Colombia está atónita ante el hecho monstruoso del engaño a muchos jóvenes de Bogotá, que luego de dos o tres días aparecen en fosas comunes en la provincia de Ocaña –ubicada a 12 horas de recorrido en carro. Todos con la misma explicación “legal” de la causa de la muerte: “dados de baja” en combate con el ejército. Tienen el mismo origen: jóvenes que habitan en barrios con alto índice de miseria. La muerte de ellos ocurre en zonas de paramilitares “desmovilizados”.
Coincidencialmente, “el extraño fenómeno” va ligado a la existencia de una máquina de muerte paramilitar que ejecuta la nazi-fascista “limpieza social” ligada a “falsos resultados positivos” de la soldadesca comandada en Ocaña por un general de brigada, que jura sólo combatir la guerrilla y oculta que esos crímenes producen beneficios económicos para los falsos “sapos”, premios y ascensos para él y sus subalternos. Esto también ha ocurrido en departamentos de la costa atlántica, Quindío, Antioquia y más allá. Nada suelto, es un plan.
Se filtró en los medios de comunicación un fenómeno nada extraño para las autoridades y poco conocido por la comunidad que obligó al ministro de guerra ha conceder ruedas de prensa junto al general comandante de las fuerzas militares. Están en apuros para seguir sosteniendo la tesis de la ‘Casa de Nari’ que pregona la desaparición del paramilitarismo, aunque choque con el movimiento de derechos humanos y las autoridades de Bogotá y otros municipios que dicen que continúan los paramilitares en sus jurisdicciones.
Pero las provocaciones y montajes no paran allí, cuando aturdían con “millones de firmas” por el referendo reeleccionista el ministro de guerra acosaba con la militarización de Bogotá (5 mil policías más), apoyado en sus “democráticos” consejos de seguridad, en que “detectaron planes para atentar contra altos funcionarios del Estado” y en pequeños estallidos de petardos en establecimientos comerciales. En Pereira, dicen que en proximidades del aeropuerto encontraron gran cantidad de explosivos. En Ituango (Antioquia) cae una decena de víctimas en una acción repudiable que las FARC dicen no haber cometido.
Cuando ardía el escándalo por las visitas de mafiosos a la Casa del presidente, Cali despertó intimidada con un gran estallido que originó iniciativas de venta del “Palacio de Justicia” para beneficiar las lonjas de propiedad raíz y sus planes en el centro de la ciudad.
La autoría de los “atentados” automáticamente se asigna a las FARC, así contraste con el triunfalismo y las previsiones sobre la agonía guerrillera difundida por las cúpulas de la “seguridad democrática”.
Contradictoriamente, al insistir en que el país no está frente a una “escalada terrorista”, lo cierto es que estas acciones terroristas presuntamente perpetradas “como estrategia de las FARC para demostrar que no están derrotadas”, evidencian que se volvió a activar el mecanismo de las provocaciones fascistas –propias del terrorismo de Estado- en el interés de distraer la atención de la crisis del gobierno volviéndolo víctima y salvador, crear una atmósfera favorable a la “reelección de la seguridad democrática” convirtiéndola en política de Estado y a presionar el cambio constitucional para reelegir a Uribe.
Ahora para completar, el ministerio de los asuntos laborales declara “terrorista” la huelga de los 18 mil corteros de caña y el vicepresidente Santos declara inservible el aparato judicial, para deslegitimar el paro adelantado por 40 mil empleados del sector y así mantener la tesis de la “cohesión social” de Uribe.
La sucia treta va quedando al desnudo ante la opinión pública.
Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)