Rehenes de Fujimori: Hablan desde sus celdas-tumbas

REHENES DE FUJIMORI: HABLAN DESDE SUS CELDAS-TUMBAS

9 de julio de 1999

Perú se niega a acatar fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Desde las tinieblas hablan rehenes chilenos de Fujimori

Lautaro Mellado, María concepción Pincheira, Alejandro Astorga, Jaime Castillo

Dos radioemisoras chilenas -Tierra y Bío-Bío- consiguieron romper las rigurosas medidas de seguridad del penal de Yanamayo en el altiplano del Perú y entrevistaron a Jaime Castillo Petruzzi y María Concepción Pincheira, dos de los cuatro chilenos condenados a cadena perpetua que se encuentran en esa cárcel. Los entrevistados denunciaron el secuestro que en esos momentos afectaba a sus compatriotas, Lautaro Mellado y Alejandro Astorga, y dieron a conocer las horribles condiciones que soportan los presos políticos en esa cárcel de máxima seguridad a 4 mil metros de altura, cerca de Puno. El gobierno peruano se ha negado a acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dispone un nuevo juicio, ante un tribunal civil, de los ciudadanos chilenos condenados en Perú por "traición a la patria".

La radio Tierra había entrevistado el pasado 21 de mayo a "José Gabriel", vocero del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en el penal de Yanamayo. El lunes 21 de junio, en un reportaje combinado, las radios Tierra y Bío-Bío entrevistaron a Jaime Castillo Petruzzi y María Concepción Pincheira. Estas entrevistas -que causaron repercusión internacional y un remezón en el gobierno peruano- fueron transmitidas por la radio Bío-Bío que dispone de cobertura nacional y de programas informativos de gran audiencia.

El 3 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que carecían de validez las condenas a cadena perpetua que tribunales militares peruanos impusieron en 1994 a los chilenos Jaime Castillo, María Concepción Pincheira, Lautaro Mellado y Alejandro Astorga. Jueces militares "sin rostro" los acusaron de "traición a la patria" en virtud de una ley anti-terrorista de 1992.

La CIDH orden que se realicen nuevos juicios ante tribunales civiles y que el Estado peruano pague una indemnización de diez mil d lares por las costas judiciales a las familias de los cuatro chilenos. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fujimori rehusó acatar el fallo de la CIDH y así lo notificó oficialmente a la OEA. En la práctica la CIDH no tiene cómo obligar al Perú a cumplir el fallo. Pero al ignorar la decisión del tribunal interamericano, el Perú comete una flagrante violación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. Esto puede acarrear al gobierno de Lima numerosos problemas como país infractor de convenios internacionales. El gobierno chileno, por su parte, no ha cuestionado la actitud peruana de desconocer a la CIDH ni ha tomado medidas para defender los derechos de esos ciudadanos chilenos. La preocupación de la cancillería chilena se limita a una visita periódica que el cónsul en Tacna, Julio Barrenechea, les hace en la cárcel de Yanamayo, donde hay 400 presos (entre ellos 50 mujeres). Los familiares, con muchas dificultades, hacen el costoso viaje al altiplano peruano cada vez que pueden. El régimen de visitas en ese penal de máxima seguridad es muy severo.

Los prisioneros no tienen derecho a recibir diarios ni revistas recientes. Tampoco disponen de radios o televisión.

Los cuatro chilenos fueron militantes del MIR. Al fracturarse esa organización, se incorporaron al MRTA peruano. El líder de ese movimiento, Víctor Polay, fue detenido en 1992. Condenado a cadena perpetua se encuentra en la siniestra prisión subterránea de la Base Naval del Callao, donde también cumple cadena perpetua Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. En diciembre de 1996, 14 militantes del MRTA, dirigidos por Néstor Cerpa Cartolini, mantuvieron 72 rehenes en la embajada del Japón durante cuatro meses, exigiendo la libertad de los prisioneros del MRTA en cárceles de alta seguridad. En la operación de rescate ordenada por Fujimori, los catorce miembros de ese movimiento revolucionario fueron abatidos.

Los chilenos presos en Yanamayo fueron acusados en 1993 del secuestro de un empresario, Raúl Hirahoka. Pero no se presentaron evidencias que corroboren esa acusación. Esta circunstancia fue reconocida por la CIDH al ordenar que Perú efectúe un nuevo proceso, esta vez en un tribunal civil que garantice el derecho a defensa de los cuatro chilenos.

En situación similar se encuentra una ciudadana norteamericana, Lori Berenson, arrestada en 1995. También fue acusada de colaborar con el MRTA y condenada a cadena perpetua por "traición a la patria". Su caso también está siendo examinado por la CIDH. Numerosos congresistas norteamericanos han pedido al presidente Bill Clinton que interceda con Fujimori para obtener la libertad de Lori Berenson.

Las entrevistas de la radio Bío-Bío a Jaime Castillo y María Concepción Pincheira obligaron al presidente Fujimori a reconocer la veracidad de la información que las autoridades carcelarias peruanas pusieron inicialmente en duda. El director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) del Perú, coronel Justo Jara, la calificó de "falsa". Pero el presidente Alberto Fujimori se vio obligado 48 horas después a declarar: "se ha reconocido que la voz es de Castillo Petruzzi y en cierta forma ha habido filtración por algún lugar". Acto seguido el mandatario peruano orden la destitución de funcionarios del INPE, un sumario en el penal de Yanamayo y el aislamiento de los cuatro prisioneros chilenos.

"VIVIMOS BAJO UNA PRESION TERRIBLE": MARIA CONCEPCION PINCHEIRA

La primera en ser entrevistada fue María Concepción Pincheira Sáez, que dijo:

"Estamos viviendo bajo una presión terrible. Acusamos al gobierno de Fujimori de tenernos a los cuatro chilenos en el penal de Yanamayo en un estado de tensión permanente. En la madrugada del sábado 19 (junio) los compañeros Lautaro Mellado y Alejandro Astorga fueron secuestrados desde sus celdas y desaparecieron durante tres días. recién ayer hemos tenido contacto con el compañero Astorga y, asimismo, hemos obligado al director del penal, coronel Oscar Altamirano Flores, a traer de regreso al compañero Lautaro Mellado. Ambos están aislados en un pabellón.

Esta mañana protestamos para que les restablezcan el derecho de abastecerse de agua y salir al patio a tomar sol. Pero, insisto, esta es una tensión permanente. Nos hostigan en las noches con rondas, amenazas y trato prepotente. Hoy hemos estado alertas porque corre el rumor de que vendrían a hacer una requisa fuerte con destrozo de materiales de trabajo. Estamos en peligro, eso es real. La opinión internacional debe conocer lo que está pasando en Yanamayo. Lo repito: estamos en peligro permanente. No sabemos qué va a pasar con nosotros. El fujimorismo nos insulta a través de los medios de comunicación n, según sabemos. Nos trata de asesinos y forajidos, azuzando cualquier acción en contra nuestra. Los prisioneros políticos en este país somos rehenes del Estado, Osa es nuestra condición actual".

"QUE CHILE HAGA VALER NUESTRO DERECHO A UN JUICIO JUSTO":

JAIME CASTILLO PETRUZZI

La radio Bío-Bío se puso en contacto enseguida con Jaime Castillo Petruzzi, que reiteró la denuncia por el secuestro de Alejandro Astorga Valdés y Lautaro Mellado Saavedra, entregando más detalles: "Este sábado 19 (junio) han entrado a nuestro pabellón 50 uniformados de la policía Nacional del Perú con equipo antimotines, camuflajeados, con pasamontañas, sin encender las luces, sin la presencia de un fiscal, sin presentarse ante nuestro delegado general, y se han dirigido a las celdas de nuestros compatriotas y los han sacado con todas sus pertenencias.

Hasta este momento no sabemos cuál es su situación. Los rumores hablan de que están en celdas de castigo. Nuestros compatriotas no han cometido falta alguna contra los reglamentos del penal. Pero las autoridades se niegan tajantemente a dar una explicación a nuestro delegado.

Nuestra preocupación surge por los antecedentes concretos que existen en el Perú de masacres y asesinatos de presos políticos, como es bien conocido por la opinión mundial. La última gran masacre ocurrida en este país fue justamente al inicio de la dictadura de Fujimori en 1992. Por eso queremos denunciar con fuerza la situación de nuestros queridos hermanos Alejandro Astorga y Lautaro Mellado. Hacemos una exigencia formal y concreta al gobierno de la República de Chile, a sus partidos Políticos y a las organizaciones populares para que no permitan el asesinato de dos de los mejores hijos del pueblo chileno que purgan condenas a cadena perpetua en esta cárcel de la dictadura de Fujimori. Nuestra exigencia es que vuelvan al pabellón donde estamos el resto de los prisioneros políticos.

Responsabilizamos de la integridad física y de las vidas de nuestros compañeros al coronel Oscar Altamirano de la policía Nacional del Perú, actual director de este penal de máxima seguridad de Yanamayo".

¿Nos podría describir cuáles son las condiciones en que ustedes cumplen condenas en ese penal?

"Ustedes sabrán que esta dictadura a partir del golpe de Estado de 1992, creó una serie de leyes y decretos-leyes para las cárceles destinadas a los presos políticos y luchadores sociales. Es conocida, por ejemplo, la condición en que se encuentran destacados dirigentes de los partidos políticos peruanos en la Base Naval del Callao. En ese lugar los compañeros están bajo tierra, en celdas subterráneas, sometidos a tratos crueles y degradantes. Objetivamente, es la situación más difícil. En los otros penales de máxima seguridad se mantienen los criterios del llamado "régimen cerrado". Particularmente los penales de altura como Yanamayo, son crueles, inhumanos y degradantes. Estamos sometidos a 23 horas diarias de encierro en celdas de 2 metros de ancho por 3 de profundidad y 3 de alto. En estas celdas para dos personas realizamos nuestra vida cotidiana, incluyendo nuestras necesidades fisiológicas. Estos metros cuadrados nos ven extinguirnos poco a poco en este tipo de cárceles de exterminio. No tenemos acceso a la prensa, radio ni televisión. Sólo algunas cartas logran superar la censura. No podemos trabajar, salvo pequeñas manualidades.
Tenemos problemas de alimentación: la comida es pésima, no tiene suficientes calorías para soportar las bajas temperaturas en esta altura de cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Más aún, en este periodo del invierno altiplánico las temperaturas llegan a 25 grados bajo cero. Hay problemas de salud crónicos. Los cuatro chilenos sufrimos problemas digestivos, úlceras, gastritis, problemas a la vista, a los huesos, y el estrís de largos años de encierro lejos de nuestra patria y de nuestros seres queridos, sin saber lo que está pasando en el mundo. El régimen de visitas se hace en un locutorio infame donde no hay luz y se debe gritar para hacerse oír porque los presos estamos agolpados tratando de aprovechar la escasa hora de visita mensual que nos conceden.
Objetivamente, estas cárceles son de exterminio masivo de los presos políticos. Hay que clausurar estos penales de altura y la Base Naval del Callao como primer paso para humanizar las cárceles del Perú.

Aprovecho de denunciar una enfermedad que ha aparecido sin que sepamos su origen: hay siete casos de deformaciones seas, prisioneros a los que les han salido huesos en la cabeza y en el paladar. Se ha informado a la Cruz Roja Internacional para que haga los exámenes y biopsias correspondientes".

¿Qué opinan del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena un nuevo juicio y el pago de indemnizaciones y la negativa de Fujimori a acatar esa resolución?

"Le agradezco esta información que no conocíamos, no sabíamos de este fallo. S lo una vez al mes tenemos contacto con el cónsul chileno o con nuestros familiares cuando ellos consiguen viajar para visitarnos. S lo nos habían llegado rumores. Queremos decir que somos chilenos, amamos a nuestra patria y también amamos profundamente al pueblo peruano, pero es un absurdo jurídico que como chilenos estemos condenados por "traición a la patria". Exigimos que se nos hagan juicios ante tribunales civiles donde tengamos derecho a defensa. No tememos enfrentar en tribunales civiles las aberrantes acusaciones que se nos hacen. No es de extrañar, por otra parte, que el dictador Fujimori se niegue a acatar el fallo de la Corte Interamericana. El no respeta ni siquiera su propia legalidad. Sin embargo, pienso que esta decisión de la Corte abrirá paso a nuevas situaciones.
No es tan fácil en el mundo globalizado actual que un dictador como Fujimori pueda desacatar impunemente un mandato internacional".

¿Cree usted que el gobierno chileno los ayudará para que Fujimori acate el fallo de la Corte Interamericana?

"La esperanza es lo que jamás perdemos quienes creemos que hay que construir un mundo mejor. Nos gustaría que el gobierno chileno tuviera una actitud acorde con el cumplimiento de los convenios internacionales. Chile es parte de la convención interamericana de derechos humanos o Pacto de San José. Nos Gustaría que tal como ha asumido una posición de férrea defensa del dictador Augusto Pinochet en el sentido de que sea juzgado en Chile, en nuestro caso haga valer el derecho a un juicio justo, donde podamos demostrar la falsedad de las imputaciones que nos hacen".

¿Cree que en un eventual gobierno de Ricardo Lagos en Chile, ustedes tendrían mejores posibilidades de que se cumpla el fallo de la Corte Interamericana?

"Me sorprende, estimado amigo, lo que me plantea de que Ricardo Lagos sería el próximo presidente de Chile. No manejábamos ese antecedente. Me imagino, si es verídico, que Ricardo Lagos tomará cartas en el asunto. Un demócrata consecuente como él, entiende lo que es la persecución política y la lucha social. Nosotros no somos terroristas como pretende hacer creer la dictadura fujimorista. Somos demócratas confesos; somos y seremos luchadores sociales.