Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2008-11-15
Categoría
Comunicado
Comunicado Nº 38
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI.
COMUNICADO # 38
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LAS ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA
La militarización de México es consecuencia de la política contrainsurgente del régimen panista en obediencia al mandato del Imperio. La criminalización de la protesta y del movimiento social ha ido en aumento durante los dos periodos de gobierno del Partido Acción Nacional, PAN, en tan sólo 18 meses del gobierno espurio de Felipe Calderón, 23 personas vinculadas a organizaciones políticas y sociales han sido desaparecidas. Las condenas a los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, de San Salvador Atenco son la prueba de la venganza de la oligarquía y la clase política (de todos los partidos) por haber evitado que concretaran el proyecto de Aeropuerto en la tierra de sus ancestros. Esto se evidencia, además, con los cientos de presos políticos en este periodo y las desapariciones forzadas de luchadores sociales, todo en un clima de miedo impuesto a la población para que se confunda lucha social con la delincuencia.
El Estado mexicano, al que caracterizamos de “Mafioso”, en su guerra contra el narcotráfico (uno de los grandes negocios de las redes del Poder) ha involucrado a la población civil, al convertirla en víctima principal y en culpable indirecta de los crímenes y ajustes de cuentas con sus operadores –quienes además sirven de chivos expiatorios- y por la competencia por las jugosas ganancias del tráfico de drogas. Esta guerra de “los cerebros” contra los “operadores”, la causa el que estos últimos se han ido apropiando de buena parte del negocio, de rutas, contactos, zonas de producción y canales para el lavado del dinero, con lo cual han desplazado a los “dueños legítimos”, la oligarquía. Algunos hablan de “Narcoestado”, olvidando que la corrupción y los negocios sucios están en todos y cada uno de los ámbitos del Estado y sus relaciones con empresas transnacionales y del capital financiero. Su carácter “mafioso” incorpora a los poderes fácticos, tanto a los cárteles internacionales de la droga como a las transnacionales de la energía, la automotriz, química y a los grandes especuladores financieros.
Ello explica la exagerada impunidad que existe en muchos ámbitos, como lo muestra la violación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la ejecución de Contratos de Servicios Múltiples, CSM, y la entrega de recursos de carácter estratégico como la energía eléctrica principalmente a empresas españolas, ya ni qué decir de los jugosos contratos, vía tráfico de influencias del hoy fallecido Juan Camilo Mouriño -qué decir de la intención de concretar una “Reforma Estructural” lesiva para el pueblo de México- y cómo desde funcionarios menores, hasta miembros destacados de los tres poderes de gobierno garantizan IMPUNIDAD total para los delincuentes de cuello blanco y amigos que los acompañan, con lo cual podemos redondear la caracterización del Estado Mafioso.
Los niveles de violencia y su intensidad en esta guerra reflejan la descomposición del sistema político y la deshumanización neoliberal, la cual culpa a los padres cada vez que las fuerzas del orden detienen a jóvenes; culpa a los vecinos en cada aseguramiento de casas de narcos y culpa a comunidades enteras de la siembra y comercio de enervantes o trasiego y almacenamiento de armas.
La Militarización va contra el Pueblo
La militarización del país crece, sobretodo por el temor de levantamientos sociales, de insurrecciones, de conflictos “locales” de carácter económico, político y social. Los fines del régimen (no es la primera vez que lo decimos) son de carácter contrainsurgente; “persuasivo”, coercitivo, punitivo, al extremo de seguir la “guerra sucia” del régimen anterior –priísta-, confirmándose que es otra cara de la misma moneda. El actual fenómeno de militarización que sufre el pueblo mexicano es una extensión de la que existe en regiones del país donde la insurgencia armada revolucionaria tiene presencia; en el caso del estado de Guerrero dicho fenómeno lleva décadas.
Para muchos compañeros, se vive pues una ofensiva guerrerista. En los retenes del ejército y la policía federal, presuntamente colocados para detectar estupefacientes, algunos luchadores sociales y población civil inerme han sido hostigados y hasta detenidos y torturados. Además, las corporaciones policíacas (o comandos creados ex profeso vinculados a ellas) han cateado casas de activistas y ciudadanos en general de manera ilegal. Estos fenómenos ya han ocurrido en los estados de Guerrero y Oaxaca, Chiapas, Michoacán entre otros.
Hoy se siembra un terror de Estado que lleva la consigna de “guerra al narco”; en realidad se trata de una estrategia multifacética del régimen calderonista que tiene en la violencia y la impunidad su norma. Ante la poca legitimidad y la falta de credibilidad de que goza, el gobierno panista busca controlar a su favor (no desaparecer) el mercado de las drogas, dentro de un contexto de crisis económica aguda. Para esto criminaliza e intimida a las organizaciones sociales y formaliza las estructuras y prácticas mafiosas (incluso renovando su personal) ya existentes en muchos cuerpos policíacos y crea códigos judiciales (verdaderos códigos de guerra que consideran enemigo a cualquiera que quiera acusar de delincuente) para imponer su terror.
Frente a las atrocidades ya cometidas en esta narcoguerra, como decapitaciones, desapariciones, torturas y asesinatos de civiles, entre ellos decenas de profesionales de los medios de comunicación, no podemos quedar callados como organización revolucionaria.
Primero: Nos deslindamos de las prácticas de terror que por el uso irresponsable y criminal de armamento explosivo tienen como objetivo dañar a la población civil y que como parte del pueblo mexicano hemos hecho nuestro el agravio cometido en Morelia la noche del 15 de septiembre y, por lo tanto, como parte del pueblo organizado e insurgente, nos reservamos el derecho a la autodefensa armada contra quien o quienes resulten responsables por dichos actos.
Segundo: Ante la actual campaña de Terror de Estado, pedimos a la población afectada levante la voz y se organice por la defensa de sus Derechos Humanos para denunciar y exigir al Estado el respeto a las libertades civiles y el cese de las prácticas de tortura, desaparición forzada (aun cuando esta no sea por motivos políticos, tal cual es el caso de los compañeros eperristas y erpistas desaparecidos) y ejecuciones sumarias por parte de los bandos en pugna. Si por ejemplo, las familias de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez han señalado las casas, fábricas, oficinas de criminales; si también otros pueblos en el mundo han sabido señalar, marcar, escrachar a los asesinos y a la mano terrorista del Estado, todos y todas podemos crear formas novedosas para hacer lo propio y romper el silencio.
Tercero: Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y a las organizaciones político-militares a desarrollar nuestros mejores esfuerzos para denunciar y combatir a las mafias en el Estado y en los partidos políticos y a sus grupos de sicarios que actúan como bandas paramilitares en contra del pueblo mexicano.
¡¡A ORGANIZARSE CONTRA LA GUERRA DE TERROR!!
¡¡CON EL PODER POPULAR!!
¡¡EL PUEBLO UNIDO VENCERÁ!!
Dirección Nacional del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.
ERPI
República Mexicana a 15 de Noviembre del 2008.
PD: Anexamos documento:
Elementos para el análisis de la Situación Actual. Primera Parte.
• La verdad detrás de la guerra contra el narco
• La Militarización va contra el Pueblo
• La deshumanización: Pueblo dividido y debilitado
COMUNICADO # 38
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LAS ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA
La militarización de México es consecuencia de la política contrainsurgente del régimen panista en obediencia al mandato del Imperio. La criminalización de la protesta y del movimiento social ha ido en aumento durante los dos periodos de gobierno del Partido Acción Nacional, PAN, en tan sólo 18 meses del gobierno espurio de Felipe Calderón, 23 personas vinculadas a organizaciones políticas y sociales han sido desaparecidas. Las condenas a los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, de San Salvador Atenco son la prueba de la venganza de la oligarquía y la clase política (de todos los partidos) por haber evitado que concretaran el proyecto de Aeropuerto en la tierra de sus ancestros. Esto se evidencia, además, con los cientos de presos políticos en este periodo y las desapariciones forzadas de luchadores sociales, todo en un clima de miedo impuesto a la población para que se confunda lucha social con la delincuencia.
El Estado mexicano, al que caracterizamos de “Mafioso”, en su guerra contra el narcotráfico (uno de los grandes negocios de las redes del Poder) ha involucrado a la población civil, al convertirla en víctima principal y en culpable indirecta de los crímenes y ajustes de cuentas con sus operadores –quienes además sirven de chivos expiatorios- y por la competencia por las jugosas ganancias del tráfico de drogas. Esta guerra de “los cerebros” contra los “operadores”, la causa el que estos últimos se han ido apropiando de buena parte del negocio, de rutas, contactos, zonas de producción y canales para el lavado del dinero, con lo cual han desplazado a los “dueños legítimos”, la oligarquía. Algunos hablan de “Narcoestado”, olvidando que la corrupción y los negocios sucios están en todos y cada uno de los ámbitos del Estado y sus relaciones con empresas transnacionales y del capital financiero. Su carácter “mafioso” incorpora a los poderes fácticos, tanto a los cárteles internacionales de la droga como a las transnacionales de la energía, la automotriz, química y a los grandes especuladores financieros.
Ello explica la exagerada impunidad que existe en muchos ámbitos, como lo muestra la violación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la ejecución de Contratos de Servicios Múltiples, CSM, y la entrega de recursos de carácter estratégico como la energía eléctrica principalmente a empresas españolas, ya ni qué decir de los jugosos contratos, vía tráfico de influencias del hoy fallecido Juan Camilo Mouriño -qué decir de la intención de concretar una “Reforma Estructural” lesiva para el pueblo de México- y cómo desde funcionarios menores, hasta miembros destacados de los tres poderes de gobierno garantizan IMPUNIDAD total para los delincuentes de cuello blanco y amigos que los acompañan, con lo cual podemos redondear la caracterización del Estado Mafioso.
Los niveles de violencia y su intensidad en esta guerra reflejan la descomposición del sistema político y la deshumanización neoliberal, la cual culpa a los padres cada vez que las fuerzas del orden detienen a jóvenes; culpa a los vecinos en cada aseguramiento de casas de narcos y culpa a comunidades enteras de la siembra y comercio de enervantes o trasiego y almacenamiento de armas.
La Militarización va contra el Pueblo
La militarización del país crece, sobretodo por el temor de levantamientos sociales, de insurrecciones, de conflictos “locales” de carácter económico, político y social. Los fines del régimen (no es la primera vez que lo decimos) son de carácter contrainsurgente; “persuasivo”, coercitivo, punitivo, al extremo de seguir la “guerra sucia” del régimen anterior –priísta-, confirmándose que es otra cara de la misma moneda. El actual fenómeno de militarización que sufre el pueblo mexicano es una extensión de la que existe en regiones del país donde la insurgencia armada revolucionaria tiene presencia; en el caso del estado de Guerrero dicho fenómeno lleva décadas.
Para muchos compañeros, se vive pues una ofensiva guerrerista. En los retenes del ejército y la policía federal, presuntamente colocados para detectar estupefacientes, algunos luchadores sociales y población civil inerme han sido hostigados y hasta detenidos y torturados. Además, las corporaciones policíacas (o comandos creados ex profeso vinculados a ellas) han cateado casas de activistas y ciudadanos en general de manera ilegal. Estos fenómenos ya han ocurrido en los estados de Guerrero y Oaxaca, Chiapas, Michoacán entre otros.
Hoy se siembra un terror de Estado que lleva la consigna de “guerra al narco”; en realidad se trata de una estrategia multifacética del régimen calderonista que tiene en la violencia y la impunidad su norma. Ante la poca legitimidad y la falta de credibilidad de que goza, el gobierno panista busca controlar a su favor (no desaparecer) el mercado de las drogas, dentro de un contexto de crisis económica aguda. Para esto criminaliza e intimida a las organizaciones sociales y formaliza las estructuras y prácticas mafiosas (incluso renovando su personal) ya existentes en muchos cuerpos policíacos y crea códigos judiciales (verdaderos códigos de guerra que consideran enemigo a cualquiera que quiera acusar de delincuente) para imponer su terror.
Frente a las atrocidades ya cometidas en esta narcoguerra, como decapitaciones, desapariciones, torturas y asesinatos de civiles, entre ellos decenas de profesionales de los medios de comunicación, no podemos quedar callados como organización revolucionaria.
Primero: Nos deslindamos de las prácticas de terror que por el uso irresponsable y criminal de armamento explosivo tienen como objetivo dañar a la población civil y que como parte del pueblo mexicano hemos hecho nuestro el agravio cometido en Morelia la noche del 15 de septiembre y, por lo tanto, como parte del pueblo organizado e insurgente, nos reservamos el derecho a la autodefensa armada contra quien o quienes resulten responsables por dichos actos.
Segundo: Ante la actual campaña de Terror de Estado, pedimos a la población afectada levante la voz y se organice por la defensa de sus Derechos Humanos para denunciar y exigir al Estado el respeto a las libertades civiles y el cese de las prácticas de tortura, desaparición forzada (aun cuando esta no sea por motivos políticos, tal cual es el caso de los compañeros eperristas y erpistas desaparecidos) y ejecuciones sumarias por parte de los bandos en pugna. Si por ejemplo, las familias de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez han señalado las casas, fábricas, oficinas de criminales; si también otros pueblos en el mundo han sabido señalar, marcar, escrachar a los asesinos y a la mano terrorista del Estado, todos y todas podemos crear formas novedosas para hacer lo propio y romper el silencio.
Tercero: Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y a las organizaciones político-militares a desarrollar nuestros mejores esfuerzos para denunciar y combatir a las mafias en el Estado y en los partidos políticos y a sus grupos de sicarios que actúan como bandas paramilitares en contra del pueblo mexicano.
¡¡A ORGANIZARSE CONTRA LA GUERRA DE TERROR!!
¡¡CON EL PODER POPULAR!!
¡¡EL PUEBLO UNIDO VENCERÁ!!
Dirección Nacional del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.
ERPI
República Mexicana a 15 de Noviembre del 2008.
PD: Anexamos documento:
Elementos para el análisis de la Situación Actual. Primera Parte.
• La verdad detrás de la guerra contra el narco
• La Militarización va contra el Pueblo
• La deshumanización: Pueblo dividido y debilitado