Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2008-03-25
Categoría
Comunicado
Por el reconocimiento de la beligerancia a la insurgencia de Colombia
EL RECONOCIMIENTO DE BELIGERANCIA A LA INSURGENCIA COLOMBIANA
Últimamente en Colombia y en la comunidad internacional se ha abierto el debate sobre el tema del reconocimiento de la beligerancia a las organizaciones insurgentes, como un mecanismo que conduzca a una paz negociada del conflicto armado interno que ahora se está internacionalizando.
Hay que recordar que la guerra civil en Colombia lleva casi medio siglo y que no tiene visos de solución si no es a través de la búsqueda de la paz definitiva, que vaya más allá del intercambio humanitario de prisioneros, de la imploración a la protección a las víctimas del conflicto armado, de acuerdos de regulación de la guerra, etc. La paz debe ser consecuencia del fin de las desigualdades e injusticias sociales, por la plena liberación social y nacional. Por ese propósito luchan las organizaciones guerrilleras en Colombia y en su camino buscan la beligerancia.
El tema de la beligerancia ya fue planteado por el presidente Hugo Chávez, quien dio el primer paso ante la legislatura al proponer el reconocimiento como fuerza beligerante a las FARC y ELN, como una nueva iniciativa, después de recibir los elogios de parte de los gobiernos europeos y latinoamericanos por los esfuerzos realizados para la liberación de prisioneros.
Este hecho de cooperación solidaria es visto con simpatía por nuestros pueblos y organizaciones revolucionarias que queremos ver el fin de la guerra civil y el desangre en nuestro hermano país.
Dada la experiencia histórica, la única solución es la participación de nuestros pueblos en la crisis colombiana. Y la primera necesidad es que uno o varios estados reconozcan la beligerancia a las organizaciones insurgentes (FARC, ELN y EPL), desconociendo la calificación injuriosa de terroristas, que no existe en el derecho internacional, porque es un invento premeditado del Pentágono, sin más argumentos que la prepotencia, al aprovecharse de los sucesos del 11 de septiembre.
Requisitos para la obtención de la beligerancia
Esta figura, bastante usada en el pasado, tiene por finalidad conferir a una de las Partes de un conflicto armado un estatus especial por medio del cual, el Estado que lo reconoce como tal, establece relaciones semidiplomáticas, diplomáticas, políticas o económicas con la Parte reconocida para emprender negociaciones que conlleven a la paz, asumiendo la neutralidad en el conflicto. El reconocimiento de beligerantes es por excelencia un acto político que lo pueden hacer el gobierno del Estado en donde se produce el conflicto armado o terceros Estados.
Ahora bien, en el marco del derecho internacional humanitario y en particular, de las normas aplicadas a los conflictos armados internos, se consideran grupos beligerantes cuando han reunido los siguientes requisitos:
1.- Debe haber un estado de hostilidades generalizado.
La prolongación del conflicto y el acelerado proceso de expansión y avance de la insurgencia ha tenido relación con la existencia de distintas formas de represión por parte del Estado que ha hecho que el conflicto se generalice, convirtiéndose en una guerra civil. El tratamiento represivo y terrorista de parte del Estado colombiano en la evolución del conflicto ha sido determinante para comprender el estado general de las hostilidades en la actualidad. Las organizaciones insurgentes colombianas sostienen un estado de hostilidades generalizado en todo el territorio colombiano, llegando a abarcar regiones enteras que son impenetrables para la fuerza pública.
En la guerra de guerrillas que despliegan las organizaciones insurgentes, además del apoyo popular que reciben, el medio ambiente físico tiene un gran significado en el conflicto bélico. Así los terrenos selváticos y las montañas de difícil acceso han contribuido a que la guerrilla desarrolle acciones exitosas.
Además, las operaciones armadas no se llevan como meras escaramuzas o encontronazos ocasionales, éstas se llevan a cabo planificadamente siguiendo una estrategia global que es la toma o sostenimiento del poder.
2.- El grupo debe poseer una fuerza militar organizada, jerárquicamente disciplinada.
Para dar la calidad de fuerzas armadas en un conflicto armado y por tanto, sujetos al estatuto de combatiente y prisionero de guerra, el Derecho Internacional Humanitario señala que, las fuerzas armadas de una Parte en conflicto se componen de todas las fuerzas, grupos y unidades armadas y organizadas, colocadas bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados. Tales fuerzas armadas deberán estar sometidas a un régimen de disciplina interna que haga cumplir las normas del derecho internacional humanitario.
Las organizaciones guerrilleras cumplen este requisito por poseer un programa de gobierno, estatutos, reglamentos, régimen disciplinario y mandos con la jerarquía de un ejército convencional. Cuando están en campaña están uniformados y portan sus armas, tal como lo establece el Protocolo I, al decir que son “combatientes legítimos” los rebeldes que: a) lleven un uniforme conocido por el adversario; b) que lleven abiertamente las armas; c) que estén a la dependencia de un comando responsable; d) que respeten las leyes y costumbres de la guerra.
Entonces, los guerrilleros colombianos son combatientes legítimos de una fuerza insurgente que conocen las leyes de la guerra y las normas éticas en su desarrollo, que tienen un proyecto político que aspira la toma del poder del Estado.
3.- El grupo debe tener posesión y dominio de una zona del territorio nacional.
A lo largo de más de 40 años de lucha las organizaciones guerrilleras se han consolidado como una fuerza política y militar, fortalecidas y con presencia efectiva en todo el territorio nacional colombiano, en donde se organizan de distinta forma para oponerse a las políticas de sus gobiernos títeres y al mismo tiempo, al imperialismo y sistema capitalista.
Se puede decir que las FARC, el ELN y EPL, tienen amplio dominio sobre el territorio colombiano, tanto rural como urbano. En muchas partes del campo, la guerrilla posee territorios conquistados militarmente en donde ejerce funciones de gobierno y administra los bienes y en donde el Estado no ejerce su soberanía. Pues según informaciones de la prensa, establecen que casi un 40% del territorio se encuentra fuera del control permanente del Gobierno colombiano.
4.- El grupo insurgente tiene que estar en capacidad de aplicar el Derecho Internacional Humanitario.
En el desarrollo de la guerra, Colombia se destaca por la política de terror y represión contrainsurgente mediante el violento accionar de sus fuerzas armadas oficiales y el paramilitarismo, teniendo en cuenta la intervención y asistencia material y personal del imperialismo yanqui que diseña planes para incorporar a la guerra a nuestros Estados.
Esta actitud se contrapone directamente a los Convenios de Ginebra, que consagran prohibiciones especificas, como el que establece un mínimo de trato humanitario a las personas que no participan directamente en las hostilidades o que siendo combatientes hayan dejado las armas o puestos fuera de combate por enfermedad, herida, detención u otra causa. Esto desconoce el Estado colombiano.
Las organizaciones insurgentes colombianas han reclamado la aplicación del derecho internacional humanitario y al mismo tiempo se han comprometido, en la práctica, a cumplir sus disposiciones definiendo sus normas de comportamiento basados en los profundos postulados del humanismo revolucionario, aunque la escalada de la guerra trate de impedir su cumplimiento.
Las organizaciones insurgentes tienen como norma de obligado cumplimiento respetar la vida, suministrar auxilio médico, alimentación y un trato humanitario y digno a los prisioneros de guerra vencidos en combate. Estos principios humanitarios han estado presentes en el accionar militar de estas organizaciones. Así lo han demostrado con los retenidos, considerados prisioneros de guerra e imperando el buen trato a pesar de las condiciones difíciles en las montañas.
En definitiva, las organizaciones insurgentes colombianas cumplen estos requisitos por lo que pueden pasar a constituirse en sujetos de derecho internacional, es decir, que en el marco del derecho internacional, son aptas para ser titular de derechos internacionales y cumplir obligaciones y responsabilidades, en otras palabras, tener personería jurídica internacional para avanzar en el proceso de pacificación.
La beligerancia de la insurgencia es de hecho
Las organizaciones guerrilleras colombianas de hecho tienen la condición de fuerza beligerante puesto que cumplen, a carta cabal, los presupuestos que son reconocidos en el Derecho Internacional Humanitario tal y como ha sido señalado por los Convenios de Ginebra de 1948 y los Protocolos adicionales I y II de 1977, no solo suscritos por Colombia, sino por sus países vecinos.
Hay que anotar que la beligerancia, de hecho les ha sido reconocida en más de una ocasión por distintos gobiernos colombianos, con quienes han entablado diálogos, como el caso de las negociaciones y despeje de San Vicente del Cahuan, (1998- 2002), así como por los gobiernos de los países que han jugado el papel de garantes o facilitadores en dichos procesos.
Uribe, las élites oligarcas y mafiosas de Colombia y el imperialismo norteamericano saben que el reconocimiento de la beligerancia humanizaría el conflicto, al tiempo que pondría unas bases sólidas para el inicio de un diálogo de paz que se enmarque en la construcción de la nueva Colombia, libre de opresores y explotadores.
Sobre este particular es importante destacar que la oligarquía colombiana y el imperialismo siempre han estado en contra de la paz, la guerra es parte de una poderosa maquinaria en donde las doctrinas de la Seguridad Nacional y de Terrorismo de Estado son política oficial de los gobiernos pro-yanqui que han inundado el país de paramilitares, utilizando el narcotráfico para financiar la guerra sucia.
Como a Uribe no le interesa el reconocimiento de la beligerancia, están los terceros Estados, tal como sucedió el 16 de junio de 1979, en la declaración conjunta hecha por parte de los Cancilleres de los países del Grupo Andino, que declararon la beligerancia al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua, o como en 1984, cuando Francia y México reconocieron al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador como “fuerza beligerante”.
Entonces, en razón de la coyuntura actual, son nuestros Estados los llamados a propiciar la salida negociada al conflicto, reconocimiento la beligerancia a las organizaciones insurgentes (FARC, ELN y EPL). Pensando que ninguna guerra se ha resuelto sólo con plomo, sino que en todas hubo una negociación política, y en este caso, las organizaciones insurgentes han mostrado la disposición favorable para negociar lo que ha generado la solidaridad internacional.
La muerte de Raúl no es en vano, su lucha es por la beligerancia
Justo en momentos en los que las FARC mostraban al mundo su voluntad de encontrar la paz en Colombia con la entrega sin condición de los prisioneros de guerra, que significaban nuevos triunfos políticos para la insurgencia, y que hacían que Uribe huela una próxima derrota, ocurre el alevoso asesinato en suelo ecuatoriano del Comandante guerrillero Raúl Reyes y sus compañeros, que es uno más en la estela sangrienta del régimen terrorista y narco-paramilitar de Álvaro Uribe.
Este crimen es cometido con toda la premeditación y crueldad de un maniático, que no contento con bombardear nuestro territorio, traspasa la frontera para masacrar y secuestrar a los cadáveres; así pudimos ver en el ataque al campamento guerrillero, que por motivos de la guerra los hermanos combatientes iban de paso por nuestro territorio, para adelantar sus labores de diplomacia y contactos internacionales que llevarían a la liberación humanitaria de rehenes, como ya lo hicieron anteriormente, labores que eran dirigidas por el Segundo Secretariado Nacional de las FARC, en búsqueda de la Paz.
Esta agresión demuestra además que el régimen de Uribe Vélez no respeta la soberanía de ningún país, ni las mínimas reglas del derecho internacional. Tampoco respeta los derechos humanos ni el derecho de la guerra. Es definitivamente un gobierno criminal, lacayo de los gringos, que siempre tuvo la intención de transformar nuestra región en un nuevo Vietnam, con la aplicación irrestricta del Plan Colombia, diseñado para ser utilizado como punta de lanza en contra de nuestros países.
La flagrante violación de nuestra soberanía es una muestra irrefutable del carácter terrorista, paramilitar y genocida de un gobierno que no solo merece la suspensión de toda clase de relaciones diplomáticas, con acertada expulsión del país de sus misiones diplomáticas y consulares, sino busca que se le desconozca como gobierno del pueblo colombiano, porque carece de legitimidad, lo que abriría la posibilidad del reconocimiento de beligerantes a las organizaciones insurgentes, anhelada por el comandante Raúl Reyes.
Y no es para menos, ésta agresión viola todos los principios del derecho internacional y nos hace recordar los bombardeos indiscriminados en Vietnam, Centroamérica, Afganistán e Irak, desde otros suelos, sin consideración a la población civil indefensa, realizados por pilotos gringos con utilización de la tecnología de los aviones espías y los satélites.
La actual política de Uribe no se dirige a resolver la crisis política y militar, sino a agudizarla, convirtiendo al país en la principal potencia militar de la región, para agredir las soberanías de los Estados vecinos y ejecutar esas tropelías miserables.
Evidentemente que a la oligarquía colombiana y al Pentágono no le interesa la búsqueda de una solución pacífica a la guerra civil, porque se siente a gusto con la política económica y mafiosa que han implementado. Uribe lo que pretende es la guerra y en ese camino no solo enfrentará a la insurgencia y lucha del pueblo colombiano, sino el repudio y movilización de los demás pueblos.
Ante esta criminal agresión, los Combatientes Populares rendimos el homenaje combativo al Comandante Raúl Reyes y sus compañeros de lucha, combatientes de primera línea, que como guerrilleros berracos murieron en la montaña fiel a los ideales de la construcción de un mundo nuevo, entregando la vida en cumplimiento de la tarea revolucionaria, así mismo nos solidarizamos con todos los que luchan por una Colombia libre.
Estos miserables a quienes condenamos como criminales, saben que la insurgencia y beligerancia no es levantada por un solo hombre, que son los pueblos los que se movilizan y toman las armas, son ellos los que hacen parir la historia de revoluciones y que por cada combatiente caído, son muchos más los que se levantan para empuñar sus armas y levantar sus banderas, orgullosos de sus héroes, siguiendo su ejemplo hasta alcanzar la victoria final, cueste lo que cueste.
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA BELIGERANCIA A LAS ORGANIZACIONES INSURGENTES DE COLOMBIA
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Artículo de Semillero Insurgente, revista de los Grupos de Combatientes Populares
Últimamente en Colombia y en la comunidad internacional se ha abierto el debate sobre el tema del reconocimiento de la beligerancia a las organizaciones insurgentes, como un mecanismo que conduzca a una paz negociada del conflicto armado interno que ahora se está internacionalizando.
Hay que recordar que la guerra civil en Colombia lleva casi medio siglo y que no tiene visos de solución si no es a través de la búsqueda de la paz definitiva, que vaya más allá del intercambio humanitario de prisioneros, de la imploración a la protección a las víctimas del conflicto armado, de acuerdos de regulación de la guerra, etc. La paz debe ser consecuencia del fin de las desigualdades e injusticias sociales, por la plena liberación social y nacional. Por ese propósito luchan las organizaciones guerrilleras en Colombia y en su camino buscan la beligerancia.
El tema de la beligerancia ya fue planteado por el presidente Hugo Chávez, quien dio el primer paso ante la legislatura al proponer el reconocimiento como fuerza beligerante a las FARC y ELN, como una nueva iniciativa, después de recibir los elogios de parte de los gobiernos europeos y latinoamericanos por los esfuerzos realizados para la liberación de prisioneros.
Este hecho de cooperación solidaria es visto con simpatía por nuestros pueblos y organizaciones revolucionarias que queremos ver el fin de la guerra civil y el desangre en nuestro hermano país.
Dada la experiencia histórica, la única solución es la participación de nuestros pueblos en la crisis colombiana. Y la primera necesidad es que uno o varios estados reconozcan la beligerancia a las organizaciones insurgentes (FARC, ELN y EPL), desconociendo la calificación injuriosa de terroristas, que no existe en el derecho internacional, porque es un invento premeditado del Pentágono, sin más argumentos que la prepotencia, al aprovecharse de los sucesos del 11 de septiembre.
Requisitos para la obtención de la beligerancia
Esta figura, bastante usada en el pasado, tiene por finalidad conferir a una de las Partes de un conflicto armado un estatus especial por medio del cual, el Estado que lo reconoce como tal, establece relaciones semidiplomáticas, diplomáticas, políticas o económicas con la Parte reconocida para emprender negociaciones que conlleven a la paz, asumiendo la neutralidad en el conflicto. El reconocimiento de beligerantes es por excelencia un acto político que lo pueden hacer el gobierno del Estado en donde se produce el conflicto armado o terceros Estados.
Ahora bien, en el marco del derecho internacional humanitario y en particular, de las normas aplicadas a los conflictos armados internos, se consideran grupos beligerantes cuando han reunido los siguientes requisitos:
1.- Debe haber un estado de hostilidades generalizado.
La prolongación del conflicto y el acelerado proceso de expansión y avance de la insurgencia ha tenido relación con la existencia de distintas formas de represión por parte del Estado que ha hecho que el conflicto se generalice, convirtiéndose en una guerra civil. El tratamiento represivo y terrorista de parte del Estado colombiano en la evolución del conflicto ha sido determinante para comprender el estado general de las hostilidades en la actualidad. Las organizaciones insurgentes colombianas sostienen un estado de hostilidades generalizado en todo el territorio colombiano, llegando a abarcar regiones enteras que son impenetrables para la fuerza pública.
En la guerra de guerrillas que despliegan las organizaciones insurgentes, además del apoyo popular que reciben, el medio ambiente físico tiene un gran significado en el conflicto bélico. Así los terrenos selváticos y las montañas de difícil acceso han contribuido a que la guerrilla desarrolle acciones exitosas.
Además, las operaciones armadas no se llevan como meras escaramuzas o encontronazos ocasionales, éstas se llevan a cabo planificadamente siguiendo una estrategia global que es la toma o sostenimiento del poder.
2.- El grupo debe poseer una fuerza militar organizada, jerárquicamente disciplinada.
Para dar la calidad de fuerzas armadas en un conflicto armado y por tanto, sujetos al estatuto de combatiente y prisionero de guerra, el Derecho Internacional Humanitario señala que, las fuerzas armadas de una Parte en conflicto se componen de todas las fuerzas, grupos y unidades armadas y organizadas, colocadas bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados. Tales fuerzas armadas deberán estar sometidas a un régimen de disciplina interna que haga cumplir las normas del derecho internacional humanitario.
Las organizaciones guerrilleras cumplen este requisito por poseer un programa de gobierno, estatutos, reglamentos, régimen disciplinario y mandos con la jerarquía de un ejército convencional. Cuando están en campaña están uniformados y portan sus armas, tal como lo establece el Protocolo I, al decir que son “combatientes legítimos” los rebeldes que: a) lleven un uniforme conocido por el adversario; b) que lleven abiertamente las armas; c) que estén a la dependencia de un comando responsable; d) que respeten las leyes y costumbres de la guerra.
Entonces, los guerrilleros colombianos son combatientes legítimos de una fuerza insurgente que conocen las leyes de la guerra y las normas éticas en su desarrollo, que tienen un proyecto político que aspira la toma del poder del Estado.
3.- El grupo debe tener posesión y dominio de una zona del territorio nacional.
A lo largo de más de 40 años de lucha las organizaciones guerrilleras se han consolidado como una fuerza política y militar, fortalecidas y con presencia efectiva en todo el territorio nacional colombiano, en donde se organizan de distinta forma para oponerse a las políticas de sus gobiernos títeres y al mismo tiempo, al imperialismo y sistema capitalista.
Se puede decir que las FARC, el ELN y EPL, tienen amplio dominio sobre el territorio colombiano, tanto rural como urbano. En muchas partes del campo, la guerrilla posee territorios conquistados militarmente en donde ejerce funciones de gobierno y administra los bienes y en donde el Estado no ejerce su soberanía. Pues según informaciones de la prensa, establecen que casi un 40% del territorio se encuentra fuera del control permanente del Gobierno colombiano.
4.- El grupo insurgente tiene que estar en capacidad de aplicar el Derecho Internacional Humanitario.
En el desarrollo de la guerra, Colombia se destaca por la política de terror y represión contrainsurgente mediante el violento accionar de sus fuerzas armadas oficiales y el paramilitarismo, teniendo en cuenta la intervención y asistencia material y personal del imperialismo yanqui que diseña planes para incorporar a la guerra a nuestros Estados.
Esta actitud se contrapone directamente a los Convenios de Ginebra, que consagran prohibiciones especificas, como el que establece un mínimo de trato humanitario a las personas que no participan directamente en las hostilidades o que siendo combatientes hayan dejado las armas o puestos fuera de combate por enfermedad, herida, detención u otra causa. Esto desconoce el Estado colombiano.
Las organizaciones insurgentes colombianas han reclamado la aplicación del derecho internacional humanitario y al mismo tiempo se han comprometido, en la práctica, a cumplir sus disposiciones definiendo sus normas de comportamiento basados en los profundos postulados del humanismo revolucionario, aunque la escalada de la guerra trate de impedir su cumplimiento.
Las organizaciones insurgentes tienen como norma de obligado cumplimiento respetar la vida, suministrar auxilio médico, alimentación y un trato humanitario y digno a los prisioneros de guerra vencidos en combate. Estos principios humanitarios han estado presentes en el accionar militar de estas organizaciones. Así lo han demostrado con los retenidos, considerados prisioneros de guerra e imperando el buen trato a pesar de las condiciones difíciles en las montañas.
En definitiva, las organizaciones insurgentes colombianas cumplen estos requisitos por lo que pueden pasar a constituirse en sujetos de derecho internacional, es decir, que en el marco del derecho internacional, son aptas para ser titular de derechos internacionales y cumplir obligaciones y responsabilidades, en otras palabras, tener personería jurídica internacional para avanzar en el proceso de pacificación.
La beligerancia de la insurgencia es de hecho
Las organizaciones guerrilleras colombianas de hecho tienen la condición de fuerza beligerante puesto que cumplen, a carta cabal, los presupuestos que son reconocidos en el Derecho Internacional Humanitario tal y como ha sido señalado por los Convenios de Ginebra de 1948 y los Protocolos adicionales I y II de 1977, no solo suscritos por Colombia, sino por sus países vecinos.
Hay que anotar que la beligerancia, de hecho les ha sido reconocida en más de una ocasión por distintos gobiernos colombianos, con quienes han entablado diálogos, como el caso de las negociaciones y despeje de San Vicente del Cahuan, (1998- 2002), así como por los gobiernos de los países que han jugado el papel de garantes o facilitadores en dichos procesos.
Uribe, las élites oligarcas y mafiosas de Colombia y el imperialismo norteamericano saben que el reconocimiento de la beligerancia humanizaría el conflicto, al tiempo que pondría unas bases sólidas para el inicio de un diálogo de paz que se enmarque en la construcción de la nueva Colombia, libre de opresores y explotadores.
Sobre este particular es importante destacar que la oligarquía colombiana y el imperialismo siempre han estado en contra de la paz, la guerra es parte de una poderosa maquinaria en donde las doctrinas de la Seguridad Nacional y de Terrorismo de Estado son política oficial de los gobiernos pro-yanqui que han inundado el país de paramilitares, utilizando el narcotráfico para financiar la guerra sucia.
Como a Uribe no le interesa el reconocimiento de la beligerancia, están los terceros Estados, tal como sucedió el 16 de junio de 1979, en la declaración conjunta hecha por parte de los Cancilleres de los países del Grupo Andino, que declararon la beligerancia al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua, o como en 1984, cuando Francia y México reconocieron al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador como “fuerza beligerante”.
Entonces, en razón de la coyuntura actual, son nuestros Estados los llamados a propiciar la salida negociada al conflicto, reconocimiento la beligerancia a las organizaciones insurgentes (FARC, ELN y EPL). Pensando que ninguna guerra se ha resuelto sólo con plomo, sino que en todas hubo una negociación política, y en este caso, las organizaciones insurgentes han mostrado la disposición favorable para negociar lo que ha generado la solidaridad internacional.
La muerte de Raúl no es en vano, su lucha es por la beligerancia
Justo en momentos en los que las FARC mostraban al mundo su voluntad de encontrar la paz en Colombia con la entrega sin condición de los prisioneros de guerra, que significaban nuevos triunfos políticos para la insurgencia, y que hacían que Uribe huela una próxima derrota, ocurre el alevoso asesinato en suelo ecuatoriano del Comandante guerrillero Raúl Reyes y sus compañeros, que es uno más en la estela sangrienta del régimen terrorista y narco-paramilitar de Álvaro Uribe.
Este crimen es cometido con toda la premeditación y crueldad de un maniático, que no contento con bombardear nuestro territorio, traspasa la frontera para masacrar y secuestrar a los cadáveres; así pudimos ver en el ataque al campamento guerrillero, que por motivos de la guerra los hermanos combatientes iban de paso por nuestro territorio, para adelantar sus labores de diplomacia y contactos internacionales que llevarían a la liberación humanitaria de rehenes, como ya lo hicieron anteriormente, labores que eran dirigidas por el Segundo Secretariado Nacional de las FARC, en búsqueda de la Paz.
Esta agresión demuestra además que el régimen de Uribe Vélez no respeta la soberanía de ningún país, ni las mínimas reglas del derecho internacional. Tampoco respeta los derechos humanos ni el derecho de la guerra. Es definitivamente un gobierno criminal, lacayo de los gringos, que siempre tuvo la intención de transformar nuestra región en un nuevo Vietnam, con la aplicación irrestricta del Plan Colombia, diseñado para ser utilizado como punta de lanza en contra de nuestros países.
La flagrante violación de nuestra soberanía es una muestra irrefutable del carácter terrorista, paramilitar y genocida de un gobierno que no solo merece la suspensión de toda clase de relaciones diplomáticas, con acertada expulsión del país de sus misiones diplomáticas y consulares, sino busca que se le desconozca como gobierno del pueblo colombiano, porque carece de legitimidad, lo que abriría la posibilidad del reconocimiento de beligerantes a las organizaciones insurgentes, anhelada por el comandante Raúl Reyes.
Y no es para menos, ésta agresión viola todos los principios del derecho internacional y nos hace recordar los bombardeos indiscriminados en Vietnam, Centroamérica, Afganistán e Irak, desde otros suelos, sin consideración a la población civil indefensa, realizados por pilotos gringos con utilización de la tecnología de los aviones espías y los satélites.
La actual política de Uribe no se dirige a resolver la crisis política y militar, sino a agudizarla, convirtiendo al país en la principal potencia militar de la región, para agredir las soberanías de los Estados vecinos y ejecutar esas tropelías miserables.
Evidentemente que a la oligarquía colombiana y al Pentágono no le interesa la búsqueda de una solución pacífica a la guerra civil, porque se siente a gusto con la política económica y mafiosa que han implementado. Uribe lo que pretende es la guerra y en ese camino no solo enfrentará a la insurgencia y lucha del pueblo colombiano, sino el repudio y movilización de los demás pueblos.
Ante esta criminal agresión, los Combatientes Populares rendimos el homenaje combativo al Comandante Raúl Reyes y sus compañeros de lucha, combatientes de primera línea, que como guerrilleros berracos murieron en la montaña fiel a los ideales de la construcción de un mundo nuevo, entregando la vida en cumplimiento de la tarea revolucionaria, así mismo nos solidarizamos con todos los que luchan por una Colombia libre.
Estos miserables a quienes condenamos como criminales, saben que la insurgencia y beligerancia no es levantada por un solo hombre, que son los pueblos los que se movilizan y toman las armas, son ellos los que hacen parir la historia de revoluciones y que por cada combatiente caído, son muchos más los que se levantan para empuñar sus armas y levantar sus banderas, orgullosos de sus héroes, siguiendo su ejemplo hasta alcanzar la victoria final, cueste lo que cueste.
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA BELIGERANCIA A LAS ORGANIZACIONES INSURGENTES DE COLOMBIA
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Artículo de Semillero Insurgente, revista de los Grupos de Combatientes Populares