes a ingresar a las filas, o incluso en mucho de los que se convirtieron en soldados del EPL, existían vivencias de esa etapa sangrienta. Había, por ejemplo, campesinos que se habían acostumbrado a la práctica de rematar a los heridos ( es decir, no solamente disparaban el arma de fuego sino que a los que quedaban maltrechos los eliminaban a los machetazos). Por eso tuvimos que hacer una dura labor de educación, de formación moral para evitar que las filas del EPL fueran manchadas por esas costumbres atroces y, en la práctica, sin mucho decirlo, nos convertimos en defensores y propagandistas de la aplicación de los Derechos Humanos, en condiciones tan difíciles como las de tener que luchar contra las heridas de la violencia. Pasada.
En el periodo más reciente, como es sabido, hubo una división en las filas del EPL que culminó con la desmovilización de un sector, en 1991; es lamentable que durante el periodo de preparación de esa desmovilización se fomentaran costumbres y hábitos contrarios a la moral revolucionaria con que habíamos fundado el EPL, incluso le cabe el gobierno parte de la responsabilidad en el daño que se le causó a muchos jóvenes que recién salidos de la actividad armada, fueron incitados hacia actividades muy dañinas para cualquier organización revolucionaria o para cualquier grupo social, como son el uso del alcohol, la prostitución, el desgano por el trabajo, etc. Eso, indudablemente, afectó a lo que quedó vivo del EPL.
Junto con esta situación de conjunto, quiero anotar otros dos factores para ser tenidos en cuenta: Uno es la autonomía que ha tenido cada frente en su área de operaciones; esto quiere decir que sobre la base de una guía general, cada mando de frente opera o actúa en el área que le corresponde; y el otro, es que hemos tenido muchas dificultades, a veces insalvables, para la comunicación entre la dirección central y cada frente. Con lo anterior quiero plantear que me parece injusto que todas y cada una de las acciones se le adjudique al comandante, o que la responsabilidad recaiga siempre sobre él. Me permito ilustrar esta idea con un ejemplo. Americas Watch dice:
« En algunas regiones y en algunos casos bien conocidos existe evidencia comprometedora acerca de la colaboración de jefes regionales del Ejercito y funcionarios de inteligencia de alto rango para facilitar la comisión de delitos atroces por parte de ejércitos privados y escuadrones de la muerte ».
Me pregunto: ¿se puede culpar por estos actos al presidente de la República que es el comandante de la fuerza pública? ¿Se puede responsabilizar directamente al ministro de la Defensa? Juzgo que en el plano político esto es posible dadas las características del Estado colombiano, pero en el orden jurídico me queda esa pregunta sin respuesta. Con estas aclaraciones no pretendo en ningún caso justificar los excesos o los abusos; quiero que quede clara la diferencia entre excesos y abusos que se hayan podido cometer por frentes o individuos del EPL y la política y la conducta oficiales de la organización y, por lógica, la responsabilidad que pueda caber integralmente a la organización o al comandante, y la corresponde exclusivamente a ciertos individuos o frentes.
Como comandante del EPL he asumido claramente la responsabilidad que me corresponde.
Quiero seguidamente referirme a algunos casos planteados inicialmente por la Fiscalía, para dejar sentada una posición inicial al respecto (...) Los presento en el orden que fueron planteados y no en su sentido de importancia. En consecuencia, me referiré inicialmente a la situación de Urabá.
Para esto es necesario referirme a lo ocurrido en el periodo posterior a la desmovilización de un sector del EPL en 1991. Tengo entendido que no todos los integrantes del EPL que se desmovilizaron abandonaron las armas, y considero que allí encontramos el germen del agravamiento de la situación que se ha sucedido, porque se siguieron presentando enfrentamientos armados, inicialmente parciales y luego generalizados en la región. Lo más grave, y quiero apuntarlo como una denuncia, es que el gobierno propició la consolidación y, desde luego, la actividad criminal de algunos de esos grupos. En 1992, el consejero para la paz, doctor Ricardo Santamaria, estimuló, junto con dirigentes de Esperanza, Paz y Libertad, la conformación de los « Comandos Populares ». Lógicamente, con ese respaldo oficial, estos grupos intensificaron sus actividades criminales; no sólo de una supuesta « autodefensa », sino con la pretensión de consolidar su poder en esas áreas.
A principios de 1993, varios dirigentes de Esperanza, Paz y Libertad, entre ellos el senador Aníbal Palacios, Pretendieron que el gobierno les diera a esos « Comandos Populares » un reconocimiento oficial como autodefensas, para lo cual argumentaba la necesidad de defenderse ante una presunta arremetida de organizaciones guerrilleras contra ellos. Posteriormente, en abril, el gobierno encontró la forma adecuada para darle una respuesta, legalizando la existencia y la actividad de los « Comandos Populares », como miembros activos integrantes del DAS rural en Urabá. Las características, funciones, vinculación, etc., se hallan contenidas en una declaración del director general del DAS, publicada en ese mes.
Esto, lógicamente, agravó las contradicciones y los enfrentamientos militares en la zona, enfrentamientos que son los que se expresan en diferente sentido, pero principalmente entre esos « Comandos Populares », convertidos en DAS, y organizaciones guerrilleras, entre ellas el EPL.
Conviene hacer dos precisiones: Primera, para nosotros está claro que muchos de estos enfrentamientos son entre « Comandos Populares » armados, vinculados al DAS o no, con organizaciones guerrilleras; o sea que no se trata, como se ha dicho públicamente, del asesinato de civiles que simplemente actúan en el plano político; segunda, el comandante del EPL en ningún caso y en ninguna circunstancia ha ordenada la ejecución de miembros de Esperanza, Paz y Libertad.
Apartes de la indagatoria de la Fiscalía General de la República de Colombia al Comandante del EPL y Primer Secretario del Partido Comunista de Colombia (ml), camarada Francisco Caraballo.
Junio de 1994
« ....Cursé el bachillerato completo en la ciudad de Mompox, Bolívar, en el Colegio Nacional Pinillos; Culminé estudios en 1957; además, cursé un semestre de Recursos Naturales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, en el primer semestre de 1958, y dos años y medio en la Universidad de Cartagena, a partir de 1959. A fines del 58 trabajé como profesor en un colegio en Mompox, no recuerdo ahora el nombre, pero de todas maneras ese colegio desapareció posteriormente; mientras estudiaba en Cartagena también trabajé en un colegio ; posteriormente fui secretario del Juzgado Penal del municipio de Sucre. Después me vinculé al Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y finalmente al movimiento guerrillero dentro del cual he permanecido hasta la fecha.
Como único patrimonio material poseo lo que tengo puesto en este momento. Desconozco qué antecedentes judiciales tenga. Una vez rendí indagatoria, acusado, creo, por porte ilegal de armas, eso debió ser en el año 64, en Valledupar, no recuerdo ante cual despacho judicial; estuve detenido unos pocos días por haber coincidido la investigación con las festividades de Semana Santa, culminadas las cuales fui dejado en libertad (...)
Preguntado: Sírvase informar a la Fiscalía si sabe o presume el motivo por el cual ha sido capturado y se encuentra en este momento presentando diligencia de indagatoria libre de apremio de juramento, asistido por el defensor en presencia del Ministerio Público.
Contestó: Entiendo que se me ha llamado a indagatoria por el delito de Rebelión. No conozco en particular de cuáles otros delitos se me esta acusando por parte de la Fiscalía. Comprendo cabalmente la introducción que hizo la señora fiscal en el sentido de que se trata de una declaración libre y espontánea.
Preguntado: Dentro de sus generales de ley, usted ha manifestado que desde hace varios años se ha dedicado a ser guerrillero, sírvase hacernos un relato claro, preciso y detallado de sus actividades desde los inicios de su actividad guerrillera.
Contestó: En primer lugar, sobre el ofrecimiento de negociación de la pena o de rebaja de la pena, tanto en general, pero especialmente en lo que se refiere a dejar en libertad a mi señora, Beatriz Elena Muñoz, bajo la condición que se satisfagan algunas exigencias planteadas por la Fiscalía, considero que se trata de una extorsión que es inaceptable para mí como militante revolucionario y como hombre integro. Me parece también indigno el tratamiento que se le esta dando a mi hijo como otra forma de presión, que rechazo como contraria a los Derechos Humanos.
Me refiero a que mi hijo quedó solo en la finca, sin recursos de ninguna especie. En segundo lugar, quiero dejar constancia de que las mujeres detenidas, entre ellas mi esposa, así como mi hijo, nada tienen que ver con mis actividades y por tanto no son responsables por los actos que yo haya podido cometer.
Para concluir esta parte, dos cosas más: Una, que no me parece procedente ligar la posible libertad de mi esposa a los hechos por los que ahora se me esta indagando y, dos, algunos miembros de los organismos de seguridad, en sus propios términos, me han planteado que el bienestar de mi esposa y de mis hijos depende de la conducta que yo asuma... Con las condicionantes del caso autorizo al doctor Luis Guillermo Pérez Casas para que asuma provisionalmente la custodia de mi hijo mientras se localiza a mis familiares, quienes se harán cargo del mismo. Como paréntesis quiero informar a la señora fiscal que no me encuentro física ni anímicamente bien, por lo que, si es posible, solicitaría que esta diligencia se suspendiera para continuarla posteriormente.
(...)
Se continua con el interrogatorio de la siguiente manera:
Preguntado: Dentro de sus generales de la ley, usted ha manifestado que desde hace varios años se ha dedicado a ser guerrillero, sírvase hacernos un relato claro, preciso y detallado de sus actividades desde los inicios de su accionar guerrillero.
Contesto: Quiero consignar, en primer lugar, que mi actividad revolucionaria durante todo el transcurso de su desarrollo está relacionada con un marco social y político del cual no se puede hacer omisión. Me crié dentro de una familia humilde que me formo sobre las bases del respeto a la sociedad y a los derechos de las demás personas. Tuve, así mismo, una formación cultural que por sus características derivadas de la tradición cultural de Mompox no creaban bases para formar en mi persona tendencias delincuenciales.
Por esas razones pretendo exponer algunos aspectos de la realidad social y política existentes durante mi actividad social y revolucionaria. En mi calidad de rebelde consciente, de revolucionario consecuente y de comunista convencido, no asumiré pasivamente una posición de defensa, en tanto que delincuente político. Aprovecho sí esta situación para expresar mis puntos de vista como acusador de un Estado injusto, que se apoya lamentablemente en una justicia parcializada, subordinada a un presidencialismo arrogante y excluyente. Quiero exponer, según los términos que ese Estado concede, mis opiniones sin aceptar presiones de ninguna índole. No se podrían entender mi conducta y mis acciones revolucionarias si se las aísla o separa del contexto social y político en que han transcurrido.
No soy, pues, un delincuente político aislado, voluntaristas, sino producto de una realidad desgraciada que ha vivido nuestra patria en estos años. De ahí, que sean indispensables algunas referencias históricas como antecedentes de los acontecimientos que se sucedieron durante los años sesenta, al principio de los cuales se inició mi actividad como revolucionario.
Es oportuno recordar que la dictadura sanguinaria del General Gustavo Rojas Pinilla se instauró en nombre de la « Paz », en nombre de la « unidad nacional » con la fórmula « la patria por encima de los partidos », y con el llamado « binomio pueblo - fuerzas armadas », levantado como un señuelo demagógico que comprometió a las fuerzas militares, de las cuales era caudillo, con sus propósitos dictatoriales.
Ya se sabe cómo durante este periodo se ensangrentó cruelmente el suelo colombiano para beneficio de los grandes dueños de la tierra, en primer lugar, que lograron afianzar su dominio en áreas desarrolladas del territorio patrio. La agudización de las contradicciones en las altas esferas de la oligarquía, entre el general Rojas Pinilla, que se alió con grandes terratenientes, y un sector industrial que buscaba nuevos horizontes, dio origen al « Frente Civil contra la dictadura militar ».
Antes de seguir quiero precisar que esta aguda violencia de los años cincuentas, si bien es cierto que no la sufrí directamente, si grabó en mí de manera indeleble las enormes injusticias a que son capaces de llegar los dueños del poder en nuestro país.
Quiero recordar que a principios de los años sesentas la mayoría de la población se hallaba localizada en el campo, un 60%; en gran parte ese campo manchado con la sangre derramada durante los años cincuentas y afectado por odios irreconciliables acumulados. El campesinado, en su gran mayoría sin tierras o desposeído de ellas, se vio sometido a un proceso cruel de descomposición que permitió el Enriquecimiento, por medio de la fuerza, de terratenientes viejos y nuevos.
Es la misma violencia de los de arriba, ligada siempre al poder político, convertida en una constante durante décadas, que se ha convertido en el más grande obstáculo para el desarrollo del país y para la satisfacción de las más elementales aspiraciones de la mayoría de los colombianos. Durante este periodo, las ciudades se siguieron llenando de hombres y mujeres, de familias completas desarraigadas de su patria chica, pero sin una patria grande confiable, solamente en busca de un poco de sosiego de un poco de pan. Esas grandes masas sólo vieron aumentada su miseria y empezaron a soportar nuevas y mayores angustias, como la desconfianza, el marginamiento inhumano, el abandono por parte del Estado o la dura represión policial.
Como se puede observar, las consecuencias de una guerra tremendamente injusta seguían golpeando amplios sectores de la población, con el agravante de que en gran medida esa guerra fue propiciada por el mismo Estado que participó activamente en ella y que también se benefició de ella. Esa es otra situación que marcó para siempre mi conciencia y me hizo compartir con ese pueblo golpeado, humillado y excluido, sus angustias. Mientras tanto, se apreciaba en las mayorías de la población el anhelo creciente de acabar con el enfrentamiento armado, con el derramamiento de sangre y con los sufrimientos derivados de una violencia prolongada, pero sabemos que ese anhelo fue ahogado mediante la fuerza bruta, con la eliminación física de la mayoría de los dirigentes que habían participado en la confrontación, algunos de los cuales se acogieron a los planes de « paz » del gobierno. Se puede observar cómo se trata de una historia que se ha venido repitiendo en nuestro país.
Los años sesentas transcurrieron con las esperanzas puestas en el Frente Nacional, pero éste no significó la solución que algunos anunciaron y que muchos creyeron, sobre todo porque se había presentado como una solución de paz. En efecto, el Frente Nacional representó unos acuerdos por arriba, de los jefes de la oligarquía liberal - conservadora, y unos cambios, si se quiere formales, en aspectos políticos. Las profundas diferencias existentes y excluyentes en el seno de la sociedad, el acelerado empobrecimiento de las masas trabajadoras, el ordenamiento represivo del Estado, el empleo de la fuerza como aspecto predominante de su respuesta ante los reclamos de los necesitados, quedaron intactos a pesar de que se hablaba de la reconciliación, de la ampliación de la democracia, etc.
Apoyo en dos ejemplos las aseveraciones anteriores:
Primero, una parte, mayoritaria por cierto, del movimiento armado de los años cincuentas, se acogió a la política de « paz » del gobierno y a los planes de « rehabilitación ». En muchos colombianos volvió a florecer la esperanza de que se podía afianzar de verdad un proceso de reconciliación, de lograr la reintegración de la familia colombiana y de alcanzar algunas mejoras en las condiciones de vida y de trabajo; sin embargo, de nuevo, el gobierno y los grupos privilegiados aprovecharon las circunstancias para consolidar su dominio en los planos económicos y políticos. Todo indica que las promesas de paz se diluyeron ante la tendencia a seguir utilizando la violencia para liquidar las protestas y, principalmente, para apagar las luchas que se realizaban por cambios en la realidad del país. Con el pretexto de acabar con los bandoleros se arremetió bestialmente contra núcleos inconformes de la población civil. En esta forma la juventud colombiana veía clausuradas las puertas para posibles salidas a sus aspiraciones; por cierto, en momentos en que América Latina se extendía una aspiración libertaria de gran envergadura.
Segundo: La creciente inconformidad con la realidad del país, cargada de injusticias, los deseos de lograr cambios de fondo, el impulso rebelde de la juventud, propiciaron el surgimiento de diferentes grupos, movimientos y organizaciones políticas, entre los cuales quiero destacar al Movimiento Revolucionario Liberal, al Ejercito de Liberación nacional y al Partido Comunista de Colombia (marxista - leninista), con distintas características, pero con identidad en cuanto al interés de buscar transformaciones efectivas en la realidad de nuestro país.
El MRL fue una vigorosa expresión de inconformidad y de protesta; en él confluían desde cuadros prominentes de la burguesía, como Alfonso López Michelsen y otros en distintas regiones, hasta amplios sectores de masas angustiados por la pobreza y la desesperanza. Recuerdo que la crítica a los « altos heliotropos de la oligarquía » y a los « cipayos » que entregaban la soberanía nacional para subordinarse al servicio del amo norteamericano, convocó una gran simpatía a la población anhelante de cambios.
Así, el MRL no sólo abrió nuevas esperanzas sino que permitió un proceso de educación política muy amplio y de enorme trascendencia. Muchos colombianos pudimos comprender con más objetividad las causas de la miseria y de tantas injusticias que sufren las gentes de nuestro país. En este mismo plano, la juventud del Movimiento Revolucionario Liberal, JMRL cumplió un papel muy importante y transcendente como agitadora de nuevas ideas y de nuevos proyectos políticos. Quiero anotar que yo milité en las filas del MRL y de la JMRL. Estas organizaciones fueron semilleros del movimiento revolucionario que se desarrollaría posteriormente. Recuerdo que me correspondió militar dentro de estas organizaciones al lado de Alfonso López Michelsen, Ramiro de la Espriella, María Elena de Crovo, Alvaro Escallón Villa, Luis Villar Borda, Servio Tulio Ruiz, Eduardo Umaña Luna, Hernando Garabito Muñoz, Armando Solano, Marco Palacios, Guillermo Puyana, los hermanos Vázquez Castaño, entre otros.
No es extraño, por el contrario es muy lógico, que dentro de este periodo surgieran diferentes movimientos populares, movidos por anhelos de cambio como es el caso del Frente Unido, dirigido por el sacerdote Camilo Torres; al igual que en otros casos, contra éste se desplegó la represión policial mediante amenazas, persecución, encarcelamiento, golpizas que lo obligaron en definitiva a protegerse dentro de filas del Ejercito de Liberación Nacional, como hombre armado, aunque me consta que las armas nunca fueron su vocación. Allí encontramos de nuevo un ejemplo de cómo el comportamiento intransigente del Estado suele empujar a muchas personas a radicalizar sus posiciones. Nadie podría afirmar que Camilo tenía una vocación militar, tampoco tenía actitudes extremistas; sin embargo, se vio impulsado, obligado, mejor dicho, a ingresar a la guerrilla donde no estaba su fuerte como hombre político. Yo trabajé al lado de Camilo en su vida civil y puedo dar fe de sus ideas políticas así como de su fundamentación filosófica; por eso la experiencia de su vida y de su mente, de su militancia como hombre progresista, también se acumularon como parte de mi vivencia política.
Se puede afirmar que la JMRL sufrió un proceso como organización, similar al de Camilo como persona. En efecto, muchos de los miembros de la JMRL vieron cerradas las posibilidades de seguir luchando por las vías normales de la acción política legal y se vieron impulsados a buscar las vías de hecho. Incluso, sin tener una formación militar adecuada para ello. Así surgieron diversas organizaciones guerrilleras en nuestro país, entre ellas el ELN y posteriormente el EPL, para seguir propagando, defendiendo y luchando por objetivos revolucionarios.
El crecimiento de estas organizaciones con respaldo popular demostró que supieron escoger el camino correcto en esos momentos. Debo aclarar que aunque estuve muy relacionado con el surgimiento del ELN, no tomé su mismo camino en ese periodo. Conviene señalar que la gestación y luego el nacimiento del movimiento revolucionario, que se proponía llegar al poder político por la fuerza, fue un producto natural de la agudización de las contradicciones políticas y sociales.
En general, me he referido a la violencia en términos de la confrontación armada, con sangre; pero quiero señalar que la violencia se expresa también en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, etc., formando un tejido muy complejo que no se puede extirpar sólo por medio de las armas. Acaso la imposición del hambre, de la miseria, de la desnutrición y del analfabetismo, las enfermedades, el desempleo, el abandono a los desvalidos, la prostitución, la carencia de servicios elementales, la imposición por parte de la oligarquía de esos males contra el pueblo trabajador, mientras unas minorías todopoderosas ostentan toda clase de privilegios, de lujos y de honores, ¿acaso esta realidad repudiable de por sí, no expresa las graves y mortales formas de la violencia de las castas dominantes contra los desposeídos?
Se trata, diría yo, de una forma de genocidio que se está sucediendo a cada momento y ante la cual los grandes amos de dinero y los dueños del poder voltean la espalda con el beneplácito de un Estado indolente.
Si un joven colombiano no se conmovía en lo más profundo de su conciencia frente a esa situación, quiere decir que estaba de espaldas a las exigencias de la gran mayoría de nuestro pueblo. Por eso quiero señalar que me consta que durante ese periodo - estamos hablando de los años sesentas - la juventud en general cumplió un papel muy destacado en la promoción de ideas y de luchas, de inconformidad y de búsqueda; sus convicciones, su valentía y su consecuencia fueron sometidas a duras pruebas y la verdad es que salió airosa, aunque no logró los grandes objetivos que se proponía. Estos tienen vigencia y, me atrevo a decir, que seguirán alimentando nuevas luchas mientras no haya cambios de verdad en la sociedad y en el Estado, en las relaciones sociales y en el ordenamiento político.
Es preciso insistir en que la búsqueda de la vía armada no fue en ningún momento producto de una decisión voluntaristas o iluminada, sino impuesta por la cruda realidad en que vivíamos y actuábamos los jóvenes durante ese periodo. La violencia, pues, en el caso nuestro, me refiero a los jóvenes de ese periodo, no fue producto de mentes calenturientas, sino exigencia de una realidad que nos cerraba cualquier otro camino.
Dentro de esa marejada surge el Partido Comunista de Colombia (marxista - leninista), a partir de la búsqueda de identidades ideológicas, políticas y programáticas y ayudados por las diferencias que se presentaban en el seno del Partido Comunista tradicional. Lógicamente, este nuevo partido también se vio favorecido por el ambiente político revolucionario que primaba en el país. Por eso en él confluyeron muchos hombres y mujeres del pueblo, de distinta procedencia, pero unidos por el deseo de contribuir de la mejor manera al desarrollo de la sociedad. No había, y me consta personalmente, una predominancia de tendencias militaristas o guerreristas; eso sí, existía la conciencia de que la lucha para alcanzar objetivos revolucionarios, transformaciones profundas o incluso cambios democráticos significativos, no era una tarea fácil, y sabíamos por la experiencia vivida que se hacia indispensable preparar condiciones para la insurgencia armada, llegada las condiciones y el momento.
Participé en la creación y organización del Partido Comunista (ml), a partir de 1964, junto con Pedro Vasquez, Pedro León Arboleda, Francisco Garnica, Libardo Mora Toro, etc. Esta organización se fundó en junio de 1965. Posteriormente estuve vinculado a la formación de los primeros núcleos del Ejercito Popular de Liberación en el río Sinú y en el río San Jorge, en el departamento de Córdoba. El EPL aparece en el ámbito nacional en diciembre de 1967. He sido comandante del EPL desde su nacimiento, aunque en algunas ocasiones cumplí funciones como Comisario Político.
Sobre las actividades del EPL volveré posteriormente.
He incluido a las FARC en esta memoria, porque la arremetida militar contra el movimiento de autodefensa en ese periodo también fue una expresión sui generis de la pretensión del gobierno de acabar con cualquier vestigio de rebeldía. La historia demuestra que con ese comportamiento el Estado sólo logró el crecimiento de una fuerza guerrillera que representaba, con sus particularidades, intereses proclives a la transformación del país. Los años sesentas transcurren dentro del mismo comportamiento del Estado frente a las fuerzas inconformes. Las arremetidas policiales contra las organizaciones populares que reclamaban reivindicaciones justas, la persecución y el acoso contra los dirigentes políticos, fueran demócratas o revolucionarios, la cacería de personas consideradas peligrosas o subversivas, las operaciones « rastrillo », las frecuentes redadas y allanamientos, fueron líneas permanentes de comportamiento durante estos años, y de todas maneras las vías para el cambio seguían cerradas; cerradas hasta el punto que en 1970, las castas dominantes le desconocieron el triunfo electoral el general Rojas Pinilla y a la Alianza Nacional Popular que, por cierto, en su ideario político, nada tenía de revolucionario. También tuvo que acogerse a la protesta de las armas un sector de ese movimiento que asumió la consigna de « Con las armas al poder ». Como se sabe, en ese recorrido surgió, en 1973, el M19, con unas propuestas de lucha que combinaban las ideas iniciales de la ANAPO, de corte nacionalista y de reconciliación social, con alguna que otra propuesta revolucionaria.
Esta referencia es para demostrar cómo la cerrazón de los dueños del poder y de su Estado han obligado a mucha gente de distinto pensamiento, que promueve distintos objetivos e intereses, a empeñarse en una lucha armada, dolorosa y sangrienta por demás, pero que no dejaba otro camino. Repito los gobiernos durante estos años pusieron énfasis en el empleo de la fuerza para responder a la inconformidad creciente de las masas empobrecidas; al mismo tiempo quiero dejar claro que con respecto al movimiento armado, el Estado siempre asumió la misma actitud cerril: la idea de ahogarlo en sangre, la promesa de aniquilarlo en cada operación de envergadura y, por supuesto, el incremento de las acciones de guerra. Así se forma ese torbellino de violencia o ese circulo vicioso de la guerra en que nos seguimos consumiendo los colombianos.
En esta fase se destacó por la dureza, y también por su torpeza, el gobierno de Turbay Ayala, de tan ingrata recordación para las fuerzas democráticas del país. En los años ochenta ocurrieron acontecimientos políticos muy significativos para la vida democrática, pero tales acontecimientos también permitieron demostrar hasta donde se ha afianzado en las altas esferas de la oligarquía la oposición cualquier vía distinta a la de la violencia armada para oponerse a los cambios que el país esta reclamando.
Durante el gobierno de Belisario Betancur se abrieron posibilidades para buscarle alternativas distintas al conflicto armado. Se desarrolló una etapa interesante de confrontación política, de exposición de propuestas, de búsqueda de acuerdos entre el movimiento armado y el gobierno y, por cierto, asomaron posibilidades reales de despejar un camino hacia una apertura política que muchos anhelamos. Es preciso recordar que el EPL dio su aporte político a esa posibilidad con toda firmeza y honestidad, y en medio de las amenazas constantes siguió adelante con su propuesta política de Frente Popular. Esto demuestra, sin dejar dudas, la vocación democrática del EPL, sin renunciar a sus ideas de lucha revolucionaria. Por eso, junto con otras organizaciones armadas se comprometió de frente con ese propósito.
¿Por qué fracasaron estos intentos que pudieron despejar nuevos horizontes de paz para los colombianos?
Principalmente, creo yo, porque los dueños del gran capital consideraron que perderían demasiado, y la casta política tradicional ensimismada con el poder creía que se le irían de sus manos los privilegios de siempre. Así se clausuraron lamentablemente unas posibilidades democráticas al alcance de la mano. Si las organizaciones guerrilleras, entre ellas el EPL, volvieron a sus actividades armadas, fue porque se le atravesaron los fusiles del Estado para impedir el avance hacia soluciones pacificas posibles. La política de paz de Betancur fracasó también porque el Estado no fue capaz de favorecer o defender los cambios que la situación estaba exigiendo. Y así vino de nuevo la violencia como contrarrespuesta y se dieron grandes pasos hacia atrás, agravados porque se habían abierto nuevas heridas. Esto dejó a la vista la falsedad del Estado y del gobierno, y su incapacidad para cumplir los acuerdos. Cómo no recordar nosotros la forma vil y aleve en que fue asesinado nuestro compañero Oscar William Calvo, vocero del EPL en las conversaciones con el gobierno, dirigente del Frente Popular, y cabalmente convencido de trabajar por la paz del país.
Es necesario precisar que el movimiento armado entregó una contribución muy valiosa hacia el propósito de concretar acuerdos viables, no sólo entre la guerrilla y el gobierno sino en favor de las amplias mayorías más necesitadas. Fue un periodo de experimentación política, cargado de enseñanzas, abierto a posibilidades, incluso con la posibilidad de firmar acuerdos de paz consistentes, pero todo fracasó debido principalmente a la cerrada oposición o, por qué no decirlo, a la torpeza de los sectores guerreristas del país.
Dejo claro que en este periodo el movimiento armado asumió una posición muy seria como quiera que se basaba en su interés, tanto íntimo como expreso, de contribuir a la realización de transformaciones reales de la sociedad y en el Estado. Estos proyectos, sin embargo, quedaron truncos para desgracia de quienes lo necesitaban y lo siguen necesitando. Quiero subrayar, así mismo, que el movimiento armado no ha renunciado a continuar adelante, buscando el logro de cambios que son justos e indispensables para el progreso de la nación. Precisamente por esas razones ha insistido en propuestas de solución política a los gravísimos conflictos que vive el país.
¿Qué ocurrió posteriormente? La oligarquía, habiendo extraído lecciones de los momentos de dialogo con la guerrilla, se planteó una política engañosa, que combina la demagogia en las palabras con la violencia en los hechos, que afirma estar dispuesta al dialogo o a la negociación con la guerrilla, pero con la « sencilla » condición de que esta se rinda sin ninguna contraprestación. Una oligarquía o un gobierno que prometen cambios, mucha apertura de la democracia, pero que en la práctica es incapaz de propiciarlos. Por estas razones es comprensible que siga existiendo un movimiento armado revolucionario, el derramamiento de sangre e incluso brutalidades propias de una guerra que ha durado varias décadas; así como tantas trampas y engaños de las castas que se hallan empotradas en el poder.
Prosiguiendo en el mismo orden de ideas, considero y estoy convencido de ello, que la paz es un objetivo posible; es más, necesario, si queremos que el país se desarrolle para el beneficio de todos los colombianos, si pretendemos que la sociedad progrese conforme a las exigencias del presente y del futuro. Pero si el desarrollo favorece sólo a los privilegiados y éstos se apropian arbitrariamente de los bienes del progreso, jamás se podrá conseguir y consolidar la paz en Colombia.
Afirmo, sin lugar a dudas, que la crisis del Estado y unas relaciones sociales profundamente injustas, son las causas principales de las diferentes formas de la violencia que se viven en Colombia. Ami juicio, es grave que ni el Estado ni la Constitución hayan servido como garantes de la unidad nacional y de la armonía social. En ellos hay gérmenes de contradicciones de todo tipo que fomentan la desconfianza entre las instituciones estatales y los ciudadanos, e incluso entre estos mismos.
Es oportuno recordar que el EPL, a principios de los años ochentas, propuso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en la cual se hicieran presentes representantes de los diferentes estamentos sociales, políticos, etc., que conforman la nación colombiana. La intensión era contribuir a la elaboración de una nueva constitución que no solo expresara la nuevas realidades del país, sino que le diera solución a agudas contradicciones sociales y políticas. Por desgracia, la Constitución del 91 no se convirtió en el pacto de paz que propusimos ni en una vía cierta para la reconciliación de los colombianos. Es más, puedo afirmar que los escasos aspectos progresistas presentes en su contenido, me refiero a lo que dice la letra, se han ido diluyendo según los requerimientos de ciertos sectores políticos que quedaron inconformes con el contenido de la nueva Carta.
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(Junio 29 de 1994)
Teniendo en cuenta que hasta el presente, el indagado se ha limitado a expresar planteamientos de carácter estrictamente político que han impedido avanzar en los aspectos concretos que han de ser objeto de tratamiento en esta diligencia, se le requiere para que sea especifico en sus respuestas, anunciándole que al final de la diligencia, cuando se le inquiera si desea hacer otras manifestaciones, agregar algo a lo expuesto o hacer aclaraciones, tendrá la oportunidad de extenderse en los aspectos que ha venido tratando desde el inicio de la diligencia.
En este estado el señor defensor solicita el uso de la palabra para dejar constancia y, concedida esta, manifestó:
En primer lugar, quiero anotar que a raíz de la solicitud que hiciera el señor Caraballo de que se averiguara por la suerte de su hijo que quedo en la casa de la finca allanada, me dirigí el día de ayer hasta la finca encontrándome con un campamento militar dentro de las instalaciones de la propia finca y con un fusil ametralladora empotrado frente a la puerta de entrada de la casa. Se nos había dicho que el hijo no estaba bajo custodia militar, sin embargo, no solamente se encontraba o se encuentra bajo custodia militar, sino que se dificulta la entrada de cualquier persona que quiera visitarlo.
Por lo tanto solicito a la Fiscalía y al Ministerio Público que, surtidos los efectos del allanamiento, se ordene inmediatamente el desalojo de los terrenos de la finca, ya que solo ha impedido que los amigos, compañeros de estudio del joven, se atrevan siquiera a visitarlo.
De otro lado, como defensor del señor Caraballo, ayer en horas de la tarde, con previo permiso de la Fiscalía General, vine junto con sus hijos para que pudiese saludarlos y observe una actitud agresiva por parte de algunos militares quienes me manifestaron su indignación por haberle solicitado al Ministerio Publico que averiguase sobre la suerte del menor. Me endilgaron que yo, « por ser de izquierda, los estaba calumniando » (comillas a solicitud del defensor), refiriéndose a que había presencia militar en la finca. Quiero agregar que como defensor de los Derechos Humanos y como defensor de presos políticos, oficio en el que llevo más de seis años, he actuado siempre conforme a la Constitución y a la ley, pero parece ser que ya se hizo labor de inteligencia sobre mi actividad profesional y política, y eso se nota en el cambio de comportamiento y actitudes de los militares hacia el suscrito.
Por tanto, insisto una vez mas ante la Fiscalía y ante el Ministerio Publico para que rinda su concepto de que el señor Caraballo sea trasladado a una cárcel ordinaria, conforme a lo establecido en las normas constitucionales y legales.
De otro lado quiero, frente al requerimiento de la Fiscalía, observar que la injurada, como se ha dicho desde un comienzo, es una versión libre y espontanea y que se esta juzgando a un comandante guerrillero fundador de una organización guerrillera, y en esa virtud está él en absoluta libertad de narrar todas las fundamentaciones filosóficas, políticas, económicas o éticas que sean del caso, para que los hechos de los cuales se le procesa o se le ha condenado, se comprendan dentro del concepto del delito complejo de la Rebelión. Considero que es una forma de presión el decirle que debe concretarse a los hechos para no hacer mas larga esta diligencia. De igual manera, en el tiempo previsto por la ley, se puede resolver la situación jurídica de los implicados.
El Ministerio Publico solicita el uso de la palabra para dejar la siguiente constancia: como quiera que en diligencia anterior le solicité al señor defensor, estableciera personalmente las condiciones en que se encontraba o en que se encuentra el menor, y en el día de hoy a ese respecto a formulado algunas inquietudes que quedaron consignadas, una vez culmine esta diligencia, se procederá de conformidad, solicitando una visita de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos a fin de verificar si la situación expuesta por la defensa se está presentando.
De otra parte, sin desconocer en ningún momento los derechos que por ley le corresponden a quien rinde una diligencia de indagatoria, quiero manifestar al señor defensor, que el despacho no pretende en ningún momento ejercer presión de ninguna clase. Por el contrario, las diligencias que hasta el momento se han adelantado han sido siempre preservando todas las garantías y respetando la posición del señor Caraballo y del señor defensor. Sólo se ha querido abocar el tema.
Acto seguido continúa el indagado con el uso de la palabra, así:
En primer lugar, quiero que conste mi protesta por la presencia de tropas en el área donde se encuentra mi hijo, quien desde luego nada tiene que ver con mis actividades. Aunque no puedo decir que él se encuentre traumatizado, de todas maneras sí es cierto que, debido a lo que conoce de la situación del país, sí está profundamente preocupado. Me preocupa que oficialmente no se hubiera informado que ya estaba completamente despejada el área y desprovista de tropa. De todas maneras para mí se convierte en un factor de preocupación y sobre todo de presión sicología para efectos de la diligencia que se ésta cumpliendo.
Aprovecho también para plantear la solicitud de que se le resuelva la situación jurídica a mi esposa, quien a igual que mi hijo no puede ser responsabilizada por mis actos. En tercer lugar, quiero dejar constancia de que en estos momentos no me siento en condiciones favorables para continuar la diligencia y, sin embargo, estoy dispuesto a continuar en vista de que, de mi parte, también existe el interés de concluir tan rápido como sea posible en esta indagatoria.
Quiero plantear una vez más que la razón de la exposición que estoy presentado pretende mostrar un cuadro que ha servido de entorno a mis actividades y a mi comportamiento como revolucionario. Aclaro que he estado planteando un resumen apretado por el interés de salir cuanto antes de esta situación tan engorrosa. Quiero saber si esta dentro de los derechos que me asisten como ciudadano colombiano, que aún soy, continuar con la parte final de mi intervención.
(El despacho deja constancia que efectivamente el indagado está en libertad de continuar con sus planteamientos, no obstante lo cual se le solicita que ellos sean los más concreto que sea posible)
Continua el indagado:
Estaba exponiendo algunas consideraciones sobre el problema de la paz.
Quiero dejar en claro que el EPL como organización y Francisco Caraballo como dirigente revolucionario, si hemos tenido y tenemos ideas y propuestas válidas para aportar a la búsqueda de la paz que tanto necesita Colombia.
No tengo duda alguna en el sentido de que para avanzar hacia la paz verdadera es imprescindible propiciar y realizar transformaciones profundas en la realidad nacional, con más realismo que aspavientos, con mas seriedad que demagogia; pero al mismo tiempo creo que es necesario y posible ir creando un ambiente en el cual las contradicciones puedan expresarse y resolverse sin recurrir a la eliminación del adversario del contradictor, por medio de la muerte o el silencio.
El EPL ha mantenido una posición sólida y clara en la búsqueda de una paz cierta; sigo considerando que esto es un propósito alcanzable; especialmente a partir de los años ochentas hemos sido defensores persistentes de esa posibilidad y hemos presentado las más variadas propuestas al respecto, no obstante lo caro que nos ha tocado pagar esta posición.
El Articulo 22 de la Constitución Nacional dice: « La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento ». El Articulo 2 prescribe que una de las principales finalidades del Estado es asegurar la convivencia pacifica; el Articulo 67 establece que la educación formará al colombiano en el respeto a la paz a los Derechos Humanos y la democracia. A pesar de que están consignados con suma claridad en la Carta, el gobierno y el Estado, que deberían ser sus principales gestores, son pasivos en su cumplimiento. De acuerdo con lo anterior, acuso al presidente Cesar Gaviria por negligencia en el cumplimiento de estos preceptos constitucionales, expreso mi acuerdo con las precisiones contenidas en la Declaración del Encuentro de Obispos, titulada « El deber de la Paz », de abril de 1994,donde se dice: « La paz no es la simple ausencia de la guerra, el silencio de las armas o la victoria militar sobre el adversario, la paz tampoco es el peligroso equilibrio de las fuerzas adversas o de las treguas. En este sentido, detener el enfrentamiento o vencer militarmente al adversario, no consigue la paz; la estrategia para la paz es superarla, eliminando las causas que la generan, la vigencia de un marco jurídico democrático y participativo basado en el respeto inalienable de la persona humana, se constituye en instrumento necesario para alcanzar un orden justo ». No es extraño que los obispos conozcan mejor la realidad que los gobernantes guerreristas.
Tengo la certeza de que debido a las particularidades en que se ha desarrollado la guerra en nuestro país durante un tiempo tan prolongado, la consecución y la consolidación de la paz no es posible lograrlas en un solo acto. Son objetivos muy difíciles de alcanzar. La experiencia de los acuerdos que se han firmado entre el gobierno y grupos guerrilleros deja muchas enseñanzas, pero sobre todo la advertencia de que ese camino jamas podrá conducir hacia la paz verdadera, principalmente porque pusieron acento en los asuntos superficiales o circunstanciales, en la satisfacción de exigencias del momento o en el espectáculo de los medios de comunicación, antes que en despejar vías posibles para atender problemas de fondo, así no fuera de inmediato. A mi juicio, la paz debe entenderse como un proceso que propicie el afianzamiento de soluciones en los órdenes económico, social, político, militar, etc.
El EPL se ha mostrado partidario de realizar una negociación directa, lo que exigiría a la vez el cumplimiento de dialogo con la participación de todos los sectores políticos, sociales, los gremios, la iglesia, la intelectualidad, etc., para actualizar propuestas y proyectos. Sólo en esta forma se podrá concluir en un acuerdo amplio que garantice la continuidad del proceso.
Desde luego, se deben establecer unas premisas sensatas para la negociación, que excluyan las imposiciones o las descalificaciones.
La paz debemos concebirla como un propósito de reconstrucción nacional; en el contenido de sus proyectos deben estar presentes la democracia, la justicia social, una vida digna, el respeto y la garantía del cumplimiento de los Derechos Humanos, los derechos políticos, sociales, cívicos, culturales etc. Es indispensable, así mismo, cambiar la concepción y la normatividad de un derecho que se ha establecido para la guerra, por un espacio jurídico y democrático.
Estas apreciaciones son validas para desmentir a quienes nos tildan de guerreristas para justificar su tozudez en contra de la paz y su militarismo a ultranza.
El EPL como parte integrante de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar ha presentado, junto con las demás organizaciones armadas, propuestas validas, algunas de las cuales siguen teniendo validez. Recordemos, para tener una referencia muy precisa, que en el segundo semestre de 1990 la CGSB insistió en tomar contactos con el gobierno o con el Parlamento.
Como el gobierno adoptó una posición negligente, evasiva o displicente ante ese requerimiento, se buscaron contactos con personalidades políticas, con la iglesia y con otros dirigentes. También hubo contactos con diversos medios de comunicación para insistir en nuestras inquietudes y opiniones, y, lógicamente, para presentar propuestas concretas.
La Coordinadora presentó propuestas sólidas y viables sobre la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno, sin embargo, permaneció impasible o insistiendo en que el movimiento guerrillero debía someterse unilateralmente al esquema de la « paz » planteado por el gobierno, quiere decir, al sometimiento de su voluntad y no a la bilateralidad de unas conversaciones que posiblemente hubieran sido muy fructíferas para los intereses de la nación. Lo mas grave es que mientras se realizaban contactos con algunos dirigentes políticos, el gobierno ordeno ametrallamientos que pusieron en peligro la vida de estos, que junto con la dirección de la Coordinadora se empeñaban en buscar salidas al conflicto armado; y mas grave aún fue el enorme operativo contra Casa Verde que se desarrollo precisamente el mismo día en que se elegían los miembros para conformar la Asamblea Nacional Constituyente. Es esta otra enseñanza más de cómo el gobierno se ha colocado de espaldas a posibles vías hacia la paz. Repito, ésta no podrá lograrse sino es con base en compromisos que tengan la visión puesta en el bienestar de todos los colombianos y no sólo a favor de las castas predominantes en el país.
Hay un factor adverso a la reconciliación nacional que se debe tener presente:
Los grandes medios de comunicación, de gran circulación o audiencia, se encargan de manipular las informaciones como si se tratara de medios anexos al manejo sociológico de la guerra. Quiero consignar que esto le esta ocasionando gravísimo daño a Colombia; esa actitud no puede fomentar una educación favorable a la construcción de la paz. Nótese que un guerrillero nunca es presentado como rebelde con causa, siempre se le presenta al público como un antisocial de baja calaña, un enfermo o un criminal incorregible. ¿Cómo, en el supuesto de unos acuerdos de paz, los alzados en armas van a encontrar la acogida o la confianza de los miembros civiles de la sociedad, si se les ha presentado ante ella como criminales capaces de las peores atrocidades? ¿ No se estará propiciando con esta actitud del gobierno y de los grandes medios de comunicación la prolongación de la violencia, y no el alejamiento de ella y la búsqueda de la paz?.
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(Junio 30)
Para comenzar quiero aclarar que las notas manuscritas de mi puño y letra, que he estado leyendo, tienen una explicación. Pretendo dejar establecido que mis actividades tienen profundas motivaciones ideológicas y políticas.
Además, no estoy acostumbrado a improvisar, siempre he preferido pensar, meditar, como me ha tocado ahora por desgracia en este frío espacio, para luego opinar razonadamente. Presento unas cortas consideraciones en relación con mi posición sobre el Estado colombiano, para luego adentrarme en los planteamientos más particulares.
He sostenido que el Estado colombiano es violento, opresor y cerrado porque se apoya en una democracia liberal excluyente. Nótese que en Colombia, en la Colombia de los últimos cien años, nunca ha gobernado una organización política diferente al partido liberal o al partido conservador o a una coalición de los dos. La historia nos enseña que desde 1886, en la época de Nuñez, gobernó la hegemonía conservadora hasta 1930, o sea 45 años; luego los liberales hasta 1946, o sea 16 años, y después se han sucedido periodos de alternación, de disputa o de coalición entre ellos; los intentos de consolidación de nuevos partidos con posibilidad de acceder al poder han fallado, pero lo mas grave es que en años recientes se han presentado hechos tremendamente peligrosos: la eliminación física de la Unión Patriótica, el asesinato de tres candidatos a la presidencia de la República, la corrupción en altas esferas estatales y privadas, la influencia criminal del narcotráfico que se ha infiltrado por todos los poros en el Estado. Así no puede existir una democracia de verdad.
No nos dejemos confundir por las palabras; tras la bandera de la democracia se suelen esconder las exclusiones y los atropellos; la igualdad de derechos puede disimular abismos profundos y la nulidad en la práctica de muchos de ellos. Las supuestas garantías legales pueden coincidir con intimidaciones y arbitrariedades; por eso en muchas ocasiones hemos criticado a fondo la democracia colombiana, por su falsedad, porque detrás de tanta palabra almibarada y formal pretende esconder las iras de la opresión. Como el Estado colombiano es débil, por carecer de apoyo real de la mayoría de la población, utiliza la fuerza, muchas veces sin control, al margen de su propia ley y de los Derechos Humanos. Por eso se siguen justificando, a mi juicio, la lucha revolucionaria y la rebelión.
Lo expuesto anteriormente me permite subrayar la trascendencia de la « resistencia a la opresión » como un hecho natural que, por lo mismo, es inalienable. En la revolución francesa se consignó con precisión este derecho que luego fue acogido universalmente; se incluyó en la Carta Política de los Estados Unidos y posteriormente en las Naciones Unidas; esta inscrito en la legislación colombiana, puesto que dichas declaraciones fueron aprobadas por el Parlamento y, desde luego, convertidas en ley de la República, puesto que el Articulo 93 de la Constitución establece que las Declaraciones Universales o Regionales de los Derechos Humanos, prevalecen sobre la legislación interna. Pero bueno, el Estado colombiano se da sus mañas para respetar o no las normas jurídicas, para defender o no, según sus conveniencias, los Derechos Humanos; por eso justifico mi critica y cuestionamiento a este Estado para juzgar mi conducta.
En cuanto a la actividad del Ejercito Popular de Liberación, desde el periodo de su fundación, quiero plantear lo siguiente:
En primer lugar, dejar muy claro que el EPL tiene una fundamentación ideológica y política de contenido revolucionario; por eso sus acciones se han enmarcado siempre dentro de objetivos revolucionarios, nos ha inspirado un espíritu altruista en su sentido mas profundo, que esta ligado a la rebeldía contra el Estado. Quiero precisar que el EPL, muy poco después de su surgimiento, estableció unas normas morales para guiar la conducta de sus dirigentes y de sus militantes, entre las cuales puedo memorizar parcialmente las siguientes: « Tratar a las mujeres como a nuestras madres y a los niños como a nuestros hijos », « Preferencias con los ancianos, los débiles y los enfermos », « Respeto a las masas populares », « Trato humanitario a los prisioneros de guerra », « Ser valientes en el combate y justos en la victoria ».
Hay que tener en cuenta que el EPL se conforma en los años sesentas y su aparición oficial fue el en el año de 1967, eso quiere decir que nos tocaron los remanentes de la violencia de los cincuentas, y en muchos de los aspirantes a ingresar a las filas, o incluso en mucho de los que se convirtieron en soldados del EPL, existían vivencias de esa etapa sangrienta. Había, por ejemplo, campesinos que se habían acostumbrado a la práctica de rematar a los heridos ( es decir, no solamente disparaban el arma de fuego sino que a los que quedaban maltrechos los eliminaban a los machetazos). Por eso tuvimos que hacer una dura labor de educación, de formación moral para evitar que las filas del EPL fueran manchadas por esas costumbres atroces y, en la práctica, sin mucho decirlo, nos convertimos en defensores y propagandistas de la aplicación de los Derechos Humanos, en condiciones tan difíciles como las de tener que luchar contra las heridas de la violencia. Pasada.
En el periodo más reciente, como es sabido, hubo una división en las filas del EPL que culminó con la desmovilización de un sector, en 1991; es lamentable que durante el periodo de preparación de esa desmovilización se fomentaran costumbres y hábitos contrarios a la moral revolucionaria con que habíamos fundado el EPL, incluso le cabe el gobierno parte de la responsabilidad en el daño que se le causó a muchos jóvenes que recién salidos de la actividad armada, fueron incitados hacia actividades muy dañinas para cualquier organización revolucionaria o para cualquier grupo social, como son el uso del alcohol, la prostitución, el desgano por el trabajo, etc. Eso, indudablemente, afectó a lo que quedó vivo del EPL.
Junto con esta situación de conjunto, quiero anotar otros dos factores para ser tenidos en cuenta: Uno es la autonomía que ha tenido cada frente en su área de operaciones; esto quiere decir que sobre la base de una guía general, cada mando de frente opera o actúa en el área que le corresponde; y el otro, es que hemos tenido muchas dificultades, a veces insalvables, para la comunicación entre la dirección central y cada frente. Con lo anterior quiero plantear que me parece injusto que todas y cada una de las acciones se le adjudique al comandante, o que la responsabilidad recaiga siempre sobre él. Me permito ilustrar esta idea con un ejemplo. Americas Watch dice:
« En algunas regiones y en algunos casos bien conocidos existe evidencia comprometedora acerca de la colaboración de jefes regionales del Ejercito y funcionarios de inteligencia de alto rango para facilitar la comisión de delitos atroces por parte de ejércitos privados y escuadrones de la muerte ».
Me pregunto: ¿se puede culpar por estos actos al presidente de la República que es el comandante de la fuerza pública? ¿Se puede responsabilizar directamente al ministro de la Defensa? Juzgo que en el plano político esto es posible dadas las características del Estado colombiano, pero en el orden jurídico me queda esa pregunta sin respuesta. Con estas aclaraciones no pretendo en ningún caso justificar los excesos o los abusos; quiero que quede clara la diferencia entre excesos y abusos que se hayan podido cometer por frentes o individuos del EPL y la política y la conducta oficiales de la organización y, por lógica, la responsabilidad que pueda caber integralmente a la organización o al comandante, y la corresponde exclusivamente a ciertos individuos o frentes.
Como comandante del EPL he asumido claramente la responsabilidad que me corresponde.
Quiero seguidamente referirme a algunos casos planteados inicialmente por la Fiscalía, para dejar sentada una posición inicial al respecto (...) Los presento en el orden que fueron planteados y no en su sentido de importancia. En consecuencia, me referiré inicialmente a la situación de Urabá.
Para esto es necesario referirme a lo ocurrido en el periodo posterior a la desmovilización de un sector del EPL en 1991. Tengo entendido que no todos los integrantes del EPL que se desmovilizaron abandonaron las armas, y considero que allí encontramos el germen del agravamiento de la situación que se ha sucedido, porque se siguieron presentando enfrentamientos armados, inicialmente parciales y luego generalizados en la región. Lo más grave, y quiero apuntarlo como una denuncia, es que el gobierno propició la consolidación y, desde luego, la actividad criminal de algunos de esos grupos. En 1992, el consejero para la paz, doctor Ricardo Santamaria, estimuló, junto con dirigentes de Esperanza, Paz y Libertad, la conformación de los « Comandos Populares ». Lógicamente, con ese respaldo oficial, estos grupos intensificaron sus actividades criminales; no sólo de una supuesta « autodefensa », sino con la pretensión de consolidar su poder en esas áreas.
A principios de 1993, varios dirigentes de Esperanza, Paz y Libertad, entre ellos el senador Aníbal Palacios, Pretendieron que el gobierno les diera a esos « Comandos Populares » un reconocimiento oficial como autodefensas, para lo cual argumentaba la necesidad de defenderse ante una presunta arremetida de organizaciones guerrilleras contra ellos. Posteriormente, en abril, el gobierno encontró la forma adecuada para darle una respuesta, legalizando la existencia y la actividad de los « Comandos Populares », como miembros activos integrantes del DAS rural en Urabá. Las características, funciones, vinculación, etc., se hallan contenidas en una declaración del director general del DAS, publicada en ese mes.
Esto, lógicamente, agravó las contradicciones y los enfrentamientos militares en la zona, enfrentamientos que son los que se expresan en diferente sentido, pero principalmente entre esos « Comandos Populares », convertidos en DAS, y organizaciones guerrilleras, entre ellas el EPL.
Conviene hacer dos precisiones: Primera, para nosotros está claro que muchos de estos enfrentamientos son entre « Comandos Populares » armados, vinculados al DAS o no, con organizaciones guerrilleras; o sea que no se trata, como se ha dicho públicamente, del asesinato de civiles que simplemente actúan en el plano político; segunda, el comandante del EPL en ningún caso y en ninguna circunstancia ha ordenada la ejecución de miembros de Esperanza, Paz y Libertad.