Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2008-12-09
Categoría
Comunicado
República Mexicana, 9 de diciembre de 2008
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
La prudencia es una virtud humana y política, pero ésta tiene un límite. La represión y la criminalización de la protesta y la lucha popular siempre serán repudiables y condenables independientemente del gobierno que provenga.
Conscientes estamos de la posibilidad de que nuestra opinión no sea dada a conocer en algunos medios de comunicación en el estado de Michoacán por la existencia de la censura, pero sobre todo de la autocensura, ambas reprobables. No obstante, sabemos que por diferentes medios nuestra exigencia de ¡NO MAS REPRESIONES EN MICHOACAN! Llegará a los oídos de nuestro pueblo y a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes que se comenten contra nuestro pueblo.
¿Enfrentamiento o represión premeditada contra el movimiento estudiantil-magisterial-popular? Los acontecimientos del día 27 de noviembre en contra de los manifestantes y las subsecuentes acciones gubernamentales son la prueba fehaciente de que hubo una celada y la consigna para reprimir:
Una vez más amparados en un estado de derecho oligárquico que defienden gobiernos estatales y federal se reprime brutalmente, con lujo de violencia, alevosía, ventaja y saña a luchadores sociales que se manifiestan por demandas legítimas. De nueva cuenta le tocó a Michoacán ser escenario y víctima de la brutal violencia de Estado contra la protesta social, donde los métodos policíacos empleados para reprimir y disuadir a los manifestantes son los mismos métodos utilizados en Atenco, Estado de México, Oaxaca, Oaxaca y Xoxocotla, Morelos. Delitos contra el pueblo propios de gobiernos encabezados por priístas y panistas de origen y convicciones represivas como el de Enrique Peña Nieto, Ulises Ruiz Ortiz y Marco Antonio Adame, pero resulta sumamente contradictorio que estos actos también provengan de gobiernos que pretenden ser un gobierno alternativo a la injusticia, la impunidad y la represión, por lo que es necesario preguntar ¿A qué presiones y bajo qué exigencias se cae en la tentación del autoritarismo?
A las cosas hay que llamarlas por su nombre, es una mentira que se orquestó en la campaña mediática para criminalizar a los manifestantes que estaban realizando un acto político para denunciar la represión que habían sufrido hace dos años, para rechazar y repudiar la ACE, condenar la militarización y exigir la presentación de los detenidos desaparecidos y la libertad de los presos políticos. Los violentos y rijosos no fueron los normalistas de Tiripetío, los estudiantes de la Normal Indígena de Cheran, de Arteaga y la escuela Normal de Educadoras de Morelia, así como, estudiantes normalistas solidarios de otros estados. Todos éstos fueron víctimas de la represión ejecutada por el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Policía Estatal Preventiva (PEP), Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), golpeadores "vestidos de civil" que son parte de grupos paramilitares en el estado, todos ellos bajo la supervisión y anuencia de la Policía Federal Preventiva (PFP). Operativo policíaco ejecutado y supervisado directamente por el procurador de justicia en el estado Miguel García Hurtado, el subprocurador Ignacio Mendoza Jiménez, así como el director de seguridad pública y tránsito Mario Bautista Ramírez.
Tanta es la saña gubernamental que de ser víctimas de la represión, de vejaciones y humillaciones a los estudiantes se les linchó mediáticamente presentándolos como los victimarios, los vándalos… lo que constituye una burla a la inteligencia y afrenta al pueblo mexicano y en particular al michoacano, lo cual ha causado extrañeza y perplejidad en aquellos que depositaron su confianza por medio del voto popular en el actual gobierno.
A pesar de la perversa campaña mediática orquestada desde el gobierno nosotros al igual que nuestro pueblo estamos claros que la violencia, las verdaderas turbas de vándalos y delincuentes se encuentran en las filas de los elementos policíacos que por enésima ocasión se ensañaron con los manifestantes, golpeándolos salvajemente, violando sus derechos humanos y garantías individuales y vejándolos al más puro estilo de los gobiernos priístas nefastos como el de Peña Nieto en el Estado de México, el de Ulises Ruíz en Oaxaca, el gobierno panista de Marco Antonio Adame en el estado de Morelos, y los perredistas Juan Sabines en Chiapas y Ceferino Torreblanca en Guerrero. Todos ellos bajo la línea y exigencias del gobierno de ultraderecha que encabeza Felipe Calderón.
Resulta incongruente y poco ético que un gobierno que enarbola las banderas de la lucha progresista ceda a las presiones y pretensiones de la ultraderecha y de la oligarquía local, al grado de caer en la trampa para ser partícipe de la criminalización de la protesta y lucha popular el 27 de noviembre. Relevante es la comunicación de órdenes y contraórdenes entre jefes policíacos y funcionarios locales, sobre todo cuando Mario Bautista en tono descompuesto y altisonante decía: "… te digo que los de la PFP se portaron bien maricas y nos dejaron solos…"
La criminalización de la protesta y el descontento social no debe ser una forma de gobernar y hacer política, transitar por este camino conduce finalmente, tarde o temprano por la senda del fascismo por la que quieren conducir al país los señores del dinero, de oscuros y mezquinos intereses, que en Michoacán están encabezados por las familias Ramírez y los Medina.
Gobernar bajo la máxima de no tolerar más actos vandálicos y ejercer el gobierno con mano dura en estos tiempos de gobierno federal panista significa la anulación de facto de los derechos constitucionales, la violación sistemática de los derechos humanos y la intolerancia y autoritarismo como forma de gobierno. Sostener que las exigencias populares sean acciones vandálicas en algunos constituye un error porque se reproduce los conceptos de la ultraderecha para justificar la represión y la criminalización hacia los luchadores sociales, mientras que en otros es un acto de convicción.
Cuando se reivindica la historia y las demandas populares no caben las ideas maniqueas entre buenos y malos, mucho menos deslegitimar dichas exigencias bajo el argumento de que no son actos reivindicativos, acciones revolucionarias o actos de protesta social, con la única finalidad de tratar de limpiar una imagen pública, como decía Juárez el poder es transitorio, pero la memoria histórica de un pueblo perdura por siempre, cuando en política se comete un error, si se es congruente se reconoce, explicamos:
Es del dominio público que la toma de autobuses es una legítima acción política de masas en respuesta a la negación de derechos y la falta de soluciones a las demandas populares, acciones que constituyen desde ese momento un acto de protesta se han realizado por diferentes generaciones de normalistas, universitarios, colonos, campesinos, indígenas e incluso por militantes del PRD. Acuerdo tácito entre manifestantes y los dueños de las líneas de autobuses. ¡Es falso! Que se baje a los pasajeros con insultos, agresiones verbales y físicas, dejándolos en la carretera y obligarlos a retirarse caminando, todos los que hemos vivido más de alguna ocasión esta experiencia como pasajeros hemos sido testigos presenciales del esfuerzo por explicar y convencer con argumentos de la justeza de su acción, convenciendo a conductores y pasajeros para abordar otra unidad con el mismo destino. También es del conocimiento público que a los conductores no se les agrede, al contrario se les trata con respeto y al término de la actividad política el comité estudiantil extiende un oficio dirigido al patrón y a la empresa para que esté enterada y garantice sus derechos laborales a los trabajadores del volante.
Estos lamentables hechos para todos ponen en tela de juicio ante la mirada del pueblo la reiteración de la "disposición al dialogo y a la búsqueda de soluciones a las demandas de los diversos grupos sociales", más aún cuando el secretario de gobierno Fidel Calderón Torreblanca promueve abiertamente acciones de la ultraderecha amparado en la supuesta sociedad civil, que para éste y la ultraderecha no es más que los sectores más pudientes que exigen "mano dura".
¿De quién recibe órdenes y para quién trabaja realmente Pavel Hernández Cadenas, director de gobierno? Que desde el cargo público que ostenta desde los tiempos del gobierno pasado coordina diferentes grupos de agentes policíacos dedicados a espiar, hostigar y a amenazar de muerte a los luchadores sociales, por órdenes de él dan seguimiento policiaco de las actividades de los grupos y organizaciones populares inconformes con las políticas neoliberales, ¿Será que obedece al gobierno estatal o trabaja para el Cisen, para los militares, o para los voraces Ramírez y Medina, integrantes de la oligarquía local que les asustan los conglomerados de "agitadores y revoltosos" en palabras de ellos cuando se refieren al pueblo en lucha?, por cierto términos también dichos por funcionarios de la Procuraduría Agraria en Michoacán.
Es irónico que en el marco del día internacional contra la violencia de género en Michoacán se reprima salvajemente a jovencitas estudiantes cuyo "delito" es protestar y exigir solución a demandas legítimas ¿Qué de respetuoso hay a la ley local y los derechos humanos universales el hecho de golpear con salvajismo a jovencitas indefensas, obligadas a declarar desnudas en el ministerio público ante la mirada lasciva de los funcionarios y elementos policíacos?
El Grupo de Operaciones Especiales no fue creado para combatir a la delincuencia organizada, fue un engendro represivo de los gobiernos priistas que heredó a los gobiernos perredistas, compuesto fundamentalmente por individuos desclazados de los municipios de Charo, Tarímbaro, Indaparapeo y barrios populares del norte de la Cd. de Morelia, que por hambre, desempleo y la pérdida de dignidad humana se enrolan en este flagelo social como una forma de vivir y hasta de enriquecerse ilícitamente; pero hay otros más siniestros e indignos que ante su mediocridad como estudiantes universitarios y al no destacar ni ejercer en su profesión toman la ruta fácil de ser guardianes del sistema, esos son quienes están como jefes de grupo.
Estos represores deben saben saber que el pueblo no olvida, ni perdona los delitos y crímenes que se cometen contra él, independientemente de que actúen embrutecidos ideológicamente o por el influjo de enervantes.
La demanda popular de la desaparición del GOE es legítima y una vieja demanda que debe ser retomada y resuelta de manera inmediata que conduzca al juicio y castigo de los autores intelectuales y materiales de la represión que han venido orquestando desde su creación como fuerza de élite de fines represivos.
Las amenazas veladas y abiertas de reprimir, de usar la fuerza pública en contra de quien proteste y de cerrar la Normal Rural "Vasco de Quiroga" de Tiripetío es subirse en el tren del terrorismo de Estado y del fascismo que afanosamente está empeñado en imponer Felipe Calderón como su única forma de resolver las demandas del pueblo y acabar con disidencias, opositores y luchadores sociales. Fidel Calderón Torreblanca se suma con sus amenazas a las exigencias de la asesina Elba Esther Gordillo de cerrar las normales rurales y convertirlas en innecesarias escuelas técnicas como sucedió con la normal del Mexe Hidalgo. De suceder hipotéticamente esta clasista pretensión, que incluso usurpa y rebasa sus funciones públicas, como pueblo debemos y tenemos el derecho de impulsar todo tipo de acciones políticas de masas para frenar un nuevo intento por golpear el normalismo del país y de cerrar uno de los pocos espacios que tienen los hijos de campesinos y trabajadores para cursar estudios.
El PAN en Michoacán, fiel a sus concepciones empresariales y retrógradas, junto con los empresarios reaccionarios y voraces son incitadores de la violencia institucional, la criminalización de la protesta popular y la exigencia de atentar contra la educación pública y los trabajadores de la educación, son ellos los promotores de que en Michoacán se cierren los pocos recintos de educación pública donde los hijos de los trabajadores de la ciudad y el campo sean clausurados como las normales y las casas del estudiante. No cabe duda que este tipo de reclamos y exigencias reaccionarias tendrán oportunamente una respuesta popular.
Priistas y panistas mienten cuando dicen que en las normales rurales sólo se forman vándalos y delincuentes, ¿Será que ya se les olvidó que en sus filas militan egresados de estas escuelas?, ¿Cuántos héroes populares, hombres y mujeres dignos y defensores de las causas sociales justas han egresado de estos centros de estudio?, ¿Cuántos bandidos de cuello blanco, estafadores, explotadores, opresores y criminales de Estado han egresado de las instituciones privadas y religiosas vinculadas a la ultraderecha?
La exigencia de la destitución y el castigo de los responsables intelectuales y materiales es legítima y necesaria, la destitución del Director de Seguridad Pública del estado Mario Bautista Ramírez, del Procurador Miguel García Hurtado, del subprocurador Ignacio Mendoza Jiménez, de Felipe Calderón Torreblanca y de Pavel Hernández Cadenas deben castigados por represores, eso es lo menos que se puede esperar.
La violencia, la delincuencia organizada y sus consecuencias, la pobreza y la miseria no se resuelven con medidas policíacas y acciones represivas, el combate a éstas empieza con la garantía de crear fuentes de trabajo bien remuneradas, sin afectar los intereses populares para privilegiar las inversiones extranjeras ajenas al verdadero desarrollo y progreso.
Ante el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta popular, la represión institucionalizada y los crímenes de lesa humanidad que se promueven, impulsan e imponen desde el ejecutivo federal, legitiman la imperiosa necesidad de impulsar, organizar y estructurar conscientemente la autodefensa popular; para todo luchador social que verdaderamente esté al lado del pueblo debe de asimilar con celeridad que impulsar la autodefensa popular es un deber político-moral.
Que cada manifestante haga uso de sus propias herramientas instrumentos para la autodefensa popular, donde la piedra, la molotov, el cohete pirotécnico, el garrote, la honda, el machete, el azadón, la hoz, la pala, el pico, la resortera (tirador, charpe)… contengan las ansias represivas de los gorilas y perros del sistema para proteger a las masas que protestan por causas justas y legítimas.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 44
República Mexicana, a 9 de diciembre de 2008.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
La prudencia es una virtud humana y política, pero ésta tiene un límite. La represión y la criminalización de la protesta y la lucha popular siempre serán repudiables y condenables independientemente del gobierno que provenga.
Conscientes estamos de la posibilidad de que nuestra opinión no sea dada a conocer en algunos medios de comunicación en el estado de Michoacán por la existencia de la censura, pero sobre todo de la autocensura, ambas reprobables. No obstante, sabemos que por diferentes medios nuestra exigencia de ¡NO MAS REPRESIONES EN MICHOACAN! Llegará a los oídos de nuestro pueblo y a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes que se comenten contra nuestro pueblo.
¿Enfrentamiento o represión premeditada contra el movimiento estudiantil-magisterial-popular? Los acontecimientos del día 27 de noviembre en contra de los manifestantes y las subsecuentes acciones gubernamentales son la prueba fehaciente de que hubo una celada y la consigna para reprimir:
Una vez más amparados en un estado de derecho oligárquico que defienden gobiernos estatales y federal se reprime brutalmente, con lujo de violencia, alevosía, ventaja y saña a luchadores sociales que se manifiestan por demandas legítimas. De nueva cuenta le tocó a Michoacán ser escenario y víctima de la brutal violencia de Estado contra la protesta social, donde los métodos policíacos empleados para reprimir y disuadir a los manifestantes son los mismos métodos utilizados en Atenco, Estado de México, Oaxaca, Oaxaca y Xoxocotla, Morelos. Delitos contra el pueblo propios de gobiernos encabezados por priístas y panistas de origen y convicciones represivas como el de Enrique Peña Nieto, Ulises Ruiz Ortiz y Marco Antonio Adame, pero resulta sumamente contradictorio que estos actos también provengan de gobiernos que pretenden ser un gobierno alternativo a la injusticia, la impunidad y la represión, por lo que es necesario preguntar ¿A qué presiones y bajo qué exigencias se cae en la tentación del autoritarismo?
A las cosas hay que llamarlas por su nombre, es una mentira que se orquestó en la campaña mediática para criminalizar a los manifestantes que estaban realizando un acto político para denunciar la represión que habían sufrido hace dos años, para rechazar y repudiar la ACE, condenar la militarización y exigir la presentación de los detenidos desaparecidos y la libertad de los presos políticos. Los violentos y rijosos no fueron los normalistas de Tiripetío, los estudiantes de la Normal Indígena de Cheran, de Arteaga y la escuela Normal de Educadoras de Morelia, así como, estudiantes normalistas solidarios de otros estados. Todos éstos fueron víctimas de la represión ejecutada por el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Policía Estatal Preventiva (PEP), Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), golpeadores "vestidos de civil" que son parte de grupos paramilitares en el estado, todos ellos bajo la supervisión y anuencia de la Policía Federal Preventiva (PFP). Operativo policíaco ejecutado y supervisado directamente por el procurador de justicia en el estado Miguel García Hurtado, el subprocurador Ignacio Mendoza Jiménez, así como el director de seguridad pública y tránsito Mario Bautista Ramírez.
Tanta es la saña gubernamental que de ser víctimas de la represión, de vejaciones y humillaciones a los estudiantes se les linchó mediáticamente presentándolos como los victimarios, los vándalos… lo que constituye una burla a la inteligencia y afrenta al pueblo mexicano y en particular al michoacano, lo cual ha causado extrañeza y perplejidad en aquellos que depositaron su confianza por medio del voto popular en el actual gobierno.
A pesar de la perversa campaña mediática orquestada desde el gobierno nosotros al igual que nuestro pueblo estamos claros que la violencia, las verdaderas turbas de vándalos y delincuentes se encuentran en las filas de los elementos policíacos que por enésima ocasión se ensañaron con los manifestantes, golpeándolos salvajemente, violando sus derechos humanos y garantías individuales y vejándolos al más puro estilo de los gobiernos priístas nefastos como el de Peña Nieto en el Estado de México, el de Ulises Ruíz en Oaxaca, el gobierno panista de Marco Antonio Adame en el estado de Morelos, y los perredistas Juan Sabines en Chiapas y Ceferino Torreblanca en Guerrero. Todos ellos bajo la línea y exigencias del gobierno de ultraderecha que encabeza Felipe Calderón.
Resulta incongruente y poco ético que un gobierno que enarbola las banderas de la lucha progresista ceda a las presiones y pretensiones de la ultraderecha y de la oligarquía local, al grado de caer en la trampa para ser partícipe de la criminalización de la protesta y lucha popular el 27 de noviembre. Relevante es la comunicación de órdenes y contraórdenes entre jefes policíacos y funcionarios locales, sobre todo cuando Mario Bautista en tono descompuesto y altisonante decía: "… te digo que los de la PFP se portaron bien maricas y nos dejaron solos…"
La criminalización de la protesta y el descontento social no debe ser una forma de gobernar y hacer política, transitar por este camino conduce finalmente, tarde o temprano por la senda del fascismo por la que quieren conducir al país los señores del dinero, de oscuros y mezquinos intereses, que en Michoacán están encabezados por las familias Ramírez y los Medina.
Gobernar bajo la máxima de no tolerar más actos vandálicos y ejercer el gobierno con mano dura en estos tiempos de gobierno federal panista significa la anulación de facto de los derechos constitucionales, la violación sistemática de los derechos humanos y la intolerancia y autoritarismo como forma de gobierno. Sostener que las exigencias populares sean acciones vandálicas en algunos constituye un error porque se reproduce los conceptos de la ultraderecha para justificar la represión y la criminalización hacia los luchadores sociales, mientras que en otros es un acto de convicción.
Cuando se reivindica la historia y las demandas populares no caben las ideas maniqueas entre buenos y malos, mucho menos deslegitimar dichas exigencias bajo el argumento de que no son actos reivindicativos, acciones revolucionarias o actos de protesta social, con la única finalidad de tratar de limpiar una imagen pública, como decía Juárez el poder es transitorio, pero la memoria histórica de un pueblo perdura por siempre, cuando en política se comete un error, si se es congruente se reconoce, explicamos:
Es del dominio público que la toma de autobuses es una legítima acción política de masas en respuesta a la negación de derechos y la falta de soluciones a las demandas populares, acciones que constituyen desde ese momento un acto de protesta se han realizado por diferentes generaciones de normalistas, universitarios, colonos, campesinos, indígenas e incluso por militantes del PRD. Acuerdo tácito entre manifestantes y los dueños de las líneas de autobuses. ¡Es falso! Que se baje a los pasajeros con insultos, agresiones verbales y físicas, dejándolos en la carretera y obligarlos a retirarse caminando, todos los que hemos vivido más de alguna ocasión esta experiencia como pasajeros hemos sido testigos presenciales del esfuerzo por explicar y convencer con argumentos de la justeza de su acción, convenciendo a conductores y pasajeros para abordar otra unidad con el mismo destino. También es del conocimiento público que a los conductores no se les agrede, al contrario se les trata con respeto y al término de la actividad política el comité estudiantil extiende un oficio dirigido al patrón y a la empresa para que esté enterada y garantice sus derechos laborales a los trabajadores del volante.
Estos lamentables hechos para todos ponen en tela de juicio ante la mirada del pueblo la reiteración de la "disposición al dialogo y a la búsqueda de soluciones a las demandas de los diversos grupos sociales", más aún cuando el secretario de gobierno Fidel Calderón Torreblanca promueve abiertamente acciones de la ultraderecha amparado en la supuesta sociedad civil, que para éste y la ultraderecha no es más que los sectores más pudientes que exigen "mano dura".
¿De quién recibe órdenes y para quién trabaja realmente Pavel Hernández Cadenas, director de gobierno? Que desde el cargo público que ostenta desde los tiempos del gobierno pasado coordina diferentes grupos de agentes policíacos dedicados a espiar, hostigar y a amenazar de muerte a los luchadores sociales, por órdenes de él dan seguimiento policiaco de las actividades de los grupos y organizaciones populares inconformes con las políticas neoliberales, ¿Será que obedece al gobierno estatal o trabaja para el Cisen, para los militares, o para los voraces Ramírez y Medina, integrantes de la oligarquía local que les asustan los conglomerados de "agitadores y revoltosos" en palabras de ellos cuando se refieren al pueblo en lucha?, por cierto términos también dichos por funcionarios de la Procuraduría Agraria en Michoacán.
Es irónico que en el marco del día internacional contra la violencia de género en Michoacán se reprima salvajemente a jovencitas estudiantes cuyo "delito" es protestar y exigir solución a demandas legítimas ¿Qué de respetuoso hay a la ley local y los derechos humanos universales el hecho de golpear con salvajismo a jovencitas indefensas, obligadas a declarar desnudas en el ministerio público ante la mirada lasciva de los funcionarios y elementos policíacos?
El Grupo de Operaciones Especiales no fue creado para combatir a la delincuencia organizada, fue un engendro represivo de los gobiernos priistas que heredó a los gobiernos perredistas, compuesto fundamentalmente por individuos desclazados de los municipios de Charo, Tarímbaro, Indaparapeo y barrios populares del norte de la Cd. de Morelia, que por hambre, desempleo y la pérdida de dignidad humana se enrolan en este flagelo social como una forma de vivir y hasta de enriquecerse ilícitamente; pero hay otros más siniestros e indignos que ante su mediocridad como estudiantes universitarios y al no destacar ni ejercer en su profesión toman la ruta fácil de ser guardianes del sistema, esos son quienes están como jefes de grupo.
Estos represores deben saben saber que el pueblo no olvida, ni perdona los delitos y crímenes que se cometen contra él, independientemente de que actúen embrutecidos ideológicamente o por el influjo de enervantes.
La demanda popular de la desaparición del GOE es legítima y una vieja demanda que debe ser retomada y resuelta de manera inmediata que conduzca al juicio y castigo de los autores intelectuales y materiales de la represión que han venido orquestando desde su creación como fuerza de élite de fines represivos.
Las amenazas veladas y abiertas de reprimir, de usar la fuerza pública en contra de quien proteste y de cerrar la Normal Rural "Vasco de Quiroga" de Tiripetío es subirse en el tren del terrorismo de Estado y del fascismo que afanosamente está empeñado en imponer Felipe Calderón como su única forma de resolver las demandas del pueblo y acabar con disidencias, opositores y luchadores sociales. Fidel Calderón Torreblanca se suma con sus amenazas a las exigencias de la asesina Elba Esther Gordillo de cerrar las normales rurales y convertirlas en innecesarias escuelas técnicas como sucedió con la normal del Mexe Hidalgo. De suceder hipotéticamente esta clasista pretensión, que incluso usurpa y rebasa sus funciones públicas, como pueblo debemos y tenemos el derecho de impulsar todo tipo de acciones políticas de masas para frenar un nuevo intento por golpear el normalismo del país y de cerrar uno de los pocos espacios que tienen los hijos de campesinos y trabajadores para cursar estudios.
El PAN en Michoacán, fiel a sus concepciones empresariales y retrógradas, junto con los empresarios reaccionarios y voraces son incitadores de la violencia institucional, la criminalización de la protesta popular y la exigencia de atentar contra la educación pública y los trabajadores de la educación, son ellos los promotores de que en Michoacán se cierren los pocos recintos de educación pública donde los hijos de los trabajadores de la ciudad y el campo sean clausurados como las normales y las casas del estudiante. No cabe duda que este tipo de reclamos y exigencias reaccionarias tendrán oportunamente una respuesta popular.
Priistas y panistas mienten cuando dicen que en las normales rurales sólo se forman vándalos y delincuentes, ¿Será que ya se les olvidó que en sus filas militan egresados de estas escuelas?, ¿Cuántos héroes populares, hombres y mujeres dignos y defensores de las causas sociales justas han egresado de estos centros de estudio?, ¿Cuántos bandidos de cuello blanco, estafadores, explotadores, opresores y criminales de Estado han egresado de las instituciones privadas y religiosas vinculadas a la ultraderecha?
La exigencia de la destitución y el castigo de los responsables intelectuales y materiales es legítima y necesaria, la destitución del Director de Seguridad Pública del estado Mario Bautista Ramírez, del Procurador Miguel García Hurtado, del subprocurador Ignacio Mendoza Jiménez, de Felipe Calderón Torreblanca y de Pavel Hernández Cadenas deben castigados por represores, eso es lo menos que se puede esperar.
La violencia, la delincuencia organizada y sus consecuencias, la pobreza y la miseria no se resuelven con medidas policíacas y acciones represivas, el combate a éstas empieza con la garantía de crear fuentes de trabajo bien remuneradas, sin afectar los intereses populares para privilegiar las inversiones extranjeras ajenas al verdadero desarrollo y progreso.
Ante el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta popular, la represión institucionalizada y los crímenes de lesa humanidad que se promueven, impulsan e imponen desde el ejecutivo federal, legitiman la imperiosa necesidad de impulsar, organizar y estructurar conscientemente la autodefensa popular; para todo luchador social que verdaderamente esté al lado del pueblo debe de asimilar con celeridad que impulsar la autodefensa popular es un deber político-moral.
Que cada manifestante haga uso de sus propias herramientas instrumentos para la autodefensa popular, donde la piedra, la molotov, el cohete pirotécnico, el garrote, la honda, el machete, el azadón, la hoz, la pala, el pico, la resortera (tirador, charpe)… contengan las ansias represivas de los gorilas y perros del sistema para proteger a las masas que protestan por causas justas y legítimas.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 44
República Mexicana, a 9 de diciembre de 2008.