La necesidad de una transformación agraria revolucionaria

LA NECESIDAD DE UNA TRANSFORMACIÓN AGRARIA REVOLUCIONARIA

Un enfoque desde las FARC-EP.

Jesús Santrich y Rodrigo Granda

Es innegable que en la Colombia actual, la lucha por la tierra tiene tanta o mayor vigencia que en décadas pasadas. La desmesurada concentración de la propiedad de la tierra en pocas, muy pocas manos, es una de las causales más preponderantes de ese prolongado y cruento conflicto de índole social que padecemos, por el injusto tipo de relaciones económicas, políticas y sociales, que entraña en un país de enorme tradición agropecuaria.
Hoy por hoy, los problemas derivados de las formas como se presenta la propiedad, tenencia, uso y explotación de la tierra se han profundizado con las políticas neoliberales que pauperizaron aun más a amplios sectores de medianos y pequeños productores agropecuarios, propiciando su transito hacia el narcotráfico y dentro de la misma dinámica materializando una contrarreforma agraria que potenció la ya desmedida concentración de la tierra en unas cuantas manos al costo de masacrar ciento setenta mil campesinos y de precipitar el desplazamiento forzoso de más de cuatro millones.

Con la ofensiva violenta del Estado hacía el campo se abrieron amplios caminos para que las transnacionales y los viejos terratenientes fortalecidos, en alianza con narcoparamilitares y capitalistas “que sí tienen músculo financiero”, transitaran, además, hacia la gran producción de maíz, caña, palma africana y otros productos destinados a fines industriales que no priorizaban la autosuficiencia alimentaria de Colombia.

Dependencia y narcotráfico.

En un país como el nuestro, en el que poco a poco se han mezclado una economía dependiente, sin marcos de participación democrática, con un no muy lejano inicio de procesos de enriquecimiento rápido por concepto de la irrupción del narcotráfico, tal fenómeno coadyuvó a la acumulación de capital en confluencia con la acumulación de poder político.

Poder económico y poder político en el plano del latifundismo, que se concentran finalmente en manos de las aristocracias tradicionales, quienes cooptan en últimas a los sectores emergentes de la burguesía mafiosa que hoy pulula en el seno de la clase dominante.

El advenimiento de los recursos del narcotráfico, de los comienzos de la década del ochenta en adelante, desembocó en mayor concentración de la tierra por la acrecida capacidad de inversión de los latifundistas beneficiados con esta nueva veta de capitales. Con la adquisición de tierras tienen una puerta de entrada a una manera singular de lavado de activos presentados como inversiones, falso “ejemplo de emprendimiento empresarial”, en grandes y modernizados hatos ganaderos y campos agroindustriales en diversas partes del país.

En el flujo de esta corriente turbia de la economía, obviamente, se produce un elevado incremento del control de la propiedad territorial con consecuencias que a largo plazo mostrarían un impacto negativo en ese renglón primario de la producción, como que la riqueza surgida no era consecuencia de la productividad real de la agroindustria; efectivamente se denotó un desfase entre los costos de producción y sus resultados, que en principio en nada afectaban, aparentemente, el proceso en la medida en que se trataba era de lavar los activos del narcotráfico.

Pero, finalmente, tal circunstancia generó un impacto en la competitividad respecto a procesos de agro-producción desenvueltos con recursos que no poseen esa misma fuente de enriquecimiento alígero.

Al mismo tiempo, la concentración de la tierra no conllevó a la ampliación de los cultivos semestrales que garantizaran el autoabastecimiento o la marcha hacia tal propósito, sino al incremento de la ganadería extensiva, de tal manera que el crecimiento en tamaño de las propiedades ha ido en relación inversamente proporcional con el incremento de la agricultura, según se deriva de datos oficiales que expresan que los volúmenes de importación de alimentos anterior a los noventa no disminuyó en la década posterior.

El nuevo siglo se inaugura con la tendencia ascendente de la concentración de la tierra sin incrementos ni beneficios para la productividad agrícola para la subsistencia alimentaria.

De tal manera que cuando pensamos en la seguridad y soberanía en dicho campo, en la posibilidad real y constante del autoabastecimiento en suficiencia, nos encontramos con que en Colombia, país con profunda raigambre de agricultores, por estos factores descritos y por las nefastas consecuencias de la llamada apertura económica ordenada por los tiranos del capital financiero, el renglón agropecuario de la producción nacional ha ido quedando desprotegido y de cuenta de las trasnacionales, abocándose a la quiebra impuesta por la dinámica malsana del mercado internacional.

Algunas consecuencias.

La crisis de los renglones primarios de la economía que se evidencia en las importaciones de alimentos, en el aumento del desempleo agropecuario y en la desolación de los campos en superior medida, ha sido entonces consecuencia del terrorismo de Estado, derivación de la guerra sucia y de baja intensidad auspiciada desde Washington, pero también resultado del terrorismo económico que aniquiló la rentabilidad para las actividades agrícolas de pequeños y medianos campesinos sobre todo, a quienes lanzó a la miseria por cuenta de la llamada apertura económica y otras nefastas medidas propias de la política neoliberal.

En los comienzos del milenio, el 20,5% de la oferta laboral, publicitado por organismos de estadística, lleva dentro de si el desempleo de los trabajadores agropecuarios que las otras ramas de la economía no pudieron captar y tampoco hubo políticas gubernamentales para frenar ni para presentarle alternativas de trabajo, suscitándose entonces, un aumento del llamado empleo informal, que en realidad es un desempleo disfrazado en el que se oculta el crecimiento desbordado del desempleo a términos de escándalo, como ocurre por ejemplo en Barranquilla, donde dentro del cúmulo de gente que supuestamente está incluida entre la población no desempleada, el 75 % están dentro de la informalidad.

Tenencia de la tierra.

Entonces, si ahora nos preguntamos en Colombia ¿quién tiene la tierra?, ¿quién se sirve de ella?, ¿quién se beneficia de sus frutos?... tendremos que afirmar: en los albores del siglo XXI, como en el pasado y desde que el santanderismo usurpó el poder al pueblo truncando el proyecto emancipador bolivariano que incluía medidas agrarias verdaderamente revolucionarias en favor de los desposeídos, el asunto de la distribución y explotación de la tierra, sigue siendo uno de los problemas principales; justamente de él ha nacido y por él en gran medida continúa la confrontación que nos desangra.

La tierra ha estado y se sigue acumulando de manera desenfrenada en las manos de las castas aristocráticas, oligarcas, latifundistas y mezquinas, que ahora también involucradas en el sucio negocio del narcotráfico, mantienen una estructura semi-feudal a punta de terror y muerte.

Este hecho se incluye entre las circunstancias que rodearon la resistencia de Marquetalia y el surgimiento de las FARC-EP, en defensa de los oprimidos. Hoy nos mantiene en lucha enfrentando la guerra declarada por el régimen a los de abajo.

Del pasado hasta nuestros días, desde que la oligarquía está en el poder, ninguna solución se ha dado a los problemas de los pobres. La situación es cada día más grave para todos los humildes y entre ellos para los campesinos. Los ricos han hecho de Colombia no un país para todos sino para ellos, a costa de los pobres.

Algunos datos.

Del total del ingreso anual de nuestro país, 60 de cien partes las reciben 8 millones de los más de 40 que habitan Colombia; pero esto, especialmente lo percibe un pequeño puñado de oligarcas. Un rico recibe siempre 140 ó 150 veces más recursos que un pobre; hay más, mucho más de 2 millones de campesinos sin tierra; de 10 millones de hectáreas aptas para la agricultura, solamente 4 millones se siembran y esto en vez de aumentar, disminuye, al punto que ya en Colombia se están importando casi alrededor de 8 millones de toneladas de alimentos, si atendemos a las mentirosas cifras oficiales, las cuales por lo general tratan de presentar datos que no denoten la crisis; pero ya el nivel mencionado es un escándalo. Y se trata de elementos tradicionalmente producidos por nuestros campesinos e indígenas.

Entre principios y finales de la década anterior, el área agrícola sembrada disminuyó en 1.5 millones de hectáreas; de cada 100 propietarios de tierra abierta 10 concentran 9 de cada 10 hectáreas, es decir, que una hectárea de cada 10, se la tienen que repartir entre 90 de cada 100 propietarios, (Obviamente los beneficiados son los ricos latifundistas).

Ocho millones de habitantes del campo viven en miseria total, los cuales se suman a más de la mitad de colombianos que viven en la pobreza extrema.

Un millón de familias no tienen vivienda; 15 millones de colombianos viven en el hacinamiento.

Siete millones no tienen agua potable.

Uno punto dos millones de niños están en estado de desnutrición..., etc.

Mientras tanto los ricos acumulan más y más dinero y los politiqueros despilfarran millones de pesos, para luego decir que no hay más recursos para la precaria inversión social.

No obstante, el gasto militar es exorbitante, las fuerzas armadas, agentes principales de la represión y del terrorismo de Estado, tienen un presupuesto 16 veces mayor al de todos los institutos del sector agropecuario, puesto que en las políticas del gobierno de la Seguridad Democrática la prioridad no es sembrar alimentos sino sus bombas de terror y desolación para el campo.

Como complemento de estos infortunios, la deuda externa colombiana alcanzó, al cerrar el milenio anterior, un nivel de 34.000 millones de dólares, consumiendo en su pago e intereses más de la mitad de los ingresos de la nación. El arrodillamiento de la oligarquía gobernante a los organismos financieros internacionales como el FMI y el BID es total.

Los mismos organismo gubernamentales han detallado que mientras los cultivos semestrales, por lo general alimentarios, decrecieron en 6,2% el área de cultivos permanentes aumentó en 2,2%, y si en efecto la frontera agraria -para bien o para mal- creció en más del 30 por ciento en doce años, colocándose en un nivel superior a l de las 50 millones de hectáreas, lo concreto es que ahora hay más campesinos sin tierra y el aumento es de la gran propiedad en muy pocas manos.

Según un estudio del IGAC y Corpoíca [2002] el área predial rural registrada en 2001 es de 47.147.680 hectáreas, y presenta reducción respecto a la superficie registrada en 1996, que es de 50.710.066 hectáreas. Pero en todo caso crece la concentración. Al respecto los índices que se registran son los siguientes:

- En 1984, las fincas mayores de 500 hectáreas correspondían al 0,5% de los propietarios y controlaban el 32,7% de la superficie; en 1996, este rango correspondía al 0,4% de los propietarios y controlaba el 44,6% de la superficie. En el 2001, las fincas de más de 500 hectáreas correspondían al 0,4% de los propietarios que controlaban el 61,2% de la superficie.

- Coetáneo con la mayor concentración en menos propietarios se produjo disminución en las áreas dedicadas a la agricultura y aumento de las áreas dedicadas a ganadería extensiva y pastos para alimentar los rebaños. Esto conlleva a la disminución de la exportación de productos agrícolas y al aumento de la importación de alimentos.

Es impensable una solución a los profundos problemas económicos, políticos y sociales del país si se sigue bajo la tiranía de un gobierno que persiste en las políticas de ruina para el campo y dentro de la misma dinámica, empuja a la miseria a las mayorías nacionales. ¿Dónde sumar los más de 4 millones de desplazados de la última década de destierro generado por la guerra impuesta por el régimen?

Como factores que se acumulan con consecuencias nefastas tenemos, entonces, la eliminación de los instrumentos de protección a la producción interna, la irregularidad o descontrol en los costos de producción, en las tasas de interés y la renta del suelo…, en medio de condiciones dramáticas que se desprenden de la guerra desbocada por el régimen sobre todo en el campo, ocasionando desplazamientos forzados, masacres, desapariciones, destrucción de cultivos y cementeras, etc. la mengua en la producción y su baja rentabilidad insubsidiada, han ido ocasionando la crisis estructural de la producción agrícola en Colombia. Si tan sólo contrastamos con la situación de Noruegos o Estados Unidos, donde los subsidios agropecuarios sobre pasan el 65 %, podremos imaginar la desfavorabilidad competitivas de nuestra gente del campo respecto a los mercado internacional).

¿Quién puede creer que esta situación cambiará en favor de los pobres con las promesas y medidas de los gobiernos oligarcas? ¿Quién puede creer que un oligarca de entrañas paramilitares y neoliberales como Uribe Vélez puede tener la moral, la voluntad o siquiera el interés de dar o iniciar una solución a los problemas de los pobres de Colombia? Menos posibilidad hay de ello en tanto este gobierno como los anteriores está sumiso a las ordenes mezquinas e inhumanas del capital financiero yanqui, hoy en una inocultable bancarrota que se pretende paliar mediante más saqueo y depredación contra las naciones a las que siempre han chupado la sangre.

Campesinos sin tierra

El campo se ha ido despoblando, la producción ha decrecido sustancialmente, la población se ha desarraigado de una u otra forma en desplazamientos dentro del miso campo y fuera de él, involucrando en ese drama a campesinos y no pocos indígenas, y mientras los cultivos de los pequeños y medianos productores se fueron a pique, en la medida en que creció el despojo y la concentración de la tierra en las manos de quienes manejan el poder del narcotráfico se incrementaron las haciendas de producción agroindustrial y de cultivos permanentes del tipo de la palma africana o del tipo de aquellos que servirán para la elaboración de los llamados bio-combustibles.

La concentración de la propiedad agraria en detrimento de la pequeña y mediana propiedad, es consustancial con el aumento del poder político en manos de los latifundistas, pues como siempre ha ocurrido, como desde los tiempos en que se promulgó el Programa Agrario de los Guerrilleros y antes, el control monopólico de la tierra ha ido acompañado del despojo a los campesinos e indígenas y de la exclusión de estos y de otros amplios sectores populares del manejo del poder político, lanzándolos con medidas de coerción y fuerza hacia la dependencia y la sumisión respecto a sus despojadores. Y a quienes no se someten, los condenan a muerte o al desplazamiento forzado que los empuja a la informalidad en el mundo de la economía urbana.

Desde los años ochenta como ya se ha dicho, la transformación agraria en Colombia ha venido de la mano del narcotráfico; la propiedad agraria ha presentado ampliación y concentración en manos de quienes ejecutan las inversiones de los capitales del narcotráfico como procedimiento para el lavado de activos y de alguna manera establecer corredores por donde circulan la droga. Todo ello conlleva el surgimiento de relaciones autoritarias entre latifundistas y despojados.

Poco a poco y como una constante en el desenvolvimiento histórico del país la clase dominante concentra incesantemente la tierra mediante diversos y perversos métodos de despojo, las masas rurales han sido reducidas a pequeñas y cada vez más divididas parcelas quedando en dependencia de los grandes latifundistas, la frontera agrícola se amplía sin racionalidad, y sumado al consecuencial deterioro del suelo, de las aguas, del entorno, de la biodiversidad…, se agita la quiebra y la mano de obra barata entre la mayor parte de la escaseada población agraria. Gran parte de ella se ha convertido en itinerante, fluctuando entre el campo y la ciudad en condiciones laborales sin garantías y dentro de la informalidad agraria más precaria que obliga a buscar complementariedad para la sobrevivencia en el rebusque en los centro urbanos. Como corolario, crece la informalidad o desempleo disfrazado, y la subsiguiente sobreexplotación laboral sin seguridad social. Cualquier intento de retorno deriva indefectiblemente en una nueva expoliación y despojo de las tierras valorizadas con el trabajo campesino o lanzando a los desposeídos hacia la práctica de los cultivos proscritos.

Históricamente en Colombia, el monopolio de la tierra, su control como forma de fortalecer y expandir el poder político en manos de los latifundistas ha forzado al campesino y al indígena ha convertirse, en el mejor de los casos y cuando no hay absoluto despojo, en pequeño propietario de tierras (por lo general las de menor calidad), y en jornalero sin parcela expuestos a ofrecer fuerza de trabajo barata a los grandes terratenientes en condiciones desfavorables, mediante relaciones semi-coloniales de explotación.

No obstante es creciente la desagrarización del empleo, la merma en las tierras destinadas a la agricultura, la desindustrialización del campo, la informalización del trabajo agrario y de los trabajadores que deben salir a las ciudades ya por desplazamiento forzado o como manera de complementar en el rebusque su sobre vivencia que depende solo de temporadas agrícolas en que es enganchado, como se ha expresado, en las más desfavorables condiciones laborales.

Consecuencias y solución

Una de las consecuencias subyacentes es el conflicto armado, de tal manera que en la búsqueda de soluciones a los problemas de injusticia social en Colombia, uno de los factores a resolver como razón o causa más profunda de la confrontación es el problema de la tierra, de su tenencia, uso y explotación estableciendo nueva distribución, formas de explotación, créditos y demás factores que mejoren las condiciones del campo y de la producción agropecuaria, como la preservación de los recursos naturales y el entorno. Garantizando la satisfacción de los derechos fundamentales, dando solución a las necesidades básicas y acceso a la opción y decisión política, en todos los niveles sociales, con educación, recreación, salud, vivienda, etc. y con castigo a los responsables de los crímenes cometidos, indemnizando a los afectados y otorgándoles plenas garantías para su retorno al campo.

Una transformación agraria en Colombia implicará acabar radicalmente con la tendencia expansiva del poder territorial del latifundio que en últimas, como factor de poder de la oligarquía, es el que ha generado los desplazamientos y los crímenes contra la población rural; deberá trazar líneas estratégicas que restablezcan la economía campesina acabando con la concentración de la propiedad no sólo entregando tierra sino también garantías sociales mediante un reordenamiento territorial y político que racionalice la ocupación y uso del espacio en términos de conservación del medio ambiente.

Se trataría de un trasformación agraria, donde un nuevo Estado coloque las lealtades del ejército ya no en compromiso con el poder del latifundismo, según ocurre en nuestro presente, en que ese poder va de la mano de la Doctrina de la Seguridad Nacional gringa y de su nuevo formato la Política de Seguridad Democrática de Uribe, dentro de la cual uno de los propósitos ciertos y fundamentales es el de la defensa enconada de los intereses de los grandes terratenientes y de las trasnacionales que encabezan los llamados megaproyectos, con las Fuerzas Armadas convertidas en ejército de ocupación que actúa de manera terrible con sus abominables y sanguinarias fuerzas paramilitares, aplicando una guerra sucia sin precedentes.

Habrá que vislumbrar una solución política al tremendo problema social del narcotráfico sin continuar dándole un trato militar que solo afecta al campesino y no a los grandes narcotraficantes quienes tienen sus tentáculos metidos en lo más profundo de la podrida institucionalidad del Estado burgués, con todo y sus redes de comercialización, distribución y consumo beneficiándoles. Solamente a las economías de Estados Unidos y Europa, el negocio del narcotráfico les genera 680 mil millones de dólares.

A la población forzada por las circunstancias sociales a optar por los cultivos proscritos deberá dársele un trato diferente, una solución política y social, acabando con la narco-cracia imperante desde la oligarquía dominante y que todo lo ha contaminado en la paramilitarizada institucionalidad del presente.

El latifundio como sistema económico y de poder que implica un monopolio de tierra y de conducción social deberá ceder paso a la democratización de la tierra, del crédito y del poder político como preámbulo a la solución del conflicto político, social y armado ocasionado por estas injusticias.

Es hora de una trasformación agraria que de solución a los graves problemas sociales producidos por la concentración de la propiedad de la tierra, y abra camino a la seguridad y soberanía alimentaria, pues de momento cada día somos más dependientes y sometidos a la dictadura de las importaciones.

No debe seguir creciendo la reducción de las áreas sembradas en cultivos semestrales porque ello implicará mayor desempleo, más importaciones y mayor dependencia, pues desde los años noventa el nivel de las importaciones nos ha colocado a los pies del imperialismo. En menos de una década, en los albores del siglo XXI, en el tránsito de siglo pasó a estar del menos del 7% a casi el 50% del PIB, mientras que las exportaciones no sobrepasaron el ritmo anual del 7.4 % de crecimiento, decreciendo la producción agrícola casi en todos sus factores. Ejemplifica el caso de los alimentos, pues comenzando el siglo Colombia importó 6 millones de toneladas, lo cual significaría un aumento en ocho veces respecto a una década atrás.

Crisis energética mundial, los biocombustibles.

Hoy, a ciento ochenta y nueve años de iniciada la vida republicana, Colombia tiene un área cultivada de 4.8 millones de hectáreas de los más variados productos agropecuarios; pero se trata de un área que no tiende ni a su crecimiento ni a su consolidación en pro del autoabastecimiento y la autonomía alimentaria, sino que es la cifra derivada del proceso de declive descrito, y aunque ahora el Estado colombiano proyecte, para diez años, ampliar la producción agraria en 7.3 millones de hectáreas nuevas, ello no está orientado a atender las necesidades alimentarias de la población, sino a llenar de dinero a los nuevos detentadores del campo que desde ya adecuan las tierras soñando con la aprobación del TLC con los EEUU., pero en miras a colocar a disposición de ese país, con las mínimas o nulas cargas arancelarias, lo que ha de ser el biocombustible que necesitan como consecuencia de la crisis del petróleo.

Así nos explicamos la prisa del gobierno colombiano para poner a producir 3.8 millones de hectáreas sembradas en caña con destino a la obtención de alcohol carburante y biocombustibles y 3.5 millones de hectárea en palma aceitera con fines industriales; y aunque el ministerio de agricultura no lo haya manifestado públicamente, se intuye que con el maíz, para la producción de etanol, va a pasar otro tanto.

Efectos del neoliberalismo.

En estos momentos Colombia, de manera insólita, ha pasado a ser el mayor importador de maíz de América Latina (760.000 toneladas) procedente de los EEUU y el noveno importador de trigo en el mundo. Es vergonzoso que el país tenga que traer del extranjero una larga lista de productos agrarios entre ellos papa y arroz pagados a precios del mercado internacional y en dólares mientras se encuentran sin explotar 17 millones de hectáreas de tierras cultivables y 42 millones de hectáreas de las mejores tierras (con abundantes aguas), muchísimas de las cuales están dedicadas al pastoreo de la ganadería extensiva, luego de haber sido usurpadas, en gran medida, a sus legítimos dueños campesinos o indígenas.

Se asfixió a los productores agrícolas, se los despojó, se los lanzó al desplazamiento forzado y al mercado laboral informal o de enganche sin condiciones sociales mínimas y en ese ritmo terrible de la llamada apertura económica se descabezó la producción agraria y se sometió al país a la importación y consumo de los productos agrícolas subsidiados de las grandes potencias, en los que se incluyen los transgénicos, desdeñando el potencial agrícola propio. Si ahora se implementa una nueva frontera de explotación será ya bajo la égida de las exigencias imperiales, y no en procura de una reforma agraria a favor de los oprimidos y expoliados.

En esta realidad Uribe Vélez es la motosierra contra el pueblo, con el poder del respaldo yanqui y su abominable estrategia de guerra sucia como sinónimo de sudor y sangre para los pobres y desamparados. Así que no nos engañemos, pues la miseria, la impunidad y nuevos crímenes crecerán para garantizar la multiplicación de las riquezas de los oligarcas y el poder y las ganancias de las transnacionales, sobre todo en estos tiempos de nefasta crisis financiera del capitalismo ya reconocida por el filibustero George Bush.

El camino a seguir.

Los diferentes gobierno que hasta ahora han pasado por la casa de Nariño no han querido y no querrán resolver el grave conflicto de la tierra en Colombia, pues se trata de un problema que subyace en las entrañas del poder económico y político; es decir, un problema esencial en la lucha de clases, pero que necesariamente habría de abordarse con soluciones de justicia si en verdad se quiere resolver el terrible conflicto que nos desangra. Ello obliga a pensar en una alternativa donde un nuevo poder con carácter popular, de tinte democrático y bolivariano acometa, entre otras, la inmensa tarea de una verdadera transformación agraria, radical, estructural, que vaya más allá de una reforma; más si tenemos en cuenta que los precios de los alimentos se han disparado y seguirán aumentando amén de la escasez de los mismos.

Sólo la unión decidida que ya va fraguando el pueblo en función de la lucha por la justicia, será la que detenga el avance de las descritas calamidades.

Nosotros debemos seguir luchando por la tierra p’al que la trabaja; tierra para el campesino y el indígena, el negro y los mestizos de los campos colombianos. Debemos seguir nuestro batallar por créditos y subsidios para la producción agropecuaria; por sustenctación de precios; por asistencia técnica y mercadeos; por proyectos que implementen vías y medios de comunicación para el campo; por salud, vivienda, educación... y mejores condiciones de vida para la población rural. Debemos seguir adelante por el retorno e indemnización con garantías para los desplazados; por la sustitución rentable de los cultivos llamados ilícitos; por una solución social para el problema de los narco-cultivos; por la conservación y recuperación de nuestro ecosistema; por el desarrollo agropecuario que permita la autonomía alimentaria; y en fin, por una política agraria nueva, verdaderamente justa y patriótica.

Tal como lo plantea la visión bolivariana de las FARC en el Programa Agrario de los Guerrilleros, en la Ley Agraria de las FARC y en la Plataforma Bolivariana Por la Nueva Colombia, (ver anexos), todos estos son objetivos de la lucha campesina, y de la lucha del pueblo en general. Pero ante todo la lucha debe ser por la vida, organizándonos contra la dictadura Uribista, contra el terrorismo de Estado expresado en narcoterrorismo y contra el fascismo de esta oligarquía asesina.

Sí no hay justicia, Colombia será ingobernable. Pero en todo caso, el pueblo siempre triunfará.

AL RESPECTO DEL PROGRAMA AGRARIO.

Podemos expresarnos sobre su absoluta vigencia y necesidad. Una reflexión sobre el tema nos explica sus raíces y al mismo tiempo devela las causas de la confrontación política, social y armada y deja de manifiesto una propuesta de solución justa:

EL PROGRAMA AGRARIO DE LOS GUERRILLEROS DE LAS FARC

Jacobo Arenas, cuando inicia su vida política en el Movimiento armado, lo hace llevando en sus manos el estandarte de la paz, alentando tareas tendientes a evitar una guerra que el gobierno colombiano insistía en desatar sobre el pequeño poblado rural de Marquetalia. Pero si de todas maneras la agresión se producía, a él le tocaría ayudar a organizar la resistencia que, con el problema de la lucha por la tierra como uno de los principales trasfondos, encabezaba el legendario Manuel Marulanda Vélez. Esto último fue lo que le correspondió hacer.

Refiriéndose a los acontecimientos de mayo de 1.964 en Marquetalia, en un aparte de una "Carta Abierta" fechada en junio de 1.980, dirigido al parlamento colombiano, Las FARC expresaban el siguiente planteamiento:

“El gobierno del Doctor Guillermo León valencia, bajo la presión de la oligarquía, movilizó de nuevo la fuerza pública, y el ejército atacó a Marquetalia, en el sur del Tolima.

Los marquetalianos hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para evitar la guerra. Nos dirigimos al parlamento, al gobierno y a las fuerzas atacantes, a las personalidades más importantes del país, a la cruz roja, a todos los medios de comunicación social, inclusive, a las naciones unidas. Hubo una carta abierta firmada por Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jacques Duclos y otros prominentes intelectuales franceses, en que clamaban al gobierno parar la guerra contra los campesinos de Marquetalia.

No hubo fuerza capaz de contener la agresión. (Carta abierta de las FARC al Parlamento colombiano. (Montañas de Colombia, junio de 1.980). Citado Por Arenas, Jacobo en “Paz, Amigos y Enemigos”. Ed. Oveja Negra. Sept. De 1.989, págs. 50-51).

Con estas palabras se deja en claro quiénes iniciaron la guerra que hoy continúa desangrando a Colombia. De las reflexiones de Manuel Marulanda y de su entrañable compañero de lucha Jacobo Arenas, antes había salido la denuncia que referenciaba además a qué intereses respondía esa guerra. Los comandantes habían escrito en el histórico "Programa Agrario de los Guerrilleros" la visión de la Asamblea General de Guerrilleros del 20 de julio de 1.964 sobre la agresión. Dicho documento se convertiría en principal bandera de lucha del movimiento revolucionario.

Se presentó en él los argumentos que explicarían sucinta y claramente el por qué de la lucha armada encabezada por los marquetalianos:

“Nosotros somos nervio de un movimiento revolucionario que viene desde 1.948. contra nosotros campesinos del sur del Tolima, Huila, Cauca y Valle sobre el nudo de la cordillera central, desde 1.948 se ha lanzado la fuerza del gran latifundio,
del gran comercio, de los gamonales de la política oficial y de los comerciantes de la violencia. (Programa Agrario de los Guerrilleros, Marquetalia, julio 20 de 1.964, citado por ARENAS, Jacobo en “Cese del Fuego, una historia política de las FARC”. Ed. La Oveja Negra. Bogotá, febrero de 1.984, pág. 84).

Se establece en este párrafo la relación de la lucha de los marquetalianos con las primeras acciones de resistencia surgida entre fines de 1.948 y comienzos de 1.950, eran momentos de recrudecimiento de la violencia generada con ocasión de los preparativos de las elecciones presidenciales de noviembre de 1.949, se había desatado la comisión de crímenes atroces, saqueos, incendios, etc. sobre la población inerme, en un ambiente de impunidad respecto de todo ese vandalismo cuyos autores eran dirigidos por las mismas autoridades de cada localidad.

Continúa el documento diciendo:

“Nosotros somos víctimas de la política de "sangre y fuego" preconizada y llevada a práctica por la oligarquía que detenta el poder...”

“Hemos sido víctimas de la furia latifundista y del militarismo reaccionario, por que aquí en esta parte de Colombia predominan los intereses más retardatarios del clericalismo ultramontano, los intereses en cadena de la reacción más oscurantista del país. Por eso nos ha tocado padecer en la carne y en el espíritu todas las bestialidades de un régimen podrido que hunde sus raíces en el monopolio latifundista de la tierra bajo el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. (Ibídem. Pág. 85)

Reiteran los combatientes de la resistencia quiénes son los responsables de la violencia que incluye en la llamada política de sangre y fuego. En medio de esa política se desenvuelve la primera etapa del movimiento guerrillero como encarnación de una réplica popular al terror oficial instaurado por la hegemonía conservadora. Pero ahora imputan de manera concluyente la responsabilidad de los males, de las bestialidades padecidas por el pueblo en la carne y en el espíritu, al régimen. Y con este concepto se enjuicia no a uno u otro grupo económico del país sin más, sino al sistema de gobierno, al cual se considera descompuesto, podrido dice el manifiesto, y que se nutre del monopolio latifundista de la tierra. Observemos aquí como estas consideraciones colocan en primer plano, como causa fundamental del conflicto, el problema de la tierra, ligado a los abusos del imperialismo norteamericano que ya intervenía directamente en los asuntos internos del país, como quedó evidenciado con la participación de bombarderos yanquis en Marquetalia.

El manifiesto marquetaliano tiene el sello de las preocupaciones agraristas del Comandante Manuel cuyo pensamiento, para entonces, está identificado plenamente con la línea del Partido Comunista definida en los congresos de la época, y sobre todo en el Séptimo Congreso. Se trataba de la aplicación de una línea en la cual se denotaba especial preocupación por los problemas agrarios propios de la Colombia rural de mediados del siglo XX, y se levantaba la consigna central de la lucha por una transformación agraria democrática. A esta consigna se sumaban las voces anti-imperialistas en momentos en que la "guerra fría" había extendido ya ampliamente su terrible manto de discordia mundial, y la triunfante revolución cubana se enarbolaba como ejemplo libertario y hacía crecer la confianza en la posibilidad real del cambio revolucionario en América Latina, al tiempo que generaba los más grandes temores en las altas esferas del poder gringo: temor a la libre determinación y autonomía de los pueblos, temor al florecimiento de la dignidad y la libertad en los países neocolonizados por Estados Unidos en el territorio americano.

Esta situación explicaba el por qué de la agresión:

Es por eso - dice el documento marquetaliano- que en esta guerra participan contra nosotros tropas, aviones, altos militares y especialistas norteamericanos. Es por eso que se lanzan contra nosotros 16 mil hombres. Es por eso que se emplea contra nosotros la táctica de bloqueo económico, del cerco de exterminio, de las acometidas por aire y tierra, y por último se usa la guerra bacteriológica. Es por eso que el gobierno y el imperialismo yanky emplean contra nosotros cientos de millones de pesos y dólares (s.d.a). (Ibídem. Págs. 85-86).

En medio de estas precisas, claras y ciertas consideraciones -verdadero preámbulo justificatorio del programa de transformación agraria concebido-, aparece un aspecto muy importante referido de manera más concreta, explícita, directa, al por qué de la vía armada:

“Nosotros fuimos a todas partes donde habían puertas para golpear en procura de auxilio para evitar que una cruzada anticomunista, que es una cruzada contra nuestro pueblo, nos llevará a una lucha larga y sangrienta”.

“Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía de la lucha democrática de masas. Pero esa vía nos fue cerrada violentamente con la guerra, y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, obligados por las circunstancias, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder (s.d.a)...”

De tal manera que el documento explica la adopción de la vía armada por necesidad derivada de la de la imposición de la guerra por parte del régimen, y se presenta como un manifiesto de lucha con un objetivo que va más allá de intereses personalistas; se trata ya de una lucha ambiciosa en sus metas: la toma del poder.

¿Y el poder para qué? El poder para llevar a cabo las transformaciones revolucionarias requeridas por Colombia, y que partía fundamentalmente de los cambios planteados en los siete puntos comprendidos en el “Programa” de julio 20 de 1.964 en el cual se esbozan los lineamientos para una “Política Agraria revolucionaria que cambie de raíz la estructura socio-económica del campo colombiano”. (s.d.a).

Entre los aspectos que se destacan del Programa Agrario tenemos:

- La transformación parte de la base de “la confiscación de la propiedad latifundista en beneficio de todo el pueblo trabajador”, y su entrega gratuita a “los campesinos que la trabajan o quieran trabajarla”, otorgando además “las herramientas, animales de labor, equipos y construcciones para su debida explotación económica”.

- La Transformación Agraria era concebida como “condición indispensable y básica para elevar verticalmente el nivel de vida material y cultural de todo el campesinado, librarlo del desempleo, del hambre y del analfabetismo...” *(s.d.a).

- Plantea respetar “la propiedad de los campesinos ricos” que trabajen personalmente sus tierras.

- Toma en cuenta el reconocimiento y protección de los intereses de los indígenas, etc.

Estas ideas, como todo el documento en general (ver anexo) en sus diversas apreciaciones y finalidades, recogen las razones raizales del levantamiento armado de los campesinos, expresa uno de los sentimientos más profundos que caracterizan el ideario del Comandante Marulanda y de la lucha las FARC y son, sin duda, fiel reflejo de la política agraria del Partido Comunista que abogaba por el desarrollo del “Frente Democrático” dentro del cual se veía a las guerrillas como factor decisivo pero unidas a un movimiento amplio de masas encabezado por la clase obrera, y esto en la modalidad de la “guerra popular prolongada” con proyecciones para el futuro. Tal es el sentido del “Programa Agrario Revolucionario” del que se derivaría la Ley Agraria. Por ello es que dice en su séptimo punto:

“La realización de este Programa Agrario Revolucionario dependerá de la alianza obrero-campesina y del frente único de todos los colombianos...”

“La realización del Programa Agrario Revolucionario se apoyará en las más amplias masas campesinas...”

“Por eso, este Programa plantea como necesidad vital, la lucha por la forjación del más amplio Frente Único o Frente Patriótico de todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del país...”

No debemos perder de vista que cuando se plantea esto, el mayor porcentaje de la población colombiana era rural. Éste era un Programa, entonces, para la mayoría de la población colombiana.

La lucha era propuesta con el carácter de “Revolucionaria y Patriótica por una Colombia para los colombianos, por el triunfo de la revolución, por un gobierno democrático de liberación nacional”, idea que había sido planteada ya desde antes en la “Primera Conferencia Nacional del Movimiento Popular de Liberación” realizada en agosto de 1.952 en Viotá a iniciativa del Partido Comunista, en la que participaron delegados de grupos armados, liberales y comunistas de diferentes partes del país. En ese evento en el que llevaron la vocería del Partido Comunista los camaradas Gilberto Vieira y Álvaro Vásquez “se esbozaba –según plantea el historiador Medófilo Medina- un Programa cuyo objetivo era la constitución de un gobierno democrático de liberación nacional” (MEDINA, Medófilo. Cuadernos de Historia del Partido Comunista. Pág. 110. Material mimeografiado, sin reseña editorial).

El mismo historiador considera; refiriéndose a dicho Programa:

“El Programa, que constaba de nueve puntos, se diferenciaba poco del programa del Partido Comunista, y planteó un desface entre la realidad de la resistencia campesina y las metas políticas y sociales señaladas. Esa inadecuación impidió que se constituyera en un documento orientador y que la Conferencia influyera en el desarrollo de la resistencia (s.d.a). Sin embargo, su realización mostraba que era fácil estimular las tendencias a la unidad de diversas agrupaciones de combatientes campesinos”. (Ibídem. Pág. 110).

Muy por el contrario de lo que sucedió con las conclusiones de la Primera Conferencia Nacional del Movimiento Popular de Liberación, el Programa Agrario Revolucionario se convierte en importante guía de acción para la lucha de resistencia a partir de su promulgación. A propósito Jacobo Arenas reconoce que tal documento fue la “base ideopolítica” sobre la que se hizo la lucha de Marquetalia, logrando una significación política enorme que le permitió haberse “convertido ahora en Programa Agrario de Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo”. (ARENAS, Jacobo. Ob. Cit. Pág.88).

Tenemos claro entonces, cómo, por qué y para qué se opta por la vía armada como una forma de lucha por parte de los marquetalianos. Queda plenamente establecido, como se reitera en la carta abierta que las FARC remite a “Contraescape” en febrero de 24 de 1.987, “que no son los revolucionarios los que eligen las vías al poder, sino los reaccionarios los que se las designan”. (Compilada por ARENAS, Jacobo. “Correspondencia Secreta del Proceso de Paz”. Edit. Abeja Negra. Bogotá, junio de 1.989. Pág. 89).

Las duras experiencias vividas por el movimiento fariano, de entre las cuales la “Epopeya de Marquetalia” es uno de los más grandes ejemplos, colocan en evidencia el acierto de tal planteamiento y de su máximo conductor: Manuel marulanda Vélez, el héroe insurgente de la Colombia de Bolívar.

La responsabilidad de los reaccionarios en la imposición de la guerra, queda desenmascarada a través de un procedimiento de optimismo revolucionario, consistente en enfrentar una y muchas veces proclamas, propuestas y gestos de paz, a los cuales el régimen sólo ha sabido responder con operaciones de violencia feroz.

En esa labor de desenmascaramiento, al lado del Comandante Marulanda, valga decir, uno de los más importantes protagonismos lo jugó el Comandante Jacobo Arenas, quien desde aquel abril del 64 en que se estrechó en abrazo de pólvora y trincheras con Marulanda llevó en cada momento de su lucha como guerrillero, nuevas y precisas iniciativas de paz para Colombia. El empeño de ambos, en genuina expresión del sentir de la organización que habían forjado durante años, se cifró en lograr la reconciliación nacional, manteniéndose incluso en los momentos más cruentos de la confrontación. Jacobo pudo plasmar el día a día de tales propósitos y en especial aquellas memorables jornadas por la paz derivadas de la firma del “Cese el Fuego” de La Uribe con el gobierno de Belisario Betancur, lo mismo que las gestiones por hacer posible un pacto de paz con el gobierno de Cesar Gaviria en sus tres libros publicados en 1.989 y 1.990 (“Correspondencia Secreta del Proceso de Paz”, “Vicisitudes del Proceso de Paz” y “Paz, Amigos y Enemigos”). La compilación evidencia la visión que la organización revolucionaria forjada por Manuel Mrulanda siempre ha tenido en cuanto a abrir caminos de reconciliación nacional mediante una “salida política negociada” al conflicto social y armado que vive Colombia.

VISIÓN BOLIVARIANA DE LA CUESTIÓN AGRARIA

“la agricultura, el comercio y la industria son el origen de la abundancia y prosperidad nacional y el verdadero y más inagotable manantial de las riquezas del Estado…”

BOLÍVAR.

Cuando expresamos que la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia marca un punto importante de arranque para dar solución al problema de la tierra en Colombia, como aspecto esencial del conflicto, estamos persuadidos que en el ideario del Libertador se encuentra el sustento para guiar una solución ha tan sensible aspecto del debate político-económico. Pues es el bolívar transformador social quien desde el decurso mismo de la guerra de independencia, y ya en ejercicio del poder naciente plantea medidas en materia agraria que implicaban una nueva construcción social en la que se toma por base la redistribución de la tierra entre los desposeídos (indígenas, esclavos libertos y población mestiza empobrecida).

Tomando en consideración la suma importancia de la explotación de la tierra con mesura, promulgó Bolívar resoluciones de entrega de campos para labranza entre los desposeídos y especialmente entre quienes hacían sacrificios por la emancipación, sin perder de vista la necesidad de la preservación ecológica, de tal suerte que al referirse a la explotación de los bosques siempre partía de la base de no incurrir en el detrimento del medio ambiente.

Bolívar tenía la determinación efectiva del verdadero libertador y revolucionario en cuanto a cambiar las viejas estructuras de producción coloniales basadas en la esclavitud de los negros y la servidumbre indígena. Pretendía por ello sacar a la mayoría de la población de su condición servil y de simples consumidores que por siglos había impuesto Europa colocando incluso sus aborrecibles medidas discriminatorias como el estanco del tabaco y de otros productos monopolizados por la corona, lo mismo que las restricciones que se imponían sobre actividades comerciales en torno a mercaderías que a veces ni la misma España producía pero sí prohibía su intercambio entre las provincias.

Como bien lo plantea Bolívar en la Carta de Jamaica, “la posición de los moradores del hemisferio americano ha sido por siglos puramente pasiva; su existencia política era nula; nosotros estábamos un grado todavía más bajo de la servidumbre”, y en tal circunstancia, decía, “Nosotros por mucho tiempo no podíamos ser otra cosa que un pueblo agricultor”.

De tal manera que cuando el Libertador se plantea la necesidad de proceder con acciones de distribución de tierras su pretensión no era otra que la de suscitar el despertar de la economía nacional, elevar su productividad, en forma tal que se propiciara la satisfacción de las necesidades de la población, democratizando, eso sí, los medios de producción en términos de igualdad social y política…

El maestro Juvenal Herrera, poeta e historiador, en su Bolívar el Hombre de América, cita a Francisco Pividal para anotar que en el pensamiento del Libertador el reparto de tierras “no podía ser un regalo cuya fragmentación perjudicara la producción de bienes, al reducir las grandes haciendas a una contraproducente proliferación de minifundios. Al combatir la existencia del conuco, Bolívar se adelantó a la creación de granjas colectivas al decretar que muchos beneficiarios pueden unirse para solicitar en comunidad las grandes haciendas. (Ver decretos: 14 de diciembre de 1825 y 17 de diciembre de ese mismo año)”. (BOLÍVAR, S.: Gaceta de Caracas. 9 de junio de 1814).

Asociación cooperativa es la idea que plantea Bolívar mediante su decreto del 10 de octubre de 1817, en el que dispone que “cuando las propiedades partibles sean de un valor más considerable que las cantidades asignadas a los diferentes grados (de los miembros del ejército libertador), el Gobierno cuidará de que las particiones se hagan del modo más conforme a los intereses de todos, para lo cual podrán acomunarse o acompañarse muchos, y solicitar se les conceda tal finca”. (PIVIDAL, Francisco: Bolívar a lo Bolívar.)

El Libertador, pues, organiza la redistribución y serán los españoles y americanos realistas sobre quienes recaerá la expropiación necesaria para redistribuir la tierra y proceder al aniquilamiento de la subordinación económica que había colocado a las colonias a producir lo que ordenaba la metrópoli: en esencia materia prima.

Colocando la producción basada en el trabajo y el conocimiento, como el factor principal para el progreso de una nación, Bolívar dispuso lo pertinente para su fomento, como la implementación de las Juntas Provinciales de Agricultura y Comercio en las que tendrían representación decisoria los productores y comerciantes en cada región, a fin de auspiciar la mejoría de los centros de producción existentes y la superación de los déficit en materia agropecuaria. En tal perspectiva planteó y estableció procedimientos de educación que dieran prioridad al comprensión de los principios científicos y al manejo de la técnica y de las artes “animando a los propietarios y ricos hacendados a que aprendan el cultivo del añil, cacao, café, algodón y grana, del olivo y de la vid, detallándoles los terrenos que ofrezcan más ventajas para cada una de estas plantas; y premiando debidamente a los que se aventajan en cualquier género de cultivo.”(Ídem).

La producción, la comercialización…, los canales para el mercadeo y distribución de los productos, etc. fueron tenidos en cuenta por el Libertador en sus proposiciones buscando darle fortaleza a la producción agropecuaria, al comercio y la industria nacional.

Al respecto de la industria Bolívar colocaba a las Juntas el papel de “fomentar la industria proponiendo y concediendo premios a los que inventen, perfeccionen o introduzcan cualquier arte o género de industria útil, muy particularmente a los que establezcan las fábricas de papel, paño u otras, a los que mejoren y faciliten la navegación de los ríos y hagan menos dispendiosos, fáciles y cómodos los transportes por tierra. Para todos estos objetos usará de las libertades del comercio y agriculturas de las rentas sobrantes de propios de la provincia, poniéndose de acuerdo con los cabildos que cooperarán por su parte de todos modos.” (Ídem).

En su determinación por hacer la redistribución de la tierra el Libertador estableció que “será también del cuidado de las Juntas informarse cuáles son los terrenos baldíos de las provincias y denunciarlos al pueblo para que los pretendan, y al gobierno para que los conceda, anunciando al mismo tiempo las ventajas que ofrezcan y tomando el más vivo interés en que se repartan y cultiven.” ( BOLÍVAR, S.: Decreto. Rosario de Cúcuta, 21 de mayo de 1820).
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Bolívar había dispuesto además la incorporación de todo el país al desarrollo económico y social planteando colonizar el territorio nacional con sus propios habitantes, fundando pueblos, orientando mejorar el tráfico y ampliar y optimizar el cultivo de las tierras; labor que debía propulsar también las Juntas. Eran estas las estructuran que garantizarían la ejecución del prospecto con la participación ciudadana; y especialmente en la pretensión del desarrollo del agro como necesidad fundamental del desarrollo económico, entonces, ordenó a tales instancias la realización del censo agrícola para que explore el país y dé noticia sobre: “1°) del número de establecimientos rurales que haya en actividad; 2°) de la especie de cultura (o cultivo) que se haga en ellos; 3°) de la naturaleza del terreno en que estén; 4°) del número de individuos empleados en los trabajos, y de su condición; 5°) de la situación de los terrenos cultivados con respecto a las vías de comunicación y de transporte (para que) con conocimiento de lo establecido y observado (se adopte) un plan para mejorar la agricultura, así en la variedad y aumento de las mieses y plantas como en los instrumentos y modos de labor para la tierra.” ( BOLÍVAR, S.: Decreto. Chuquisaca, 17 de diciembre de 1825).

La idea de transformación agraria emprendida por el Libertador, en tanto apuntaba a acabar con la servidumbre de los indígenas y la esclavitud de la población negra, implicaba un cambio radical, verdaderamente revolucionario, que echaba por tierra estructuras fundamentales de la economía colonial. Mediante acciones prácticas como, por ejemplo, las resoluciones y decretos destinados a beneficiar a la población indígena, que incluían la exención del servicio militar obligatorio para la población originaria y la defensa de las tierras comunales se puso en marcha esa revolución. Pero infortunadamente muchas o casi la totalidad de las medidas beneficiosas para la población aborigen y la población negra fueron saboteadas por la albocracia naciente encabezada por los criollos sustitutores de la monarquía española.

De las medidas de revoluciona agraria impartidas por Bolívar, fueron desvirtuadas incluso aquellas que otorgaban la tierra y otros bines nacionales a los defensores de la patria como premio del mérito.

En la concepción del Libertador, el sentido la propiedad cobraba un significado humanista y de justicia en tanto que colocaba su sentido arropado de los conceptos de protección y garantía al lado de la igualdad, la libertad y la seguridad; es decir, que para él los fundamentos de la propiedad no pueden estar por fuera de los parámetros de la equidad, la moral y la justicia, porque “cuando éstos faltan, la propiedad es usurpación y violencia” (Ídem).

Bolívar da a la propiedad sentido absolutamente subordinado al interés social. Y al referirse a los recursos fundamentales, obviamente, no hacía alusión sóla a la tierra como factor agropecuario sino a su dimensión de recurso que entraña aspectos a ser explotados como la minería y los bosques, entre otros a cuyo conjunto, en lo fundamental le destina la nacionalización.

Para el específico caso de la minería planteaba: “las minas de cualquier clase, corresponden a la República” (Ídem). Y el fundamento parte del principio de tomar el conjunto de la tierra como un asunto de soberanía patria, y en esa principalísima línea delineó y ejecutó las medidas favorables a la población indígena tomando en consideración también la cosmovisión de los pueblos originarios que dan a la tierra condición divina y carácter de Madre. Y ese todo de factores devenidos de la concepción latente en el macrocosmos de los pueblos de Nuestra América daba a Bolívar la valoración de la tierra como cosa primera, esencial, en su idea de Patria Grande. Para el libertador la definición de Patria está íntimamente, absolutamente ligada al concepto de la tierra: “primero el suelo nativo que nada: él ha formado con sus elementos nuestro ser; nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país; allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación; los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo; todo nos recuerda un deber, todo nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas, allí fue el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras primeras sensaciones y de cuanto nos ha formado. ¿Qué títulos más sagrados al amor y a la consideración?”. Concepción ajena ala mentalidad vasalla de las oligarquías santanderistas que usurparon al pueblo el poder y aún se mantienen en él dando un trato miserable a los descendientes de los pueblos originarios que protestan exigiendo la tierra para su sobre vivencia.

La tierra no es mero medio de producción y objeto de trabajo, no es sólo factor del proceso de producción, cantera de materias primas sin más…; es la tierra en nuestra visión ancestral esencia de la vida y si se quiere sustancia fundamental de la patria. Por ello una transformación agraria implica mucho más que la distribución de la tierra para su explotación. La revolución agraria ha de ser revolución de la relación tierra-humanidad-tierra; ha de ser revolución que implica redistribución en justicia, respeto a la cosmovisión originaria y construcción de patria en la perspectiva del logro de un mundo mejor, que solo será posible con la construcción del comunismo.

Manifiesto y Plataforma:

Con esta concepción es que las FARC-EP esbozan su propuesta de transformación agraria, desde los tiempos de su fundación, en el histórico Programa Agrario de los Guerrilleros y en la Ley 001 que viene d esa misma época y se levanta sobre los mismos fundamentos vigentes y legítimos que hoy se ratifican y complementan con lo plateado en el Manifiesto político de 2008 surgido de la Novena Conferencia, lo mismo que en la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.

El manifiesto insurgente propone, para la construcción de una salida a la situación de confrontación que padece Colombia, tomare en consideración “la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, para abrir la discusión y el intercambio en torno a las banderas y programa de un nuevo gobierno que sugerimos patriótico, democrático, bolivariano, hacia un nuevo orden social, comprometido en la solución política del grave conflicto que vive el país”. Tal Plataforma sugiere: un nuevo gobierno que materialice el proyecto político y social del Libertador, conformar un nuevo Ejército Bolivariano para la defensa de la patria y las garantías sociales, un nuevo orden democrático donde la soberanía radique en el pueblo efectivamente…, y que entre otras cosas “ponga fin a la política neoliberal, que estimule la producción en sus diversas modalidades, que asuma el control de los sectores estratégicos, que haga respetar nuestra soberanía sobre los recursos naturales y que implemente políticas eficaces de preservación del medio ambiente. Un gobierno que trabaje por la gratuidad de la educación en todos los niveles, que instrumente la redención social, la justicia agraria, que renegocie los contratos con las trasnacionales que sean lesivos para la nación…”

Se trata, entonces, en términos ratificados por la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, de establecer entre todos los colombianos que anhelan una patria soberana, en desarrollo y en paz, un nuevo gobierno nacional, patriótico, democrático, bolivariano, hacia el socialismo, que se comprometa a buscar una solución política al conflicto y en esa búsqueda se rechaza tajantemente la política neoliberal. De tal manera que al proponerse el “desarrollo y modernización económica con justicia social” lo que se establece es que “el Estado debe ser el principal propietario y administrador de los sectores estratégicos: el energético, las comunicaciones, los servicios públicos, vías, puertos y recursos naturales en beneficio del desarrollo económico-social equilibrado del país y las regiones”.

Entre otras medidas, ya en lo que respecta al aspecto de producción se esboza que debe procurarse “la ampliación del mercado interno, la autosuficiencia alimenticia y el estímulo permanente a la PRODUCCION, a la pequeña, mediana y gran industria, a la autogestión, la microempresa y a la economía solidaria.

La gestión económica oficial se debe caracterizar por su eficiencia, su ética, su productividad y su alta calidad. Habrá participación de los gremios, las organizaciones sindicales, populares, entes académicos y científicos en la elaboración de las decisiones sobre la política económica, social, energética y de inversiones estratégicas”.

Dentro de la misma línea, al abordar el asunto de los recursos naturales se plantea que su explotación, el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, el agua y la biodiversidad etc., deberá ser “en beneficio del país y de sus regiones, garantizando la preservación del medio ambiente”. Y en específico, sobre la política agraria, que va engarzada con el conjunto de las propuestas de beneficio social, se dice que deberá implementarse la “Política Agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo. Con estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria. Proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional.

Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elaborado en conjunto con las organizaciones de la comunidad, liquidando el latifundio allí donde subsista, redistribuyendo la tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento nuestras reservas. Ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional”. Y se aborda el asunto de los narco-cultivos planteando que “la Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos”, debe ser entendido ante todo “como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes”.

A renglón seguido, la Plataforma plantea la “Materialización de la propuesta de sustitución de cultivos emanada de la audiencia pública internacional sobre cultivos ilícitos y medio ambiente” realizada durante los diálogos de paz del Caguán.


ANEXOS:
Anexo 1, El Programa Agrario de los guerrilleros.
Anexo Dos, Ley 001 o Ley de Reforma agraria Revolucionaria.
Manifiesto Político de las FARC-EP.
Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.

Anexo Uno

PROGRAMA AGRARIO DE LOS GUERRILLEROS DE LAS FARC-EP
Proclamado el 20 de Julio de 1.964 en el fragor de la lucha armada de Marquetalia, corregido y ampliado por la OCTAVA CONFERENCIA NACIONAL de las FARC-EP, Abril 2 de 1.993.

Compañeros campesinos, obreros, estudiantes, artesanos, intelectuales, soldados, policías y oficiales patriotas, hombres y mujeres de Colombia:

Víctimas de cinco guerras

Nosotros somos nervio de un movimiento revolucionario que viene de 1.948. Contra nosotros, campesinos del Sur de Tolima, Huila y Cauca, desde 1.948 se ha lanzado la fuerza del gran latifundio, de los grandes ganaderos, del gran comercio, de los gamonales de la política oficial y de los comerciantes de la violencia. Nosotros hemos sido víctimas de la política de "a sangre y fuego" preconizada y llevada a la práctica por la oligarquía que detenta el poder.

Contra nosotros se han desencadenado en el curso de los últimos 45 años, cinco guerras: una, a partir de 1.948; otra, a partir de 1.954; otra, a partir de 1.962; otra, a partir del 18 de Mayo de 1.964 cuando los Altos Mandos declaran oficialmente que ese día empezaba la "Operación Marquetalia" y esta que enfrentamos a partir del 9 de Diciembre de 1.990, cuando el dictador Gaviria y los Altos Mandos Militares iniciaron la operación de Exterminio contra el Secretariado de las FARC en Casa Verde y de agresión militarista contra el movimiento popular en todo el país.

Hemos sido víctimas de la furia latifundista y castrense porque aquí, en esta parte de Colombia, predominan los intereses de los grandes señores de la tierra y los intereses en cadena de la reacción más oscurantista del país. Por eso nos ha tocado sufrir en la carne y en el espíritu, todas las bestialidades de un régimen podrido que brota de la dominación de los monopolios financieros entroncados con el imperialismo.

Una vía cerrada

Es por eso, que en esta guerra participan contra nosotros aviones, Altos Mandos y especialistas norteamericanos. Es por esto, que se lanzan contra Marquetalia 16.000 hombres provistos de todo tipo de armas. Es por esto, que contra nosotros se emplea la táctica del bloqueo económico, de los cercos de exterminio, de las acometidas por aire y tierra y, por último, la guerra bacteriológica. Es por esto que

el gobierno, los Altos Mandos Militares y el imperialismo yanqui, emplean cientos de millones en armas, pertrechos, pagos de espías y delatores. Es por esto, que el gobierno y los Altos Mandos sobornan y corrompen conciencias, matan, persiguen y encarcelan a la gente colombiana que se levanta a la lucha solidaria con nosotros, víctimas de una cruel e inhumana guerra de exterminio.

Nosotros hemos golpeado en todas las puertas posibles en busca de auxilio para evitar que una cruzada anticomunista, que es una cruzada contra nuestro pueblo, nos condujera a una lucha armada prolongada y sangrienta.

Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas "Repúblicas Independientes" y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder.

El régimen actual, ha incorporado a su sistema de gobierno, formas abiertas de fascismo. Al mando de las fuerzas represivas se hallan los elementos más provocadores y aventureros. Las Fuerzas Armadas oficiales están llevando a la práctica la Teoría de la Seguridad Nacional , que es la filosofía del terror, la guerra sucia, el paramilitarismo y la muerte, bajo el patrocinio y mando de la oligarquía y de un grupo de Altos Oficiales que hacen suya la política, la táctica y la estrategia de la GUERRA PREVENTIVA y del ENEMIGO INTERNO para mantener la disciplina social de los monopolios, la explotación de nuestro pueblo y de nuestros recursos naturales por parte del imperialismo y de una clase dominante rapaz y reaccionaria como la colombiana.

Por eso, esta guerra ha asumido en la actualidad un genuino carácter nacional, que necesariamente incorporará a la lucha armada revolucionaria a las más amplias masas de nuestro pueblo contra los soportes militares del régimen.

Por eso, las FARC-EP se han constituido como una organización político-militar que recoge las banderas Bolivarianas y las tradiciones libertarias de nuestro pueblo para luchar por el poder y llevar a Colombia al ejercicio pleno de su soberanía nacional y a hacer vigente la soberanía popular. Luchamos por el establecimiento de un régimen político democrático que garantice la paz con justicia social, el respeto de los Derechos Humanos y un desarrollo económico con bienestar para todos quienes vivimos en Colombia

Luchamos por una Política Agraria que entregue la tierra del latifundio a los campesinos: por eso, desde hoy, 20 de Julio de 1.964, somos un ejército guerrillero que lucha por el siguiente Programa Agrario:

PRIMERO: A la Política Agraria de Mentiras de la Oligarquía , oponemos una efectiva Política Agraria Revolucionaria que cambie de raíz la estructura social del campo colombiano, entregando en forma completamente gratuita la tierra a los campesinos que la trabajan o quieran trabajarla, sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista en beneficio de todo el pueblo trabajador.

La Política Agraria Revolucionaria entregará a los campesinos favorecidos por ella, la ayuda técnica y de infraestructura, herramientas y animales de labor para la debida explotación económica de la tierra. La Política Agraria Revolucionaria es condición indispensable para elevar verticalmente el nivel de vida material y cultural de todo el campesinado, librarlo del desempleo, el hambre, el analfabetismo y las enfermedades endémicas que limitan su capacidad de trabajo; para liquidar las trabas del latifundismo y para impulsar el desarrollo de la producción agropecuaria e industrial del país. La Política Agraria Revolucionaria confiscará las tierras ocupadas por compañías imperialistas norteamericanas a cualquier título y cualesquiera que sea la actividad a la cual estén dedicadas.

SEGUNDO: Los colonos, ocupantes, arrendatarios, aparceros, terrazgueros, agregados, etc., de tierras de los latifundistas y de la nación, recibirán los títulos correspondientes de propiedad de los terrenos que exploten. Se liquidará todo tipo de explotación atrasada de la tierra, los sistemas de aparcería, el arriendo en especie o en dinero.

Se creará la unidad económica en el campo de acuerdo con la fertilidad y ubicación de los terrenos, con un mínimo de 10 a 20 hectáreas , cuando se trate de tierras planas y aledañas a poblaciones o ciudades y, en otras tierras, de acuerdo con su fertilidad y red de comunicaciones. Se anularán todas las deudas de los campesinos con los usureros, especuladores, instituciones oficiales y semi -oficiales de crédito.

TERCERO: El Gobierno Revolucionario respetará la propiedad de los campesinos ricos que trabajen personalmente sus tierras. Se preservarán las formas industriales de trabajo en el campo. Las grandes explotaciones agropecuarias que por razones de orden social y económico deban conservarse, se destinarán al desarrollo planificado de todo el pueblo.

CUARTO: El Gobierno Revolucionario establecerá un amplio sistema de crédito con facilidades de pago, el suministro de semillas, asistencia técnica, herramientas, animales, aperos, maquinaria, etc., tanto para los campesinos individuales como para las cooperativas de producción que surjan en el proceso. Se creará un sistema planificado de irrigación y electrificación y una red de centros oficiales de experimentación agrotécnica.

Se organizarán servicios suficientes de sanidad para la atención completa de los problemas de la salud pública en los campos. Se atenderá el problema de la educación campesina, la erradicación total del analfabetismo y se creará un sistema de becas para el estudio técnico y superior de los hijos de los trabajadores de la tierra. Se cumplirá un vasto plan de vivienda campesina y la construcción de vías de comunicación de los centros rurales productivos a los centros de consumo.

QUINTO: Se garantizarán precios básicos remunerativos y de sustentación para los productos agropecuarios.

SEXTO: Se protegerán las comunidades indígenas otorgándoles tierras suficientes para su desarrollo, devolviéndoles las que les hayan usurpado los latifundistas y modernizando sus sistemas de cultivos. Las comunidades indígenas gozarán de todos los beneficios de la Política Agraria Revolucionaria. Al mismo tiempo estabilizará la organización autónoma de las comunidades respetando sus Cabildos, su vida, su cultura, su lengua propia y su organización interna.

SEPTIMO: La realización de este Programa Agrario Revolucionario dependerá de la alianza obrero-campesina y del Frente Unido de todos los colombianos en la lucha por el cambio de régimen, única garantía para la destrucción de la vieja estructura latifundista de Colombia. La realización de esta política se apoyará en las más amplias masas campesinas, las que contribuirán decididamente a la destrucción del latifundio. Para tal fin se organizarán potentes uniones de lucha campesina, fuertes sindicatos, comités de usuarios y juntas comunales. Por eso, este Programa se plantea como necesidad vital, la lucha por la forjación del más amplio frente único de todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del país para librar un combate permanente hasta dar en tierra con el régimen oligárquico al servicio de los imperialistas yanquis, que impiden la realización de los anhelos del pueblo colombiano.

OCTAVO: Las FARC-EP en su momento promulgarán la Primera Ley de la Política Agraria Revolucionaria. Por eso invitamos a los campesinos, obreros, empleados, estudiantes, artesanos, pequeños industriales y comerciantes, a la burguesía nacional que esté dispuesta a combatir contra el imperialismo, a los intelectuales demócratas y revolucionarios, a todos los partidos y corrientes de izquierda y de centro, que quieran un cambio en sentido del progreso, a la gran lucha revolucionaria y patriótica por una Colombia para los colombianos, por el triunfo de la revolución, por un gobierno democrático de Liberación Nacional.

Marquetalia, Julio 20 de 1.964

Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Rigoberto Losada, Isauro Yosa , Isaías Pardo, Luis Pardo, Jesús María Medina, Darío Lozano, Tarcisio Guaracas, Parménides Cuenca, Roberto López, Miryam Narváez, Judith Grisales , Jesús Ortiz, Rogelio Díaz, Miguel Aldana, Hernando González Acosta, Gabriel Gualteros , Miguel Pascuas, Jaime Bustos, Alcides González y hermanos, David González, Andrés López y hermanos, Luis Salgado, Pedro Ipús , Evaristo Losada, Vicente Torres, Desiderio García, Agustín Cifuentes , Abraham García, Ismael Valderrama, Miguel Garzón, Jaime García, José Domingo Rivera, Mariano Pérez Montes


Anexo Dos

LEY 001 DE REFORMA AGRARIA REVOLUCIONARIA PROMULGADA POR LA SEPTIMA CONFERENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA, EJERCITO DEL PUEBLO (FARC-EP), 14 DE MAYO DE 1982.

La Conferencia Nacional de Las FARC-EP.

DECRETA:
ARTICULO 1. Los campesinos que no dispongan de tierra para labores agrícolas tienen derecho a todos los beneficios que emanan de la presente ley.
ARTICULO 2. Todas las propiedades o concepciones de compañías extranjeras, petroleras, mineras, bananeras, madereras, etc., quedan abolidas a partir de la sanción de la presente Ley y pasan bajo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP). Así mismo quedan abolidas todas las propiedades de carácter personal de los latifundistas ó las amparadas por sociedades anónimas, limitadas, en comandita ó de hecho y pasan bajo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), quienes de acuerdo con el Programa Agrario de Los Guerrilleros, las entregarán en usufructo a los campesinos sin tierra, sobre la base de unidades económicas que el Comité Nacional para la Reforma Agraria señale.
ARTICULO 3. Para efectos de la presente Ley se denominan propiedades latifundistas, las áreas territoriales mayores de 1.500 hectáreas, dedicadas a la ganadería extensiva y a la producción agraria exenta de tecnología, ó áreas en proceso de engorde capitalistas, semi explotadas o explotadas en arriendo por intermediarios capitalistas.
ARTICULO 4. Las haciendas capitalistas que reúnan las condiciones que a continuación se especifican en la presente Ley, quedan por el momento exentas de medidas de Reforma Agraria Revolucionaria:
a)- fincas hasta de 1.500 hectáreas debidamente explotadas y en las que se hayan introducido modernas tecnologías agropecuarias, están trabajando por lo menos 100 obreros y empleados, recibiendo además de sueldos y salariaos en consonancia con el costo de la vida, todas las reivindicaciones alcanzadas por los trabajadores a través de petitorios, huelgas o paros y las que contempla la legislación laboral actual.
ARTICULO 5. La presente Ley no contempla el otorgamiento de títulos de propiedad para los nuevos propietarios agrarios. Por ahora, el verdadero título de propiedad es la ocupación de hecho del globo de terreno que al campesino le hayan asignado las FARC-EP ó el Comité Nacional para la Reforma Agraria Revolucionaria, con el visto bueno de la Asamblea Veredal del CRAR.
Las ocupaciones de hecho de los campesinos sin tierra sobre terrenos de propiedades ó concesiones de compañías extranjeras ó de latifundistas serán respetadas por las FARC-EP y por el Comité Nacional para la Reforma Agraria Revolucionaria si se contemplan dentro del diseño de las unidades económicas de la Reforma Agraria Revolucionaria.
ARTICULO 6. Los títulos de propiedad de las unidades económicas en el campo, serán expedidas por el CONARAR cuando surja el nuevo gobierno revolucionario.
ARTICULO 7. Las FARC-EP, protegerán las comunidades indígenas otorgándoles tierra suficiente para su desarrollo, devolviéndoles las que les hayan usurpado los latifundistas, y les suministraran ayuda para modernizar sus sistemas de cultivos, las comunidades indígenas gozaran de todos los beneficios de la presente Ley que contribuye a estabilizar la organización autónoma de las comunidades, respetando sus cabildos, su cultura, su lengua propia y sus tradiciones.
Articulo 8. Los diversos frentes de las FARC-EP, apoyaran con acciones armadas la toma revolucionaria de las tierras de empresas o concepciones extranjeras ó de latifundio, realizada por campesinos sin tierra ó por indígenas.
ARTICULO 9. Los campesinos e indígenas que quieran beneficiarse de las medidas de la Reforma Agraria Revolucionaria, deberán organizarse en amplios CRAR, ó Comité para la Reforma Agraria Revolucionaria, que en el campo se irán transformando en órganos del Nuevo Poder Popular.
ARTICULO 10. La Reforma Agraria Revolucionaria, no contempla para sus efectos las áreas territoriales de la nación denominadas baldíos, sino las propiedades de tipo latifundista ó de empresas o concepciones extranjeras.
ARTICULO 11. Se faculta al Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, para reglamentar la presente Ley.
Dada a los catorce (14) días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y dos (1982).
SEPTIMA CONFERENCIA NACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA EJÉRCITO DEL PUEBLO (FARC-EP).

Anexo Tres:

Manifiesto de las FARC

Compatriotas:

1La dignidad nos está convocando a la resistencia en unidad frente al gobierno forajido, ilegítimo e ilegal que se ha tomado el Palacio de Nariño, a la convergencia y al Acuerdo Nacional para superar la profunda crisis institucional y de gobernabilidad que abate al país, y para concertar caminos ciertos hacia la paz duradera.

Colombia merece respeto. No podemos tolerar más esa mafia narco-paramilitar de latifundistas y ganaderos, narcotraficantes y empresarios que, con el apoyo militar del gobierno de los Estados Unidos y el bombo de los medios de información, convirtieron a Colombia en un infierno de la guerra, las masacres, las detenciones masivas de ciudadanos, las desapariciones, la miseria y el saqueo, y de todos los desafueros del terrorismo de Estado.

2El gobierno de Uribe marcha al compás de las directrices de Washington y de las exigencias de poderosos capos narco-paramilitares como Salvatore Mancuso, Jorge 40, Castaño, Cuco Vanoy, Isaza, Báez, Macaco, Don Berna, El Alemán, Giraldo, El Tuso, Gordo Lindo y otros siniestros personajes de motosierra y cocaína, socios del Presidente. Esa mafia financió con maletas repletas de dólares las dos campañas presidenciales de Uribe.

Sí; ellos lo eligieron, y son ellos los que están mandando.

Impusieron a punta de fusil, de terror y de fraudes electorales a decenas de congresistas, gobernadores y alcaldes que han actuado como peleles del paramilitarismo en la política y en el gobierno. Como se creían los dueños del país no tuvieron reparo en proclamar con clarines de victoria que habían logrado elegir el 35% del actual congreso, lo que equivale a unos 80 representantes y senadores. Esos mismos votos contaminados llevaron a Uribe a la Presidencia de la República, y por eso y mucho más, su mandato es ilegítimo e ilegal.

Este gobierno está erigido sobre miles de fosas comunes y masacres, sobre tierras despojadas y millones de desplazados, sobre lágrimas y luto… Nada se hizo sin el visto bueno o sin la participación de las fuerzas armadas oficiales.

Toda la cúpula del Estado, empezando por el propio Uribe, cabecilla principal de los “paracos”, está invadida por el monstruo de la narco-para-política que se tomó a Colombia. El Vicepresidente fue el inspirador del bloque paramilitar que actúo sobre la capital. La comandancia del ejército y la policía no puede negar que siempre actuó en concierto para delinquir con ellos. El ministro de Defensa conspiró con Carlos Castaño. La ex canciller Araújo era cuota de Jorge 40. El ex jefe del DAS Jorge Noguera, además de montar con ellos el conocido fraude electoral a favor de Uribe, les suministraba la lista de los dirigentes sindicales y populares que debían asesinar.

Al país se lo estaban robando los mandamases paramilitares y Uribe no decía nada. Se robaron los recursos de la salud. Mordieron cuanto contrato aparecía. Saquearon los presupuestos departamentales y municipales. Se les permitió cobrar impuestos…

El Acuerdo de Ralito, pacto de las tinieblas entre el gobierno y sus paramilitares, fue el pacto de la impunidad, en el que el gobierno se comprometió a garantizarles penas irrisorias y simbólicas, participación en política, la no extradición, el respeto a sus riquezas mal habidas amasadas con el despojo, el narcotráfico y el lavado de activos.

Esa es la razón que ha compelido al Presidente Uribe al desacato y al desafío insólitos frente a la providencia de la Corte Suprema de justicia que dictaminó que paramilitarismo y concierto para delinquir no es sedición. Él entiende que sin el rótulo artificial de delito político que pretendía colgarle al paramilitarismo para santificarlo, se le cierra la más importante opción de impunidad con que contaba, no sólo para favorecer a los paramilitares, sino para exculpar al Estado, genitor de esa inhumana estrategia contrainsurgente en la que también están involucradas la CIA y la DEA.

Es que Uribe se ha merecido el repudio de los pueblos que en sus giras internacionales lo recibe con gritos de asesino, asesino; que renuncie por paramilitar, por ilegítimo y por ilegal.

Cualquier gobierno del mundo en tales circunstancias ya habría caído sin remedio. Y los colombianos no somos menos para tolerar semejantes gobernantes, así cuenten con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos.

3Colombia está siendo violentada además por la política de Seguridad Democrática diseñada por Washington como desarrollo de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional y como estrategia de predominio del imperio sobre los pueblos de Nuestra América. En esencia esta política -explicada por el general Craddock del Comando Sur- busca en el marco de la recolonización neoliberal, asegurar la inversión y el expolio de las trasnacionales mediante la aplicación de leyes severas y la fuerza, para reprimir y aniquilar la resistencia de los pueblos y la inconformidad social.

No podemos permanecer impasibles frente a esta política que ya empieza a ser ejecutada también por otros gobiernos del hemisferio.

Para el caso de Colombia la Seguridad Democrática tiene como componente militar el Plan Patriota, cuyo objetivo principal es la derrota militar de la guerrilla de las FARC, o en su defecto la reducción de su voluntad de lucha para llevarla doblegada a la mesa de negociaciones. Desde luego no se sienten tranquilos con esta alternativa de poder construida por el pueblo como resistencia a décadas de violencia estatal y de opresión.

Con ese objetivo de derrotar a la guerrilla movilizaron decenas de batallones y brigadas móviles hacia el sur y lanzaron grandes y sostenidas operaciones en otras áreas del país. Instalaron puestos de mando con oficiales gringos en Larandia y Tres Esquinas, Caquetá, en los umbrales de la Amazonia que codician. Activaron satélites espías y aparatos con tecnología militar de punta. Desplegaron cercos estratégicos, bloquearon zonas campesinas, desplazaron a la población, asesinaron y desaparecieron civiles, incendiaron parcelas, robaron ganados, bombardearon día y noche, trillaron selva y cordilleras, y no han podido en cinco años mostrar un resultado contundente. Sólo el desgaste inútil y el resquebrajamiento de la voluntad de lucha de las tropas oficiales que mueren en la selva o salen lisiados de ella, porque así lo quiere un loco guerrerista que vocifera en Bogotá y echa generales por ausencia de resultados o partes de victoria.

De la pólvora y el fragor de los combates está surgiendo una fuerza guerrillera de nuevo tipo, fogueada en las maniobras enemigas y en el choque con las nuevas tecnologías de la operatividad contrainsurgente, guerrilla que es verdadero poder de fuego político y militar al servicio de la causa popular.

Pero paralelamente al desarrollo del Plan Patriota en los distintos teatros de operaciones, el gobierno iba entronizando el delito de opinión, la represión de la conciencia, hasta llegar a encarcelar a más de 150 mil ciudadanos acusándolos de simpatizar con la guerrilla. En aras de disuadir el respaldo al proyecto político y social de la insurgencia se está cercenando en Colombia el derecho universal a la opción política. No le bastó eliminar físicamente a toda una generación de revolucionarios que se incorporaron a la Unión Patriótica como alternativa legal de cambio; ahora quieren imponer un pensamiento, el de la nueva inquisición, de la derecha y el fascismo. Un pensamiento que criminaliza la protesta social con el cuento que detrás de toda movilización popular contra las políticas del gobierno está la guerrilla. Un autoritarismo que quisiera barrer con la autonomía y la independencia de las otras ramas del poder público para establecer sin sobresaltos constitucionales el reino de la tiranía, que sólo tolera las oposiciones que no se propongan el cambio del statu quo, de las estructuras de la opresión.

4Esa derecha fascista activó el presupuesto de la nación en función de la guerra y el resultado es el desastre social. Niños que mueren de hambre, crecimiento de la pobreza y del marginamiento, abandono total de los proyectos de construcción de vivienda popular; la mayoría de la población sin servicios de agua, luz y alcantarillado. Indiferencia del gobierno frente a la carencia de escuelas, colegios y maestros porque optó por la privatización de este servicio, lo mismo que el de la salud. Recorte de las transferencias que paraliza el desarrollo de las regiones. Venta de empresas rentables del Estado para allegar más recursos a la guerra. Privatización paulatina de empresas estratégicas como ECOPETROL. Incremento de los índices de desempleo y subempleo al impulso de la flexibilización laboral que pisotea los derechos de los trabajadores y dispara las ganancias de los empresarios. Hambre y alto costo de la vida es lo que generan las políticas del Estado contra la masa popular. Perspectivas de agudización de la crisis social con la aprobación del TLC que atenta contra la patria, la soberanía y la calidad de vida de los colombianos.

La perfidia con que actúa el Estado debe ser respondida con la movilización de pueblo en acciones de calle y bloqueo de carreteras que paralicen el país en demanda de los derechos conculcados para constatar en la lucha de masas la fuerza de los de abajo y para buscar la convergencia de todos los sectores democráticos bajo una sola bandera política y social con miras a conformar un nuevo gobierno que trabaje por la paz, la justicia social y el rescate de la dignidad y la soberanía del pueblo de Colombia.

5Para la construcción de esta alternativa ponemos a consideración del país, de sus organizaciones políticas y sociales, de todo el pueblo, la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia para abrir la discusión y el intercambio en torno a las banderas y programa de un nuevo gobierno que sugerimos patriótico, democrático, bolivariano, hacia un nuevo orden social, comprometido en la solución política del grave conflicto que vive el país.

Un nuevo gobierno que materialice el proyecto político y social del Libertador, que conforme un nuevo Ejército Bolivariano para la defensa de la patria y las garantías sociales. Un nuevo orden edificado sobre la democracia y la soberanía del pueblo, que agregue a las ramas del poder público los poderes moral y electoral, que instituya el congreso unicameral y la revocatoria del mandato. Un nuevo sistema de gobierno que castigue con severidad la corrupción y la impunidad, que ponga fin a la política neoliberal, que estimule la producción en sus diversas modalidades, que asuma el control de los sectores estratégicos, que haga respetar nuestra soberanía sobre los recursos naturales y que implemente políticas eficaces de preservación del medio ambiente. Un gobierno que trabaje por la gratuidad de la educación en todos los niveles, que instrumente la redención social, la justicia agraria, que renegocie los contratos con las trasnacionales que sean lesivos para la nación, que deje sin vigencia los pactos militares, tratados y convenios que mancillen la soberanía de la patria, que no extradite nacionales, que objete el pago de la deuda externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Un gobierno cuya divisa en política internacional sea la Patria Grande y el socialismo y que priorice las tareas de la integración de los pueblos de Nuestra América. Por eso la política de fronteras de FARC opta por la hermanación y no por la confrontación con los ejércitos de los países vecinos. Nuestra lucha es de resistencia y liberación frente al régimen opresor colombiano.

Es hora de analizar y seleccionar la ruta que nos conduzca a la paz, a la independencia, la justicia social, la democracia, y la unidad como camino para sobrevivir y enfrentar con éxito las políticas de los imperios.

6La paz es un proceso, un bien común que requiere de todos la preparación del terreno para que germine. No se logra de la noche a la mañana. Necesita nuevas estructuras económicas, políticas y sociales que la sustenten, cambios como los que sugiere la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.

No habrá paz de los sepulcros. Todos los planes militares de las oligarquías y el imperio para exterminar a la insurgencia, desde el LASO (Latin American Security Operation) ejecutado en Marquetalia, hasta el Patriota, han fracasado porque el alzamiento armado por causas sociales, económicas y políticas, no se derrota ni con bombas, ni con plomo, ni tecnologías recién creadas.

Por chifladura o demagogia electorera, Uribe ha anunciado estar dispuesto a oficializar una zona de encuentro para firmar la paz en tres meses. 43 años de confrontación no se superan en tan corto tiempo. La problemática política, económica, social, cultural, ambiental y de soberanía del país no se puede resolver en 3 meses, a no ser que alguna de las partes haya derrotado al contendor, y este no es el caso. Uribe no es el hombre para la paz en Colombia. No está programado por los gringos para eso. Un tipo que ni siquiera reconoce la existencia del conflicto armado no logrará la paz por ninguna vía. Sólo un nuevo gobierno patriótico y democrático, soberano, podrá lograr la paz negociada, no un gobierno títere de la Casa Blanca. Se necesitaría un gobierno compenetrado con la necesidad de la paz, que apoyado en el pueblo y el interés nacional tome la decisión de regresar las tropas a sus cuarteles, de reducir drásticamente el presupuesto de la guerra a favor de la inversión social y de exigir la salida del país de las tropas y asesores estadounidenses entrometidos en el conflicto interno y factor atizador de la guerra, para darle paso resuelto a los diálogos de paz.

7La paz merece todos los esfuerzos y sacrificios del país y empieza con el consenso de sus fuerzas fundamentales, de sus organizaciones políticas y sociales, para crear entre todos una nueva alternativa política de poder que se convierta en gobierno soberano y digno, altivo frente a Washington, empeñado en la mayor suma de felicidad posible para el pueblo según el mandato del Libertador.

Es necesario empezar cuanto antes el intercambio y el reencuentro de todos los actores de la transformación social y la paz, incluida la guerrilla, en torno a esta perspectiva. Aquellos que desde la servidumbre del establecimiento pregonan la exclusión de la insurgencia con rebuscados argumentos, lo hacen para inducir a la formación de una alternativa enclenque que sea presa fácil de los poderosos explotadores de siempre.

Proponemos despegar lo más pronto posible con los primeros contactos clandestinos, sin darle importancia al gobierno, para convenir un derrotero y para ir esbozando colectivamente algunos trazos programáticos para la redención de Colombia.

Invitamos a este diálogo a los dirigentes revolucionarios, a los sectores democráticos de los partidos, a la gente avanzada del clero, a los militares patriotas y bolivarianos, a los líderes obreros y campesinos, estudiantiles, comunales, indígenas, a las negritudes, a los educadores, a las mujeres… a todos los liderazgos populares, para juntar anhelos y emprender juntos el camino hacia la Nueva Colombia.

8El objetivo es la creación de una alternativa para el cambio, surgida de un Gran Acuerdo Nacional por la paz, la justicia, la soberanía y el decoro de la nación, que se proponga un nuevo gobierno para salvar a Colombia del abismo, para recuperar la dignidad mancillada por el gobierno forajido de fascistas narco-paramilitares bendecidos por Washington, una nueva conducción de los destinos de la patria que proscriba la represiva y expoliadora Seguridad Democrática del imperio y la política neoliberal, que rescate la soberanía del pueblo, reestructure el Estado con el fin de garantizar el bien común y conforme un Ejército Bolivariano guiado por el amor al pueblo, la justicia social y la defensa de la patria. En fin, un gobierno que convoque una Asamblea Nacional Constituyente para darnos una nueva Constitución que refrende los cambios a favor del pueblo, hacia la paz y la convivencia, la verdadera democracia, la soberanía y la integración solidaria de los pueblos, como mandatos emanados de ese gran Pacto Social.

No nos queda otra alternativa que buscar unidos el camino para salir de la oscura noche orientados por la vislumbre de la justicia y la alborada nueva de la Gran Colombia.

Hacia la Nueva Colombia, Acuerdo Nacional por la Paz

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC

Montañas de Colombia, septiembre de 2007


Anexo Cuatro.

Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia

Invitamos a todos los colombianos que anhelan una patria soberana, en desarrollo y en paz, a trabajar por la conformación de un nuevo gobierno nacional, patriótico, democrático, bolivariano, hacia el socialismo, que se comprometa a lo siguiente:

1. Solución política al grave conflicto social que vive el país.

2. La doctrina militar y de Defensa Nacional, será BOLIVARIANA. En cumplimiento del mandato del libertador, los militares emplearán su espada en defensa de las garantías sociales. Las nuevas Fuerzas Armadas se distinguirán por su amor al pueblo y el odio a la tiranía. Serán garantes de la soberanía nacional, respetuosas de los derechos humanos, y tendrán un tamaño y un presupuesto acorde a un país que no está en guerra con sus vecinos.
La Policía Nacional dependerá del Ministerio del interior y justicia, reestructurada para que cumpla su función preventiva; moralizada y educada en el respeto de los derechos humanos.

3. Participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. El pueblo se erige en soberano y como tal elige directamente al Presidente, a los miembros del legislativo unicameral, a los titulares del poder moral (Procuraduría, Defensoría y Contraloría) y al titular del poder electoral. Se instituirán los poderes moral y electoral. Todas las instancias de elección popular podrán ser objeto de revocatoria del mandato. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos por voto directo de todos los jueces y Magistrados del país, previa democratización del sistema judicial. Se suprimirá el sistema penal acusatorio.

4. Se pondrá fin a la corrupción y a la impunidad. Los incursos en estas conductas recibirán castigo ejemplar. El nuevo gobierno resarcirá la dignidad de los millones de desplazados, desaparecidos, asesinados, y de todas las víctimas del terrorismo de Estado.

5. Habrá libertad de prensa y democratización de los medios masivos de comunicación. En todo caso primará el interés social.

6. Rechazo a la política neoliberal. Desarrollo y modernización económica con justicia social. El Estado debe ser el principal propietario y administrador de los sectores estratégicos: el energético, las comunicaciones, los servicios públicos, vías, puertos y recursos naturales en beneficio del desarrollo económico-social equilibrado del país y las regiones.
Se procurará la ampliación del mercado interno, la autosuficiencia alimenticia y el estímulo permanente a la PRODUCCION, a la pequeña, mediana y gran industria, a la autogestión, la microempresa y a la economía solidaria.
La gestión económica oficial se debe caracterizar por su eficiencia, su ética, su productividad y su alta calidad. Habrá participación de los gremios, las organizaciones sindicales, populares, entes académicos y científicos en la elaboración de las decisiones sobre la política económica, social, energética y de inversiones estratégicas.

7. Explotación de los Recursos Naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, el agua y la biodiversidad etc., en beneficio del país y de sus regiones, garantizando la preservación del medio ambiente. Renegociación de los contratos con Compañías Multinacionales que sean lesivos para Colombia. La Comisión Nacional de Energía, con participación del Estado, los trabajadores del sector y las regiones, planificará la política energética.
Se construirán más refinerías y se desarrollará la industria petroquímica. El gobierno le informará a la comunidad con transparencia, los términos de los contratos existentes.

8. El 50% del Presupuesto Nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al ciudadano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado, apoyados en nuestras tradiciones culturales y buscando el equilibrio de la sociedad y la naturaleza. Los derechos de la niñez, la juventud, las mujeres y los ancianos, de los pueblos indígenas y afro-descendiente, serán especialmente reivindicados por el nuevo gobierno.
El 10% del Presupuesto Nacional, será invertido en la investigación científica.

9. Quienes mayores riquezas posean, más altos impuestos aportarán para hacer efectiva la redistribución del ingreso. El impuesto del IVA, sólo afectará bienes y servicios suntuarios.

10. Política Agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo. Estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria. Proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional.
Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elaborado en conjunto con las organizaciones de la comunidad, liquidando el latifundio allí donde subsista, redistribuyendo la tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento nuestras reservas. Ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional.

11. Relaciones internacionales con todos los países del mundo bajo el principio del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y del mutuo beneficio. Priorizar tareas por la integración de Nuestra América. Todos los latinocaribeños serán considerados ciudadanos de Nuestra América. Patria Grande y socialismo será nuestra divisa. Respeto a los compromisos políticos con otros Estados sin menoscabo de la soberanía. Revisión total de los pactos militares, tratados comerciales y convenios lesivos para la nación. Se pondrá fin a la extradición de nacionales. Objeción al pago de la Deuda Externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Para los otros casos se planteará una moratoria en el servicio para facilitar la cancelación de la deuda social.

12. Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes. Materialización de la propuesta de sustitución de cultivos emanada de la audiencia pública internacional sobre cultivos ilícitos y medio ambiente.

Novena Conferencia de las FARC-EP
Por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo
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Fuente: Anncol.eu