Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2008-05-18
Categoría
Comunicado
A la memoria de los mártires de Atoyac
A la memoria de los mártires de Atoyac.
Al pueblo de México.
A los pueblos del mundo.
Al pueblo de Guerrero.
A las organizaciones sociales y revolucionarias.
Anticipándose críticamente a la respuesta represiva del gobierno, el Profesor Lucio Cabañas Barrientos pronunció –un día antes de la Masacre de Atoyac– las siguientes palabras: “Compañeros, dicen que nos van a matar pero si matan a uno de nosotros, lo que vamos a hacer es irnos a la Sierra, y no les vamos a jugar otra vez pacíficamente.” Sin pestañear siquiera, sus compañeros más cercanos asintieron, sellando el pacto con resuelta y fraternal mirada, convencidos de la necesidad de protegerse para seguir luchando.
Tras la Masacre de Atoyac, el 18 de mayo de 1967, Lucio Cabañas y un grupo de valientes cumplieron su promesa: se subieron al monte y, apoyados por el pueblo, sembraron y esparcieron –con las herramientas de la crítica y las armas– la semilla de la democracia, la liberación y el socialismo en nuestra patria.
Desde entonces, entre fraudes y masacres, han transcurrido 41 años, sin que la callada cosecha de los frutos de la resistencia permita apreciar cabalmente el acopio de rebeldía que se extiende y crece, no sin tropiezos y dificultades, en territorio nacional.
Sin embargo, han creído el empresario voraz, el político corrupto, el jurista petulante, el congresista fantoche, el militar prepotente, el periodista servil, el cura reaccionario, que engañando y reprimiendo al pueblo se podía acabar con la resistencia. Y no han hecho sino prender y atizar aún más el fuego de la rebeldía.
El divorcio de la realidad que, en castigo, produce el uso corrompido del poder, ha hecho perder de vista al bloque derechista y a la izquierda institucional gobernantes, que jamás podrá ser aniquilada ninguna exigencia popular mientras persista la más grosera inequidad.
Por eso mismo, los cientos de torturados, encarcelados, asesinados y desaparecidos políticos, a lo largo y ancho del país no han dejado de luchar, y de penar, y nosotros junto a ellos, hasta no acabar con el autoritarismo y la impunidad; aunque la lucha por la libertad y la justicia se ha vuelto más compleja, porque los nudos de la dominación capitalista se han enredado y apretado todavía más, al grado de maniatar y casi inmovilizar totalmente a los de abajo, y de provocar fracturas y choques sin fin entre los de arriba.
La reestructuración neoliberal capitalista intensificó aún más la explotación asalariada, el saqueo de la Nación y el desmantelamiento del Estado, concentrando como nunca antes la riqueza social en unas cuantas manos. Los derechos constitucionales del campesino, del obrero, del ciudadano, fueron siendo anulados uno tras otro. Y, ahora, muchos de estos, ni sombra ni letra muerta son.
En este proceso, casi todo el personal y las estructuras creadas, en la década de los 60 y 70, con fines contrainsurgentes, por el régimen priista, a la par de cumplir su función represiva, se fueron coludiendo para cobrar derecho de piso a la industria del narcotráfico.
Se priorizó la destrucción del tejido social comunitario que sirvió de base a la guerrilla, y se prohijaron bandas de soplones y delincuentes en el campo y la ciudad. El estado de Guerrero fue el principal campo de experimentación, de lo cual dan cuenta nuestros más de 600 desaparecidos.
Miguel Ángel Godínez Bravo, Eliseo Jiménez Ruíz, Francisco Quiroz Hermosillo, Arturo Acosta Chaparro, Miguel Aldana Ibarra, Miguel Nassar Haro, Salomón Tanús, Florentino Ventura, Jorge Carrillo Olea, Francisco Sahagún Vaca son algunos de los más connotados jefes militares y policiacos que combatieron ilegal y criminalmente a la guerrilla, y vendieron protección a los carteles de la droga, enriqueciéndose y enriqueciendo con su silencio y sus cuotas a presidentes de la república, gobernadores, jueces, magistrados, senadores, diputados, presidentes municipales y funcionarios que han formado parte de la complicidad estatal mafiosa.
Desde el poder del estado se reguló, por cierto tiempo, el comercio de la droga y se garantizó relativamente un clima de relativa seguridad. Y cuando, entre loas y cánticos de intelectuales orgánicos del poder mafioso, se anunciaba la entrada triunfal de México al círculo del primer mundo, un nuevo estallido social relampagueó, y cayó a tierra, desde las montañas del Sureste, produciendo réplicas sociales y armadas, principalmente, en el centro y sur de nuestro país.
La hegemonía priista se derrumbó, víctima de sus contradicciones internas y del hartazgo popular. Y, en medio de brutales represiones y masacres como la de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque, fue relevada por el ascenso de la ultraderecha yunquista al poder, primero con legitimidad y luego sin ella; desatándose una ola incontrolable de “levantones” y asesinatos. Unos, por la disputa de plazas y el ajuste de cuentas, entre carteles de la droga, así como entre grupos mafiosos del poder estatal. Y otros, como resultado de la ofensiva neoliberal contrainsurgente contra los pueblos y comunidades en resistencia, y los movimientos sociales y políticos de izquierda.
La violencia mafiosa ha producido miles de “levantones” y asesinatos en el país, pero también la violencia contrainsurgente ha seguido cobrando cientos de víctimas. Sólo en los últimos tres años, el estado de Guerrero registra 1500 asesinatos ligados al narcotráfico, con los que se pretenden minimizar, y hasta ocultar, a los 28 desaparecidos políticos reivindicados por el movimiento social en el mismo periodo.
Tras esta cortina de humo y de terror, el gobernador Zeferino Torreblanca –compadre del General Contrainsurgente y Mafioso Arturo Acosta Chaparro– ha satisfecho las exigencias del gobierno federal y del gran capital transnacional arrebatando tierras, aguas, playas y bosques a sus legítimos dueños, mediante procedimientos jurídicos arbitrarios e ilegales; asimismo, ha facilitado la protección del cartel del golfo y de los zetas, en estrecha alianza y coordinación con Rubén Figueroa y el figueroísmo.
Una prueba de la relación, estructural y contradictoria, del poder estatal mafioso con el narcotráfico es la paradójica actitud asumida por aquel, frente a diferentes hechos de violencia. Por ejemplo, so pretexto del ataque sufrido por una patrulla de la policía municipal en la Región de la Montaña, los gobiernos estatal y federal aplicaron arbitrariamente todo el rigor de la ley contra las comunidades indígenas, particularmente, de la Organización de Pueblos Indígenas Me'paa (OPIM), militarizando inmediatamente el área, estableciendo retenes en entradas y salidas de pueblos y caminos, deteniendo e interrogando a cientos de campesinos, impidiéndoles hablar en su propia lengua, quedando 5 de ellos injustamente encarcelados. En cambio, el Ejército, la Policía Federal y la PGR, pretextando no recibir petición alguna del gobierno estatal, dejaron operar con tranquilidad a los sicarios que pretendieron ejecutar a Rogaciano Alba Álvarez, y no precisamente por su condición de talamontes, traficante de madera y de heroína, organizador de grupos de pistoleros, guardias blancas y paramilitares, y autor intelectual del asesinato de la licenciada Digna Ochoa y de muchos otros asesinatos de campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán, sino por las desavenencias mafiosas en la lucha por el control de la industria de la droga.
No por nada saltan a la palestra mediática antiguos padrinos del narcotráfico y jefes de la contrainsurgencia, como Miguel Ángel Godínez Bravo y Miguel Aldana Ibarra, ofertando sus servicios al gobierno en turno, pretendiendo garantizar la supremacía del poder estatal mafioso frente a las bandas del crimen organizado y del narcotráfico. Bandas que parecieran haber salido de control, como el grupo contrainsurgente y mafiosos de Ulises Ruíz Ortíz, mejor conocido como “La Burbuja”, en cual operó las caravanas de la muerte y el aplastamiento del movimiento social y magisterial en Oaxaca.
Pero el pueblo bien sabe quiénes son los principales responsables de la crisis y de la violencia que azota al país. En Guerrero todos los conocemos por su nombre: Zeferino Torreblanca y los miembros de la corriente perredista que lo postularon al gobierno; corriente conservadora que ahora tiene como consigna federal inmovilizar a la corriente antineoliberal en la lucha por la defensa de Pemex y en la próxima contienda presidencial.
Pareciera que cada actor político marcha por su lado, que los acuerdos al interior de algunos carteles de la droga están rotos, que Chavarría renuncia a la secretaría de gobierno porque aspira a la gubernatura o porque teme represalias del narcotráfico, que las fuerzas federales seguirán ensayando formas de ocupación territorial y de control, como lo hicieron en Oaxaca para reprimir la protesta social y como lo hacen ahora en Sinaloa para golpear a un cartel y favorecer a otro.
Pero una cosa es segura. En Guerrero, las grandes compañías mineras y los consorcios turísticos seguirán siendo favorecidos, y las guerras intestinas entre el poder mafioso del estado y los carteles de la droga continuarán; proceso en el cual las instancias del poder local se habrán de reestructurar, y se impondrán nuevos pactos y diseños, al ritmo de la música que toquen las instancias del poder central. Sin que, por otra parte, cese la guerra sucia contrainsurgente, ahora desde algunos organismos “sociales” y hasta “revolucionarios”, dentro de los cuales los organismos de inteligencia han hecho cabeza de playa.
Sin embargo, a pesar de la violencia mafiosa y de la guerra de baja intensidad, la lucha de resistencia, pacífica y armada, del pueblo guerrerense ha generado condiciones de subsistencia. Hoy las comunidades y pueblos indígenas y campesinos resisten y se articulan entre sí, fortaleciendo sus coincidencias y recuperando su memoria histórica, rescatando usos y costumbres que les han dado identidad y cohesión fraterna, pese a la creciente migración y al narcotráfico. Este poder otro que se ha venido construyendo desde abajo les permite recuperar y ejercer gradualmente su autonomía, representando una alternativa, que avanza a contracorriente de las aguas neoliberales que arrastran todo a la destrucción y a la muerte.
El establecimiento de nuevas formas de relación fraternas y solidarias entre pueblos, comunidades y ciudadanos es una respuesta a la rapaz política de explotación, sometimiento y desdén aplicada por el gobierno en turno. Esta respuesta permitirá sin duda avanzar en la lucha contra la privatización neoliberal de la tierra, del territorio, de los recursos del subsuelo y de nuestra industria, incluida la del petróleo; recursos e industria que no son sólo “materia prima y empresa” como la pretende hacer ver, desde una lógica mercantil–capitalista, uno de los más dilectos intelectuales orgánicos del neoliberalismo, sino patrimonio original, bien común y prenda de nuestra relación con la naturaleza y con nuestra propia historia.
¡CONTRA EL NEOLIBERALISMO, EL PODER POPULAR!
¡POR EL SOCIALISMO: VIVIR, LUCHAR, VENCER!
¡SER PUEBLO, HACER PUEBLO, ESTAR CON EL PUEBLO!
COMANDO POPULAR REVOLUCIONARIO LA PATRIA ES PRIMERO
CPRLPEP
de la
TENDENCIA DEMOCRÁTICA REVOLUCIONARIA – EJÉRCITO DEL PUEBLO
TDR–EP
Estado de Guerrero, a 18 de mayo de 2008
Al pueblo de México.
A los pueblos del mundo.
Al pueblo de Guerrero.
A las organizaciones sociales y revolucionarias.
Anticipándose críticamente a la respuesta represiva del gobierno, el Profesor Lucio Cabañas Barrientos pronunció –un día antes de la Masacre de Atoyac– las siguientes palabras: “Compañeros, dicen que nos van a matar pero si matan a uno de nosotros, lo que vamos a hacer es irnos a la Sierra, y no les vamos a jugar otra vez pacíficamente.” Sin pestañear siquiera, sus compañeros más cercanos asintieron, sellando el pacto con resuelta y fraternal mirada, convencidos de la necesidad de protegerse para seguir luchando.
Tras la Masacre de Atoyac, el 18 de mayo de 1967, Lucio Cabañas y un grupo de valientes cumplieron su promesa: se subieron al monte y, apoyados por el pueblo, sembraron y esparcieron –con las herramientas de la crítica y las armas– la semilla de la democracia, la liberación y el socialismo en nuestra patria.
Desde entonces, entre fraudes y masacres, han transcurrido 41 años, sin que la callada cosecha de los frutos de la resistencia permita apreciar cabalmente el acopio de rebeldía que se extiende y crece, no sin tropiezos y dificultades, en territorio nacional.
Sin embargo, han creído el empresario voraz, el político corrupto, el jurista petulante, el congresista fantoche, el militar prepotente, el periodista servil, el cura reaccionario, que engañando y reprimiendo al pueblo se podía acabar con la resistencia. Y no han hecho sino prender y atizar aún más el fuego de la rebeldía.
El divorcio de la realidad que, en castigo, produce el uso corrompido del poder, ha hecho perder de vista al bloque derechista y a la izquierda institucional gobernantes, que jamás podrá ser aniquilada ninguna exigencia popular mientras persista la más grosera inequidad.
Por eso mismo, los cientos de torturados, encarcelados, asesinados y desaparecidos políticos, a lo largo y ancho del país no han dejado de luchar, y de penar, y nosotros junto a ellos, hasta no acabar con el autoritarismo y la impunidad; aunque la lucha por la libertad y la justicia se ha vuelto más compleja, porque los nudos de la dominación capitalista se han enredado y apretado todavía más, al grado de maniatar y casi inmovilizar totalmente a los de abajo, y de provocar fracturas y choques sin fin entre los de arriba.
La reestructuración neoliberal capitalista intensificó aún más la explotación asalariada, el saqueo de la Nación y el desmantelamiento del Estado, concentrando como nunca antes la riqueza social en unas cuantas manos. Los derechos constitucionales del campesino, del obrero, del ciudadano, fueron siendo anulados uno tras otro. Y, ahora, muchos de estos, ni sombra ni letra muerta son.
En este proceso, casi todo el personal y las estructuras creadas, en la década de los 60 y 70, con fines contrainsurgentes, por el régimen priista, a la par de cumplir su función represiva, se fueron coludiendo para cobrar derecho de piso a la industria del narcotráfico.
Se priorizó la destrucción del tejido social comunitario que sirvió de base a la guerrilla, y se prohijaron bandas de soplones y delincuentes en el campo y la ciudad. El estado de Guerrero fue el principal campo de experimentación, de lo cual dan cuenta nuestros más de 600 desaparecidos.
Miguel Ángel Godínez Bravo, Eliseo Jiménez Ruíz, Francisco Quiroz Hermosillo, Arturo Acosta Chaparro, Miguel Aldana Ibarra, Miguel Nassar Haro, Salomón Tanús, Florentino Ventura, Jorge Carrillo Olea, Francisco Sahagún Vaca son algunos de los más connotados jefes militares y policiacos que combatieron ilegal y criminalmente a la guerrilla, y vendieron protección a los carteles de la droga, enriqueciéndose y enriqueciendo con su silencio y sus cuotas a presidentes de la república, gobernadores, jueces, magistrados, senadores, diputados, presidentes municipales y funcionarios que han formado parte de la complicidad estatal mafiosa.
Desde el poder del estado se reguló, por cierto tiempo, el comercio de la droga y se garantizó relativamente un clima de relativa seguridad. Y cuando, entre loas y cánticos de intelectuales orgánicos del poder mafioso, se anunciaba la entrada triunfal de México al círculo del primer mundo, un nuevo estallido social relampagueó, y cayó a tierra, desde las montañas del Sureste, produciendo réplicas sociales y armadas, principalmente, en el centro y sur de nuestro país.
La hegemonía priista se derrumbó, víctima de sus contradicciones internas y del hartazgo popular. Y, en medio de brutales represiones y masacres como la de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque, fue relevada por el ascenso de la ultraderecha yunquista al poder, primero con legitimidad y luego sin ella; desatándose una ola incontrolable de “levantones” y asesinatos. Unos, por la disputa de plazas y el ajuste de cuentas, entre carteles de la droga, así como entre grupos mafiosos del poder estatal. Y otros, como resultado de la ofensiva neoliberal contrainsurgente contra los pueblos y comunidades en resistencia, y los movimientos sociales y políticos de izquierda.
La violencia mafiosa ha producido miles de “levantones” y asesinatos en el país, pero también la violencia contrainsurgente ha seguido cobrando cientos de víctimas. Sólo en los últimos tres años, el estado de Guerrero registra 1500 asesinatos ligados al narcotráfico, con los que se pretenden minimizar, y hasta ocultar, a los 28 desaparecidos políticos reivindicados por el movimiento social en el mismo periodo.
Tras esta cortina de humo y de terror, el gobernador Zeferino Torreblanca –compadre del General Contrainsurgente y Mafioso Arturo Acosta Chaparro– ha satisfecho las exigencias del gobierno federal y del gran capital transnacional arrebatando tierras, aguas, playas y bosques a sus legítimos dueños, mediante procedimientos jurídicos arbitrarios e ilegales; asimismo, ha facilitado la protección del cartel del golfo y de los zetas, en estrecha alianza y coordinación con Rubén Figueroa y el figueroísmo.
Una prueba de la relación, estructural y contradictoria, del poder estatal mafioso con el narcotráfico es la paradójica actitud asumida por aquel, frente a diferentes hechos de violencia. Por ejemplo, so pretexto del ataque sufrido por una patrulla de la policía municipal en la Región de la Montaña, los gobiernos estatal y federal aplicaron arbitrariamente todo el rigor de la ley contra las comunidades indígenas, particularmente, de la Organización de Pueblos Indígenas Me'paa (OPIM), militarizando inmediatamente el área, estableciendo retenes en entradas y salidas de pueblos y caminos, deteniendo e interrogando a cientos de campesinos, impidiéndoles hablar en su propia lengua, quedando 5 de ellos injustamente encarcelados. En cambio, el Ejército, la Policía Federal y la PGR, pretextando no recibir petición alguna del gobierno estatal, dejaron operar con tranquilidad a los sicarios que pretendieron ejecutar a Rogaciano Alba Álvarez, y no precisamente por su condición de talamontes, traficante de madera y de heroína, organizador de grupos de pistoleros, guardias blancas y paramilitares, y autor intelectual del asesinato de la licenciada Digna Ochoa y de muchos otros asesinatos de campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán, sino por las desavenencias mafiosas en la lucha por el control de la industria de la droga.
No por nada saltan a la palestra mediática antiguos padrinos del narcotráfico y jefes de la contrainsurgencia, como Miguel Ángel Godínez Bravo y Miguel Aldana Ibarra, ofertando sus servicios al gobierno en turno, pretendiendo garantizar la supremacía del poder estatal mafioso frente a las bandas del crimen organizado y del narcotráfico. Bandas que parecieran haber salido de control, como el grupo contrainsurgente y mafiosos de Ulises Ruíz Ortíz, mejor conocido como “La Burbuja”, en cual operó las caravanas de la muerte y el aplastamiento del movimiento social y magisterial en Oaxaca.
Pero el pueblo bien sabe quiénes son los principales responsables de la crisis y de la violencia que azota al país. En Guerrero todos los conocemos por su nombre: Zeferino Torreblanca y los miembros de la corriente perredista que lo postularon al gobierno; corriente conservadora que ahora tiene como consigna federal inmovilizar a la corriente antineoliberal en la lucha por la defensa de Pemex y en la próxima contienda presidencial.
Pareciera que cada actor político marcha por su lado, que los acuerdos al interior de algunos carteles de la droga están rotos, que Chavarría renuncia a la secretaría de gobierno porque aspira a la gubernatura o porque teme represalias del narcotráfico, que las fuerzas federales seguirán ensayando formas de ocupación territorial y de control, como lo hicieron en Oaxaca para reprimir la protesta social y como lo hacen ahora en Sinaloa para golpear a un cartel y favorecer a otro.
Pero una cosa es segura. En Guerrero, las grandes compañías mineras y los consorcios turísticos seguirán siendo favorecidos, y las guerras intestinas entre el poder mafioso del estado y los carteles de la droga continuarán; proceso en el cual las instancias del poder local se habrán de reestructurar, y se impondrán nuevos pactos y diseños, al ritmo de la música que toquen las instancias del poder central. Sin que, por otra parte, cese la guerra sucia contrainsurgente, ahora desde algunos organismos “sociales” y hasta “revolucionarios”, dentro de los cuales los organismos de inteligencia han hecho cabeza de playa.
Sin embargo, a pesar de la violencia mafiosa y de la guerra de baja intensidad, la lucha de resistencia, pacífica y armada, del pueblo guerrerense ha generado condiciones de subsistencia. Hoy las comunidades y pueblos indígenas y campesinos resisten y se articulan entre sí, fortaleciendo sus coincidencias y recuperando su memoria histórica, rescatando usos y costumbres que les han dado identidad y cohesión fraterna, pese a la creciente migración y al narcotráfico. Este poder otro que se ha venido construyendo desde abajo les permite recuperar y ejercer gradualmente su autonomía, representando una alternativa, que avanza a contracorriente de las aguas neoliberales que arrastran todo a la destrucción y a la muerte.
El establecimiento de nuevas formas de relación fraternas y solidarias entre pueblos, comunidades y ciudadanos es una respuesta a la rapaz política de explotación, sometimiento y desdén aplicada por el gobierno en turno. Esta respuesta permitirá sin duda avanzar en la lucha contra la privatización neoliberal de la tierra, del territorio, de los recursos del subsuelo y de nuestra industria, incluida la del petróleo; recursos e industria que no son sólo “materia prima y empresa” como la pretende hacer ver, desde una lógica mercantil–capitalista, uno de los más dilectos intelectuales orgánicos del neoliberalismo, sino patrimonio original, bien común y prenda de nuestra relación con la naturaleza y con nuestra propia historia.
¡CONTRA EL NEOLIBERALISMO, EL PODER POPULAR!
¡POR EL SOCIALISMO: VIVIR, LUCHAR, VENCER!
¡SER PUEBLO, HACER PUEBLO, ESTAR CON EL PUEBLO!
COMANDO POPULAR REVOLUCIONARIO LA PATRIA ES PRIMERO
CPRLPEP
de la
TENDENCIA DEMOCRÁTICA REVOLUCIONARIA – EJÉRCITO DEL PUEBLO
TDR–EP
Estado de Guerrero, a 18 de mayo de 2008