Por Juana Bolivariana/Partido Comunista Clandestino Colombiano/Regional Henry Ruiz/ Frente Jacobo Arenas
Durante décadas los veinte barrios que conforman la Comuna 13 de Medellín han sido intencionalmente invisibilizados por el Estado Colombiano para ocultar la pobreza, marginalidad y desamparo que coexistían en ellos, para no tener que desfigurar el rostro con el falso desconcierto al admitir que en “la ciudad de la tasita de plata” también se materializaban –y continúan materializándose- los problemas sociales que vive todo el país.
Fue sólo tras años de arduo esfuerzo de la comunidad para organizarse, construir caminos y, a su alrededor, casas, escuelas, parques, y exigir la garantía de sus derechos, que la Comuna 13 fue vista por las diferentes Administraciones que han tenido la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia como un potencial escenario para el desarrollo de megaproyectos asociados al Túnel de Occidente, y por los sujetos, grupos y gremios narcoparamilitares para el tránsito ilegal de drogas, combustible y armas por su cercanía al Río Atrato.
Ya hace seis años que se desarrollaron los operativos militares y paramilitares que resultaron en la Operación Orión, lo que los medios masivos de comunicación han llamado “la pacificación por una valerosa acción dirigida por los Generales Mario Montoya y Leonardo Gallego”, en supuesta defensa de la libertad y la democracia. Pero ¿de qué libertad y de qué democracia hablan cuando desde el mismo Estado se promueven el miedo y el terror?
En nombre de la seguridad –¿la de quién?- y respaldados por el alcalde de Medellín, en ese entonces Luis Pérez, y la orden directa del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, hombres de la IV Brigada del Ejército, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía y el DAS, apoyados por helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana y paramilitares de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada –quienes ahora ejercen pleno control en la zona–, unos 3000 hombres en total, incursionaron en la Comuna con la Operación Mariscal, en mayo de 2002, la Operación Antorcha, en junio, que dejó 42 civiles muertos de los cuales 15 eran niños, y “el broche de oro”, la Operación Orión, en el mes de Octubre.
Aunque las irregularidades y abusos cometidos en los dos primeros operativos desembocaron en una investigación judicial que comenzaba a arrojar luces sobre la participación de altos funcionarios del gobierno en esas acciones, es decir, en la infinita cantidad de violaciones a los derechos humanos que se cometieron en contra de la población, la investigación fue detenida, escondida y olvidada –como se ha hecho con tantas otras– días antes de que esos mismos sujetos volvieran a entrar a la Comuna 13 con la Operación Orión.
La pesadumbre que viven las familias de los desaparecidos por los paramilitares que actualmente confiesan sus crímenes para ser cobijados por la Ley de Justicia y Paz y pagar penas irrisorias por sus delitos en contra de la humanidad, la comparten los habitantes de la Comuna 13, que tras seis años continúan preguntándose cuántos muertos, heridos, detenidos, amenazados, desplazados, que continúan buscando a sus desaparecidos.
No se tienen datos precisos, pero se habla de aproximadamente 350 detenidos arbitrariamente, la mayoría de ellos absueltos, 40 heridos, 70 muertos, ocho desaparecidos durante el operativo, 60 desaparecidos en los meses siguientes y un incalculable número de desplazados forzados intraurbanos.
Durante los años siguientes algunos pocos habitantes de la Comuna se han atrevido a denunciar los asesinatos selectivos de los que han sido víctimas muchas personas que fueron detenidas y luego dejadas en libertad en los meses que siguieron a la Operación Orión, y que no se desplazaron a otros sectores de la ciudad. Pero la gente está siendo amordazada con amenazas, si quieren conservar las vidas propias y de sus familias deben guardar silencio.
En su afán por mostrar resultados, las últimas Administraciones Municipales han difundido unas estadísticas descabelladas sobre el índice de asesinatos en la ciudad después de la Operación Orión. Así como las que realiza el DANE para demostrar que cada vez hay menos pobres y menos desempleo, se omiten algunos “detallitos” para inflar o desinflar los números al amaño de la seguridad democrática.
Ni los muertos que son enterrados en los morros de Medellín, ni los que abandonan en bolsas de basura en algún resquicio de los municipios vecinos, ni las personas que son detenidas arbitrariamente y se les viola el debido proceso, ni las familias que huyen para salvar sus vidas, ni las que son intimidadas para que callen cuanto saben, aparecen en las estadísticas. Sin embargo, personajes de corbata aparecen frente a las cámaras para repetir, una y otra vez, que todo ha mejorado.
Tras la Operación Orión la Comuna 13 “goza” de mayor vigilancia, pues la Policía, el Ejército y los paramilitares hacen presencia en la zona, y aunque nominalmente hay muchos proyectos sociales en desarrollo, la inversión real en la gente es irrisoria porque el Estado sigue empeñado en mostrar resultados internacionalmente con edificios y bibliotecas, dejando de lado las verdaderas necesidades de la comunidad.
Por lo demás, la seguridad aún no se percibe y el estado de zozobra de la población es permanente. El asesinato selectivo se ha puesto de moda, los jóvenes están siendo reclutados a la fuerza por los paramilitares, la mínima muestra de organización de la comunidad recibe una respuesta violenta de la policía y los paras; la gente teme denunciar a los paramilitares que, tras ponerse el título de reinsertados, delinquen sin límite alguno, porque si en el 2002 eran los paras los que señalaban y la Policía la que hacía el trabajo sucio, actualmente se tienen testimonios sobre el señalamiento de la Policía para que sean los paras los que… desaparecen y asesinan.
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