Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
1999-02-01
Categoría
Comunicado
Por la paz de Colombia y el bienestar del pueblo, diálogo con amplia participacion popular
POR LA PAZ DE COLOMBIA Y EL BIENESTAR DEL PUEBLO, DIÁLOGO CON AMPLIA PARTICIPACIÓN POPULAR
Partido Comunista de Colombia (Marxista - Leninista)
Ejercito Popular de Liberacion E.P.L.
Abordar la cuestión de la paz en cualquier lugar del mundo de hoy, es una tarea compleja. El caso de Colombia no es la excepción, tanto por la duración de una situación de violencia oficial y para-oficial generalizada y la respuesta popular a ella, en la que siguen apareciendo y creciendo factores desencadenantes de diversos tipos, como por la profundidad que ha adquirido ese proceso continuo que se acerca ya a los dos siglos, y que ha vivido en los últimos 50 años un ritmo acelerado de agravamiento.
El largo y en ocasiones ardoroso debate sobre las causas de la violencia en Colombia le ha aportado a la historiografía política y social nacional una enorme cantidad de textos vertidos en ensayos, historias, novelas, poesía, relatos, cuentos, etc. En ellos se evidencian las dos grandes tendencias del pensamiento universal; las mismas que, en su esencia, aparecen alumbrando los estudios y análisis en los demás campos de la realidad del país:
- Una tendencia es la que se queda en la superficie de los hechos y fenómenos, desconecta unos procesos de otros, unos hechos y fenómenos de otros, por lo cual las causas de la violencia de un período serían necesariamente distintas de las de otros períodos, sin conexión ninguna o a la que se le atribuye poca significación o esa conexión es simplemente mecánica. De esta manera, no se puede llegar a entender que todas esas expresiones de violencia han experimentado un proceso incesante de acumulación, que impregna el conjunto de la sociedad y que le han dado un perfil concreto en su desenvolvimiento histórico;
- La otra tendencia, que hunde el bisturí del análisis hasta llegar a las raíces de los fenómenos económicos, políticos, sociales, ideológicos, culturales, militares, en el respectivo contexto histórico nacional e internacional, advierte de la concatenación que tienen en el devenir histórico nacional y lo determinante que resultan ser los factores e intereses económicos, políticos, ideológicos, sociales, militares, etc. de las diferentes clases sociales, particularmente los primeros, los económicos.
Es evidente: si se fragmenta la Historia, se atenta contra la integralidad del universo del legado nacional colombiano, que con su riqueza ha edificado la personalidad, sus características como nación, y moldeado las clases sociales que la constituyen. Sin una visión así, dinámica, dialéctica, de la vida en la que se mueven fuerzas de clase que se han forjado en el propio surgimiento y desarrollo de la estructura de la sociedad; sin una concepción dialéctico-materialista, es muy posible extraviares en ese inmenso mar de acontecimientos históricos, y no poder desentrañar las causas profundas y el curso del desarrollo social.
Es, pues, el juego de identidades y lucha de intereses de clase, el contenido y la forma que adquieren esas luchas, las que se constituyen en el motor del desarrollo social. La Historia de las sociedades de clases antagónicas, es la Historia de la lucha entre las clases. La Historia de Colombia no sólo no escapa a esta ley del desarrollo social, sino que ella se cumple casi que con patetismo.
La lucha de clases, motor de desarrollo
Pero la lucha de clases se libra en todos los terrenos de la vida de la sociedad: en lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo ideológico, lo militar, etc., y en cada uno de ellos tienen su forma particular de manifestarse.
La lucha económica ha enfrentado a las clases en razón de los grandes desequilibrios en la apropiación, la distribución y el disfrute de los bienes materiales producidos por la colectividad u ofrendados por la naturaleza, hasta llegar a la situación de hoy en la que grandes legiones de desgraciados mueren de hambre, habiéndose acuñado la indignaste denominación de la llamada pobreza absoluta, que significa que se posee muchísimo menos de lo indispensable para poder sobrevivir.
Nada de voluntarismo hay en esto. Es la conformación irrevocable de la estructura económica de la sociedad, heredera de los desequilibrios de la que la antecedió. La sociedad capitalista, atrasada, dependiente del imperialismo norteamericano, que es hoy Colombia, desarrolla y afirma los nuevos factores que le dan identidad a la clase burguesa, única usufructuaría de los nuevos privilegios surgidos del nuevo tipo de explotación del hombre por el hombre, la esclavitud asalariada.
También la lucha de clases se lleva a cabo en el campo político. Se lucha por los derechos del ciudadano, por una vida digna, por vivir seguros, en fin, por todos los Derechos Humanos. Porque el problema esencial en Colombia es que esos derechos han sido conculcados hasta su casi desaparición.
La Comunidad Internacional es insustituible testigo de las brutales aberraciones fascistizantes de la ‘democracia colombiana’; y es este un hecho decisivo para que la confrontación política, de ideas y programas de cambio haya sido substituida por la violencia política del Estado, imposible de negar. La violencia oficial en todos los campos ha sido la madre de la respuesta armada del pueblo, a quien no le dejaron otra alternativa en la lucha por sus derechos.
Las luchas ciudadanas – aun libradas en los términos de la Constitución y las Leyes – están criminalizadas porque se convirtió en delito, que se paga con la vida o la cárcel, el atreverse a pesar y actuar distinto. Quizás sea una sorpresa para algunos – pero hay que decirlo desnudamente –, que la era del macartismo sigue vigente en Colombia. El régimen democrático ha sido desnaturalizado gravemente, hasta convertirlo en una especie de dictadura civil militarizada. El Estado de Derecho ha dado paso a un Estado Terrorista. El pueblo quedó sin otra alternativa; surgió, así, la guerra de guerrillas principalmente rural, primero con la lucha de resistencia durante el martirologio de la década de los años 40-50, y posteriormente como guerra de guerrillas por el poder político.
La guerra en la historia de Colombia
Pero, esta guerra tiene sus antecedentes en la que se había iniciado a partir del comienzo de la lucha por la independencia. Aquí, queremos pedir al lector que nos permita citar unas palabras del escritor colombiano, profesor Arturo Alape, en su obra La Paz, la Violencia: testigos de excepción, donde dice: "Es preciso recordar que no habían pasado muchos días desde el grito de independencia en 1810, cuando ya los notables criollos se lanzaban en una larga guerra civil por ocupar el poder que creían suyo definitivamente; guerra que tomó el disfraz de sofisticados argumentos, de federalistas contra centralistas o de los epítetos con que siempre se procuró infamar al enemigo, de pateadores y carracos, que solo culminó en los patíbulos españoles del año 16, como resultado evidente de la miopía de los prohombres de la primera república. Un poco más adelante, al regresar los ejércitos colombianos del Perú y Bolivia en 1826 (...) el conflicto estalló para no apagarse durante todo el siglo. En el año 28 se levantan Obando y López en el Cauca, en el 29 lo hace Córdoba en Antioquia, en el 30 tras revueltas y revueltas, las oligarquías ecuatoriana y venezolana, disuelven la Gran Colombia, no sin antes asesinar a Sucre y dar un golpe de Estado, seguido de una guerra civil en Colombia (...)." ( Lo del asesinato del Mariscal Sucre, es tema muy controversial; no nos comprometemos con la opinión del profesor Alape).
A las guerras entre las facciones descritas, a las que podríamos denominar guerra sistemática, hay que agregarle otro tipo de acciones violentas ( y la patética dimensión de éstas), aparentemente sueltas entre sí, sin aparente relación; pero que se producen por las mismas causas de fondo, como el criminal atentado al Libertador Simón Bolívar en una noche septembrina de l828, el asesinato aleve del Mariscal Sucre, el asesinato del caudillo liberal Rafael Uribe Uribe en las escalinatas del Capitolio Nacional en 1914, la masacre de miles de obreros bananeros, inaugurando de este modo el método para resolver los conflictos laborales y sociales mediante el asesinato y las masacres, que siguen siendo instrumentos de la predilección de los capitalistas y su Estado, el asesinato del líder popular Jorge Elieser Gaitán el 9 de Abril de 1948, en momentos en que estaba reunida en Bogotá la IX Conferencia Panamericana, precursora de la OEA, el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial liberal, ariete contra la corrupción de los partidos burgueses y del Estado. Asesinatos todos ellos por razones políticas, y muchísimas más, imposible de enumerar aquí. Es el asesinato político, selectivo y en masa, convertido en instrumento, en argumento preferido, para dirimir los conflictos políticos, laborales, sociales, económicos.
Cuando se afirma que de 1810 en adelante el conflicto armado interno y la violencia política manifestadas en otras diversas formas no cesaron durante el resto del Siglo XIX, y que la Guerra de los Mil Días cruzó el Siglo XX, simplemente se está reconociendo una verdad histórica.
Unas fechas en que hubo guerras y a continuación se enumeran: 1828, 1830, 1832, 1839, 1841, 1851, 1854, 1859, 1867, 1880, 1895, 1899, son solamente hitos de exacerbación de una violencia que había hecho de los últimos 90 años del siglo XIX un mar de dolores y sufrimientos del pueblo, que padecía los efectos destructores, morales y materiales, de una guerra fratricida, que no era su guerra, empujada, planificada, desarrollada y usufructuada por las clases dominantes. Se trató de una ciega y mezquina disputa por el poder político y las riquezas materiales en las cuales son feraces los suelos, mares ríos y cielos Colombianos. Hay autores que cuentan entre 1863 y 1884 más de medio centenar de guerras promovidas por los héroes de la guerra de independencia y sus herederos, cada uno dueño de un feudo, que necesitaban crecer, erigidos en reyezuelos de los pequeños Estados Soberanos, surgidos del descuartizamiento de la Patria, justificados con razones bastardas.
Y prosiguió la historia con nuevas guerras durante el presente siglo, sin solución de continuidad duradera. Historia salpicada con frecuencia por brotes de barbarie política, como la masacre de las bananeras, las matanzas durante la guerra de resistencia del 46 al 57, período en el que se producen más de medio millón de muertos atribuidos a un Estado criminalizado e intolerante.
Con el surgimiento de los dos partidos políticos dominantes – liberal y conservador – los odios banderizos se alinderaron con mayor nitidez; y sus fuerzas de combate eran como hordas, principalmente campesinas, que marchaban a la guerra sin mayor conciencia de la causa por la que iban a sacrificar sus vidas; eran tratadas como maznadas a las que obligaban a marchar detrás de sus respectivas banderas.
Convienen estas precisiones, porque se suele pensar que la violencia en Colombia se limita al período que va desde el asesinato de Gaitán el 9 de Abril de 1948 hasta hoy.
Lo que hay que decir de estos últimos 50 años es que la violencia adquirió características diferentes, en correspondencia con las características de las clases y de la lucha de clases en la sociedad de la segunda mitad del siglo XX. Mientras en las etapas anteriores la confrontación comprometió a las fuerzas feudales y las que defendieron por mucho tiempo rezagos feudaloides, los conservadores, por un lado, y las fuerzas burguesas nacientes, que empujaban un proceso de desarrollo capitalista, los liberales, por el otro lado. Las contradicciones mas intensas estaban planteadas entre terratenientes y burgueses; y por eso, los protagonistas y beneficiarios de esa guerra eran ellos.
Ahora, la confrontación fundamental se da entre ricos, el sector dominante en la sociedad, concentrados en un solo bando, así sigan existiendo los mismos dos partidos políticos oligárquicos, y pobres, así estén afiliados o no a esos mismos partidos políticos.
Por eso, Gaitán repetía con alguna insistencia, que el hambre y el paludismo no eran ni liberales ni conservadores, que azotaban principalmente a los pobres, corrientemente desprotegidos de esas plagas por falta tanto de recursos propios, como de la protección del Estado.
Casi dos siglos de guerra y de toda suerte de manifestaciones de belicosidad, no pueden pasar inútilmente en la forja de idiosincrasia y de la concepción de la sociedad y de la vida de los ejecutores de un sistema de conducción del Estado y de la sociedad; idiosincrasia y concepción basadas en la violencia estatal como sistema de gobierno y método para dirimir los conflictos en la sociedad.
Esta omnipresencia de la guerra, nervio del acontecer histórico nacional, es fundamental en la estructuración de la formación económico-social. La colombiana es una sociedad construida en medio de la guerra desatada y mantenida por las clases en el poder. La arquitectura económica, política y jurídica de Colombia está determinada por este hecho incontrastable.
Constitución Política y guerra
Hay que afirmar con toda entereza, porque resulta evidente, que la secular confrontación entre los dos bandos enemigos, erigió dos instrumentos como sus armas fundamentales: Guerra y Constitución Nacional. De aquí que en la Historia colombiana tenga más incidencia que en muchos otros pueblos, el que se sucedan guerras para imponer una Constitución o que una Constitución haga estallar una guerra o que una Constitución tuviera como finalidad crear la institucionalidad ad-hoc para favorecer a un bando y eso haga estallar la guerra.
Con la venia del lector, nuevamente citamos al profesor Alape, con la siguiente afirmación: "Con tales antecedentes nace el Siglo XX. La violencia fue vital para cualquier orden de procesos en nuestro primer siglo republicano. Mediante ella se garantizó la acumulación y reproducción del capital, se estabilizó la estructura de la propiedad agraria. El mismo derecho público colombiano se fue formando al ritmo del hecho violento. En efecto, las Constituciones de 1821, 1830, 1832, 1843, 1858, 1863 y 1886, nacieron y crearon nuevas leyes al calor de las guerras civiles." A través de toda la historia republicana, en Colombia, la llamada Norma Fundamental ha sido utilizada para institucionalizar las más diversas formas de la violencia económica, política, social, ideológica y militar.
Estado y violencia
El Estado actual en Colombia existe para preservar y favorecer los intereses de quienes son dueños del poder que resumen sus instituciones. Las ramas ejecutiva, judicial y legislativa, actúan en conformidad con este principio de la sociedad capitalista. Y, cuando los movimientos y organizaciones de los trabajadores se enfrentan a las injusticias de todo orden, haciendo uso de los derechos consagrados en la Constitución y las Leyes, reclamando solución a los graves problemas que se siguen aplazando por centurias, el gobierno pone en juego toda su artillería jurídica, policial y militar para sofocar – mediante la violencia institucionalizada – toda manifestación de descontento.
La burguesía, bajo la inspiración de sus orientadores de oficio, la CIA y el Pentágono, encontró una herramienta que le permitiera ocultar su autoría de gran parte de las expresiones mas bárbaras de la Guerra Sucia. En acción articulada de la Fuerza Pública con los grandes capos del narcotráfico, y algunos integrantes de otras fracciones del capital, crearon y desarrollaron las bandas fascistas del paramilitarismo a mediados de la década de los años 80s. Ellas son siniestros instrumentos de matanza que descargan su principal actividad criminal contra la población civil de campos y ciudades, combinando las masacres con asesinatos selectivos de líderes obreros y populares progresistas, democráticos y revolucionarios.
Estas acciones, realizadas mediante los más espeluznantes métodos de exterminio, las llevan a cabo en combinación con fuerzas del Ejército gubernamental, la Policía y otros aparatos de represión del Estado. En algunos casos pretenden ocultarse y atribuírselas a la guerrilla, hasta cuando la evidencia de los hechos descubre a sus verdaderos autores. Cuando esto se produce, aparece el chivo expiatorio, contra quien se descargan todas las responsabilidades, "para que la Institución del Estado (el gobierno y las Fuerzas Armadas y de Policía) sean excluidas de toda responsabilidad y se mantengan en olor de santidad". Pero no menos cierto es que últimamente también asumen autorías y lanzan amenazas de masacres y atentados a personas y organizaciones, generalizando el terror y la zozobra.
Con el apoyo y la protección del Estado, estas organizaciones de delincuentes comunes y perros de presa de los dueños del poder, se han desarrollado y extendido a numerosas y bastas zonas del territorio nacional, a donde llegan a hacer sus fechorías, ante la vista gorda de la Fuerza Pública. Esto ha incrementado en los últimos años el fenómeno del desplazamiento forzado, cuyas víctimas pasan del millón de personas, principalmente campesinos, que han tenido que abandonar la tierra donde nacieron y han vivido siempre, huyendo del terror militar-paramilitar. Como es natural, para esta tragedia de centenares de miles de familias, el Estado no tiene solución. Tácitamente se ha declarado incapaz, cuando todo el mundo sabe que la solución obligada es acabar con semejante engendro fascista, que él mismo creó y sigue amamantando.
De manera creciente, la gente opina que sin la erradicación de este grave flagelo, hablar de paz en Colombia es caer en un terreno de arena movediza, donde nadie se puede parar con firmeza. No obstante, desde distintos ámbitos, oficiales y no oficiales, se dejan rodar comentarios (algunos generan hechos) que pretenden darles status de fuerzas políticas a las organizaciones paramilitares y la categoría de líderes políticos a cabecillas como Carlos Castaño, el ‘gran general’ de las Autodefensas Unidas de Colombia y ‘director supremo’ de las masacres de Córdoba, Urabá y otras regiones del país. Esto es plenamente comprensible, cuando la misma Corte Constitucional declaró constitucional la Ley que legitimó las Convivir, organizaciones paramilitares creadas por el ex-gobernador liberal-fascista de Antioquía, Alvaro Uribe Vélez, reconocido impulsor del Paramilitarismo en su departamento y en el país, y ficha de la burguesía para futuras candidaturas presidenciales.
El régimen, la crisis del sistema y la paz
La estructura económica del país y el modelo de desarrollo contenidos en la Constitución y las Leyes colombianas, consagran los injustos privilegios de la burguesía y de las multinacionales extranjeras que someten a una cruel explotación a los trabajadores colombianos, sin ninguna posibilidad de transformar favorablemente su situación por vía institucional. Por el contrario, en la medida en que se ahonda la crisis del capitalismo y los destrozos producidos por el Neoliberalismo, la exacción es mayor y más dolorosa, y las posibilidades de protesta son cada vez más restringidas. Las ramas legislativa y judicial completan el cinturón de acero puesto al cuello de la gente del pueblo.
Colombia está en un punto crucial de la crisis
Esta situación crítica se expresa en la agudización de las contradicciones entre la amplia mayoría de los colombianos y las castas dominantes; en la profunda crisis del Estado y de todas sus instituciones; en el desgaste de un régimen político que ahoga las expresiones verdaderamente democráticas; pero también está presente en los dos proyectos que ellas representan: de un lado los sectores que defienden el viejo Estado de la democracia tradicional, cerrada y excluyente; del otro, los que proclaman la ‘modernización’, la reforma política cosmética o el ‘cambio’ pastranista, equivalente al mayor impulso del neoliberalismo. Ambos proyectos de esencia burguesa y proimperialista, conservadora, de ninguna manera significan opciones de beneficio para el pueblo.
De allí que los proyectos de la insurgencia se hayan convertido en expresión de poder popular y verdaderas alternativas para el pueblo, en la perspectiva de realizar transformaciones ciertas en la realidad del país.
Por las causas estructurales prolijamente referidas en este escrito y las políticas del actual gobierno y de la falsa oposición del partido liberal, el panorama no es alentador. Todo lo contrario. La aplicación del neoliberalismo seguirá causando creciente desempleo, mayor envilecimiento de los salarios, incremento de la pobreza y la carestía, pues, como de costumbre, se sigue descargando sobre los trabajadores el peso de la crisis.
Es así como el pueblo colombiano, justamente, ejerce el derecho a la rebelión y a emplear diversas formas de lucha y protesta.
Así se explica que a pocos meses de posesionado Pastrana el movimiento obrero y sindical se hiciera sentir con diversas acciones de protesta, sectoriales y nacionales, que incluyeron un prologado paro nacional de tres semanas que involucró a cerca de medio millón de empleados y obreros al servicio del Estado, que concitó importante solidaridad de otros sectores populares. El gobierno, que tanto habla de paz, respondió con represión y negativa a las peticiones pero el movimiento logró doblegar gran parte de esa arrogancia inspirada en los probados malos consejos del FMI y los organismo financieros del imperialismo.
También es claro ante los ojos del mundo el incremento de las acciones y capacidad militar del movimiento popular armado. La insurgencia ha propinado importantes derrotas a las Fuerza Pública y el Ejército gubernamental pasa por un difícil momento de credibilidad entre la clase de los oligarcas que defiende.
Preocupado por sofocar la guerra revolucionaria y ganar masas para su bando en caso de no lograr ese objetivo, el gobierno, en nombre de la oligarquía y el imperialismo, propone la paz sin ningún proyecto claro, con más gestos que medidas políticas que propicien un camino hacia esa meta. La meta es lograr la desmovilización y el desarme de la guerrilla, o cualquier forma de abandono de sus objetivos de lucha por el poder popular. Por tanto, la respuesta de la insurgencia debe ser con un alto contenido y sentido político sin abandonar su condición de organizaciones que desarrollan la lucha militar revolucionaria.
Es cierto que Pastrana se reunió con los Comandantes Manuel Marulanda y Briceño, de las Farc, poco antes de su posesión presidencial, que aprobó el despeje de los cinco Municipios exigido por esta misma organización guerrillera, y que asistió a la instalación de la mesa de diálogo el 7 de Enero de 1.999, que le dio el visto bueno a los Acuerdos de Maguncia y a la realización de la Convención Nacional propuesta por el ELN, ya posesionado, en gestos que no han tenido precedentes en los tiempos recientes; y que ha hecho referencia en positivo a declaraciones del camarada Francisco Caraballo sobre posiciones del Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista y del Ejército Popular de Liberación, organizaciones de las que es Dirigente y Vocero Público. Pero, ya vemos a dónde conduce esta limitada flexibilidad de ciertos aspectos de la política gubernamental, pues también han quedado a flote diferentes medidas militares, presupuestales y hacia los habitantes de las zonas de mayor influencia guerrillera, a quienes están entregando algunas zanahorias pero dejándoles ver el garrote. No se apartan esas decisiones de las doctrinas de seguridad y de los manuales de contrainsurgencia del Pentágono.
Una respuesta revolucionaria frente al asunto de la paz
Desde la visión de lucha por el poder popular y el socialismo, interesados en lograr nuevas reivindicaciones políticas, económicas y sociales que mejoren la situación de las masas y creen mejores condiciones subjetivas para el avance revolucionario, el Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista) y el Ejercito Popular de Liberación, hemos planteado nuestra concepción del Diálogo por la Paz.
Lo entendemos como un gran debate político nacional entre los diversos sectores de la sociedad y reiteramos nuestra decisión de participar en un proceso de Diálogos que tenga como principal protagonista a las amplias masas trabajadoras de la ciudad y del campo.
Reconocemos el valor y los méritos de quienes desde buen número de organizaciones civiles no gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos, inclusive al precio de sus propias vidas, han puesto en juego muchas iniciativas sobre la paz, que han ayudado a aportar elementos distencionantes del medio ambiente erizado por la violencia estatal y paramilitar. También ellas han sido blanco de la barbarie oficial y paramilitar.. El principal problema es que algunas de ellas, al partir más de la intención y los deseos perdiendo de vista los intereses económicos del capital que están en la base del conflicto, facilitan o permiten al gobierno y a sus agentes enmascararse o utilizarles con prédicas como aquella de que los violentos son los insurgentes o una presionada ‘neutralidad activa’ para lograr pronunciamientos de dichas organizaciones humanitarias contra la insurgencia, pues de esta manera no arriesgan ni su libertad ni su vida, tantas veces atropelladas por el Estado y sus aparatos de seguridad y exterminio, legales e ilegales.
Estamos interesados en conjuntar propuestas con el resto de integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar. Vemos útil y necesario para el proceso revolucionario la elaboración de una Propuesta Conjunta, como ocurrió en Caracas y Tlaxcala en 1991-92. El debate político que proponemos habrá de generar el espacio de encuentro y unidad de todos los interesados en la paz con justicia social que le abra paso a una Colombia Nueva, pues desde ya observamos importantes puntos de identidad con propuestas y algunos procesos de diálogos que han iniciado.
Está suficientemente claro – porque así lo ha dictaminado la larga Historia de la violencia – que la posibilidad de alcanzar la solución política del Conflicto Interno en Colombia, es de la responsabilidad principal de la clase en el poder, de sus partidos políticos y de su Estado. Por que para ello no hay sino un camino: realizar los cambios reales que resuelvan las causas que le dieron origen al conflicto económico, político, social, militar, etc.; y otra parte importante de ese camino es que en este proceso no tenga ninguna intervención el gobierno ni el Estado norteamericano, que, eso si, debe respetar las decisiones autónomas de los colombianos.
Un camino cierto en la dirección de la solución política sería la creación de condiciones necesarias para que curse normalmente, sin presiones ni amenazas de ningún tipo, unos diálogos, como ya lo anotábamos, protagonizados por las grandes mayorías de la clase obrera y el pueblo y con la participación de las fuerzas revolucionarias y progresistas, armadas y no armadas. Por ello nuestra propuesta de Diálogo: una propuesta viable hacia un dialogo abierto, habrá de ser enriquecida en los amplios debates, en los que el pueblo exprese con toda claridad qué necesita, qué quiere y cómo debe procederse.
Por nuestra parte, para el diseño de grandes transformaciones, ponemos en consideración los siguientes temas:
1. Soberanía
– Independencia y autodeterminación en las relaciones con otros Estados, sin que haya campos vedados y el cumplimiento estricto del principio de las relaciones en pié de igualdad.
– No pago de la deuda externa.
– Revisión de los acuerdos y obligaciones relativos a la protección de los recursos naturales.
– El examen, cambio y abolición de los convenios económicos y militares lesivos a la nación.
2. Democracia
En el marco de la lucha por un gobierno democrático y anti-imperialista, proponemos:
– Verdaderos cambios democráticos en la estructura del Estado.
– Libertades democráticas que garanticen la participación de los ciudadanos en la solución de los problemas del país, el derecho a la vida y el cumplimiento efectivo por parte del Estado de los derechos humanos del pueblo.
– Abolición de los grupos paramilitares.
– Cambios substanciales en la concepción y en la administración de justicia, comenzando por la abolición de la justicia sin rostro o de excepción.
– Revisión de las políticas, objetivos, funciones y papel de las fuerzas armadas del Estado.
– Libertad para los presos políticos.
3. Justicia social
– Se basaría en cambios profundos en la economía del país que toquen con la apropiación y la distribución de los bienes.
– Se aboliría el neoliberalismo y se reorientaría la economía enfatizado en el desarrollo con bienestar social, sin la injerencia del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y de los monopolios nacionales y extranjeros.
– Se estimularía la industria nacional y la producción en beneficio de las mayorías.
– Reforma urbana y reforma agraria integral.
– Erradicación del narcotráfico con criterios de soberanía nacional y sustitución de cultivos con base en la inversión social.
Además, destacamos la validez de los siguientes criterios relativos al diálogo:
1. La concepción de que la paz debe fundamentarse en la lucha por un nuevo Estado y una nueva sociedad, en la transformación democrática del Estado y la sociedad y en el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías.
2. La decisión de dialogar en medio de la confrontación, sin condiciones previas y de cara al país.
3. La construcción de escenarios que favorezcan el desarrollo de los diálogos con la mayor amplitud. El diálogo se convertiría en un gran debate nacional; así también se procederá a elegir sus representantes a las masas regionales y locales de diálogo.
4. La participación activa y permanente de los distintos estamentos de la sociedad. El pueblo elegirá democráticamente sus representantes a la mesa del diálogo con el gobierno nacional; así también se procederá a elegir sus representantes a las mesas regionales y locales de diálogo.
5. La definición de un proceso integral de construcción de la paz.
6. La elaboración de una agenda abierta.
7. La protección por el Estado de los derechos políticos de los ciudadanos.
8. El no reconocimiento político a los grupos paramilitares.
9. La participación internacional, ajena a cualquier injerencia en los asuntos internos de Colombia.
Al respecto no estamos por la participación de entidades, gobiernos y personas comprometidas con la guerra sucia en Colombia. En tal sentido, nos oponemos a la participación del gobierno norteamericano en los diálogos.
Colombia, Febrero de 1999
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Contribución para el 8º Seminario Comunista Internacional de Bruselas, 2-4 de mayo 1999.
Partido Comunista de Colombia (Marxista - Leninista)
Ejercito Popular de Liberacion E.P.L.
Abordar la cuestión de la paz en cualquier lugar del mundo de hoy, es una tarea compleja. El caso de Colombia no es la excepción, tanto por la duración de una situación de violencia oficial y para-oficial generalizada y la respuesta popular a ella, en la que siguen apareciendo y creciendo factores desencadenantes de diversos tipos, como por la profundidad que ha adquirido ese proceso continuo que se acerca ya a los dos siglos, y que ha vivido en los últimos 50 años un ritmo acelerado de agravamiento.
El largo y en ocasiones ardoroso debate sobre las causas de la violencia en Colombia le ha aportado a la historiografía política y social nacional una enorme cantidad de textos vertidos en ensayos, historias, novelas, poesía, relatos, cuentos, etc. En ellos se evidencian las dos grandes tendencias del pensamiento universal; las mismas que, en su esencia, aparecen alumbrando los estudios y análisis en los demás campos de la realidad del país:
- Una tendencia es la que se queda en la superficie de los hechos y fenómenos, desconecta unos procesos de otros, unos hechos y fenómenos de otros, por lo cual las causas de la violencia de un período serían necesariamente distintas de las de otros períodos, sin conexión ninguna o a la que se le atribuye poca significación o esa conexión es simplemente mecánica. De esta manera, no se puede llegar a entender que todas esas expresiones de violencia han experimentado un proceso incesante de acumulación, que impregna el conjunto de la sociedad y que le han dado un perfil concreto en su desenvolvimiento histórico;
- La otra tendencia, que hunde el bisturí del análisis hasta llegar a las raíces de los fenómenos económicos, políticos, sociales, ideológicos, culturales, militares, en el respectivo contexto histórico nacional e internacional, advierte de la concatenación que tienen en el devenir histórico nacional y lo determinante que resultan ser los factores e intereses económicos, políticos, ideológicos, sociales, militares, etc. de las diferentes clases sociales, particularmente los primeros, los económicos.
Es evidente: si se fragmenta la Historia, se atenta contra la integralidad del universo del legado nacional colombiano, que con su riqueza ha edificado la personalidad, sus características como nación, y moldeado las clases sociales que la constituyen. Sin una visión así, dinámica, dialéctica, de la vida en la que se mueven fuerzas de clase que se han forjado en el propio surgimiento y desarrollo de la estructura de la sociedad; sin una concepción dialéctico-materialista, es muy posible extraviares en ese inmenso mar de acontecimientos históricos, y no poder desentrañar las causas profundas y el curso del desarrollo social.
Es, pues, el juego de identidades y lucha de intereses de clase, el contenido y la forma que adquieren esas luchas, las que se constituyen en el motor del desarrollo social. La Historia de las sociedades de clases antagónicas, es la Historia de la lucha entre las clases. La Historia de Colombia no sólo no escapa a esta ley del desarrollo social, sino que ella se cumple casi que con patetismo.
La lucha de clases, motor de desarrollo
Pero la lucha de clases se libra en todos los terrenos de la vida de la sociedad: en lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo ideológico, lo militar, etc., y en cada uno de ellos tienen su forma particular de manifestarse.
La lucha económica ha enfrentado a las clases en razón de los grandes desequilibrios en la apropiación, la distribución y el disfrute de los bienes materiales producidos por la colectividad u ofrendados por la naturaleza, hasta llegar a la situación de hoy en la que grandes legiones de desgraciados mueren de hambre, habiéndose acuñado la indignaste denominación de la llamada pobreza absoluta, que significa que se posee muchísimo menos de lo indispensable para poder sobrevivir.
Nada de voluntarismo hay en esto. Es la conformación irrevocable de la estructura económica de la sociedad, heredera de los desequilibrios de la que la antecedió. La sociedad capitalista, atrasada, dependiente del imperialismo norteamericano, que es hoy Colombia, desarrolla y afirma los nuevos factores que le dan identidad a la clase burguesa, única usufructuaría de los nuevos privilegios surgidos del nuevo tipo de explotación del hombre por el hombre, la esclavitud asalariada.
También la lucha de clases se lleva a cabo en el campo político. Se lucha por los derechos del ciudadano, por una vida digna, por vivir seguros, en fin, por todos los Derechos Humanos. Porque el problema esencial en Colombia es que esos derechos han sido conculcados hasta su casi desaparición.
La Comunidad Internacional es insustituible testigo de las brutales aberraciones fascistizantes de la ‘democracia colombiana’; y es este un hecho decisivo para que la confrontación política, de ideas y programas de cambio haya sido substituida por la violencia política del Estado, imposible de negar. La violencia oficial en todos los campos ha sido la madre de la respuesta armada del pueblo, a quien no le dejaron otra alternativa en la lucha por sus derechos.
Las luchas ciudadanas – aun libradas en los términos de la Constitución y las Leyes – están criminalizadas porque se convirtió en delito, que se paga con la vida o la cárcel, el atreverse a pesar y actuar distinto. Quizás sea una sorpresa para algunos – pero hay que decirlo desnudamente –, que la era del macartismo sigue vigente en Colombia. El régimen democrático ha sido desnaturalizado gravemente, hasta convertirlo en una especie de dictadura civil militarizada. El Estado de Derecho ha dado paso a un Estado Terrorista. El pueblo quedó sin otra alternativa; surgió, así, la guerra de guerrillas principalmente rural, primero con la lucha de resistencia durante el martirologio de la década de los años 40-50, y posteriormente como guerra de guerrillas por el poder político.
La guerra en la historia de Colombia
Pero, esta guerra tiene sus antecedentes en la que se había iniciado a partir del comienzo de la lucha por la independencia. Aquí, queremos pedir al lector que nos permita citar unas palabras del escritor colombiano, profesor Arturo Alape, en su obra La Paz, la Violencia: testigos de excepción, donde dice: "Es preciso recordar que no habían pasado muchos días desde el grito de independencia en 1810, cuando ya los notables criollos se lanzaban en una larga guerra civil por ocupar el poder que creían suyo definitivamente; guerra que tomó el disfraz de sofisticados argumentos, de federalistas contra centralistas o de los epítetos con que siempre se procuró infamar al enemigo, de pateadores y carracos, que solo culminó en los patíbulos españoles del año 16, como resultado evidente de la miopía de los prohombres de la primera república. Un poco más adelante, al regresar los ejércitos colombianos del Perú y Bolivia en 1826 (...) el conflicto estalló para no apagarse durante todo el siglo. En el año 28 se levantan Obando y López en el Cauca, en el 29 lo hace Córdoba en Antioquia, en el 30 tras revueltas y revueltas, las oligarquías ecuatoriana y venezolana, disuelven la Gran Colombia, no sin antes asesinar a Sucre y dar un golpe de Estado, seguido de una guerra civil en Colombia (...)." ( Lo del asesinato del Mariscal Sucre, es tema muy controversial; no nos comprometemos con la opinión del profesor Alape).
A las guerras entre las facciones descritas, a las que podríamos denominar guerra sistemática, hay que agregarle otro tipo de acciones violentas ( y la patética dimensión de éstas), aparentemente sueltas entre sí, sin aparente relación; pero que se producen por las mismas causas de fondo, como el criminal atentado al Libertador Simón Bolívar en una noche septembrina de l828, el asesinato aleve del Mariscal Sucre, el asesinato del caudillo liberal Rafael Uribe Uribe en las escalinatas del Capitolio Nacional en 1914, la masacre de miles de obreros bananeros, inaugurando de este modo el método para resolver los conflictos laborales y sociales mediante el asesinato y las masacres, que siguen siendo instrumentos de la predilección de los capitalistas y su Estado, el asesinato del líder popular Jorge Elieser Gaitán el 9 de Abril de 1948, en momentos en que estaba reunida en Bogotá la IX Conferencia Panamericana, precursora de la OEA, el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial liberal, ariete contra la corrupción de los partidos burgueses y del Estado. Asesinatos todos ellos por razones políticas, y muchísimas más, imposible de enumerar aquí. Es el asesinato político, selectivo y en masa, convertido en instrumento, en argumento preferido, para dirimir los conflictos políticos, laborales, sociales, económicos.
Cuando se afirma que de 1810 en adelante el conflicto armado interno y la violencia política manifestadas en otras diversas formas no cesaron durante el resto del Siglo XIX, y que la Guerra de los Mil Días cruzó el Siglo XX, simplemente se está reconociendo una verdad histórica.
Unas fechas en que hubo guerras y a continuación se enumeran: 1828, 1830, 1832, 1839, 1841, 1851, 1854, 1859, 1867, 1880, 1895, 1899, son solamente hitos de exacerbación de una violencia que había hecho de los últimos 90 años del siglo XIX un mar de dolores y sufrimientos del pueblo, que padecía los efectos destructores, morales y materiales, de una guerra fratricida, que no era su guerra, empujada, planificada, desarrollada y usufructuada por las clases dominantes. Se trató de una ciega y mezquina disputa por el poder político y las riquezas materiales en las cuales son feraces los suelos, mares ríos y cielos Colombianos. Hay autores que cuentan entre 1863 y 1884 más de medio centenar de guerras promovidas por los héroes de la guerra de independencia y sus herederos, cada uno dueño de un feudo, que necesitaban crecer, erigidos en reyezuelos de los pequeños Estados Soberanos, surgidos del descuartizamiento de la Patria, justificados con razones bastardas.
Y prosiguió la historia con nuevas guerras durante el presente siglo, sin solución de continuidad duradera. Historia salpicada con frecuencia por brotes de barbarie política, como la masacre de las bananeras, las matanzas durante la guerra de resistencia del 46 al 57, período en el que se producen más de medio millón de muertos atribuidos a un Estado criminalizado e intolerante.
Con el surgimiento de los dos partidos políticos dominantes – liberal y conservador – los odios banderizos se alinderaron con mayor nitidez; y sus fuerzas de combate eran como hordas, principalmente campesinas, que marchaban a la guerra sin mayor conciencia de la causa por la que iban a sacrificar sus vidas; eran tratadas como maznadas a las que obligaban a marchar detrás de sus respectivas banderas.
Convienen estas precisiones, porque se suele pensar que la violencia en Colombia se limita al período que va desde el asesinato de Gaitán el 9 de Abril de 1948 hasta hoy.
Lo que hay que decir de estos últimos 50 años es que la violencia adquirió características diferentes, en correspondencia con las características de las clases y de la lucha de clases en la sociedad de la segunda mitad del siglo XX. Mientras en las etapas anteriores la confrontación comprometió a las fuerzas feudales y las que defendieron por mucho tiempo rezagos feudaloides, los conservadores, por un lado, y las fuerzas burguesas nacientes, que empujaban un proceso de desarrollo capitalista, los liberales, por el otro lado. Las contradicciones mas intensas estaban planteadas entre terratenientes y burgueses; y por eso, los protagonistas y beneficiarios de esa guerra eran ellos.
Ahora, la confrontación fundamental se da entre ricos, el sector dominante en la sociedad, concentrados en un solo bando, así sigan existiendo los mismos dos partidos políticos oligárquicos, y pobres, así estén afiliados o no a esos mismos partidos políticos.
Por eso, Gaitán repetía con alguna insistencia, que el hambre y el paludismo no eran ni liberales ni conservadores, que azotaban principalmente a los pobres, corrientemente desprotegidos de esas plagas por falta tanto de recursos propios, como de la protección del Estado.
Casi dos siglos de guerra y de toda suerte de manifestaciones de belicosidad, no pueden pasar inútilmente en la forja de idiosincrasia y de la concepción de la sociedad y de la vida de los ejecutores de un sistema de conducción del Estado y de la sociedad; idiosincrasia y concepción basadas en la violencia estatal como sistema de gobierno y método para dirimir los conflictos en la sociedad.
Esta omnipresencia de la guerra, nervio del acontecer histórico nacional, es fundamental en la estructuración de la formación económico-social. La colombiana es una sociedad construida en medio de la guerra desatada y mantenida por las clases en el poder. La arquitectura económica, política y jurídica de Colombia está determinada por este hecho incontrastable.
Constitución Política y guerra
Hay que afirmar con toda entereza, porque resulta evidente, que la secular confrontación entre los dos bandos enemigos, erigió dos instrumentos como sus armas fundamentales: Guerra y Constitución Nacional. De aquí que en la Historia colombiana tenga más incidencia que en muchos otros pueblos, el que se sucedan guerras para imponer una Constitución o que una Constitución haga estallar una guerra o que una Constitución tuviera como finalidad crear la institucionalidad ad-hoc para favorecer a un bando y eso haga estallar la guerra.
Con la venia del lector, nuevamente citamos al profesor Alape, con la siguiente afirmación: "Con tales antecedentes nace el Siglo XX. La violencia fue vital para cualquier orden de procesos en nuestro primer siglo republicano. Mediante ella se garantizó la acumulación y reproducción del capital, se estabilizó la estructura de la propiedad agraria. El mismo derecho público colombiano se fue formando al ritmo del hecho violento. En efecto, las Constituciones de 1821, 1830, 1832, 1843, 1858, 1863 y 1886, nacieron y crearon nuevas leyes al calor de las guerras civiles." A través de toda la historia republicana, en Colombia, la llamada Norma Fundamental ha sido utilizada para institucionalizar las más diversas formas de la violencia económica, política, social, ideológica y militar.
Estado y violencia
El Estado actual en Colombia existe para preservar y favorecer los intereses de quienes son dueños del poder que resumen sus instituciones. Las ramas ejecutiva, judicial y legislativa, actúan en conformidad con este principio de la sociedad capitalista. Y, cuando los movimientos y organizaciones de los trabajadores se enfrentan a las injusticias de todo orden, haciendo uso de los derechos consagrados en la Constitución y las Leyes, reclamando solución a los graves problemas que se siguen aplazando por centurias, el gobierno pone en juego toda su artillería jurídica, policial y militar para sofocar – mediante la violencia institucionalizada – toda manifestación de descontento.
La burguesía, bajo la inspiración de sus orientadores de oficio, la CIA y el Pentágono, encontró una herramienta que le permitiera ocultar su autoría de gran parte de las expresiones mas bárbaras de la Guerra Sucia. En acción articulada de la Fuerza Pública con los grandes capos del narcotráfico, y algunos integrantes de otras fracciones del capital, crearon y desarrollaron las bandas fascistas del paramilitarismo a mediados de la década de los años 80s. Ellas son siniestros instrumentos de matanza que descargan su principal actividad criminal contra la población civil de campos y ciudades, combinando las masacres con asesinatos selectivos de líderes obreros y populares progresistas, democráticos y revolucionarios.
Estas acciones, realizadas mediante los más espeluznantes métodos de exterminio, las llevan a cabo en combinación con fuerzas del Ejército gubernamental, la Policía y otros aparatos de represión del Estado. En algunos casos pretenden ocultarse y atribuírselas a la guerrilla, hasta cuando la evidencia de los hechos descubre a sus verdaderos autores. Cuando esto se produce, aparece el chivo expiatorio, contra quien se descargan todas las responsabilidades, "para que la Institución del Estado (el gobierno y las Fuerzas Armadas y de Policía) sean excluidas de toda responsabilidad y se mantengan en olor de santidad". Pero no menos cierto es que últimamente también asumen autorías y lanzan amenazas de masacres y atentados a personas y organizaciones, generalizando el terror y la zozobra.
Con el apoyo y la protección del Estado, estas organizaciones de delincuentes comunes y perros de presa de los dueños del poder, se han desarrollado y extendido a numerosas y bastas zonas del territorio nacional, a donde llegan a hacer sus fechorías, ante la vista gorda de la Fuerza Pública. Esto ha incrementado en los últimos años el fenómeno del desplazamiento forzado, cuyas víctimas pasan del millón de personas, principalmente campesinos, que han tenido que abandonar la tierra donde nacieron y han vivido siempre, huyendo del terror militar-paramilitar. Como es natural, para esta tragedia de centenares de miles de familias, el Estado no tiene solución. Tácitamente se ha declarado incapaz, cuando todo el mundo sabe que la solución obligada es acabar con semejante engendro fascista, que él mismo creó y sigue amamantando.
De manera creciente, la gente opina que sin la erradicación de este grave flagelo, hablar de paz en Colombia es caer en un terreno de arena movediza, donde nadie se puede parar con firmeza. No obstante, desde distintos ámbitos, oficiales y no oficiales, se dejan rodar comentarios (algunos generan hechos) que pretenden darles status de fuerzas políticas a las organizaciones paramilitares y la categoría de líderes políticos a cabecillas como Carlos Castaño, el ‘gran general’ de las Autodefensas Unidas de Colombia y ‘director supremo’ de las masacres de Córdoba, Urabá y otras regiones del país. Esto es plenamente comprensible, cuando la misma Corte Constitucional declaró constitucional la Ley que legitimó las Convivir, organizaciones paramilitares creadas por el ex-gobernador liberal-fascista de Antioquía, Alvaro Uribe Vélez, reconocido impulsor del Paramilitarismo en su departamento y en el país, y ficha de la burguesía para futuras candidaturas presidenciales.
El régimen, la crisis del sistema y la paz
La estructura económica del país y el modelo de desarrollo contenidos en la Constitución y las Leyes colombianas, consagran los injustos privilegios de la burguesía y de las multinacionales extranjeras que someten a una cruel explotación a los trabajadores colombianos, sin ninguna posibilidad de transformar favorablemente su situación por vía institucional. Por el contrario, en la medida en que se ahonda la crisis del capitalismo y los destrozos producidos por el Neoliberalismo, la exacción es mayor y más dolorosa, y las posibilidades de protesta son cada vez más restringidas. Las ramas legislativa y judicial completan el cinturón de acero puesto al cuello de la gente del pueblo.
Colombia está en un punto crucial de la crisis
Esta situación crítica se expresa en la agudización de las contradicciones entre la amplia mayoría de los colombianos y las castas dominantes; en la profunda crisis del Estado y de todas sus instituciones; en el desgaste de un régimen político que ahoga las expresiones verdaderamente democráticas; pero también está presente en los dos proyectos que ellas representan: de un lado los sectores que defienden el viejo Estado de la democracia tradicional, cerrada y excluyente; del otro, los que proclaman la ‘modernización’, la reforma política cosmética o el ‘cambio’ pastranista, equivalente al mayor impulso del neoliberalismo. Ambos proyectos de esencia burguesa y proimperialista, conservadora, de ninguna manera significan opciones de beneficio para el pueblo.
De allí que los proyectos de la insurgencia se hayan convertido en expresión de poder popular y verdaderas alternativas para el pueblo, en la perspectiva de realizar transformaciones ciertas en la realidad del país.
Por las causas estructurales prolijamente referidas en este escrito y las políticas del actual gobierno y de la falsa oposición del partido liberal, el panorama no es alentador. Todo lo contrario. La aplicación del neoliberalismo seguirá causando creciente desempleo, mayor envilecimiento de los salarios, incremento de la pobreza y la carestía, pues, como de costumbre, se sigue descargando sobre los trabajadores el peso de la crisis.
Es así como el pueblo colombiano, justamente, ejerce el derecho a la rebelión y a emplear diversas formas de lucha y protesta.
Así se explica que a pocos meses de posesionado Pastrana el movimiento obrero y sindical se hiciera sentir con diversas acciones de protesta, sectoriales y nacionales, que incluyeron un prologado paro nacional de tres semanas que involucró a cerca de medio millón de empleados y obreros al servicio del Estado, que concitó importante solidaridad de otros sectores populares. El gobierno, que tanto habla de paz, respondió con represión y negativa a las peticiones pero el movimiento logró doblegar gran parte de esa arrogancia inspirada en los probados malos consejos del FMI y los organismo financieros del imperialismo.
También es claro ante los ojos del mundo el incremento de las acciones y capacidad militar del movimiento popular armado. La insurgencia ha propinado importantes derrotas a las Fuerza Pública y el Ejército gubernamental pasa por un difícil momento de credibilidad entre la clase de los oligarcas que defiende.
Preocupado por sofocar la guerra revolucionaria y ganar masas para su bando en caso de no lograr ese objetivo, el gobierno, en nombre de la oligarquía y el imperialismo, propone la paz sin ningún proyecto claro, con más gestos que medidas políticas que propicien un camino hacia esa meta. La meta es lograr la desmovilización y el desarme de la guerrilla, o cualquier forma de abandono de sus objetivos de lucha por el poder popular. Por tanto, la respuesta de la insurgencia debe ser con un alto contenido y sentido político sin abandonar su condición de organizaciones que desarrollan la lucha militar revolucionaria.
Es cierto que Pastrana se reunió con los Comandantes Manuel Marulanda y Briceño, de las Farc, poco antes de su posesión presidencial, que aprobó el despeje de los cinco Municipios exigido por esta misma organización guerrillera, y que asistió a la instalación de la mesa de diálogo el 7 de Enero de 1.999, que le dio el visto bueno a los Acuerdos de Maguncia y a la realización de la Convención Nacional propuesta por el ELN, ya posesionado, en gestos que no han tenido precedentes en los tiempos recientes; y que ha hecho referencia en positivo a declaraciones del camarada Francisco Caraballo sobre posiciones del Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista y del Ejército Popular de Liberación, organizaciones de las que es Dirigente y Vocero Público. Pero, ya vemos a dónde conduce esta limitada flexibilidad de ciertos aspectos de la política gubernamental, pues también han quedado a flote diferentes medidas militares, presupuestales y hacia los habitantes de las zonas de mayor influencia guerrillera, a quienes están entregando algunas zanahorias pero dejándoles ver el garrote. No se apartan esas decisiones de las doctrinas de seguridad y de los manuales de contrainsurgencia del Pentágono.
Una respuesta revolucionaria frente al asunto de la paz
Desde la visión de lucha por el poder popular y el socialismo, interesados en lograr nuevas reivindicaciones políticas, económicas y sociales que mejoren la situación de las masas y creen mejores condiciones subjetivas para el avance revolucionario, el Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista) y el Ejercito Popular de Liberación, hemos planteado nuestra concepción del Diálogo por la Paz.
Lo entendemos como un gran debate político nacional entre los diversos sectores de la sociedad y reiteramos nuestra decisión de participar en un proceso de Diálogos que tenga como principal protagonista a las amplias masas trabajadoras de la ciudad y del campo.
Reconocemos el valor y los méritos de quienes desde buen número de organizaciones civiles no gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos, inclusive al precio de sus propias vidas, han puesto en juego muchas iniciativas sobre la paz, que han ayudado a aportar elementos distencionantes del medio ambiente erizado por la violencia estatal y paramilitar. También ellas han sido blanco de la barbarie oficial y paramilitar.. El principal problema es que algunas de ellas, al partir más de la intención y los deseos perdiendo de vista los intereses económicos del capital que están en la base del conflicto, facilitan o permiten al gobierno y a sus agentes enmascararse o utilizarles con prédicas como aquella de que los violentos son los insurgentes o una presionada ‘neutralidad activa’ para lograr pronunciamientos de dichas organizaciones humanitarias contra la insurgencia, pues de esta manera no arriesgan ni su libertad ni su vida, tantas veces atropelladas por el Estado y sus aparatos de seguridad y exterminio, legales e ilegales.
Estamos interesados en conjuntar propuestas con el resto de integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar. Vemos útil y necesario para el proceso revolucionario la elaboración de una Propuesta Conjunta, como ocurrió en Caracas y Tlaxcala en 1991-92. El debate político que proponemos habrá de generar el espacio de encuentro y unidad de todos los interesados en la paz con justicia social que le abra paso a una Colombia Nueva, pues desde ya observamos importantes puntos de identidad con propuestas y algunos procesos de diálogos que han iniciado.
Está suficientemente claro – porque así lo ha dictaminado la larga Historia de la violencia – que la posibilidad de alcanzar la solución política del Conflicto Interno en Colombia, es de la responsabilidad principal de la clase en el poder, de sus partidos políticos y de su Estado. Por que para ello no hay sino un camino: realizar los cambios reales que resuelvan las causas que le dieron origen al conflicto económico, político, social, militar, etc.; y otra parte importante de ese camino es que en este proceso no tenga ninguna intervención el gobierno ni el Estado norteamericano, que, eso si, debe respetar las decisiones autónomas de los colombianos.
Un camino cierto en la dirección de la solución política sería la creación de condiciones necesarias para que curse normalmente, sin presiones ni amenazas de ningún tipo, unos diálogos, como ya lo anotábamos, protagonizados por las grandes mayorías de la clase obrera y el pueblo y con la participación de las fuerzas revolucionarias y progresistas, armadas y no armadas. Por ello nuestra propuesta de Diálogo: una propuesta viable hacia un dialogo abierto, habrá de ser enriquecida en los amplios debates, en los que el pueblo exprese con toda claridad qué necesita, qué quiere y cómo debe procederse.
Por nuestra parte, para el diseño de grandes transformaciones, ponemos en consideración los siguientes temas:
1. Soberanía
– Independencia y autodeterminación en las relaciones con otros Estados, sin que haya campos vedados y el cumplimiento estricto del principio de las relaciones en pié de igualdad.
– No pago de la deuda externa.
– Revisión de los acuerdos y obligaciones relativos a la protección de los recursos naturales.
– El examen, cambio y abolición de los convenios económicos y militares lesivos a la nación.
2. Democracia
En el marco de la lucha por un gobierno democrático y anti-imperialista, proponemos:
– Verdaderos cambios democráticos en la estructura del Estado.
– Libertades democráticas que garanticen la participación de los ciudadanos en la solución de los problemas del país, el derecho a la vida y el cumplimiento efectivo por parte del Estado de los derechos humanos del pueblo.
– Abolición de los grupos paramilitares.
– Cambios substanciales en la concepción y en la administración de justicia, comenzando por la abolición de la justicia sin rostro o de excepción.
– Revisión de las políticas, objetivos, funciones y papel de las fuerzas armadas del Estado.
– Libertad para los presos políticos.
3. Justicia social
– Se basaría en cambios profundos en la economía del país que toquen con la apropiación y la distribución de los bienes.
– Se aboliría el neoliberalismo y se reorientaría la economía enfatizado en el desarrollo con bienestar social, sin la injerencia del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y de los monopolios nacionales y extranjeros.
– Se estimularía la industria nacional y la producción en beneficio de las mayorías.
– Reforma urbana y reforma agraria integral.
– Erradicación del narcotráfico con criterios de soberanía nacional y sustitución de cultivos con base en la inversión social.
Además, destacamos la validez de los siguientes criterios relativos al diálogo:
1. La concepción de que la paz debe fundamentarse en la lucha por un nuevo Estado y una nueva sociedad, en la transformación democrática del Estado y la sociedad y en el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías.
2. La decisión de dialogar en medio de la confrontación, sin condiciones previas y de cara al país.
3. La construcción de escenarios que favorezcan el desarrollo de los diálogos con la mayor amplitud. El diálogo se convertiría en un gran debate nacional; así también se procederá a elegir sus representantes a las masas regionales y locales de diálogo.
4. La participación activa y permanente de los distintos estamentos de la sociedad. El pueblo elegirá democráticamente sus representantes a la mesa del diálogo con el gobierno nacional; así también se procederá a elegir sus representantes a las mesas regionales y locales de diálogo.
5. La definición de un proceso integral de construcción de la paz.
6. La elaboración de una agenda abierta.
7. La protección por el Estado de los derechos políticos de los ciudadanos.
8. El no reconocimiento político a los grupos paramilitares.
9. La participación internacional, ajena a cualquier injerencia en los asuntos internos de Colombia.
Al respecto no estamos por la participación de entidades, gobiernos y personas comprometidas con la guerra sucia en Colombia. En tal sentido, nos oponemos a la participación del gobierno norteamericano en los diálogos.
Colombia, Febrero de 1999
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Contribución para el 8º Seminario Comunista Internacional de Bruselas, 2-4 de mayo 1999.