Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
1962-11-01
Categoría
Comunicado
Declaración de Fabricio Ojeda ante el Consejo de Guerra
CONTESTATACIÓN A LOS CARGOS FORMULADOS CONTRA FABRICIO OJEDA POR EL DELITO DE REBELIÓN, ANTE EL CONSEJO DE GUERRA
En días como estos, señores magistrados, el pueblo venezolano que incansablemente había venido combatiendo la tiranía perezjimenista, se aprestaba a iniciar la jornada final que más tarde echaría a tierra el régimen de terror. Entonces, presidía yo la organización más importante de la resistencia clandestina: la Junta Patriótica. Este organismo nacido al calor de un anhelo común, era ya el instrumento más eficaz de la gran lucha nacional por la democracia y la justicia. Sus planteamientos públicos y su programa de acción había logrado nuclear a su alrededor a todos los sectores venezolanos, conscientes de la necesidad de recuperar los derechos colectivos, las libertades públicas yuguladas a partir del 24 de noviembre de 1948. Todas las corrientes ideológicas de la nación que coincidían en la urgencia de derrocar al régimen represivo, se dieron la mano para conquistar el objetivo propuesto, y un amplio frente nacional, integrado por obreros, estudiantes, campesinos, industriales, comerciantes, profesionales, intelectuales, sacerdotes católicos y efectivos de las Fuerzas Armadas, surgió como consecuencia de una realidad histórica cuyos factores principales son de todos conocidos, pero que es necesario recordar.
Venezuela vivía sumida en su misma tragedia de siempre frente a un gobierno de usurpación que a nadie ni a nada respetaba. Su razón de ser era la fuerza; su conducta, el trato despótico y su esencia, la persecución bestial contra todos los que levantaban su voz de dignidad. El sombrío panorama de la República se proyectaba en toda su integridad: la Constitución suplantada por la arbitrariedad y la economía destartalada por el despilfarro y el peculado. Era, pues, una situación que ya ni los más allegados al régimen podían justificar con argumentos valederos, ni explicar con razones convincentes. Y era que nada podía servir para escudar el crimen y la tortura constantes, ni para ocultar la censura de la prensa o el descarado tráfico de influencias y que a todos indignaba y repugnaba. Uno a uno, los distintos sectores nacionales, se fueron incorporando a la lucha sin tregua que desde el origen mismo de la dictadura, libraba el pueblo venezolano. La experiencia personal de aquellos apasionantes momentos, indica claramente como la inquietud revolucionaria se transformaba en acción creadora para divulgar las ideas de un movimiento político casi sin precedentes en la historia del país. Comunistas y clérigos, obreros y patrones, estudiantes y profesores, soldados y oficiales, hombres de la izquierda y de la derecha depusieron sus diferencias ante el problema general de una crisis inigualable. Y un frente de gran amplitud política y social que iban desde Guillermo García Ponce hasta el Padre Hernández Chapellín; desde el doctor Manuel Egaña hasta Vicente Piñate; desde el coronel Jesús María Castro León hasta Wolfang Larrazabal; desde el comandante Hugo Trejo hasta el teniente José Luis Fernández, se integró a la acción cívico-militar que el primero y veintitrés de enero sacudieron y derrotaron a la tiranía.
Aquella situación, cuyo recuerdo aun horroriza a muchos, nos llevó, como ahora, a tomar un puesto de vanguardia en el combate. Nada nos importó el peligro, menos todavía los riesgos que tendríamos que correr. Todo lo afrontamos con dignidad para estar al lado de nuestro pueblo que sufría humillaciones y persecución. Algunas veces fuimos a la cárcel y de ella salimos con bríos renovadores y esperanza infinita en el triunfo final. Frente a la Junta Patriótica pusimos toda nuestra responsabilidad, todo el coraje necesario para desafiar “el celo” de los esbirros. Y todos los días el pueblo pasaba de mano en mano las instrucciones de la organización que al correr de los meses se convirtieron en órdenes de cumplimiento ineludible. La nación estaba unida en torno a un ideal común: el derrocamiento de la tiranía para volver al régimen democrático y disfrutar así de los derechos y garantías políticos por tanto tiempo ausentes del escenario nacional.
La victoria llegó al fin y con ella la paz regresó a los hogares venezolanos. Secuestrados políticos que recobraban su libertad; exiliados que volvían al reencuentro con la Patria alejada; hombres y mujeres que se abrazaban en patéticas escenas de amor, y un gobierno de convivencia pusieron marco a la nueva realidad. La fe en Venezuela y en su pueblo, en el interés patriótico de sus hombres, resurgía lo que más tarde fue llamado “el espíritu del 23 de enero”. Los venezolanos, en todos sus sectores, habían entrado a una nueva etapa que no tardó en exhibirse como ejemplo afortunado. Ya no había presos ni exiliados, perseguidos ni perseguidores. Sólo los responsables del terror pagaban el delito del crimen y la opresión, mientras el pueblo se incorporaba con su trabajo a una vida de tranquilidad, de convivencia política que demostraba el interés colectivo por restañar las heridas del pasado reciente.
Hombres de todos los partidos y algunos sin militancia política, recorrimos de punta a punta el país para llenar al seno de las masas el anhelo común de mantener la formidable unidad que dio origen a la Junta Patriótica y culminó con el triunfo nacional. En todas partes hallabamos el mismo entusiasmo, la misma convicción unitaria, el mismo sentimiento patriótico. Este ambiente, precedió el retorno al país de los principales dirigentes políticos desterrados, entre ellos el actual Presidente de la República, señor Rómulo Betancourt. Como Presidente de la Junta Patriótica me cupo el honor de recibirlos, de darles la bienvenida. Frente a todos, frente a Jóvito Villalba, a Gustavo Machado, a Rafael Caldera, a Rómulo Betancourt y Mario Briceño Iragorry, pronuncié iguales palabras de regocijo, de reconocimiento a sus luchas; y el llamado caluroso del pueblo, que asistía como testigo, para mantener aquella indispensable unidad forjada en medio de la angustia y dolor de una nación crucificada por el más cruel despotismo.
Todos creíamos –oh, vana ilusión- que entonces se había echado las bases para un entendimiento patriótico. No tuvimos inconvenientes para que la Junta que presidíamos fuera ampliada con la participación de todos los sectores que había intervenido en tan formidables jornadas. En nosotros sólo estaba presente el anhelo de buscar soluciones permanentes, el deseo de contribuir con nuestro desprendimiento, como lo hicimos, a una situación donde todos pudiéramos trabajar por Venezuela, por su engrandecimiento y progreso democráticos. Pero a la postre aquello resultó infructuoso. Algunos sectores y personalidades políticas, no obstante de expresar ante el pueblo su lealtad al espíritu unitario, maniobraban en sus propios cenáculos para destruirla. Lograron disponer la Junta Patriótica, como instrumento de unidad y el egoísmo personal y sectario se reflejaba de nuevo en el forcejeo de las posiciones y el control exclusivo del país. Otra vez la sombra de un sectarismo enfermizo parecía proyectarse sobre el cuerpo endeble de la Patria. Un pacto excluyente –el llamado Pacto de Punto Fijo-, se firmó para canalizar la campaña electoral que transcurrió dentro del ambiente de las más amplias libertades y garantías que haya conocido país alguno en momentos de transición. El gobierno surgido del movimiento cívico-militar del 23 de enero conservó hasta el final su fisonomía democrática, sin que nada hiciera desviarlo de su actitud y responsabilidad. Wolfang Larrazabal en un gesto que le honra, renuncio a la Primera Magistratura para competir de igual a igual, sin los recursos del Poder en sus manos, en las elecciones que habrían de renovar la vida constitucional y democrática de la Nación.
La mayoría de los sufragantes lo hizo por el señor Rómulo Betancourt que se había comprometido a cumplir el programa mínimo del pacto tripartito, cuyo fundamento era el fundamento de las libertades conquistadas por el pueblo en las heroicas jornadas de enero; la industrialización del país y una política internacional independiente, según la cual Venezuela mantuviera relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países del mundo. Es decir, el pueblo no votó en su mayoría solo por Betancourt, lo hizo por un programa, el programa que suscribieron los principales personeros de Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y el Partido Socialcristiano COPEI. Así, la acción del gobierno surgido de las elecciones tenía un mandato del pueblo que cumplir y el cual no era otro que el presentado a su consideración durante la campaña electoral que en acto público fue firmado como compromiso irrenunciable para cualesquiera de los candidatos que ganara la contienda.
¿Se ha cumplido este programa o parte de él en lo que va de período?
¿Se ha respetado el mandato popular expresado en las elecciones de diciembre?
Son los mismos hechos los que dan respuestas a estas interrogantes. A los ojos de todos los venezolanos está la realidad nacional de nuestro país. No han sido mantenidas las libertades conquistadas por el pueblo el 23 de enero, antes por el contrario, se ha vuelto a los días más angustiosos de la represión y la barbarie. Las cárceles llenas de secuestrados políticos, las torturas físicas comprobadas por el Poder Legislativo, los centenares de muertos por la violencia de los cuerpos represivos, las agresiones contra la prensa independiente, son evidente testimonio de ello. Y si esto ha ocurrido en la vida de nuestra política interna, no otra suerte han corrido los compromisos en materia económica. De todos es sabido la crisis que en este aspecto vive Venezuela, de lo cual es también testimonio explicable la llamada “Carta de Mérida”, producida por los principales hombres de empresa, agrupados en la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción. En este importante documento está al desnudo la verdad de cuanto acontece: quiebra constante de empresas nacionales, reducción del circulante en manos del público, devaluación del bolívar, grandes cargas impositivas, falta de mercado de consumo, ausencia de un plan efectivo de créditos, fracaso de la reforma agraria, etc., etc.. A todo esto se agrega la hipoteca constante del país a través de empréstitos indiscriminados que elevan la deuda pública a la cifra de cinco mil millones de bolívares, sin que haya una sola obra de carácter reproductivo que pueda justificarla o explicarla. Por otra parte, el desempleo aumenta, los gastos burocráticos crecen y el peculado y tráfico de influencias campea dentro de la mayor impunidad. Y en cuanto a la política internacional, para sólo citar las tres cuestiones más importantes del pacto tripartito, nada distinto hay que hablar. Venezuela, como nunca, ha responddido ha intereses extraño en la conducción de sus relaciones internacionales colocándose en todo momento al lado de los peores intereses. Su política internacional en nada se diferencia a la adoptada por los llamados “países bananeros” y en nada responde a los principios bolivarianos que son tradición de nuestra nacionalidad. Es el Departamento de Estado de los Estados Unidos y no el interés nacional el que dicta lo que debemos hacer en el campo de las relaciones con otros países o en casos de conflictos internacionales. Lo demuestra la posición venezolana en las Naciones Unidas frente al caso de Goa, cuando nuestra delegación oficial se puso al lado de los intereses colonialistas de Portugal. Venezuela, en síntesis, no tiene una política internacional independiente que reafirme su soberanía y reivindique su dignidad republicana.
Es por esto, por el incumplimiento del mandato que el pueblo le otorgó en las elecciones de diciembre, por no llevar a la práctica el programa que el pueblo ordenó realizar, que este gobierno, legítimo en su origen, ha perdido su legitimidad, para convertirse en un gobierno de usurpación, en un régimen de traición nacional. Pero su conducta no es circunstancial y no se origina en las últimas posiciones oficiales. No, todo arranca desde el mismo día en que el señor Betancourt, entre tanques y bayonetas, tomó posición de la Presidencia. Desde entonces, la violencia desatada por el régimen, que deja su primer saldo de muerto el 4 de agosto de 1959, no ha cesado un momento. Ella no tuvo su origen en octubre y noviembre de 1960 como afirman los personeros oficiales, sino que se remonta a los días iniciales del presente mandato, cuando humildes obreros del Plan de Emergencia fueron víctimas de los cuerpos represivos. Desde aquellos días hasta pospresentes, los muertos se cuentan por centenares y los heridos por millares, consecuencia de la política gubernamental, definida por el propio Presidente baja el rubro “de disparen primero y averiguar después”.
Más esta línea trazada con inaudita sevicia por el Jefe del Estado ya estaba señalada en su discurso de toma de posesión pronunciado ante el Congreso Nacional, frente a la perplejidad de todos los venezolanos. Expresó ese día el señor Betancourt que su acción de gobernante estaría dirigida a “segregar”, a “aislar de la comunidad democrática del país” a todos aquellos que no acataran sus designios, ni bajaran sumisamente la cerviz ante su gestión administrativa. Así el Presidente Betancourt, rompiendo una vez para todas con el espíritu del 23 de enero, dejaba establecido lo que sería su política, lo que sería su gobierno: un régimen de guerra contra la oposición.
Estas advertencias no quedarán en el aire. Su confirmación práctica está en el largo periodo que el país y el pueblo venezolanos han vivido sin garantías constitucionales, en ausencia de las libertades públicas, base popular y democrática de la constitucionalidad. La mayor parte del mandato actual, la nación ha vivido bajo el imperio de la violencia y el pueblo bajo la más brutal opresión. La Constitución democrática sancionada por las Cámaras Legislativas el 23 de enero de 1961 ha sido suplantada, pisoteada y violada desde el mismo día de su nacimiento. No podía ser de otra manera. Un régimen que no cuenta con el apoyo militante sino de escasas minorías, reducidas a la camarilla íntima de Betancourt-Caldera y Briceño Linares, no puede gobernar con libertades, ni respetar la Constitución, ni permitir el libre juego democrático. Un gobierno como este, que no ha cumplido sus compromisos electorales con el pueblo, está constreñido, obligado por su misma naturaleza, a sustituir la Constitución por la violencia y la arbitrariedad, a mantener indefinidamente un estado excepción; la única manera de conservar el poder.
Aquí no hay democracia porque el gobierno no representa ya al pueblo. No hay democracia porque todos los sectores progresistas de la nación, tanto civiles como militares, han retirado su apoyo, su respaldo, a la arbitrariedad ejecutivista. No puede haber democracia porque este es un gobierno enemigo del progreso, un régimen enemigo de todos aquellos que aspiran a una Patria independiente, a una gestión nacionalista y patriótica. Por ello se persigue a los obreros, a los estudiantes, a los campesinos, a los profesionales, a los oficiales progresistas, que hoy pueblan las cárceles del país o se han visto a tomar “el monte” para defender su la libertad. En Venezuela no hay democracia, porque Betancourt se ha convertido en el principal culpable de la crisis que sacude al país y que en su desesperación, en su soberbia histérica, no encuentra otro camino que la represión brutal y la amenaza constante. Su interés de entregar el país al imperialismo para convertirlo en “Estado Libre Asociado”, su sectarismo enfermizo y su pequeñez moral, lo han llevado al colmo de la desvergüenza y la iniquidad.
Es cierto, como lo apuntamos antes, que este gobierno tuvo un origen democrático, legítimo. El nació de la consulta electoral más pulcra que se ha verificado en el país; pero ello no es, ni puede ser, de ninguna manera, “patente de corso” para que en nombre de ese limpio origen, se sometan todos los desafueros y fechorías que tipifican al presente régimen. Se mata en nombre en nombre de la constitucionalidad y la democracia; se tortura también en su nombre. En nombre de la democracia y “un nacionalismo bien entendido” se remachan más las cadenas de la dependencia imperialista, se roba, se oprime y se esclaviza. Pero la respuesta del pueblo ante tal situación objetiva, no ha sido otra que la lucha constante, la resistencia permanente, el desafío airoso y digno que cubre todas las esferas nacionales. Y este gobierno que había surgido con una amplia base de apoyo popular y militar, se ha desmoronado progresivamente, hasta quedar reducido a lo que es hoy, a una voraz camarilla burocrática que en el orden civil y militar, forma la intimidad del Presidente y su Ministro de Defensa. Sólo los más recalcitrantes personeros de la Vieja Guardia, COPEI y el Alto Mando Militar se cuentan entre esa camarilla. El deterioro de la base de sustentación del gobierno, es una realidad verdadera que ni el más insensible puede negar. Primero fue la escisión de Acción Democrática que le restó el apoyo de densos sectores juveniles, profesionales y populares; después, la ruptura de la coalición por parte de Unión Republicana Democrática que separó al régimen un importante apoyo desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Siguió luego la división de la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela), la nueva división de Acción Democrática y la crisis de la Federación campesina, que redujeron, o desmantelaron, para más correctos la base del régimen y aseguró el control del Poder Legislativo por parte de la oposición. Pero esta nueva situación no quedó circunscrita al campo de la vida civil; también en el orden militar se ha cumplido un proceso similar. A las iniciales manifestaciones de descontento en el seno de las Fuerzas Armadas, han seguido otras de singular importancia, como los movimientos de “recuperación democrática” de Carúpano y Puerto Cabello, que irrumpieron con un programa nacionalista que pone muy en alto el nombre de sus promotores y efectivos.
A la crisis general que vive el país, está unida una crisis militar. Los militares progresistas, los verdaderos institucionalistas, se sienten hoy tan inseguros como cualquier activista de los sectores más radicalizados. La mayoría de los oficiales que no pueden compartir el esquema del “Estado Libre Asociado”, ni ven con buenos ojos la progresiva hipoteca del país a los fueros y privilegios de la “Misión Militar Norteamericana”, están sometidos a vigilancia permanente, son discriminados y la seguridad de sus carreras, pende del primer chisme o la primera intriga; o están en presencia de los famosos consejos de investigación, si es que no han ido a parar con sus huesos a la cárcel. Y es que Betancourt que no se ha detenido ni antes las peores inconsecuencias, es también enemigo de la unidad democrática de las Fuerzas Armadas, la cual está claro, impediría con su dignidad patriótica, que las cadenas del dominio exterior, despedazadas por nuestros libertadores, se unieran de nuevo en el plan de la “puertorriqueñización” que tan agresivamente él lleva adelante. Sin embargo, dentro de su estrategia –que es estrategia de El Pentágono y el Departamento de Estado norteamericanos-, está el intimidar a las Fuerzas Armadas de su disolución por parte de los sectores revolucionarios.
Lo cierto es que sólo Betancourt y sus más íntimos seguidores, son los únicos desvelados por cambiar el carácter nacional de nuestra Institución Armada, para colocarla, como ocurre en Puerto Rico, bajo la rectoría colonial del Ejército norteamericano. Este plan nacional-traidor, se ha venido cumpliendo ya sin el menor escrúpulo. De él forma parte la entrega de las riquezas venezolanas y la hipoteca progresiva del país. En esta forma, Betancourt busca que la defensa del patrimonio nacional, de sus riquezas controladas por los consorcios y finanzas norteamericanas, depende directamente del país acreedor y en consecuencia, justifique en un momento dado la presencia de fuerzas de ocupación extranjeras en nuestro suelo. Ya un alto personero de la “Misión Militar Yankee” en Venezuela, solicitó el permiso correspondiente para establecer bases norteamericanas en territorio nacional.
¿Y cuál es el pretexto?
Sencillamente que las Fuerzas Armadas Venezolanas no ofrecen ninguna confianza a los sectores de los Estados Unidos que han invertido o invierten grandes capitales en nuestro país. Está claro que mientras más se robustezca la penetración extranjera, mientras más se afiance el dominio de nuestra incipiente economía por parte de capitales extrañas, su seguridad no puede descansar en las manos de militares nacionalistas y patriotas. Ello sería, al menos, una incongruencia imperdonable para quienes están comprometidos a garantizar el control exterior de la vida económica y política de la nación venezolana. Por esto Betancourt es enemigo de los militares nacionalistas, por esto es enemigo de todo el pueblo que lucha por la recuperación de sus riquezas, hoy hipotecadas, para convertirlas en medio efectivo de progreso y desarrollo independiente y, que aspira, en su integridad cívico-militar, a la total liberación del país.
Pero es más, las Fuerzas Armadas han ido siendo despojadas de sus funciones específicas para convertirlas en un instrumento de represión política, al servicio de los intereses sectarios de quienes detentan el Poder. Es decir, las han transformado en policía política para atacar al pueblo, para asesinar a estudiantes y a obreros que se entregan por entero a una lucha patriótica y justa. Betancourt sabe muy bien que la intervención de las Fuerzas Armadas en el campo de la represión, haciéndolas responsables de atropellos contra los barrios populares y la Universidad, convierte a sus oficiales en personajes odiosos y levanta la antipatía ciudadana hacia quienes han de ser respetados y queridos como parte integrante de ese mismo pueblo. Pero es interés de la reacción, continuar planteando la lucha revolucionaria en Venezuela, como una guerra entre civiles y militares, como una actividad que se desarrolla entre la eliminación y la subsistencia de la Institución Armada. Esta maniobra reaccionaria es muy clara: impedir la unidad cívico-militar y con ello detener el avance de las fuerzas progresistas que combaten por una nueva vida para el país. Betancourt, la Vieja Guardia, COPEI y quienes sirven a sus intereses saben que su permanencia en el Poder está en relación directa a sus triunfos en el camino de evitar la unidad, el frente único de todas las fuerzas patrióticas que en uno y otro campo de la vida nacional, se oponen a sus propósitos antivenzolanos. Ellos no han olvidado la lección del 23 de enero y saben que aquellas jornadas fueron producto de la unificación determinante de las Fuerzas Armadas y el pueblo en torno a la Junta Patriótica. Ellos saben que en esta nueva hora de angustia, esa unidad sería decisiva y por esto la combaten, aun utilizando las más bajas e inescrupulosas maniobras, como hacer de la Institución Armada un instrumento represivo, con características brutales.
Ya lo dijimos en nuestra carta a la Cámara de Diputados en el momento de incorporarnos a los hombres que hacen la guerra de guerrillas en el país. Nuestra decisión de tomar las armas para combatir al presente gobierno, no fue sino consecuencia de una situación intolerable para todos los hombres dignos de la nación. Muy enfáticos fuimos en declarar que no hacíamos la guerra contra las Fuerzas Armadas como institución al servicio de la República, sino contra quienes la utilizan como fuerza de choque y ocupación para satisfacer ambiciones egoístas. Lo expresamos claramente porque la experiencia de la lucha contra la tiranía perezjimensita, nos indica que hoy como ayer, las Fuerzas Armadas no son un todo monolítico al lado de la arbitrariedad gubernamental. Señalamos como ejemplo de nuestro pensamiento, los sucesos de Carúpano y Puerto Cabello, donde se puso de manifiesto que también en el seno de la Institución Armada se agitaba la misma crisis que estrangula la tranquilidad ciudadana. Las guerrillas, la lucha armada que se robustece en la conciencia general de nuestro pueblo, no son, ni podían ser, producto de la impaciencia, ni manifestación de ambiciones reprimidas. En Venezuela, como en todas partes del mundo donde la lucha armada del pueblo ha triunfado, el enguerrillamiento no ha sido sino producto mismo de una realidad objetiva que nadie puede negar y no contra las Fuerzas Armadas en si. Lo que hasta ahora, en una o entra forma, se han levantado en armas para combatir al régimen antidemocrático, lo han hecho conscientes de su gran responsabilidad para con la Patria y el pueblo. La falta de libertad para la lucha cívica, el acorralamiento de todas las fuerzas patrióticas, el terror y la persecución constantes, dieron origen a una organización de autodefensa que bajo el nombre unitario de Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, señalan un nuevo rumbo y marcan una nueva perspectiva en el difícil camino de la liberación antifeudal y antiimperialista que histórica y necesariamente tiene planteada la nación y el pueblo venezolanos.
No abjuramos de nuestra posición, ni negamos haber empuñado las armas para reponer, en su plena vigencia, la Constitución Nacional y sustituir a este gobierno por otro de carácter nacional que eche a andar la maquinaria de la liberación. Lo hicimos por nuestro amor a Venezuela, por nuestra pasión nacionalista. Igual posición tuvimos ayer, cuando el país se debatía entre la angustia y el dolor causados por una tiranía terrorista y sanguinaria. Entonces, nos incorporamos con decisión al lado del pueblo y al frente de la Junta Patriótica y no descansamos un solo momento hasta que la tiranía cayó descabezada. No otra es nuestra actitud de ahora, no otro el propósito. Nadie de los que nos conocen podían esperar una conducta distinta; ni ninguno de ellos, aguardar que permaneciésemos de brazos cruzados ante la tragedia que afecta a los venezolanos. Las causas que nos movieron a tomar el camino de las guerrillas, son las mimas que nos llevaron a tomar la senda de la Junta Patriótica, es igual decisión reproducida en la historia que habla por si sola de nuestra vocación de servicio a la causa revolucionaria del pueblo.
Fuimos a la guerra como parte integrante de un frente único que con la denominación de Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, es también en el tiempo y en la historia, la prolongación de la Junta Patriótica para restañar las mismas heridas, desterrar los mismos vicios y corregir la misma conducta despótica de un régimen al servicio de intereses oligárquicos y pasiones egoístas. Frente a un gobierno como este, enemigo por igual de las clases populares, de las fuerzas económicas y las Fuerzas Armadas, no puede caber una conducta distinta, otra actitud que no sea la de integrarse con pasión venezolanista al ya glorioso proceso de liberación.
Ustedes, señores magistrados, como todos los miembros de la Institución Armada que pueden sentir la angustia colectiva de la nación, tampoco pueden permanecer indiferentes. Algunos de ustedes, que yo conozca, como el coronel Vera Custodio, Presidente de este Consejo tuvieron una buena actitud al final de la lucha anterior. Yo conservo aun en mis archivos personales los telegramas que me dirigiera el coronel Vera Custodio que con arranques de gran sinceridad decía estar al lado del pueblo en su permanente inquietud por la libertad y la justicia. Integrase al frente patriótico de liberación es otra digna actitud que ningún venezolano progresista puede rehusar en esta hora difícil de la República. Es de nuevo el momento, señores oficiales del Consejo, de soldar la unidad cívico-militar que el 23 de enero reconquistó a la Patria de las garras asesinas.
La terrible realidad de una nación dividida en perseguidos y perseguidores, en oprimidos y verdugos, donde sólo la fuerza es la ley y el despotismo, razón de privilegios, ha vuelto a proyectarse sobre nuestro país. La vida de su pueblo se debate entre la angustia de no poseer nada y el dolor de una situación sin perspectivas futuras. Por una parte, las grandes riquezas que la naturaleza depositó en las entrañas de nuestra tierra, van a parar sólo a los bolsillos de los grandes tiburones del imperialismo, y, por la otra, lo venezolanos de trabajo y de empresa, se ven acogotados por una situación económica desesperante y sin posibilidades de solución. Los recursos fiscales comprometidos en forma sin precedentes y el país viviendo la peor de sus horas republicanas constituyen el balance de una gestión política-administrativa también sin precedentes en la historia.
¿Cómo entonces, permanecer de brazos cruzados? ¿Cómo rehusarse a la gran gesta nacional que a todos nos plantea esta tragedia del país? ¿Cómo seguir indiferentes frente a tan angustiosa situación? Nuestro pueblo y con él sectores importantes de diversas esferas de la opinión, entre ellos efectivos de las Fuerzas Armadas, han sabido responder con su acción a tales interrogantes. El gran frente de oposición cobra cada día más fuerza, no obstante las maniobras que para impedirlo adelanta con todos sus recursos la corrompida camarilla oficial. Pero ya a nadie atemoriza el terror ni acobarda la persecución. Una conciencia nacional, una convicción plena en el triunfo, robustece la lucha revolucionaria y afianza las posiciones del gran movimiento patriótico que tarde o temprano culminará con la victoria formidable de la nación. Y la aurora de la libertad alumbrará en todos los hogares, como expresión de una nueva vida en la que el pueblo, y con él todas las fuerzas progresistas y patrióticas del país, regirán los destinos nacionales y recuperarán para siempre el perfil soberano de la República.
El momento ha llegado de abandonar las comodidades o conveniencias personales, de dejar las posiciones transitorias, para entregarse por entero a lucha definitiva. Ningún venezolano que sienta la Patria en su justa dimensión puede ya inhibirse ante el paso que le corresponde dar, y el cual no es otro que la acción sacrificada en favor del pueblo. Basta ya de palabras que este gobierno no puede escuchar, basta ya de escrúpulos legalistas frente a un gobierno que no conoce otro método que la violencia ni otra práctica que el terror.
Nosotros, por nuestra parte, supimos tomar el camino cierto, el rumbo justo y si no pudimos integralmente con nuestro deber, ello es resultado de los propios riesgos que desafiamos con coraje y dignidad.
II
Aquí estamos con la frente erguida ante el tribunal que habrá de condenarnos. Ni arrepentidos, ni decepcionados. Antes, por el contrario, con la moral revolucionaria más elevada y la convicción de la victoria más honda en nuestros sentimientos.
Y si algo faltaba para despertar un mayor aliento porque nos encontramos seguros de la razón, aquí está el propio tribunal y con él la prueba más evidente de los que hemos venido sosteniendo. Su intervención en este juicio es justificación plena del poco respeto que el actual gobierno siente por la Constitución y las leyes del país. Este es un proceso arbitrario que viola el artículo 44 de la Carta Fundamental, referente a la irretroactividad de las leyes, al aplicárseme el Decreto Ejecutivo del 17 de octubre, fecha posterior a mi detención. Esto es indudablemente grave, pero al fin y al cabo, sirve para demostrar irrefutablemente que quienes hemos hecho oposición al presente gobierno y, con nosotros la mayoría de la opinión nacional, no hemos procedido sin base cierta. Cuando sostenemos que la Constitución ha sido violada, ha sido suplantada por intereses arbitrarios, estamos dentro de la más estricta verdad. Y es precisamente un órgano de la justicia el que nos da la razón al cohonestar una nueva violencia a las disposiciones constitucionales.
El sólo hecho de apartarme de mis jueces naturales, era ya suficiente para comprender hasta donde llega el presente régimen en su conducta represiva. Un acto similar cumplido por la tiranía perezjimenista en las personas de Jesús Paz Galárraga, Luis Vera Gómez, Ismael Ordaz, Juan José Delpino, y Adelso González Urdaneta, provocó la repulsa de la opinión democrática y sus alegatos –base para el rechazo de los cargos- han sido publicadas bajo el nombre de “UN RETO A LA DICTADURA”, con prólogo del Presidente Betancourt.
Aquellas páginas, como lo expresa el señor Betancourt adquirirían rango histórico porque “no son pasajeras cuartillas que corroerán el tiempo y las trazas”; pues, “los adolescentes de hoy y las promociones jóvenes del mañana encontrarán en estas páginas aliento estimulante. Apreciarán que el heroísmo también puede ser contemporáneo, y que al lado de ese bregar incansable en los campos de batalla de los que nos dieron la independencia, hay otra forma de agónica entrega a la superación de la República. La que se expresa a través de insobornable y recia dignidad cívica”.
Se habla entonces del pasado bochornosa, de los atropellos cometidos por una “tiranía sangrienta, terrorista, sin escrúpulos, que llegó hasta la horrible monstruosidad de borrar el camino natural de la judicatura, para apelar a los procesos extraordinarios y los jueces militares”. Es indiscutible que las páginas de “Un reto a la dictadura”, como lo dijo el señor Presidente, cobrarían dimensión histórica, pues ellas se proyectarían hacia el futuro, como un látigo que golpearía inclemente en la conciencia de quienes habían cometido el delito o de los que, en el devenir nacional –terrible admonición-, pudieran cometerlo.
¿Pensaba el señor Betancourt, al escribir aquel prólogo, que un gobierno presidido por él, repetiría en la historia los mismos vicios que tan hondo habían tocado sus sentimientos?
¿Pensaba que años después –no tantos para haber olvidado aquel drama-, los que leían sus palabras estarían sometidos a la misma situación monstruosa y canallesca que el había denunciado con tanto calor?
¿Qué distinto era aquel Consejo de Guerra Permanente que juzgó por el delito de Rebelión a Jesús Paz Galárraga, Luis Vera Gómez, Ismael Ordaz, Juan José Delpino y Adelso Gonzáles Urdaneta; a este Consejo de Guerra que hoy nos juzga a nosotros por el de rebelión”?
¿No es caso el mismo hecho bochornoso proyectado en la distancia y en el tiempo sobre la patria oprimida?
¿Nos es la misma práctica de los viejos déspotas de utilizar a hombres de uniforme para que sirvan de comparsa, de cómplices a la arbitrariedad de un Ejecutivo prepotente?
La historia del ayer condenable está presente de nuevo ante los ojos de nuestro pueblo, ante nuestras conciencias democráticas. Y junto a ella, sus responsables que, envilecidos por el crimen y los vicios, se entregan al festín sin escrúpulos de la violencia.
Si esto es grave, señores magistrados, mas grave todavía es que un tribunal que se supone creado para hacer justicia, pueda cohonestar convalidar las violaciones a la Carta Fundamental de la República. Los integrantes del Consejo deben conocer el artículo 46 de la Constitución, que dice: “Todo acto del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución es nulo, y los funcionarios y empleados públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativas, según los casos, sin que le sirva de excusa órdenes superiores manifiestamente contrarias a la Constitución y las Leyes”.
O sea, que si los señeros magistrados se prestan, ya por órdenes superiores, ya por cualquier otra circunstancia para convalidar una nueva violación a la Carta Fundamental, estarían incurriendo en un delito, sin que haya excusa alguna que pueda absolverlos de tal responsabilidad. Es decir, que ustedes, señores del Consejo, serían reos ante las futuras generaciones; serían reos de un delito constitucional que tarde o temprano tendrían que ser ventilado ante los organismos de justicia. De convalidar esta nueva arbitrariedad ejecutivista, habéis cometido un delito que os macularía ante el pueblo y ante la historia; pero si esto sería doloroso e innoble para cualquier ciudadano, ello cobraría mayor gravedad, en relación a vuestra condición de oficiales de las Fuerzas Armadas. Por este hecho, vosotros más que ninguno otro, estáis en la obligación de representar y hacer respetar la letra de la Constitución que en sus disposiciones os ordena, no sólo como ciudadanos, sino como militares, aceptarla y defenderla en su total integridad.
Yo no os llamo, de ninguna manera, a que os pongáis de mi parte, pero si, para que os pongáis de parte de la Constitución, de las leyes, como es vuestro deber. Y en este juicio, como cuestión previa, no está planteada sino eso: o se está con la Constitución o se está contra la Constitución. Por ellos os pido que meditéis sobre la realidad del país y las razones que ahora nos traen ante vosotros y que no son otra que servir noblemente a la Patria escarnecida, al pueblo humillado, a la democracia ultrajada por una camarilla sin escrúpulos, empecinada en continuar disfrutando los privilegios del Poder, mientras el país en ruinas se hunde a sus pies.
Sé muy bien que todos estos alegatos y razones podrían ser inútiles. No abrigo la menor esperanza de que aquellos sean acogidos y aceptados en su justo valor. Yo estoy condenado de antemano, pero tales juicios habrán de quedar como testimonio irrefutable de una nueva época dolorosa para nuestra Patria. Sé, y ello me basta, que tengo la razón, que estoy del lado de lo noble y lo justo; de lo patriótico y lo democrático. Más estas razones quedarán para que nuestros hijos, los vuestros y los míos, sepan valorar lo que predominó en este proceso viciado e inconstitucional: a que intereses servís vosotros y a cuales el condenado.
Mucho de lo que aquí decimos, podría haber sido copiado textualmente del folleto prolongado por el señor Betancourt y publicado con el título de “Un reto a la dictadura”. Sin quitarle nada, pero agregándoles algo, podríamos, sin mentir, consignar ante este tribunal los mismos escritos que en los días aciagos de la tiranía perezjimenista, consignaron ante un tribunal similar, los hoy personeros del régimen, Jesús Paz Galárraga, Juan José Delpino y Adelso González Urdaneta. Como el primero, podríamos “enfrentar al hamponato” y con cifras y apreciaciones, replicar atinadamente las mentiras oficiales sobre la supuesta prosperidad del país y desenmascarar toda la política disparatada y antivenezolana de la dictadura”. O como Adelso González Urdaneta, diseccionar y enjuiciar “la desastrosa política educacional”. Peor si no lo hacemos así es porque este gobierno tiene sobre sus hombros, responsabilidades y actitudes más graves aun que aquellas por las cuales fue derrocado el régimen anterior al 23 de enero.
A nosotros, según el articulado del Código de Justicia Militar que se nos aplica, se nos supone dentro de actividades nacionales llevadas a cabo en connivencia con un país extranjero. Y ello no responde sino a la campaña interesada que contra nuestra actitud revolucionaria, ha venido llevando a cabo, por todos los medios publicitarios, la Vieja Guardia, COPEI y algunas personas del Alto Mando Militar. Tal campaña, que ahora culmina en este juicio tiene un objetivo muy claro: vincular el movimiento revolucionario de Venezuela, a la tesis absurda, por anticientífica y antihistórica, de la importación de la revolución y con ello atemorizar a densos sectores de nuestra colectividad y especialmente a las Fuerzas Armadas, para ponerlos a pelear entre si.
A mi se me acusa de ser agente de Fidel Castro en Venezuela; de tener un grado honorario en el Ejército Rebelde, pero quienes lo hacen, saben que mienten descaradamente, en el interés de confundir al pueblo que en distintas oportunidades nos ha demostrado su cariño y confianza. Como lo dije en mi “Carta sin sobre a Drew Pearson” –periodista al servicio del colonialismo- no soy, ni he sido, ni seré sino un soldado del pueblo venezolano en su dura lucha por la independencia nacional y la liberación. Como tal tomé las armas, dejé las comodidades de la ciudad, el bienestar de la familia, dejé el Parlamento, dejé todo, para subir a las montañas a combatir por la dignidad de la Patria, por su progreso y prosperidad.
A mi y a otros se nos acusa de querer transportar a Venezuela, todas las incidencias de la revolución cubana y reproducir al calco toda la realidad histórica del aquel país. Quienes así proceden y entre ellos el Presidente Betancourt –lo cito por haber sido él un estudioso del marxismo, e incluso militante destacado del Partido Comunista-, saben muy bien que ello es absurdo, que ello es sencillamente ridículo. Todos los estudiosos de la teoría revolucionaria, entre los cuales me incluyo sin modestia alguna, saben que a realidades distintas, procesos históricos distintos. Saben que Venezuela no es Cuba y que la realidad venezolana y las perspectivas venezolanas son diferentes a las cubanas. Saben asimismo que “los esquemas que se han cumplido en Cuba, en su forma y en su desarrollo, no tienen porque cumplirse de igual manera en Venezuela”.
Ello es cierto. Lo sabemos nosotros también y con base a tales realidades es que trabajamos por la revolución nacional, venezolana, que libere a nuestro país de la explotación feudal y la coyunda imperialista, y que libere a nuestros trabajadores, del abuso, el hambre, el desempleo y la miseria.
Sabemos igualmente que quienes tratan de desprestigiarnos ante la nación y el acendrado espíritu nacionalista de nuestro pueblo, lo hacen jugando una carta más en su estrategia contrarrevolucionaria. Lo mismo hacen cuando, para atemorizar a los sectores menos radicalizados, asoman el fantasma de la disolución de las Fuerzas Armadas por parte del movimiento revolucionario, planteando de nuevo el esquema de Cuba. Por una parte dicen que las Fuerzas Armadas venezolanas, no son el Ejército de Batista –en ello estamos de acuerdo- y por la otra, sostienen, con marcado descaro, que el Ejército venezolano correrá la misma suerte que el de Batista.
¿Cómo explicar esta incongruencia de nuestros detractores? Muy sencillo. Estamos de acuerdo en que las Fuerzas Armadas venezolanas, al menos en su mayoría, no pueden compararse con el Ejército de Batista, no sólo por sus adelantos técnicos o su poderío de fuego, sino por algo más importante todavía. El Ejército de Batista era un ejército mercenario, pretoriano, que respondía solamente a los intereses del “caudillo”, sus oficiales y soldados eran protegidos por el dictador o algún favor debían a él. Es decir, lo mismo que quieren hacer Betancourt y Briceño Linares de nuestras Fuerzas Armadas: colocarlas al servicio de intereses bastardos, antinacionales y personalistas.
En esta materia también hay realidades distintas entre los dos países. Yo sé que aquí, la gran mayoría de la oficialidad joven, por ejemplo, se mueve al calor de sentidos principios revolucionarios, es antiimperialista y no responde al egoísmo de algunos de sus jefes. Por ello se les vigila y discrimina; se les persigue y amenaza. Y muchas veces, se les constriñe a tomar posiciones que no corresponden a sus verdaderos sentimientos. Se les obliga a hacer de policía represiva para que manchen sus manos con sangre del mismo pueblo al cual ellos pertenecen, para llevar sobre si la responsabilidad de matar estudiantes, obreros y campesinos que en ciudades y montañas combaten la ferocidad oficial.
Claro está que en la Institución Armada venezolana, hay hombres indignos de portar el uniforme que como Briceño Linares y otros miembros del Alto Mando sirven a intereses contrarios a la Patria. Y es claro también que en el Ejército de Batista hubo hombres dignos, patriotas que como el Gallego Fernández y el Comandante Casteñeiras –entre los que conozco- se levantaron contra el despotismo y hoy, no sólo pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, sino que son respetados y queridos por el pueblo.
Nada tiene que temer a una revolución nacional los que llevan con dignidad patriótica, honestidad y vocación republicana, su investidura militar.
Las revoluciones no se hacen para destruir las Fuerzas Armadas sino para colocarlas al servicio de la nación. En ningún momento de la historia de un país se necesita tanto la existencia de unas Fuerzas Armadas poderosas, técnicamente superadas, que en su vida revolucionaria, cuando hay que hacer frente a los grandes intereses extranjeros que al lado de los sectores desplazados del Poder que le concedían todos los privilegios, se alzan con su poderío militar para reconquistar sus posiciones.
Cuando Venezuela conquiste su independencia y recupere sus riquezas hoy explotadas por el capital monopolista extranjero, es indudable que necesitará de unas Fuerzas Armadas poderosas y técnicamente y moralmente capaces de resguardar nuestro patrimonio, de cuidar nuestra soberanía. Y es así como el movimiento revolucionario, consciente de ello, ha hecho descansar su lucha de vanguardia en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, núcleo inicial de de la gran unidad cívico militar para combatir la penetración imperialista y hacer del país, como lo quiso nuestro Libertador Simón Bolívar, una patria libre y verdaderamente soberana.
Por el contrario, los únicos que si tienen el firme propósito de destruir en su esencia el carácter nacional de las Fuerzas Armadas, son aquellos que como Betancourt y Briceño Linares, quieren la subsistencia de un país de un país aherrojado al destino del imperialismo y mediatizado por la influencia extranjera. Es solamente a esta política de claudicación y de entrega que los venezolanos todos deben combatir con criterio nacional, con firme vocación patriótica.
Ustedes, señores magistrados, como oficiales y con ustedes todos los efectivos de la Institución Armada, deben saber estas cosas para, con razón a la verdad, comprender lo que el movimiento revolucionario espera de sus Fuerzas Armadas y de quienes sepan incorporarse a el, teniendo solamente como interés, el único que en estos momentos corresponde a todos los venezolanos derrotar la política entreguista del presente gobierno y trabajar juntos por un porvenir luminoso y digno para la Patria.
En todo momento hemos buscado esta unidad, la unidad cívico-militar, en la integridad de sus fuerzas progresistas, porque la consideramos indispensable para echar a andar el país por el camino de la democracia y el desarrollo económico independiente, porque la sabemos indispensable para garantizar la tranquilidad y la paz de la familia venezolana y poner término a las crisis permanentes que sacuden las entrañas mismas de la nación.
¿Cómo no contar para ello con la integración de las Fuerzas Armadas en un frente común de liberación nacional?
¿Es acaso que la mayoría de los oficiales, clases y soldados, está de acuerdo con la entrega de nuestras riquezas al capital extranjero y la mediatización de nuestra soberanía por misiones militares de otros países?
¿Es acaso que la mayoría de los oficiales, clases y soldados, están de acuerdo en continuar como fuerzas de choque, como policía de represión política, al servicio de intereses sectarios que sale benefician a una camarilla corrompida?
¿No son la mayoría de los oficiales, clases y soldados, parte del pueblo hoy humillado y perseguido?
¿No son los oficiales de aire, mar y tierra, parte de la nación saqueada por la voracidad imperialista y esclavizada por los consorcios extranjeros?
¿Son ustedes, señores oficiales, contarios a la liberación del país, a la utilización de sus riquezas como medio efectivo de progreso económico y desarrollo social que mejoren las condiciones de vida del pueblo y lo incorporen al bienestar democrático?
Yo sé que estas interrogantes no pueden ser respondidas fácilmente, pero aquí las dejamos, para que ustedes, señores del Corte, y quienes puedan leer este alegato, mediten seriamente, piensen desapasionadamente y saquen sus propias conclusiones.
III
Nuestra lucha no ha sido en ningún momento, ni ayer ni hoy, una actitud ambiciosa ni egoísta. Ella forma parte de un sentimiento colectivo que se agita en el corazón de todos los venezolanos interesados en conducir al país por senderos de felicidad y bienestar, por recuperar el tiempo perdido, por evitar que la sangre siga derramándose por culpa del enemigo común.
Muestra de ellos fue nuestro probado desprendimiento personal el 23 de enero y la actitud que ahora tomamos al dejar la alta posición que ocupábamos en el seno de la Cámara de Diputado por mandato del glorioso pueblo de Caracas, hoy perseguido y humillado.
En la carta de renuncia a nuestra curul parlamentaria, expliqué detenidamente lo motivos de ella, sus causas fundamentales que se mueven íntimamente unidas a la crisis general que vive el país. Y en el mismo momento expusimos con claridad meridiana el programa de nuestra lucha, que es la lucha de todos los patriotas venezolanos, cuyo único móvil es la liberación nacional. Con ese programa está de acuerdo todo nuestro pueblo, las organizaciones de masas y la Institución Armada; los industriales progresistas y el comercio venezolano, independientemente de su ideología, posición económica o situación profesional.
¿Cómo no va a estar de acuerdo el pueblo y con los sectores progresistas de la nación, civiles y militares, con un programa de liberación antiimperialista, cuando todos saben que la explotación de las riquezas nacionales por los monopolios extranjeros, es causa fundamental de nuestro subdesarrollo y miseria?
¿Cómo no va a estar de acuerdo el pueblo y al oficialidad patriótica de las Fuerzas Armadas con un programa nacionalista tendiente a recuperar esas riquezas nacionales para utilizarlas en la solución de los grandes problemas que aquejan al país?
¿Cómo no se va a estar de cuerdo con un programa destinado a realizar la Reforma Agraria, industrializar el país, mejorar la educación, liquidar la miseria, el desempleo, el hambre y la ignorancia?
¿Cómo no van a estar de acuerdo civiles y militares en un programa para mejorar la situación económica y social, ampliar el mercado de consumo, abaratar el costo de la vida, liquidar el problema de la vivencia y elevar el poder adquisitivo de los sectores menos favorecidos?
¿Y qué otras cosas, sino estas son las que contemplan la plataforma de lucha de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, a las cuales pertenecemos con orgullo?
Sólo los enemigos del pueblo y de la Patria, podrán estar en desacuerdo con tales postulados. Y sólo los enemigos del pueblo y de la Patria, no podrían acompañarnos en esta lucha decisiva para el interés colectivo de la nación.
Y es, señores magistrados, que esos enemigos aposentados hoy en el Poder, son los responsables de toda nuestra tragedia actual, de que nuestra familia la familia venezolana, viva horas interminables de angustia y no se sienta segura ni vea perspectivas ciertas para su porvenir.
Nadie más que ellos, es responsable de lo que acontece actualmente; del enguerrillamiento y la violencia, de la crisis económica y el deterioro social. Nadie más que ellos, que Betancourt y los sectores más agresivos de la Vieja Guardia, COPEI y el Alto Mando Militar, son responsables del gran drama nacional, de las muertes y los robos al tesoro público que tanta preocupación causan en nuestra colectividad.
Son ellos precisamente, señores magistrados, los que debían estar, y algún día lo estarán, sentados frente al tribunal, rindiendo cuentas de sus múltiples delitos; como reos de traición a los intereses nacionales, como reos de peculado; como responsables de una tragedia que jamás la historia habrá de olvidar.
Nosotros, por nuestra parte, no hemos cometido delito alguno; antes por el contrario hemos sabido cumplir con un deber de ciudadanos honestos. Por esto rechazamos enfáticamente los cargos que nos ha formulado el señor Fiscal y que hemos oído con atención serena y firme reposo espiritual.
Señores del Consejo: Nosotros estamos libres de toda culpa, no somos responsables de nada que no sea una digna conducta al servicio de la Patria oprimida. Si vosotros queréis cometer el delito señalado en el artículo 46 de la Constitución Nacional y que el pueblo y la historia, os maculen para siempre, entonces, CONDENADME.
Fabricio Ojeda
Caracas,
Cuartel San Carlos,
Noviembre de 1962.
En días como estos, señores magistrados, el pueblo venezolano que incansablemente había venido combatiendo la tiranía perezjimenista, se aprestaba a iniciar la jornada final que más tarde echaría a tierra el régimen de terror. Entonces, presidía yo la organización más importante de la resistencia clandestina: la Junta Patriótica. Este organismo nacido al calor de un anhelo común, era ya el instrumento más eficaz de la gran lucha nacional por la democracia y la justicia. Sus planteamientos públicos y su programa de acción había logrado nuclear a su alrededor a todos los sectores venezolanos, conscientes de la necesidad de recuperar los derechos colectivos, las libertades públicas yuguladas a partir del 24 de noviembre de 1948. Todas las corrientes ideológicas de la nación que coincidían en la urgencia de derrocar al régimen represivo, se dieron la mano para conquistar el objetivo propuesto, y un amplio frente nacional, integrado por obreros, estudiantes, campesinos, industriales, comerciantes, profesionales, intelectuales, sacerdotes católicos y efectivos de las Fuerzas Armadas, surgió como consecuencia de una realidad histórica cuyos factores principales son de todos conocidos, pero que es necesario recordar.
Venezuela vivía sumida en su misma tragedia de siempre frente a un gobierno de usurpación que a nadie ni a nada respetaba. Su razón de ser era la fuerza; su conducta, el trato despótico y su esencia, la persecución bestial contra todos los que levantaban su voz de dignidad. El sombrío panorama de la República se proyectaba en toda su integridad: la Constitución suplantada por la arbitrariedad y la economía destartalada por el despilfarro y el peculado. Era, pues, una situación que ya ni los más allegados al régimen podían justificar con argumentos valederos, ni explicar con razones convincentes. Y era que nada podía servir para escudar el crimen y la tortura constantes, ni para ocultar la censura de la prensa o el descarado tráfico de influencias y que a todos indignaba y repugnaba. Uno a uno, los distintos sectores nacionales, se fueron incorporando a la lucha sin tregua que desde el origen mismo de la dictadura, libraba el pueblo venezolano. La experiencia personal de aquellos apasionantes momentos, indica claramente como la inquietud revolucionaria se transformaba en acción creadora para divulgar las ideas de un movimiento político casi sin precedentes en la historia del país. Comunistas y clérigos, obreros y patrones, estudiantes y profesores, soldados y oficiales, hombres de la izquierda y de la derecha depusieron sus diferencias ante el problema general de una crisis inigualable. Y un frente de gran amplitud política y social que iban desde Guillermo García Ponce hasta el Padre Hernández Chapellín; desde el doctor Manuel Egaña hasta Vicente Piñate; desde el coronel Jesús María Castro León hasta Wolfang Larrazabal; desde el comandante Hugo Trejo hasta el teniente José Luis Fernández, se integró a la acción cívico-militar que el primero y veintitrés de enero sacudieron y derrotaron a la tiranía.
Aquella situación, cuyo recuerdo aun horroriza a muchos, nos llevó, como ahora, a tomar un puesto de vanguardia en el combate. Nada nos importó el peligro, menos todavía los riesgos que tendríamos que correr. Todo lo afrontamos con dignidad para estar al lado de nuestro pueblo que sufría humillaciones y persecución. Algunas veces fuimos a la cárcel y de ella salimos con bríos renovadores y esperanza infinita en el triunfo final. Frente a la Junta Patriótica pusimos toda nuestra responsabilidad, todo el coraje necesario para desafiar “el celo” de los esbirros. Y todos los días el pueblo pasaba de mano en mano las instrucciones de la organización que al correr de los meses se convirtieron en órdenes de cumplimiento ineludible. La nación estaba unida en torno a un ideal común: el derrocamiento de la tiranía para volver al régimen democrático y disfrutar así de los derechos y garantías políticos por tanto tiempo ausentes del escenario nacional.
La victoria llegó al fin y con ella la paz regresó a los hogares venezolanos. Secuestrados políticos que recobraban su libertad; exiliados que volvían al reencuentro con la Patria alejada; hombres y mujeres que se abrazaban en patéticas escenas de amor, y un gobierno de convivencia pusieron marco a la nueva realidad. La fe en Venezuela y en su pueblo, en el interés patriótico de sus hombres, resurgía lo que más tarde fue llamado “el espíritu del 23 de enero”. Los venezolanos, en todos sus sectores, habían entrado a una nueva etapa que no tardó en exhibirse como ejemplo afortunado. Ya no había presos ni exiliados, perseguidos ni perseguidores. Sólo los responsables del terror pagaban el delito del crimen y la opresión, mientras el pueblo se incorporaba con su trabajo a una vida de tranquilidad, de convivencia política que demostraba el interés colectivo por restañar las heridas del pasado reciente.
Hombres de todos los partidos y algunos sin militancia política, recorrimos de punta a punta el país para llenar al seno de las masas el anhelo común de mantener la formidable unidad que dio origen a la Junta Patriótica y culminó con el triunfo nacional. En todas partes hallabamos el mismo entusiasmo, la misma convicción unitaria, el mismo sentimiento patriótico. Este ambiente, precedió el retorno al país de los principales dirigentes políticos desterrados, entre ellos el actual Presidente de la República, señor Rómulo Betancourt. Como Presidente de la Junta Patriótica me cupo el honor de recibirlos, de darles la bienvenida. Frente a todos, frente a Jóvito Villalba, a Gustavo Machado, a Rafael Caldera, a Rómulo Betancourt y Mario Briceño Iragorry, pronuncié iguales palabras de regocijo, de reconocimiento a sus luchas; y el llamado caluroso del pueblo, que asistía como testigo, para mantener aquella indispensable unidad forjada en medio de la angustia y dolor de una nación crucificada por el más cruel despotismo.
Todos creíamos –oh, vana ilusión- que entonces se había echado las bases para un entendimiento patriótico. No tuvimos inconvenientes para que la Junta que presidíamos fuera ampliada con la participación de todos los sectores que había intervenido en tan formidables jornadas. En nosotros sólo estaba presente el anhelo de buscar soluciones permanentes, el deseo de contribuir con nuestro desprendimiento, como lo hicimos, a una situación donde todos pudiéramos trabajar por Venezuela, por su engrandecimiento y progreso democráticos. Pero a la postre aquello resultó infructuoso. Algunos sectores y personalidades políticas, no obstante de expresar ante el pueblo su lealtad al espíritu unitario, maniobraban en sus propios cenáculos para destruirla. Lograron disponer la Junta Patriótica, como instrumento de unidad y el egoísmo personal y sectario se reflejaba de nuevo en el forcejeo de las posiciones y el control exclusivo del país. Otra vez la sombra de un sectarismo enfermizo parecía proyectarse sobre el cuerpo endeble de la Patria. Un pacto excluyente –el llamado Pacto de Punto Fijo-, se firmó para canalizar la campaña electoral que transcurrió dentro del ambiente de las más amplias libertades y garantías que haya conocido país alguno en momentos de transición. El gobierno surgido del movimiento cívico-militar del 23 de enero conservó hasta el final su fisonomía democrática, sin que nada hiciera desviarlo de su actitud y responsabilidad. Wolfang Larrazabal en un gesto que le honra, renuncio a la Primera Magistratura para competir de igual a igual, sin los recursos del Poder en sus manos, en las elecciones que habrían de renovar la vida constitucional y democrática de la Nación.
La mayoría de los sufragantes lo hizo por el señor Rómulo Betancourt que se había comprometido a cumplir el programa mínimo del pacto tripartito, cuyo fundamento era el fundamento de las libertades conquistadas por el pueblo en las heroicas jornadas de enero; la industrialización del país y una política internacional independiente, según la cual Venezuela mantuviera relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países del mundo. Es decir, el pueblo no votó en su mayoría solo por Betancourt, lo hizo por un programa, el programa que suscribieron los principales personeros de Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y el Partido Socialcristiano COPEI. Así, la acción del gobierno surgido de las elecciones tenía un mandato del pueblo que cumplir y el cual no era otro que el presentado a su consideración durante la campaña electoral que en acto público fue firmado como compromiso irrenunciable para cualesquiera de los candidatos que ganara la contienda.
¿Se ha cumplido este programa o parte de él en lo que va de período?
¿Se ha respetado el mandato popular expresado en las elecciones de diciembre?
Son los mismos hechos los que dan respuestas a estas interrogantes. A los ojos de todos los venezolanos está la realidad nacional de nuestro país. No han sido mantenidas las libertades conquistadas por el pueblo el 23 de enero, antes por el contrario, se ha vuelto a los días más angustiosos de la represión y la barbarie. Las cárceles llenas de secuestrados políticos, las torturas físicas comprobadas por el Poder Legislativo, los centenares de muertos por la violencia de los cuerpos represivos, las agresiones contra la prensa independiente, son evidente testimonio de ello. Y si esto ha ocurrido en la vida de nuestra política interna, no otra suerte han corrido los compromisos en materia económica. De todos es sabido la crisis que en este aspecto vive Venezuela, de lo cual es también testimonio explicable la llamada “Carta de Mérida”, producida por los principales hombres de empresa, agrupados en la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción. En este importante documento está al desnudo la verdad de cuanto acontece: quiebra constante de empresas nacionales, reducción del circulante en manos del público, devaluación del bolívar, grandes cargas impositivas, falta de mercado de consumo, ausencia de un plan efectivo de créditos, fracaso de la reforma agraria, etc., etc.. A todo esto se agrega la hipoteca constante del país a través de empréstitos indiscriminados que elevan la deuda pública a la cifra de cinco mil millones de bolívares, sin que haya una sola obra de carácter reproductivo que pueda justificarla o explicarla. Por otra parte, el desempleo aumenta, los gastos burocráticos crecen y el peculado y tráfico de influencias campea dentro de la mayor impunidad. Y en cuanto a la política internacional, para sólo citar las tres cuestiones más importantes del pacto tripartito, nada distinto hay que hablar. Venezuela, como nunca, ha responddido ha intereses extraño en la conducción de sus relaciones internacionales colocándose en todo momento al lado de los peores intereses. Su política internacional en nada se diferencia a la adoptada por los llamados “países bananeros” y en nada responde a los principios bolivarianos que son tradición de nuestra nacionalidad. Es el Departamento de Estado de los Estados Unidos y no el interés nacional el que dicta lo que debemos hacer en el campo de las relaciones con otros países o en casos de conflictos internacionales. Lo demuestra la posición venezolana en las Naciones Unidas frente al caso de Goa, cuando nuestra delegación oficial se puso al lado de los intereses colonialistas de Portugal. Venezuela, en síntesis, no tiene una política internacional independiente que reafirme su soberanía y reivindique su dignidad republicana.
Es por esto, por el incumplimiento del mandato que el pueblo le otorgó en las elecciones de diciembre, por no llevar a la práctica el programa que el pueblo ordenó realizar, que este gobierno, legítimo en su origen, ha perdido su legitimidad, para convertirse en un gobierno de usurpación, en un régimen de traición nacional. Pero su conducta no es circunstancial y no se origina en las últimas posiciones oficiales. No, todo arranca desde el mismo día en que el señor Betancourt, entre tanques y bayonetas, tomó posición de la Presidencia. Desde entonces, la violencia desatada por el régimen, que deja su primer saldo de muerto el 4 de agosto de 1959, no ha cesado un momento. Ella no tuvo su origen en octubre y noviembre de 1960 como afirman los personeros oficiales, sino que se remonta a los días iniciales del presente mandato, cuando humildes obreros del Plan de Emergencia fueron víctimas de los cuerpos represivos. Desde aquellos días hasta pospresentes, los muertos se cuentan por centenares y los heridos por millares, consecuencia de la política gubernamental, definida por el propio Presidente baja el rubro “de disparen primero y averiguar después”.
Más esta línea trazada con inaudita sevicia por el Jefe del Estado ya estaba señalada en su discurso de toma de posesión pronunciado ante el Congreso Nacional, frente a la perplejidad de todos los venezolanos. Expresó ese día el señor Betancourt que su acción de gobernante estaría dirigida a “segregar”, a “aislar de la comunidad democrática del país” a todos aquellos que no acataran sus designios, ni bajaran sumisamente la cerviz ante su gestión administrativa. Así el Presidente Betancourt, rompiendo una vez para todas con el espíritu del 23 de enero, dejaba establecido lo que sería su política, lo que sería su gobierno: un régimen de guerra contra la oposición.
Estas advertencias no quedarán en el aire. Su confirmación práctica está en el largo periodo que el país y el pueblo venezolanos han vivido sin garantías constitucionales, en ausencia de las libertades públicas, base popular y democrática de la constitucionalidad. La mayor parte del mandato actual, la nación ha vivido bajo el imperio de la violencia y el pueblo bajo la más brutal opresión. La Constitución democrática sancionada por las Cámaras Legislativas el 23 de enero de 1961 ha sido suplantada, pisoteada y violada desde el mismo día de su nacimiento. No podía ser de otra manera. Un régimen que no cuenta con el apoyo militante sino de escasas minorías, reducidas a la camarilla íntima de Betancourt-Caldera y Briceño Linares, no puede gobernar con libertades, ni respetar la Constitución, ni permitir el libre juego democrático. Un gobierno como este, que no ha cumplido sus compromisos electorales con el pueblo, está constreñido, obligado por su misma naturaleza, a sustituir la Constitución por la violencia y la arbitrariedad, a mantener indefinidamente un estado excepción; la única manera de conservar el poder.
Aquí no hay democracia porque el gobierno no representa ya al pueblo. No hay democracia porque todos los sectores progresistas de la nación, tanto civiles como militares, han retirado su apoyo, su respaldo, a la arbitrariedad ejecutivista. No puede haber democracia porque este es un gobierno enemigo del progreso, un régimen enemigo de todos aquellos que aspiran a una Patria independiente, a una gestión nacionalista y patriótica. Por ello se persigue a los obreros, a los estudiantes, a los campesinos, a los profesionales, a los oficiales progresistas, que hoy pueblan las cárceles del país o se han visto a tomar “el monte” para defender su la libertad. En Venezuela no hay democracia, porque Betancourt se ha convertido en el principal culpable de la crisis que sacude al país y que en su desesperación, en su soberbia histérica, no encuentra otro camino que la represión brutal y la amenaza constante. Su interés de entregar el país al imperialismo para convertirlo en “Estado Libre Asociado”, su sectarismo enfermizo y su pequeñez moral, lo han llevado al colmo de la desvergüenza y la iniquidad.
Es cierto, como lo apuntamos antes, que este gobierno tuvo un origen democrático, legítimo. El nació de la consulta electoral más pulcra que se ha verificado en el país; pero ello no es, ni puede ser, de ninguna manera, “patente de corso” para que en nombre de ese limpio origen, se sometan todos los desafueros y fechorías que tipifican al presente régimen. Se mata en nombre en nombre de la constitucionalidad y la democracia; se tortura también en su nombre. En nombre de la democracia y “un nacionalismo bien entendido” se remachan más las cadenas de la dependencia imperialista, se roba, se oprime y se esclaviza. Pero la respuesta del pueblo ante tal situación objetiva, no ha sido otra que la lucha constante, la resistencia permanente, el desafío airoso y digno que cubre todas las esferas nacionales. Y este gobierno que había surgido con una amplia base de apoyo popular y militar, se ha desmoronado progresivamente, hasta quedar reducido a lo que es hoy, a una voraz camarilla burocrática que en el orden civil y militar, forma la intimidad del Presidente y su Ministro de Defensa. Sólo los más recalcitrantes personeros de la Vieja Guardia, COPEI y el Alto Mando Militar se cuentan entre esa camarilla. El deterioro de la base de sustentación del gobierno, es una realidad verdadera que ni el más insensible puede negar. Primero fue la escisión de Acción Democrática que le restó el apoyo de densos sectores juveniles, profesionales y populares; después, la ruptura de la coalición por parte de Unión Republicana Democrática que separó al régimen un importante apoyo desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Siguió luego la división de la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela), la nueva división de Acción Democrática y la crisis de la Federación campesina, que redujeron, o desmantelaron, para más correctos la base del régimen y aseguró el control del Poder Legislativo por parte de la oposición. Pero esta nueva situación no quedó circunscrita al campo de la vida civil; también en el orden militar se ha cumplido un proceso similar. A las iniciales manifestaciones de descontento en el seno de las Fuerzas Armadas, han seguido otras de singular importancia, como los movimientos de “recuperación democrática” de Carúpano y Puerto Cabello, que irrumpieron con un programa nacionalista que pone muy en alto el nombre de sus promotores y efectivos.
A la crisis general que vive el país, está unida una crisis militar. Los militares progresistas, los verdaderos institucionalistas, se sienten hoy tan inseguros como cualquier activista de los sectores más radicalizados. La mayoría de los oficiales que no pueden compartir el esquema del “Estado Libre Asociado”, ni ven con buenos ojos la progresiva hipoteca del país a los fueros y privilegios de la “Misión Militar Norteamericana”, están sometidos a vigilancia permanente, son discriminados y la seguridad de sus carreras, pende del primer chisme o la primera intriga; o están en presencia de los famosos consejos de investigación, si es que no han ido a parar con sus huesos a la cárcel. Y es que Betancourt que no se ha detenido ni antes las peores inconsecuencias, es también enemigo de la unidad democrática de las Fuerzas Armadas, la cual está claro, impediría con su dignidad patriótica, que las cadenas del dominio exterior, despedazadas por nuestros libertadores, se unieran de nuevo en el plan de la “puertorriqueñización” que tan agresivamente él lleva adelante. Sin embargo, dentro de su estrategia –que es estrategia de El Pentágono y el Departamento de Estado norteamericanos-, está el intimidar a las Fuerzas Armadas de su disolución por parte de los sectores revolucionarios.
Lo cierto es que sólo Betancourt y sus más íntimos seguidores, son los únicos desvelados por cambiar el carácter nacional de nuestra Institución Armada, para colocarla, como ocurre en Puerto Rico, bajo la rectoría colonial del Ejército norteamericano. Este plan nacional-traidor, se ha venido cumpliendo ya sin el menor escrúpulo. De él forma parte la entrega de las riquezas venezolanas y la hipoteca progresiva del país. En esta forma, Betancourt busca que la defensa del patrimonio nacional, de sus riquezas controladas por los consorcios y finanzas norteamericanas, depende directamente del país acreedor y en consecuencia, justifique en un momento dado la presencia de fuerzas de ocupación extranjeras en nuestro suelo. Ya un alto personero de la “Misión Militar Yankee” en Venezuela, solicitó el permiso correspondiente para establecer bases norteamericanas en territorio nacional.
¿Y cuál es el pretexto?
Sencillamente que las Fuerzas Armadas Venezolanas no ofrecen ninguna confianza a los sectores de los Estados Unidos que han invertido o invierten grandes capitales en nuestro país. Está claro que mientras más se robustezca la penetración extranjera, mientras más se afiance el dominio de nuestra incipiente economía por parte de capitales extrañas, su seguridad no puede descansar en las manos de militares nacionalistas y patriotas. Ello sería, al menos, una incongruencia imperdonable para quienes están comprometidos a garantizar el control exterior de la vida económica y política de la nación venezolana. Por esto Betancourt es enemigo de los militares nacionalistas, por esto es enemigo de todo el pueblo que lucha por la recuperación de sus riquezas, hoy hipotecadas, para convertirlas en medio efectivo de progreso y desarrollo independiente y, que aspira, en su integridad cívico-militar, a la total liberación del país.
Pero es más, las Fuerzas Armadas han ido siendo despojadas de sus funciones específicas para convertirlas en un instrumento de represión política, al servicio de los intereses sectarios de quienes detentan el Poder. Es decir, las han transformado en policía política para atacar al pueblo, para asesinar a estudiantes y a obreros que se entregan por entero a una lucha patriótica y justa. Betancourt sabe muy bien que la intervención de las Fuerzas Armadas en el campo de la represión, haciéndolas responsables de atropellos contra los barrios populares y la Universidad, convierte a sus oficiales en personajes odiosos y levanta la antipatía ciudadana hacia quienes han de ser respetados y queridos como parte integrante de ese mismo pueblo. Pero es interés de la reacción, continuar planteando la lucha revolucionaria en Venezuela, como una guerra entre civiles y militares, como una actividad que se desarrolla entre la eliminación y la subsistencia de la Institución Armada. Esta maniobra reaccionaria es muy clara: impedir la unidad cívico-militar y con ello detener el avance de las fuerzas progresistas que combaten por una nueva vida para el país. Betancourt, la Vieja Guardia, COPEI y quienes sirven a sus intereses saben que su permanencia en el Poder está en relación directa a sus triunfos en el camino de evitar la unidad, el frente único de todas las fuerzas patrióticas que en uno y otro campo de la vida nacional, se oponen a sus propósitos antivenzolanos. Ellos no han olvidado la lección del 23 de enero y saben que aquellas jornadas fueron producto de la unificación determinante de las Fuerzas Armadas y el pueblo en torno a la Junta Patriótica. Ellos saben que en esta nueva hora de angustia, esa unidad sería decisiva y por esto la combaten, aun utilizando las más bajas e inescrupulosas maniobras, como hacer de la Institución Armada un instrumento represivo, con características brutales.
Ya lo dijimos en nuestra carta a la Cámara de Diputados en el momento de incorporarnos a los hombres que hacen la guerra de guerrillas en el país. Nuestra decisión de tomar las armas para combatir al presente gobierno, no fue sino consecuencia de una situación intolerable para todos los hombres dignos de la nación. Muy enfáticos fuimos en declarar que no hacíamos la guerra contra las Fuerzas Armadas como institución al servicio de la República, sino contra quienes la utilizan como fuerza de choque y ocupación para satisfacer ambiciones egoístas. Lo expresamos claramente porque la experiencia de la lucha contra la tiranía perezjimensita, nos indica que hoy como ayer, las Fuerzas Armadas no son un todo monolítico al lado de la arbitrariedad gubernamental. Señalamos como ejemplo de nuestro pensamiento, los sucesos de Carúpano y Puerto Cabello, donde se puso de manifiesto que también en el seno de la Institución Armada se agitaba la misma crisis que estrangula la tranquilidad ciudadana. Las guerrillas, la lucha armada que se robustece en la conciencia general de nuestro pueblo, no son, ni podían ser, producto de la impaciencia, ni manifestación de ambiciones reprimidas. En Venezuela, como en todas partes del mundo donde la lucha armada del pueblo ha triunfado, el enguerrillamiento no ha sido sino producto mismo de una realidad objetiva que nadie puede negar y no contra las Fuerzas Armadas en si. Lo que hasta ahora, en una o entra forma, se han levantado en armas para combatir al régimen antidemocrático, lo han hecho conscientes de su gran responsabilidad para con la Patria y el pueblo. La falta de libertad para la lucha cívica, el acorralamiento de todas las fuerzas patrióticas, el terror y la persecución constantes, dieron origen a una organización de autodefensa que bajo el nombre unitario de Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, señalan un nuevo rumbo y marcan una nueva perspectiva en el difícil camino de la liberación antifeudal y antiimperialista que histórica y necesariamente tiene planteada la nación y el pueblo venezolanos.
No abjuramos de nuestra posición, ni negamos haber empuñado las armas para reponer, en su plena vigencia, la Constitución Nacional y sustituir a este gobierno por otro de carácter nacional que eche a andar la maquinaria de la liberación. Lo hicimos por nuestro amor a Venezuela, por nuestra pasión nacionalista. Igual posición tuvimos ayer, cuando el país se debatía entre la angustia y el dolor causados por una tiranía terrorista y sanguinaria. Entonces, nos incorporamos con decisión al lado del pueblo y al frente de la Junta Patriótica y no descansamos un solo momento hasta que la tiranía cayó descabezada. No otra es nuestra actitud de ahora, no otro el propósito. Nadie de los que nos conocen podían esperar una conducta distinta; ni ninguno de ellos, aguardar que permaneciésemos de brazos cruzados ante la tragedia que afecta a los venezolanos. Las causas que nos movieron a tomar el camino de las guerrillas, son las mimas que nos llevaron a tomar la senda de la Junta Patriótica, es igual decisión reproducida en la historia que habla por si sola de nuestra vocación de servicio a la causa revolucionaria del pueblo.
Fuimos a la guerra como parte integrante de un frente único que con la denominación de Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, es también en el tiempo y en la historia, la prolongación de la Junta Patriótica para restañar las mismas heridas, desterrar los mismos vicios y corregir la misma conducta despótica de un régimen al servicio de intereses oligárquicos y pasiones egoístas. Frente a un gobierno como este, enemigo por igual de las clases populares, de las fuerzas económicas y las Fuerzas Armadas, no puede caber una conducta distinta, otra actitud que no sea la de integrarse con pasión venezolanista al ya glorioso proceso de liberación.
Ustedes, señores magistrados, como todos los miembros de la Institución Armada que pueden sentir la angustia colectiva de la nación, tampoco pueden permanecer indiferentes. Algunos de ustedes, que yo conozca, como el coronel Vera Custodio, Presidente de este Consejo tuvieron una buena actitud al final de la lucha anterior. Yo conservo aun en mis archivos personales los telegramas que me dirigiera el coronel Vera Custodio que con arranques de gran sinceridad decía estar al lado del pueblo en su permanente inquietud por la libertad y la justicia. Integrase al frente patriótico de liberación es otra digna actitud que ningún venezolano progresista puede rehusar en esta hora difícil de la República. Es de nuevo el momento, señores oficiales del Consejo, de soldar la unidad cívico-militar que el 23 de enero reconquistó a la Patria de las garras asesinas.
La terrible realidad de una nación dividida en perseguidos y perseguidores, en oprimidos y verdugos, donde sólo la fuerza es la ley y el despotismo, razón de privilegios, ha vuelto a proyectarse sobre nuestro país. La vida de su pueblo se debate entre la angustia de no poseer nada y el dolor de una situación sin perspectivas futuras. Por una parte, las grandes riquezas que la naturaleza depositó en las entrañas de nuestra tierra, van a parar sólo a los bolsillos de los grandes tiburones del imperialismo, y, por la otra, lo venezolanos de trabajo y de empresa, se ven acogotados por una situación económica desesperante y sin posibilidades de solución. Los recursos fiscales comprometidos en forma sin precedentes y el país viviendo la peor de sus horas republicanas constituyen el balance de una gestión política-administrativa también sin precedentes en la historia.
¿Cómo entonces, permanecer de brazos cruzados? ¿Cómo rehusarse a la gran gesta nacional que a todos nos plantea esta tragedia del país? ¿Cómo seguir indiferentes frente a tan angustiosa situación? Nuestro pueblo y con él sectores importantes de diversas esferas de la opinión, entre ellos efectivos de las Fuerzas Armadas, han sabido responder con su acción a tales interrogantes. El gran frente de oposición cobra cada día más fuerza, no obstante las maniobras que para impedirlo adelanta con todos sus recursos la corrompida camarilla oficial. Pero ya a nadie atemoriza el terror ni acobarda la persecución. Una conciencia nacional, una convicción plena en el triunfo, robustece la lucha revolucionaria y afianza las posiciones del gran movimiento patriótico que tarde o temprano culminará con la victoria formidable de la nación. Y la aurora de la libertad alumbrará en todos los hogares, como expresión de una nueva vida en la que el pueblo, y con él todas las fuerzas progresistas y patrióticas del país, regirán los destinos nacionales y recuperarán para siempre el perfil soberano de la República.
El momento ha llegado de abandonar las comodidades o conveniencias personales, de dejar las posiciones transitorias, para entregarse por entero a lucha definitiva. Ningún venezolano que sienta la Patria en su justa dimensión puede ya inhibirse ante el paso que le corresponde dar, y el cual no es otro que la acción sacrificada en favor del pueblo. Basta ya de palabras que este gobierno no puede escuchar, basta ya de escrúpulos legalistas frente a un gobierno que no conoce otro método que la violencia ni otra práctica que el terror.
Nosotros, por nuestra parte, supimos tomar el camino cierto, el rumbo justo y si no pudimos integralmente con nuestro deber, ello es resultado de los propios riesgos que desafiamos con coraje y dignidad.
II
Aquí estamos con la frente erguida ante el tribunal que habrá de condenarnos. Ni arrepentidos, ni decepcionados. Antes, por el contrario, con la moral revolucionaria más elevada y la convicción de la victoria más honda en nuestros sentimientos.
Y si algo faltaba para despertar un mayor aliento porque nos encontramos seguros de la razón, aquí está el propio tribunal y con él la prueba más evidente de los que hemos venido sosteniendo. Su intervención en este juicio es justificación plena del poco respeto que el actual gobierno siente por la Constitución y las leyes del país. Este es un proceso arbitrario que viola el artículo 44 de la Carta Fundamental, referente a la irretroactividad de las leyes, al aplicárseme el Decreto Ejecutivo del 17 de octubre, fecha posterior a mi detención. Esto es indudablemente grave, pero al fin y al cabo, sirve para demostrar irrefutablemente que quienes hemos hecho oposición al presente gobierno y, con nosotros la mayoría de la opinión nacional, no hemos procedido sin base cierta. Cuando sostenemos que la Constitución ha sido violada, ha sido suplantada por intereses arbitrarios, estamos dentro de la más estricta verdad. Y es precisamente un órgano de la justicia el que nos da la razón al cohonestar una nueva violencia a las disposiciones constitucionales.
El sólo hecho de apartarme de mis jueces naturales, era ya suficiente para comprender hasta donde llega el presente régimen en su conducta represiva. Un acto similar cumplido por la tiranía perezjimenista en las personas de Jesús Paz Galárraga, Luis Vera Gómez, Ismael Ordaz, Juan José Delpino, y Adelso González Urdaneta, provocó la repulsa de la opinión democrática y sus alegatos –base para el rechazo de los cargos- han sido publicadas bajo el nombre de “UN RETO A LA DICTADURA”, con prólogo del Presidente Betancourt.
Aquellas páginas, como lo expresa el señor Betancourt adquirirían rango histórico porque “no son pasajeras cuartillas que corroerán el tiempo y las trazas”; pues, “los adolescentes de hoy y las promociones jóvenes del mañana encontrarán en estas páginas aliento estimulante. Apreciarán que el heroísmo también puede ser contemporáneo, y que al lado de ese bregar incansable en los campos de batalla de los que nos dieron la independencia, hay otra forma de agónica entrega a la superación de la República. La que se expresa a través de insobornable y recia dignidad cívica”.
Se habla entonces del pasado bochornosa, de los atropellos cometidos por una “tiranía sangrienta, terrorista, sin escrúpulos, que llegó hasta la horrible monstruosidad de borrar el camino natural de la judicatura, para apelar a los procesos extraordinarios y los jueces militares”. Es indiscutible que las páginas de “Un reto a la dictadura”, como lo dijo el señor Presidente, cobrarían dimensión histórica, pues ellas se proyectarían hacia el futuro, como un látigo que golpearía inclemente en la conciencia de quienes habían cometido el delito o de los que, en el devenir nacional –terrible admonición-, pudieran cometerlo.
¿Pensaba el señor Betancourt, al escribir aquel prólogo, que un gobierno presidido por él, repetiría en la historia los mismos vicios que tan hondo habían tocado sus sentimientos?
¿Pensaba que años después –no tantos para haber olvidado aquel drama-, los que leían sus palabras estarían sometidos a la misma situación monstruosa y canallesca que el había denunciado con tanto calor?
¿Qué distinto era aquel Consejo de Guerra Permanente que juzgó por el delito de Rebelión a Jesús Paz Galárraga, Luis Vera Gómez, Ismael Ordaz, Juan José Delpino y Adelso Gonzáles Urdaneta; a este Consejo de Guerra que hoy nos juzga a nosotros por el de rebelión”?
¿No es caso el mismo hecho bochornoso proyectado en la distancia y en el tiempo sobre la patria oprimida?
¿Nos es la misma práctica de los viejos déspotas de utilizar a hombres de uniforme para que sirvan de comparsa, de cómplices a la arbitrariedad de un Ejecutivo prepotente?
La historia del ayer condenable está presente de nuevo ante los ojos de nuestro pueblo, ante nuestras conciencias democráticas. Y junto a ella, sus responsables que, envilecidos por el crimen y los vicios, se entregan al festín sin escrúpulos de la violencia.
Si esto es grave, señores magistrados, mas grave todavía es que un tribunal que se supone creado para hacer justicia, pueda cohonestar convalidar las violaciones a la Carta Fundamental de la República. Los integrantes del Consejo deben conocer el artículo 46 de la Constitución, que dice: “Todo acto del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución es nulo, y los funcionarios y empleados públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativas, según los casos, sin que le sirva de excusa órdenes superiores manifiestamente contrarias a la Constitución y las Leyes”.
O sea, que si los señeros magistrados se prestan, ya por órdenes superiores, ya por cualquier otra circunstancia para convalidar una nueva violación a la Carta Fundamental, estarían incurriendo en un delito, sin que haya excusa alguna que pueda absolverlos de tal responsabilidad. Es decir, que ustedes, señores del Consejo, serían reos ante las futuras generaciones; serían reos de un delito constitucional que tarde o temprano tendrían que ser ventilado ante los organismos de justicia. De convalidar esta nueva arbitrariedad ejecutivista, habéis cometido un delito que os macularía ante el pueblo y ante la historia; pero si esto sería doloroso e innoble para cualquier ciudadano, ello cobraría mayor gravedad, en relación a vuestra condición de oficiales de las Fuerzas Armadas. Por este hecho, vosotros más que ninguno otro, estáis en la obligación de representar y hacer respetar la letra de la Constitución que en sus disposiciones os ordena, no sólo como ciudadanos, sino como militares, aceptarla y defenderla en su total integridad.
Yo no os llamo, de ninguna manera, a que os pongáis de mi parte, pero si, para que os pongáis de parte de la Constitución, de las leyes, como es vuestro deber. Y en este juicio, como cuestión previa, no está planteada sino eso: o se está con la Constitución o se está contra la Constitución. Por ellos os pido que meditéis sobre la realidad del país y las razones que ahora nos traen ante vosotros y que no son otra que servir noblemente a la Patria escarnecida, al pueblo humillado, a la democracia ultrajada por una camarilla sin escrúpulos, empecinada en continuar disfrutando los privilegios del Poder, mientras el país en ruinas se hunde a sus pies.
Sé muy bien que todos estos alegatos y razones podrían ser inútiles. No abrigo la menor esperanza de que aquellos sean acogidos y aceptados en su justo valor. Yo estoy condenado de antemano, pero tales juicios habrán de quedar como testimonio irrefutable de una nueva época dolorosa para nuestra Patria. Sé, y ello me basta, que tengo la razón, que estoy del lado de lo noble y lo justo; de lo patriótico y lo democrático. Más estas razones quedarán para que nuestros hijos, los vuestros y los míos, sepan valorar lo que predominó en este proceso viciado e inconstitucional: a que intereses servís vosotros y a cuales el condenado.
Mucho de lo que aquí decimos, podría haber sido copiado textualmente del folleto prolongado por el señor Betancourt y publicado con el título de “Un reto a la dictadura”. Sin quitarle nada, pero agregándoles algo, podríamos, sin mentir, consignar ante este tribunal los mismos escritos que en los días aciagos de la tiranía perezjimenista, consignaron ante un tribunal similar, los hoy personeros del régimen, Jesús Paz Galárraga, Juan José Delpino y Adelso González Urdaneta. Como el primero, podríamos “enfrentar al hamponato” y con cifras y apreciaciones, replicar atinadamente las mentiras oficiales sobre la supuesta prosperidad del país y desenmascarar toda la política disparatada y antivenezolana de la dictadura”. O como Adelso González Urdaneta, diseccionar y enjuiciar “la desastrosa política educacional”. Peor si no lo hacemos así es porque este gobierno tiene sobre sus hombros, responsabilidades y actitudes más graves aun que aquellas por las cuales fue derrocado el régimen anterior al 23 de enero.
A nosotros, según el articulado del Código de Justicia Militar que se nos aplica, se nos supone dentro de actividades nacionales llevadas a cabo en connivencia con un país extranjero. Y ello no responde sino a la campaña interesada que contra nuestra actitud revolucionaria, ha venido llevando a cabo, por todos los medios publicitarios, la Vieja Guardia, COPEI y algunas personas del Alto Mando Militar. Tal campaña, que ahora culmina en este juicio tiene un objetivo muy claro: vincular el movimiento revolucionario de Venezuela, a la tesis absurda, por anticientífica y antihistórica, de la importación de la revolución y con ello atemorizar a densos sectores de nuestra colectividad y especialmente a las Fuerzas Armadas, para ponerlos a pelear entre si.
A mi se me acusa de ser agente de Fidel Castro en Venezuela; de tener un grado honorario en el Ejército Rebelde, pero quienes lo hacen, saben que mienten descaradamente, en el interés de confundir al pueblo que en distintas oportunidades nos ha demostrado su cariño y confianza. Como lo dije en mi “Carta sin sobre a Drew Pearson” –periodista al servicio del colonialismo- no soy, ni he sido, ni seré sino un soldado del pueblo venezolano en su dura lucha por la independencia nacional y la liberación. Como tal tomé las armas, dejé las comodidades de la ciudad, el bienestar de la familia, dejé el Parlamento, dejé todo, para subir a las montañas a combatir por la dignidad de la Patria, por su progreso y prosperidad.
A mi y a otros se nos acusa de querer transportar a Venezuela, todas las incidencias de la revolución cubana y reproducir al calco toda la realidad histórica del aquel país. Quienes así proceden y entre ellos el Presidente Betancourt –lo cito por haber sido él un estudioso del marxismo, e incluso militante destacado del Partido Comunista-, saben muy bien que ello es absurdo, que ello es sencillamente ridículo. Todos los estudiosos de la teoría revolucionaria, entre los cuales me incluyo sin modestia alguna, saben que a realidades distintas, procesos históricos distintos. Saben que Venezuela no es Cuba y que la realidad venezolana y las perspectivas venezolanas son diferentes a las cubanas. Saben asimismo que “los esquemas que se han cumplido en Cuba, en su forma y en su desarrollo, no tienen porque cumplirse de igual manera en Venezuela”.
Ello es cierto. Lo sabemos nosotros también y con base a tales realidades es que trabajamos por la revolución nacional, venezolana, que libere a nuestro país de la explotación feudal y la coyunda imperialista, y que libere a nuestros trabajadores, del abuso, el hambre, el desempleo y la miseria.
Sabemos igualmente que quienes tratan de desprestigiarnos ante la nación y el acendrado espíritu nacionalista de nuestro pueblo, lo hacen jugando una carta más en su estrategia contrarrevolucionaria. Lo mismo hacen cuando, para atemorizar a los sectores menos radicalizados, asoman el fantasma de la disolución de las Fuerzas Armadas por parte del movimiento revolucionario, planteando de nuevo el esquema de Cuba. Por una parte dicen que las Fuerzas Armadas venezolanas, no son el Ejército de Batista –en ello estamos de acuerdo- y por la otra, sostienen, con marcado descaro, que el Ejército venezolano correrá la misma suerte que el de Batista.
¿Cómo explicar esta incongruencia de nuestros detractores? Muy sencillo. Estamos de acuerdo en que las Fuerzas Armadas venezolanas, al menos en su mayoría, no pueden compararse con el Ejército de Batista, no sólo por sus adelantos técnicos o su poderío de fuego, sino por algo más importante todavía. El Ejército de Batista era un ejército mercenario, pretoriano, que respondía solamente a los intereses del “caudillo”, sus oficiales y soldados eran protegidos por el dictador o algún favor debían a él. Es decir, lo mismo que quieren hacer Betancourt y Briceño Linares de nuestras Fuerzas Armadas: colocarlas al servicio de intereses bastardos, antinacionales y personalistas.
En esta materia también hay realidades distintas entre los dos países. Yo sé que aquí, la gran mayoría de la oficialidad joven, por ejemplo, se mueve al calor de sentidos principios revolucionarios, es antiimperialista y no responde al egoísmo de algunos de sus jefes. Por ello se les vigila y discrimina; se les persigue y amenaza. Y muchas veces, se les constriñe a tomar posiciones que no corresponden a sus verdaderos sentimientos. Se les obliga a hacer de policía represiva para que manchen sus manos con sangre del mismo pueblo al cual ellos pertenecen, para llevar sobre si la responsabilidad de matar estudiantes, obreros y campesinos que en ciudades y montañas combaten la ferocidad oficial.
Claro está que en la Institución Armada venezolana, hay hombres indignos de portar el uniforme que como Briceño Linares y otros miembros del Alto Mando sirven a intereses contrarios a la Patria. Y es claro también que en el Ejército de Batista hubo hombres dignos, patriotas que como el Gallego Fernández y el Comandante Casteñeiras –entre los que conozco- se levantaron contra el despotismo y hoy, no sólo pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, sino que son respetados y queridos por el pueblo.
Nada tiene que temer a una revolución nacional los que llevan con dignidad patriótica, honestidad y vocación republicana, su investidura militar.
Las revoluciones no se hacen para destruir las Fuerzas Armadas sino para colocarlas al servicio de la nación. En ningún momento de la historia de un país se necesita tanto la existencia de unas Fuerzas Armadas poderosas, técnicamente superadas, que en su vida revolucionaria, cuando hay que hacer frente a los grandes intereses extranjeros que al lado de los sectores desplazados del Poder que le concedían todos los privilegios, se alzan con su poderío militar para reconquistar sus posiciones.
Cuando Venezuela conquiste su independencia y recupere sus riquezas hoy explotadas por el capital monopolista extranjero, es indudable que necesitará de unas Fuerzas Armadas poderosas y técnicamente y moralmente capaces de resguardar nuestro patrimonio, de cuidar nuestra soberanía. Y es así como el movimiento revolucionario, consciente de ello, ha hecho descansar su lucha de vanguardia en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, núcleo inicial de de la gran unidad cívico militar para combatir la penetración imperialista y hacer del país, como lo quiso nuestro Libertador Simón Bolívar, una patria libre y verdaderamente soberana.
Por el contrario, los únicos que si tienen el firme propósito de destruir en su esencia el carácter nacional de las Fuerzas Armadas, son aquellos que como Betancourt y Briceño Linares, quieren la subsistencia de un país de un país aherrojado al destino del imperialismo y mediatizado por la influencia extranjera. Es solamente a esta política de claudicación y de entrega que los venezolanos todos deben combatir con criterio nacional, con firme vocación patriótica.
Ustedes, señores magistrados, como oficiales y con ustedes todos los efectivos de la Institución Armada, deben saber estas cosas para, con razón a la verdad, comprender lo que el movimiento revolucionario espera de sus Fuerzas Armadas y de quienes sepan incorporarse a el, teniendo solamente como interés, el único que en estos momentos corresponde a todos los venezolanos derrotar la política entreguista del presente gobierno y trabajar juntos por un porvenir luminoso y digno para la Patria.
En todo momento hemos buscado esta unidad, la unidad cívico-militar, en la integridad de sus fuerzas progresistas, porque la consideramos indispensable para echar a andar el país por el camino de la democracia y el desarrollo económico independiente, porque la sabemos indispensable para garantizar la tranquilidad y la paz de la familia venezolana y poner término a las crisis permanentes que sacuden las entrañas mismas de la nación.
¿Cómo no contar para ello con la integración de las Fuerzas Armadas en un frente común de liberación nacional?
¿Es acaso que la mayoría de los oficiales, clases y soldados, está de acuerdo con la entrega de nuestras riquezas al capital extranjero y la mediatización de nuestra soberanía por misiones militares de otros países?
¿Es acaso que la mayoría de los oficiales, clases y soldados, están de acuerdo en continuar como fuerzas de choque, como policía de represión política, al servicio de intereses sectarios que sale benefician a una camarilla corrompida?
¿No son la mayoría de los oficiales, clases y soldados, parte del pueblo hoy humillado y perseguido?
¿No son los oficiales de aire, mar y tierra, parte de la nación saqueada por la voracidad imperialista y esclavizada por los consorcios extranjeros?
¿Son ustedes, señores oficiales, contarios a la liberación del país, a la utilización de sus riquezas como medio efectivo de progreso económico y desarrollo social que mejoren las condiciones de vida del pueblo y lo incorporen al bienestar democrático?
Yo sé que estas interrogantes no pueden ser respondidas fácilmente, pero aquí las dejamos, para que ustedes, señores del Corte, y quienes puedan leer este alegato, mediten seriamente, piensen desapasionadamente y saquen sus propias conclusiones.
III
Nuestra lucha no ha sido en ningún momento, ni ayer ni hoy, una actitud ambiciosa ni egoísta. Ella forma parte de un sentimiento colectivo que se agita en el corazón de todos los venezolanos interesados en conducir al país por senderos de felicidad y bienestar, por recuperar el tiempo perdido, por evitar que la sangre siga derramándose por culpa del enemigo común.
Muestra de ellos fue nuestro probado desprendimiento personal el 23 de enero y la actitud que ahora tomamos al dejar la alta posición que ocupábamos en el seno de la Cámara de Diputado por mandato del glorioso pueblo de Caracas, hoy perseguido y humillado.
En la carta de renuncia a nuestra curul parlamentaria, expliqué detenidamente lo motivos de ella, sus causas fundamentales que se mueven íntimamente unidas a la crisis general que vive el país. Y en el mismo momento expusimos con claridad meridiana el programa de nuestra lucha, que es la lucha de todos los patriotas venezolanos, cuyo único móvil es la liberación nacional. Con ese programa está de acuerdo todo nuestro pueblo, las organizaciones de masas y la Institución Armada; los industriales progresistas y el comercio venezolano, independientemente de su ideología, posición económica o situación profesional.
¿Cómo no va a estar de acuerdo el pueblo y con los sectores progresistas de la nación, civiles y militares, con un programa de liberación antiimperialista, cuando todos saben que la explotación de las riquezas nacionales por los monopolios extranjeros, es causa fundamental de nuestro subdesarrollo y miseria?
¿Cómo no va a estar de acuerdo el pueblo y al oficialidad patriótica de las Fuerzas Armadas con un programa nacionalista tendiente a recuperar esas riquezas nacionales para utilizarlas en la solución de los grandes problemas que aquejan al país?
¿Cómo no se va a estar de cuerdo con un programa destinado a realizar la Reforma Agraria, industrializar el país, mejorar la educación, liquidar la miseria, el desempleo, el hambre y la ignorancia?
¿Cómo no van a estar de acuerdo civiles y militares en un programa para mejorar la situación económica y social, ampliar el mercado de consumo, abaratar el costo de la vida, liquidar el problema de la vivencia y elevar el poder adquisitivo de los sectores menos favorecidos?
¿Y qué otras cosas, sino estas son las que contemplan la plataforma de lucha de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, a las cuales pertenecemos con orgullo?
Sólo los enemigos del pueblo y de la Patria, podrán estar en desacuerdo con tales postulados. Y sólo los enemigos del pueblo y de la Patria, no podrían acompañarnos en esta lucha decisiva para el interés colectivo de la nación.
Y es, señores magistrados, que esos enemigos aposentados hoy en el Poder, son los responsables de toda nuestra tragedia actual, de que nuestra familia la familia venezolana, viva horas interminables de angustia y no se sienta segura ni vea perspectivas ciertas para su porvenir.
Nadie más que ellos, es responsable de lo que acontece actualmente; del enguerrillamiento y la violencia, de la crisis económica y el deterioro social. Nadie más que ellos, que Betancourt y los sectores más agresivos de la Vieja Guardia, COPEI y el Alto Mando Militar, son responsables del gran drama nacional, de las muertes y los robos al tesoro público que tanta preocupación causan en nuestra colectividad.
Son ellos precisamente, señores magistrados, los que debían estar, y algún día lo estarán, sentados frente al tribunal, rindiendo cuentas de sus múltiples delitos; como reos de traición a los intereses nacionales, como reos de peculado; como responsables de una tragedia que jamás la historia habrá de olvidar.
Nosotros, por nuestra parte, no hemos cometido delito alguno; antes por el contrario hemos sabido cumplir con un deber de ciudadanos honestos. Por esto rechazamos enfáticamente los cargos que nos ha formulado el señor Fiscal y que hemos oído con atención serena y firme reposo espiritual.
Señores del Consejo: Nosotros estamos libres de toda culpa, no somos responsables de nada que no sea una digna conducta al servicio de la Patria oprimida. Si vosotros queréis cometer el delito señalado en el artículo 46 de la Constitución Nacional y que el pueblo y la historia, os maculen para siempre, entonces, CONDENADME.
Fabricio Ojeda
Caracas,
Cuartel San Carlos,
Noviembre de 1962.