Un pelotón de 35 miembros del ejército comete otro crimen de Estado al asesinar al dirigente indígena Edwin Legarda y dejar herida a su acompañante en inmediaciones de Totoró, departamento del Cauca. La víctima es el esposo de Aida Quilcué, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, participante de la marcha indígena que recientemente llegó a Bogotá; ella usualmente utiliza el vehículo que recibió los 17 impactos de fusil e indica el peligro que la asecha.
En la madrugada del martes 16 de diciembre el Estado terrorista con su emboscada criminal, muy diferente del “error militar del retén” que alega el comandante de la III División del ejército de Uribe, vuelve a enlutar a las comunidades indígenas y a todo el pueblo colombiano que ve caer otro de sus hijos en fechas que tanto utiliza la oligarquía para hablar de “paz y prosperidad”. En los medios masivos de comunicación se avisó una intervención Uribe Vélez para referirse a estos hechos y el repetido anuncio se transformó en un silencio cobarde y “solidaridad de cuerpo” con los asesinos.
La acción de la horda gubernamental corresponde a la definición de terrorismo de su Comandante en Jefe, Álvaro Uribe, quien en octubre públicamente autorizó disparar cuando calificó de “terroristas” a los nativos caucanos que iniciaban la protesta de su Minga Indígena curando heridos y sepultando compañeros víctimas de las balas del ESMAD de la policía y del ejército. También hacen parte de esa “lucha antiterrorista” el hostigamiento y las órdenes de captura de dirigentes de la Minga en el país.
Aún están en la memoria de los colombianos la orden al DAS para investigar y perseguir a la oposición social y política y que las repetidas acciones de los paramilitares parten de esos “informes de inteligencia” (caso Noguera, ex director del DAS) complementados por los de la fuerza pública, según testimonios de jefes paramilitares como Mancuso.
Se confirma que estamos de cara a un ejército instruido y dirigido para enfrentar al pueblo y sus luchas contra el gobierno y al régimen, defensor de la “seguridad democrática” para los monopolios. El Estado insiste en ubicar como parte del terrorismo y blanco de su fuerza militar y represiva a la dirigencia de las organizaciones sociales y políticas que se oponen a sus designios… Los miles de muertos (incluidos los asesinatos llamados “falsos positivos”), de heridos, detenidos y desaparecidos, los millones de desplazados y amenazados por la fuerza pública y la fiscalía ¿Constituyen una política de Estado o hechos aislados? No cabe duda: ¡Son una política terrorista de Estado!
Estamos con el combate de los pueblos indígenas del Cauca y toda Colombia, pueden contar con nuestra solidaridad en todos los terrenos, los acompañamos en las horas de su dolor que también es nuestro, sabemos que son pueblos bravíos que no se doblegarán ante la tiranía y la opresión de ningún gobierno burgués, tampoco se asimilarán al régimen reaccionario. Confiamos en que los indígenas haciendo minga con los obreros y las organizaciones de todo el pueblo triunfaremos.
Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)