Cuando el virreinato ejecutó 14 extradiciones a EE.UU. de socios uribistas del Ralito se vendió la idea de “punto final” de la crisis del gobierno, incluso especularon sobre el desbloqueo del TLC.
La operación tapen-tapen para conjurar la crisis no da el resultado esperado: dos congresistas más han sido condenados por sus vínculos narcoparamilitares, y si se hace justicia vendrán decenas de condenas de parlamentarios, generales, coroneles, gobernadores, alcaldes y altos funcionarios del gobierno de Uribe. Las denuncias por el soborno uribista de la ex parlamentaria Yidis Medina toman fuerza con pruebas documentales que aprietan a Uribe y sus ministros por ilegalidad.
Uribe no pudo difundir más sus falsas teorías sobre “el blindaje de la economía” ante la crisis y la “seguridad democrática” como garantía del crecimiento económico, ya admitió la crisis económica que se anuncia severa. Anunció más impuestos, alzas de combustibles y alimentos, opuestas a la soberanía nacional y a las necesidades populares. Hoy pululan las contradicciones en temas económicos claves en el Estado y entre técnicos y políticos del uribismo y toda la oligarquía.
Ahora, en vano intento de salvarse de todo lo anterior, se lanzó una pérfida embestida contra la oposición al pedir investigación contra los congresistas Piedad Córdoba (Partido Liberal), Gloria Inés Ramírez (PCC-PDA) y Wilson Borja (PCC-PDA) señalándolos de tener “vínculos con las FARC-EP”. Al tiempo, rotulan a periodistas que ejercen libremente y a políticos opositores que perteneciendo a partidos tradicionales han fijado posiciones democráticas sobre el tema de la paz y el acuerdo humanitario. Apoyados la mafiosa INTERPOL y lecturas amañadas de “los computadores de Reyes”, Uribe justifica la cacería contra la oposición política y social. Trata de sacar ventajas electorales para los republicanos de Bush y fortalecer a Uribe como peón de brega contra los gobiernos alternativos de Venezuela y Ecuador. Intentan inútilmente cubrir con nuevos ataques mediáticos la gigantesca y maloliente descomposición del régimen y amedrentar al pueblo con el terror de “las águilas negras”, nuevo nombre de las AUC. Usan el terrorismo intentando frenar pérdidas de la derecha y revertir la tendencia al ascenso de las luchas populares y de las fuerzas democráticas y de izquierda.
La gestión del Fiscal General ante las cortes imperialistas dejó al gobierno de Uribe como mentirosos, la “extradición masiva” SI afecta los procesos penales, se trata de un decreto de impunidad contra las víctimas. La ley de “justicia y paz” no expresa ningún proceso de paz sino el acuerdo del Ralito que fracasa con la derrota de la calificación de “delincuentes políticos” aplicada a criminales de lesa humanidad. La extradición de los 14 jefes paras es un paso a un nuevo acuerdo entre capos con participación directa de los poderes de Washington a quienes les han servido. La corrupción y la politiquería del uribismo incluyen el decreto para poner a pagar las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado al mismo pueblo, mientras los grandes capitales del narcoparamilitarismo han de repartírselos los yanquis, dejándoles migajas a sus lacayos.
Así extradite decenas de paras, se hable de farcpolítica o de logros militares, no se legitima al Presidente de Colombia y demás instituciones caducas, seguirá debilitándose su gobernabilidad por la crisis parlamentaria, la economía decreciente y las multitudinarias manifestaciones que como la jornada de lucha del Primero de Mayo exigirán que la crisis económica la paguen los ricos.
Los yanquis quieren una base militar en La Guajira, salida agresiva contra Venezuela y nuestro pueblo, reflejo de los temores y debilidades de los imperialistas que se baten en retirada ante el empuje popular ecuatoriano contra la base de Manta y otras formas de injerencia. Temen por la capacidad de respuesta de la insurgencia, que NO está al borde de la derrota, como lo demuestran las FARC al asimilar los duros golpes a su Estado Mayor Central hoy liderado por el Comandante Alfonso Cano, que ante la tumba del camarada Manuel Marulanda han jurado “luchar hasta vencer”.
Estamos ante una crisis profunda, estructural, que está lejos de concluir, que cada día nos ofrece reveses del gobierno brindándonos más condiciones objetivas para educar al pueblo, asestar golpes tácticos al régimen y acumular fuerzas revolucionarias para preparar objetivos estratégicos.
Los marxista-leninistas seguiremos contribuyendo para apuntalar la convergencia democrática que exige la lucha por la renuncia de Uribe, el adelanto de las elecciones presidenciales, para anular políticamente al corrupto e ilegítimo Congreso y sacar del juego electoral a los líderes de los partidos comprometidos con la narcoparapolítica.
Así mismo, aportaremos a la brega por alcanzar la convocatoria de una Constituyente a favor del pueblo y la soberanía nacional. Continuaremos apoyando la más amplia convergencia democrática para derrotar a Uribe, golpear duro al régimen con una Asamblea Constituyente al servicio del pueblo, hacer la crisis económica la paguen los ricos, concretar el acuerdo humanitario y buscar salidas políticas al conflicto interno, entre otras tareas claves para fortalecer la lucha contra el imperialismo y la oligarquía e imponer en Colombia otro régimen político con la fuerza de la lucha del pueblo y sus organizaciones.
Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)