Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
1985-11-11
Categoría
Comunicado
Declaración del M-19 ante el holocausto en el Palacio de Justicia
DECLARACIÓN DEL M-19
Colombianos:
Hoy la nación reclama adolorida una explicación del holocausto en el Palacio de Justicia el jueves 7 de noviembre de 1985, y hoy -más que nunca- se plantea la necesidad urgente e inaplazable de lograr la paz para Colombia.
La batalla del Palacio de Justicia tuvo por escenario el corazón político-administrativo del país, y todos presenciamos las escenas consecuentes a la decisión de tierra arrasada y aniquilamiento total. Pero la opinión pública no conoce aún toda la verdad y el gobierno pretende justificar su acción con argumentos ajenos a la realidad y al sentir nacional.
Esta actitud sólo nos enfrenta al abismo de su odio y sinrazón. Y aleja más aún las posibilidades de construir la paz por caminos distintos a la guerra. Por eso, hoy la conciencia democrática de nuestra nacionalidad tiene que exigir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad sobre los hechos sociales, políticos y militares que nos enfrentan con nuestro destino colectivo inmediato.
Por nuestra parte, asumimos la responsabilidad de nuestra acción con mirada limpia, dignidad, y con el dolor profundo por el sacrificio de hombres y mujeres que no participaron en el enfrentamiento directo, de nuestros combatientes y de los compatriotas que pelearon en las filas de la oligarquía. La enfrentamos con la serenidad y firmeza que inspiró esta demanda armada por los derechos de la nación, de la patria y del ciudadano, y con la integridad de un comportamiento manifiesto en toda nuestra actuación pública, en las tomas de pueblos y ciudades, en la Embajada de la República Dominicana y en el respeto inmenso hacia los prisioneros de guerra.
1. Nuestras razones son las de la nación entera. Hoy la patria que vivimos no es la que soñamos. No es la que anhelamos con claros horizontes de justicia y plenitud, de desarrollo, libertad y respeto a los derechos de la vida. Padecemos, en cambio, los rigores de esta guerra que desató la minoría gobernante contra las mayorías, intensificada con la negación a buscar los caminos de la paz mediante la concertación nacional y el diálogo por el cambio.
Hoy la paz es camino por andar, bandera grande y limpia y tarea de las mayorías que necesitan y quieren el cambio democrático. No es argumento para la injusticia, promesa incumplida, ni excusa para el engaño, la represión y el holocausto.
La incompetencia y la amoralidad de este desgobierno no pueden ser ya jamás motivo de comentario individual o de la protesta aislada. Hoy es urgente y necesario que la capacidad creadora, el coraje para mirar de frente la realidad y la decisión mayoritaria de asumir los retos del presente nos conduzcan al logro de la paz que se fundamenta en la justicia social, la soberanía y la participación de todos en la conducción del destino colectivo.
Nuestra patria no merece ni resiste seguir así. Nuestra patria no es tierra de ignominia ni tierra de prepotencias oligárquicas ni de minorías criminales con políticas de tierra arrasada. Por eso, y a pesar de la violencia cotidiana que azota a las grandes mayorías, no salimos del asombro y del dolor por el sacrificio de más de cien colombianos en el Palacio de Justicia. Por eso, en las luchas y en las demostraciones armadas de la rebeldía se abrazan los combatientes de la libertad con hombres y mujeres que, sin armas en la mano, levantan su voz de cordura, su reclamo de reformas sociales y su demanda de replantear a fondo el proceso de paz que aún no comienza.
2. Y por eso mismo llegamos ante la Corte Suprema de Justicia, única reserva moral y democrática de los poderes públicos.
Llegamos ante la Corte Suprema de Justicia para presentar las demandas de una nación que se desangra y se asfixia, por las políticas de un Ejecutivo y un Legislativo que van en contravía al logro de la paz.
Buscábamos, ante este tribunal de honor, exponer nuestras
razones y enjuiciar públicamente la violación de los acuerdos de tregua y reformas sociales. Demandábamos a este régimen por la violación de la Constitución nacional, la entrega de la soberanía económica y jurídica, y por defraudar la esperanza nacional.
Llegábamos, ante la Corte Suprema de Justicia, para convocar a la nación entera a participar en este juicio como parte demandante y demostramos nuestra confianza en la moralidad y el espíritu amplio y democrático de los honorables magistrados y consejeros de Estado, para que ellos arrojasen luces a este proceso.
Llegamos ante la Corte Suprema de Justicia invocando el derecho que nos rige, porque como ejército del pueblo abrazamos la defensa del cuerpo constitucional y luchamos por su vigencia.
Fuimos a la Corte Suprema de Justicia en búsqueda de más amplios horizontes para el ejercicio de la democracia y con la decisión de abrir nuevos caminos a la posibilidad irrenunciable de lograr la paz mediante el diálogo, la concertación y la participación de todos.
3. Y fue una demanda armada porque hoy los derechos del hombre y del ciudadano tienen que ser garantizados con la fuerza de las armas del pueblo.
Porque los derechos de las mayorías son desconocidos y constantemente violados por la minoría que nos gobierna. Porque hoy las mayorías tienen que pelear para ejercer la democracia. Porque el Gobierno de Betancur se lanzó al aniquilamiento de fuerzas que son esperanza del cambio y traicionó la vía más justa y novedosa de buscar la paz para la nación cual era el Diálogo Nacional.
Por la verdad y la democracia nos tomamos el Palacio de Justicia. No para exigir prebendas o beneficios propios, no para atacar al tribunal de justicia ni a sus representantes. Nunca hemos atentado, ni lo haremos jamás, contra los trabajadores de la justicia. Por el contrario, fuimos ahí como tribunal de honor y de leyes, porque la nación tiene suficientes razones para enjuiciar política y judicialmente a este Gobierno y porque la Corte Suprema y el Consejo de Estado habían actuado con conciencia y dignidad. Hace apenas tres meses se condenó al actual ministro de Defensa y al Estado colombiano como responsables de torturas y violaciones a los derechos humanos.
4. Los hechos:
a. Desde el primer momento de la toma, tanto el Gobierno como los honorables magistrados, conocieron nuestras razones y también nuestra decisión de defender las vidas de las personas retenidas aun a costa de las propias, ante eventuales asaltos al Palacio de Justicia. A todos los medios de comunicación y al propio Gobierno llegó nuestra proclama, pero no se permitió su difusión.
b. Nuestra defensa estaba organizada con base en el enfrentamiento militar y no en la toma de rehenes. Para ello, los combatientes del M-19 tomaron posiciones en la parte baja de la edificación y en los pisos segundo, tercero y cuarto, concebidos los dos últimos como última línea de defensa.
c. De parte nuestra, nunca hubo ultimátum ni amenazas al Gobierno ni a las personas retenidas. Desde el comienzo buscamos conversaciones, pero en ningún momento planteamos la disposición a la rendición humillante y vergonzosa. Sin embargo, el Gobierno -amparándose en la desinformación y el engaño- tomó su decisión ciega y brutal, que no fue ataque contra los combatientes de la columna Iván Marino Ospina que ingresaron en el Palacio de Justicia, sino una operación de aniquilamiento masivo, de holocausto total y generalizado.
d. El ingreso de las tanquetas al Palacio, antes de cumplir dos horas de ocupación, aisló a los combatientes situados en la parte baja de los que sostenían posiciones en los pisos altos. Sin embargo, la resistencia en los sótanos y en el primer piso se mantuvo hasta el momento del incendio, mostrando el temple y el heroísmo de los oficiales de Bolívar en forma jamás vista en este país.
e. La perentoria exigencia del doctor Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte, escuchada por Colombia entera, no conmovió al Gobierno; el clamor de las familias de los magistrados y funcionarios, así como las voces valientes de algunas personalidades que rompieron el cerco tendido a la libre expresión, tampoco fue atendido por el señor Betancur ni por sus ministros de despacho. No hubo lugar a nada distinto de la prepotencia y el odio desplegados ante una nación estremecida con la sucesión de hechos de aniquilamiento total.
f. En las horas de la noche del 6 de noviembre, el Gobierno en pleno aprobó el arrasamiento total del Palacio de Justicia, en vista de que el Ejército y la Policía habían fracasado en sus intentos de asalto. La decisión fue la de incendiar la sede del poder jurisdiccional, por acción de comandos del GOES, situación que causó numerosas víctimas, entre ellas, el presidente de la Corte, y que obligó a civiles e insurgentes a buscar refugio en los baños de los pisos tercero y cuarto.
g. Nuestras fuerzas, así como la mayoría de las personas retenidas en los pisos superiores de la edificación, sobrevivieron al incendio, lo cual posibilitó enfrentar el asalto de nuevos comandos en la madrugada del jueves 7. Pero esto también dio lugar a una nueva decisión gubernamental: la de minar el Palacio, como recurso máximo contra la heroica resistencia de sus ocupantes.
h. Poco antes de las 14 horas del jueves, Betancur decretó la llamada "hora de reflexión", nada distinto que un llamado perentorio a la rendición, so pena de hacer explotar las cargas colocadas en diferentes puntos del edificio. El mundo entero presenció el desenlace fatal y el Gobierno tiene que enfrentar su decisión con la sola verdad. Porque las siete tanquetas, el empleo indiscriminado de los cañones de 57 mm, el uso de rockets, granadas y gases, la provocación de incendios y explosiones, fueron la única respuesta a las diferentes soluciones planteadas. En ningún momento el Gobierno aceptó la fórmula negociada ni dio lugar a pausas o a minuto alguno para la reflexión.
Tal es la más reciente demostración de una política cuyos efectos sufren a diario millones de colombianos enfrentados al marginamiento y a la desatención de sus necesidades como negación de los derechos básicos del hombre. Esta política de aniquilamiento es la que deja el saldo trágico de desapariciones y asesinatos en todo el país, así como de bombardeos indiscriminados y despojo en las zonas rurales donde se produce la confrontación armada. Esta política se traduce hoy en la decisión de arrasar el país en aras de una institucionalidad que el mismo Gobierno irrespeta y falsea.
5. La nación en armas demandó al Gobierno por el incumplimiento de sus compromisos ante el país y el propio Gobierno se autocondenó.
El Gobierno no sólo desatendió invocaciones obvias a la aplicación del Derecho de Gentes -cual es el cese del fuego- como lo planteara el doctor Reyes, sino que arrasó con todo y con todos los que estaban en el Palacio de Justicia, optando -antes que cualquier solución negociada- por aniquilar el poder jurisdiccional de la República.
Y ahora minimiza su responsabilidad con nuevas muestras de cinismo, mentiras y actitudes criminales:
a. Como si todavía quedara lugar para el asombro, el Gobierno pretende distorsionar los objetivos de la Operación "Antonio Nariño por los Derechos del Hombre" y negar su carácter político, aduciendo falsos compromisos entre la democracia en armas y el narcotráfico.
b. Desde las guaridas de un imaginación criminal y negando toda lógica, quiere hacer creer al mundo que provocamos el incendio de nuestro albergue, el cual alojaba también a otro centenar de personas.
c. Tal vez inspirados por su desprecio a la vida humana, afirman que los guerrilleros se ataron cargas de dinamita y disfrazan así las explosiones que las Fuerzas Armadas propiciaron para consumar el holocausto.
d. Su cobardía dicta las infamias con que se proponen manchar el honor de hombres y de quienes combatieron limpiamente, para adjudicarles -después de su muerte- conductas inescrupulosas que se riñen con las declaraciones de los sobrevivientes, los propósitos del operativo y la confianza nacional en la integridad de los héroes de la democracia y la libertad.
e. El decomiso de materiales grabados y filmados, por parte de las autoridades militares, sólo busca ocultar las evidencias de los crímenes posteriores a la culminación del operativo. Pero la nación sabe del secuestro y asesinato de guerrilleros y funcionarios y se pregunta por la suerte de quienes continúan desaparecidos.
El Gobierno de Betancur tiene que responder por el asesinato del comandante Andrés Almarales, a quienes los militares sacaron vivo del Palacio de Justicia, para entregar luego su cadáver. El Gobierno tiene que responder por la vida de Alfonso Jacquin, Irma Franco y Marcela Sosa, apresados vivos y hoy desaparecidos; tiene que dar cuenta de la suerte de Luis Otero y Guillermo Elvecio Ruiz, también desaparecidos, así como de los siete combatientes y un número indeterminado de civiles -cuya lista encabezan los nueve empleados de la cafetería del Palacio- quienes fueron introducidos en las tanquetas que estaban dentro de la edificación y trasladados a la Brigada de Institutos Militares y a cárceles clandestinas, donde están siendo brutalmente torturados. Y que también explique los motivos para dictar la falsa información acerca de la participación, en la toma, de los compañeros Vera Grabe, Libardo Parra, Afranio Parra y Rafael Arteaga.
6. La nación tiene derecho a exigir responsabilidades y sentenciar al desgobierno de las minorías.
En el Palacio de Justicia -nuevo símbolo de estos tiempos difíciles- se mantuvo en alto la bandera nacional. No en vano lucharon y se hermanaron los mártires de la democracia y los combatientes por ella. Porque existe la posibilidad cierta y alcanzable de mejor vida para los colombianos, la que impulsan hoy campesinos y obreros, abogados y sacerdotes, estudiantes y pobladores, guerrilleros y demócratas, que con palabra limpia y acción justiciera hemos decidido reemplazar el mal gobierno y somos avanzada de las inmensas mayorías que anhelan el cambio, la democracia, la justicia y la soberanía.
No más prepotencia minoritaria, no más militarismo de tierra arrasada, no más torturadores en el Gobierno. Enfrentemos todos a los nuevos "pacificadores" con el temple moral de esta nación cuya historia enlaza la resistencia de los combatientes de la democracia en el Palacio de Justicia con la de quienes en el sitio de Cartagena prepararon las condiciones de las armas de libertad de Simón Bolívar.
Y si hoy Belisario Betancur y Vega Uribe ocupan el lugar de los pacificadores de antaño, también se levantan fuerzas vivas, diversas en sus métodos de lucha y en sus opiniones, pero que se encaminan hacia la construcción de un Gobierno de democracia que dé paso a un nuevo ordenamiento social en el que la justicia ya no tenga que ser reclamada con las armas, ni la democracia construida en combates. Y por sobre todo, en el que la vida, el honor y el respeto a la persona se anteponga al odio y a los intereses pequeños de los altos poderes.
La Operación "Antonio Nariño por los Derechos del Hombre", realizada por la columna Iván Marino Ospina del M-19, llevaba una demanda nacional ante los más altos tribunales de justicia. Hoy la nación le da continuidad, pero no como demanda sino como sentencia por la decisión política y militar del Gobierno, que arrasó a quienes estaban ahí, y también a la conciencia moral de la nación, con el golpe mortal a la institución jurisdiccional.
La voz viva del presidente de la Corte, exigiendo al Gobierno el cese del fuego y el comienzo de conversaciones, permanece como acusación y condena eterna a quienes ordenaron y ejecutaron el holocausto total. Y en el altar de la patria se levanta la bandera de la democracia y la dignidad de hombres como el mismo doctor Reyes Echandía, y de todos nuestros combatientes encabezados por Luis Otero, Alfonso Jacquin, Andrés Almarales, Guillermo Elvecio Ruiz, Ariel Sánchez, José Domingo Gómez.
Esta dolorosa pérdida de hombres, de conciencias, no será vana. Está en camino la democracia. Perdió la minoría gobernante la autoridad para seguir dirigiendo los destinos de la nación. Y como hoy lo hacen los trabajadores de la justicia, Colombia entera ha de reclamar desde cada localidad, cada sector social, cada gremio, cada color y cada creencia, por las garantías inaplazables de los sagrados derechos de la vida.
A las naciones del mundo y a los hermanos pueblos de nuestra América les decimos que Colombia será de otra manera. Porque la conciencia, la fuerza, el heroísmo, vuelven a reencontrarse con nuestra historia, y es destino de los pueblos la dignidad, la libertad y la victoria. Porque apostamos al futuro y a la vida de este país joven y fecundo. Y porque hoy reafirmamos ante la nación y ante el mundo que no cejaremos en esta lucha hasta que la libertad, el bienestar y la felicidad de la patria estén asegurados.
Por la paz haremos hasta lo imposible.
Colombia, 11 de noviembre de 1985
Colombianos:
Hoy la nación reclama adolorida una explicación del holocausto en el Palacio de Justicia el jueves 7 de noviembre de 1985, y hoy -más que nunca- se plantea la necesidad urgente e inaplazable de lograr la paz para Colombia.
La batalla del Palacio de Justicia tuvo por escenario el corazón político-administrativo del país, y todos presenciamos las escenas consecuentes a la decisión de tierra arrasada y aniquilamiento total. Pero la opinión pública no conoce aún toda la verdad y el gobierno pretende justificar su acción con argumentos ajenos a la realidad y al sentir nacional.
Esta actitud sólo nos enfrenta al abismo de su odio y sinrazón. Y aleja más aún las posibilidades de construir la paz por caminos distintos a la guerra. Por eso, hoy la conciencia democrática de nuestra nacionalidad tiene que exigir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad sobre los hechos sociales, políticos y militares que nos enfrentan con nuestro destino colectivo inmediato.
Por nuestra parte, asumimos la responsabilidad de nuestra acción con mirada limpia, dignidad, y con el dolor profundo por el sacrificio de hombres y mujeres que no participaron en el enfrentamiento directo, de nuestros combatientes y de los compatriotas que pelearon en las filas de la oligarquía. La enfrentamos con la serenidad y firmeza que inspiró esta demanda armada por los derechos de la nación, de la patria y del ciudadano, y con la integridad de un comportamiento manifiesto en toda nuestra actuación pública, en las tomas de pueblos y ciudades, en la Embajada de la República Dominicana y en el respeto inmenso hacia los prisioneros de guerra.
1. Nuestras razones son las de la nación entera. Hoy la patria que vivimos no es la que soñamos. No es la que anhelamos con claros horizontes de justicia y plenitud, de desarrollo, libertad y respeto a los derechos de la vida. Padecemos, en cambio, los rigores de esta guerra que desató la minoría gobernante contra las mayorías, intensificada con la negación a buscar los caminos de la paz mediante la concertación nacional y el diálogo por el cambio.
Hoy la paz es camino por andar, bandera grande y limpia y tarea de las mayorías que necesitan y quieren el cambio democrático. No es argumento para la injusticia, promesa incumplida, ni excusa para el engaño, la represión y el holocausto.
La incompetencia y la amoralidad de este desgobierno no pueden ser ya jamás motivo de comentario individual o de la protesta aislada. Hoy es urgente y necesario que la capacidad creadora, el coraje para mirar de frente la realidad y la decisión mayoritaria de asumir los retos del presente nos conduzcan al logro de la paz que se fundamenta en la justicia social, la soberanía y la participación de todos en la conducción del destino colectivo.
Nuestra patria no merece ni resiste seguir así. Nuestra patria no es tierra de ignominia ni tierra de prepotencias oligárquicas ni de minorías criminales con políticas de tierra arrasada. Por eso, y a pesar de la violencia cotidiana que azota a las grandes mayorías, no salimos del asombro y del dolor por el sacrificio de más de cien colombianos en el Palacio de Justicia. Por eso, en las luchas y en las demostraciones armadas de la rebeldía se abrazan los combatientes de la libertad con hombres y mujeres que, sin armas en la mano, levantan su voz de cordura, su reclamo de reformas sociales y su demanda de replantear a fondo el proceso de paz que aún no comienza.
2. Y por eso mismo llegamos ante la Corte Suprema de Justicia, única reserva moral y democrática de los poderes públicos.
Llegamos ante la Corte Suprema de Justicia para presentar las demandas de una nación que se desangra y se asfixia, por las políticas de un Ejecutivo y un Legislativo que van en contravía al logro de la paz.
Buscábamos, ante este tribunal de honor, exponer nuestras
razones y enjuiciar públicamente la violación de los acuerdos de tregua y reformas sociales. Demandábamos a este régimen por la violación de la Constitución nacional, la entrega de la soberanía económica y jurídica, y por defraudar la esperanza nacional.
Llegábamos, ante la Corte Suprema de Justicia, para convocar a la nación entera a participar en este juicio como parte demandante y demostramos nuestra confianza en la moralidad y el espíritu amplio y democrático de los honorables magistrados y consejeros de Estado, para que ellos arrojasen luces a este proceso.
Llegamos ante la Corte Suprema de Justicia invocando el derecho que nos rige, porque como ejército del pueblo abrazamos la defensa del cuerpo constitucional y luchamos por su vigencia.
Fuimos a la Corte Suprema de Justicia en búsqueda de más amplios horizontes para el ejercicio de la democracia y con la decisión de abrir nuevos caminos a la posibilidad irrenunciable de lograr la paz mediante el diálogo, la concertación y la participación de todos.
3. Y fue una demanda armada porque hoy los derechos del hombre y del ciudadano tienen que ser garantizados con la fuerza de las armas del pueblo.
Porque los derechos de las mayorías son desconocidos y constantemente violados por la minoría que nos gobierna. Porque hoy las mayorías tienen que pelear para ejercer la democracia. Porque el Gobierno de Betancur se lanzó al aniquilamiento de fuerzas que son esperanza del cambio y traicionó la vía más justa y novedosa de buscar la paz para la nación cual era el Diálogo Nacional.
Por la verdad y la democracia nos tomamos el Palacio de Justicia. No para exigir prebendas o beneficios propios, no para atacar al tribunal de justicia ni a sus representantes. Nunca hemos atentado, ni lo haremos jamás, contra los trabajadores de la justicia. Por el contrario, fuimos ahí como tribunal de honor y de leyes, porque la nación tiene suficientes razones para enjuiciar política y judicialmente a este Gobierno y porque la Corte Suprema y el Consejo de Estado habían actuado con conciencia y dignidad. Hace apenas tres meses se condenó al actual ministro de Defensa y al Estado colombiano como responsables de torturas y violaciones a los derechos humanos.
4. Los hechos:
a. Desde el primer momento de la toma, tanto el Gobierno como los honorables magistrados, conocieron nuestras razones y también nuestra decisión de defender las vidas de las personas retenidas aun a costa de las propias, ante eventuales asaltos al Palacio de Justicia. A todos los medios de comunicación y al propio Gobierno llegó nuestra proclama, pero no se permitió su difusión.
b. Nuestra defensa estaba organizada con base en el enfrentamiento militar y no en la toma de rehenes. Para ello, los combatientes del M-19 tomaron posiciones en la parte baja de la edificación y en los pisos segundo, tercero y cuarto, concebidos los dos últimos como última línea de defensa.
c. De parte nuestra, nunca hubo ultimátum ni amenazas al Gobierno ni a las personas retenidas. Desde el comienzo buscamos conversaciones, pero en ningún momento planteamos la disposición a la rendición humillante y vergonzosa. Sin embargo, el Gobierno -amparándose en la desinformación y el engaño- tomó su decisión ciega y brutal, que no fue ataque contra los combatientes de la columna Iván Marino Ospina que ingresaron en el Palacio de Justicia, sino una operación de aniquilamiento masivo, de holocausto total y generalizado.
d. El ingreso de las tanquetas al Palacio, antes de cumplir dos horas de ocupación, aisló a los combatientes situados en la parte baja de los que sostenían posiciones en los pisos altos. Sin embargo, la resistencia en los sótanos y en el primer piso se mantuvo hasta el momento del incendio, mostrando el temple y el heroísmo de los oficiales de Bolívar en forma jamás vista en este país.
e. La perentoria exigencia del doctor Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte, escuchada por Colombia entera, no conmovió al Gobierno; el clamor de las familias de los magistrados y funcionarios, así como las voces valientes de algunas personalidades que rompieron el cerco tendido a la libre expresión, tampoco fue atendido por el señor Betancur ni por sus ministros de despacho. No hubo lugar a nada distinto de la prepotencia y el odio desplegados ante una nación estremecida con la sucesión de hechos de aniquilamiento total.
f. En las horas de la noche del 6 de noviembre, el Gobierno en pleno aprobó el arrasamiento total del Palacio de Justicia, en vista de que el Ejército y la Policía habían fracasado en sus intentos de asalto. La decisión fue la de incendiar la sede del poder jurisdiccional, por acción de comandos del GOES, situación que causó numerosas víctimas, entre ellas, el presidente de la Corte, y que obligó a civiles e insurgentes a buscar refugio en los baños de los pisos tercero y cuarto.
g. Nuestras fuerzas, así como la mayoría de las personas retenidas en los pisos superiores de la edificación, sobrevivieron al incendio, lo cual posibilitó enfrentar el asalto de nuevos comandos en la madrugada del jueves 7. Pero esto también dio lugar a una nueva decisión gubernamental: la de minar el Palacio, como recurso máximo contra la heroica resistencia de sus ocupantes.
h. Poco antes de las 14 horas del jueves, Betancur decretó la llamada "hora de reflexión", nada distinto que un llamado perentorio a la rendición, so pena de hacer explotar las cargas colocadas en diferentes puntos del edificio. El mundo entero presenció el desenlace fatal y el Gobierno tiene que enfrentar su decisión con la sola verdad. Porque las siete tanquetas, el empleo indiscriminado de los cañones de 57 mm, el uso de rockets, granadas y gases, la provocación de incendios y explosiones, fueron la única respuesta a las diferentes soluciones planteadas. En ningún momento el Gobierno aceptó la fórmula negociada ni dio lugar a pausas o a minuto alguno para la reflexión.
Tal es la más reciente demostración de una política cuyos efectos sufren a diario millones de colombianos enfrentados al marginamiento y a la desatención de sus necesidades como negación de los derechos básicos del hombre. Esta política de aniquilamiento es la que deja el saldo trágico de desapariciones y asesinatos en todo el país, así como de bombardeos indiscriminados y despojo en las zonas rurales donde se produce la confrontación armada. Esta política se traduce hoy en la decisión de arrasar el país en aras de una institucionalidad que el mismo Gobierno irrespeta y falsea.
5. La nación en armas demandó al Gobierno por el incumplimiento de sus compromisos ante el país y el propio Gobierno se autocondenó.
El Gobierno no sólo desatendió invocaciones obvias a la aplicación del Derecho de Gentes -cual es el cese del fuego- como lo planteara el doctor Reyes, sino que arrasó con todo y con todos los que estaban en el Palacio de Justicia, optando -antes que cualquier solución negociada- por aniquilar el poder jurisdiccional de la República.
Y ahora minimiza su responsabilidad con nuevas muestras de cinismo, mentiras y actitudes criminales:
a. Como si todavía quedara lugar para el asombro, el Gobierno pretende distorsionar los objetivos de la Operación "Antonio Nariño por los Derechos del Hombre" y negar su carácter político, aduciendo falsos compromisos entre la democracia en armas y el narcotráfico.
b. Desde las guaridas de un imaginación criminal y negando toda lógica, quiere hacer creer al mundo que provocamos el incendio de nuestro albergue, el cual alojaba también a otro centenar de personas.
c. Tal vez inspirados por su desprecio a la vida humana, afirman que los guerrilleros se ataron cargas de dinamita y disfrazan así las explosiones que las Fuerzas Armadas propiciaron para consumar el holocausto.
d. Su cobardía dicta las infamias con que se proponen manchar el honor de hombres y de quienes combatieron limpiamente, para adjudicarles -después de su muerte- conductas inescrupulosas que se riñen con las declaraciones de los sobrevivientes, los propósitos del operativo y la confianza nacional en la integridad de los héroes de la democracia y la libertad.
e. El decomiso de materiales grabados y filmados, por parte de las autoridades militares, sólo busca ocultar las evidencias de los crímenes posteriores a la culminación del operativo. Pero la nación sabe del secuestro y asesinato de guerrilleros y funcionarios y se pregunta por la suerte de quienes continúan desaparecidos.
El Gobierno de Betancur tiene que responder por el asesinato del comandante Andrés Almarales, a quienes los militares sacaron vivo del Palacio de Justicia, para entregar luego su cadáver. El Gobierno tiene que responder por la vida de Alfonso Jacquin, Irma Franco y Marcela Sosa, apresados vivos y hoy desaparecidos; tiene que dar cuenta de la suerte de Luis Otero y Guillermo Elvecio Ruiz, también desaparecidos, así como de los siete combatientes y un número indeterminado de civiles -cuya lista encabezan los nueve empleados de la cafetería del Palacio- quienes fueron introducidos en las tanquetas que estaban dentro de la edificación y trasladados a la Brigada de Institutos Militares y a cárceles clandestinas, donde están siendo brutalmente torturados. Y que también explique los motivos para dictar la falsa información acerca de la participación, en la toma, de los compañeros Vera Grabe, Libardo Parra, Afranio Parra y Rafael Arteaga.
6. La nación tiene derecho a exigir responsabilidades y sentenciar al desgobierno de las minorías.
En el Palacio de Justicia -nuevo símbolo de estos tiempos difíciles- se mantuvo en alto la bandera nacional. No en vano lucharon y se hermanaron los mártires de la democracia y los combatientes por ella. Porque existe la posibilidad cierta y alcanzable de mejor vida para los colombianos, la que impulsan hoy campesinos y obreros, abogados y sacerdotes, estudiantes y pobladores, guerrilleros y demócratas, que con palabra limpia y acción justiciera hemos decidido reemplazar el mal gobierno y somos avanzada de las inmensas mayorías que anhelan el cambio, la democracia, la justicia y la soberanía.
No más prepotencia minoritaria, no más militarismo de tierra arrasada, no más torturadores en el Gobierno. Enfrentemos todos a los nuevos "pacificadores" con el temple moral de esta nación cuya historia enlaza la resistencia de los combatientes de la democracia en el Palacio de Justicia con la de quienes en el sitio de Cartagena prepararon las condiciones de las armas de libertad de Simón Bolívar.
Y si hoy Belisario Betancur y Vega Uribe ocupan el lugar de los pacificadores de antaño, también se levantan fuerzas vivas, diversas en sus métodos de lucha y en sus opiniones, pero que se encaminan hacia la construcción de un Gobierno de democracia que dé paso a un nuevo ordenamiento social en el que la justicia ya no tenga que ser reclamada con las armas, ni la democracia construida en combates. Y por sobre todo, en el que la vida, el honor y el respeto a la persona se anteponga al odio y a los intereses pequeños de los altos poderes.
La Operación "Antonio Nariño por los Derechos del Hombre", realizada por la columna Iván Marino Ospina del M-19, llevaba una demanda nacional ante los más altos tribunales de justicia. Hoy la nación le da continuidad, pero no como demanda sino como sentencia por la decisión política y militar del Gobierno, que arrasó a quienes estaban ahí, y también a la conciencia moral de la nación, con el golpe mortal a la institución jurisdiccional.
La voz viva del presidente de la Corte, exigiendo al Gobierno el cese del fuego y el comienzo de conversaciones, permanece como acusación y condena eterna a quienes ordenaron y ejecutaron el holocausto total. Y en el altar de la patria se levanta la bandera de la democracia y la dignidad de hombres como el mismo doctor Reyes Echandía, y de todos nuestros combatientes encabezados por Luis Otero, Alfonso Jacquin, Andrés Almarales, Guillermo Elvecio Ruiz, Ariel Sánchez, José Domingo Gómez.
Esta dolorosa pérdida de hombres, de conciencias, no será vana. Está en camino la democracia. Perdió la minoría gobernante la autoridad para seguir dirigiendo los destinos de la nación. Y como hoy lo hacen los trabajadores de la justicia, Colombia entera ha de reclamar desde cada localidad, cada sector social, cada gremio, cada color y cada creencia, por las garantías inaplazables de los sagrados derechos de la vida.
A las naciones del mundo y a los hermanos pueblos de nuestra América les decimos que Colombia será de otra manera. Porque la conciencia, la fuerza, el heroísmo, vuelven a reencontrarse con nuestra historia, y es destino de los pueblos la dignidad, la libertad y la victoria. Porque apostamos al futuro y a la vida de este país joven y fecundo. Y porque hoy reafirmamos ante la nación y ante el mundo que no cejaremos en esta lucha hasta que la libertad, el bienestar y la felicidad de la patria estén asegurados.
Por la paz haremos hasta lo imposible.
Colombia, 11 de noviembre de 1985