Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2008-11-22
Categoría
Comunicado
¡Un Gobierno cómplice del robo de las “pirámides”!
¡UN GOBIERNO CÓMPLICE DEL ROBO DE LAS "PIRÁMIDES"!
Noviembre 22 de 2008
El Estado debe asumir la protección de los ahorradores de las “pirámides” a partir de recursos básicos como los bienes de los especuladores, la devolución de los impuestos pagados por las “pirámides”, el fondo de garantías para instituciones financieras y la reducción del gasto en “seguridad democrática”. Las “pirámides” y sus daños hacen parte de las manifestaciones de la crisis del mundo capitalista y no la deben pagar los pobres.
También se deben tomar medidas inmediatas contra los banqueros en los remates de casas y fincas, ofrecer en el acto créditos blandos a los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad a fin de que se liberen de los abusos de las compraventas, el criminal “paga-diario” o “gota-gota” pues expedir leyes penales resulta completamente inútil para impedir la existencia de usureros ambulantes y resolver los efectos del desempleo y la ausencia del fomento económico.
Las llamadas “pirámides” fueron admitidas por el gobierno como parte del sistema financiero. Durante años pagaron impuestos a la Administración de Impuestos Nacionales, registros a las Cámaras de Comercio y contaron con la vigilancia de la policía en sus sedes que facilitaron el saqueo de fondos.
Como si fuera poco, los blindados de “Transval” – firma ligada a la intervenida “DMG”- sin costo transportaron listados de firmas a favor del referendo de reelección de Uribe ¿Acaso no estamos ante una verdadera asociación para favorecer el fisco, enriquecer empresarios y exprimir ahorradores?
Uribe privilegia la banca tradicional y ha protegido la “piramidal”, las casas de empeño y los prestamistas ambulantes, ellos navegan en distintos botes sobre la caótica situación de millones de colombianos que no encuentran empleo, ni caminos para sus empresas que les aseguren recursos para la alimentación, la vivienda, la educación y la seguridad social de sus familias. Las pirañas del sector financiero apoyadas por los gobiernos concentran el capital, el crédito para vivienda popular y asfixian la economía cooperativa-solidaria; convirtieron en migajas los créditos al pueblo (que no pasan del 5% del total prestado) al tiempo que las condiciones de usura les generan súper ganancias.
La Superintendencia Financiera es un aparato para trámites burocráticos a la oligarquía financiera. Con el neoliberalismo se impuso el llamado régimen de “libertad de empresa” al servicio de la cacareada “seguridad inversionista” de Uribe que es imposición de los imperialistas y copia de los desmanes que llevaron a la actual quiebra a la banca en Estados Unidos, la Unión Europea y Asia.
La “seguridad inversionista” de Uribe toma medidas que favorecen el influjo de grandes masas de capital de actividades ilegales (despojo de tierra de campesinos, narcotráfico, lavado de activos, etc.) vigorizadas luego del negocio con los narcoparamilitares en “El Ralito”. También incluye el pataleo ante la crisis económica mundial decretando (en septiembre) la “amnistía de capitales” en busca de “liquidez” para el débil y nada honrado sistema financiero y la averiada economía de Colombia. Estas medidas hoy son complementadas atacando las “pirámides” que antes auspiciaron o consintieron.
La “emergencia social” dictada el 17 de noviembre es un recurso de excepción propio de la vocación autoritaria del inepto gobierno de Álvaro Uribe. Así legisla por decreto pisoteando los pocos principios democráticos del derecho burgués y arrincona ramas del poder público al fortalecer la rama ejecutiva incentivando lo policial y lo penal como salida absurda a un problema económica y social. Por tanto, lejos de resolver complica la situación de los ciudadanos defraudados en “las pirámides”, el gobierno se lava las manos por no proteger a todos los ahorradores y hace demagogia “social” con la plata de los mismos pobres configurando algo más miserable que el asistencialismo de “familias en acción”.
La “emergencia social” es una preparación del gobierno para protegerse del faltante fiscal y cuidar a los ricos de los líos financieros anunciados por los efectos de la burbuja especulativa del imperialismo y la recesión de la economía mundial que avanza hacia la depresión.
Desde luego, nuestra visión no se limita a las medidas propuestas, sigue la lucha para cambiar por completo la orientación económica del país, para que tome sentido democrático con independencia nacional, lo que no se logra con medidas puntuales. Pensar en la lucha por el poder popular y el socialismo, demanda una nueva constitución convocando una Asamblea Nacional Constituyente al Servicio del Pueblo e instaurando un gobierno democrático y atiimperialista, de amplia convergencia de las fuerzas que luchan contra el régimen y el gobierno ilegítimo e ilegal de Uribe, que sigue siendo el obstáculo más importante para dar cualquier paso de contenido democrático y soberano.
Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)
Noviembre 22 de 2008
El Estado debe asumir la protección de los ahorradores de las “pirámides” a partir de recursos básicos como los bienes de los especuladores, la devolución de los impuestos pagados por las “pirámides”, el fondo de garantías para instituciones financieras y la reducción del gasto en “seguridad democrática”. Las “pirámides” y sus daños hacen parte de las manifestaciones de la crisis del mundo capitalista y no la deben pagar los pobres.
También se deben tomar medidas inmediatas contra los banqueros en los remates de casas y fincas, ofrecer en el acto créditos blandos a los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad a fin de que se liberen de los abusos de las compraventas, el criminal “paga-diario” o “gota-gota” pues expedir leyes penales resulta completamente inútil para impedir la existencia de usureros ambulantes y resolver los efectos del desempleo y la ausencia del fomento económico.
Las llamadas “pirámides” fueron admitidas por el gobierno como parte del sistema financiero. Durante años pagaron impuestos a la Administración de Impuestos Nacionales, registros a las Cámaras de Comercio y contaron con la vigilancia de la policía en sus sedes que facilitaron el saqueo de fondos.
Como si fuera poco, los blindados de “Transval” – firma ligada a la intervenida “DMG”- sin costo transportaron listados de firmas a favor del referendo de reelección de Uribe ¿Acaso no estamos ante una verdadera asociación para favorecer el fisco, enriquecer empresarios y exprimir ahorradores?
Uribe privilegia la banca tradicional y ha protegido la “piramidal”, las casas de empeño y los prestamistas ambulantes, ellos navegan en distintos botes sobre la caótica situación de millones de colombianos que no encuentran empleo, ni caminos para sus empresas que les aseguren recursos para la alimentación, la vivienda, la educación y la seguridad social de sus familias. Las pirañas del sector financiero apoyadas por los gobiernos concentran el capital, el crédito para vivienda popular y asfixian la economía cooperativa-solidaria; convirtieron en migajas los créditos al pueblo (que no pasan del 5% del total prestado) al tiempo que las condiciones de usura les generan súper ganancias.
La Superintendencia Financiera es un aparato para trámites burocráticos a la oligarquía financiera. Con el neoliberalismo se impuso el llamado régimen de “libertad de empresa” al servicio de la cacareada “seguridad inversionista” de Uribe que es imposición de los imperialistas y copia de los desmanes que llevaron a la actual quiebra a la banca en Estados Unidos, la Unión Europea y Asia.
La “seguridad inversionista” de Uribe toma medidas que favorecen el influjo de grandes masas de capital de actividades ilegales (despojo de tierra de campesinos, narcotráfico, lavado de activos, etc.) vigorizadas luego del negocio con los narcoparamilitares en “El Ralito”. También incluye el pataleo ante la crisis económica mundial decretando (en septiembre) la “amnistía de capitales” en busca de “liquidez” para el débil y nada honrado sistema financiero y la averiada economía de Colombia. Estas medidas hoy son complementadas atacando las “pirámides” que antes auspiciaron o consintieron.
La “emergencia social” dictada el 17 de noviembre es un recurso de excepción propio de la vocación autoritaria del inepto gobierno de Álvaro Uribe. Así legisla por decreto pisoteando los pocos principios democráticos del derecho burgués y arrincona ramas del poder público al fortalecer la rama ejecutiva incentivando lo policial y lo penal como salida absurda a un problema económica y social. Por tanto, lejos de resolver complica la situación de los ciudadanos defraudados en “las pirámides”, el gobierno se lava las manos por no proteger a todos los ahorradores y hace demagogia “social” con la plata de los mismos pobres configurando algo más miserable que el asistencialismo de “familias en acción”.
La “emergencia social” es una preparación del gobierno para protegerse del faltante fiscal y cuidar a los ricos de los líos financieros anunciados por los efectos de la burbuja especulativa del imperialismo y la recesión de la economía mundial que avanza hacia la depresión.
Desde luego, nuestra visión no se limita a las medidas propuestas, sigue la lucha para cambiar por completo la orientación económica del país, para que tome sentido democrático con independencia nacional, lo que no se logra con medidas puntuales. Pensar en la lucha por el poder popular y el socialismo, demanda una nueva constitución convocando una Asamblea Nacional Constituyente al Servicio del Pueblo e instaurando un gobierno democrático y atiimperialista, de amplia convergencia de las fuerzas que luchan contra el régimen y el gobierno ilegítimo e ilegal de Uribe, que sigue siendo el obstáculo más importante para dar cualquier paso de contenido democrático y soberano.
Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)